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Un contramovimiento del precariado: migración, trabajo y el enigma de los derechos humanos

A countermovement of the precariat: migration, labour, and the enigma of human rights

Recibido 30/08/22 | Aceptado 14/10/22

Carl Ulrik Schierup* | Aleksandra Ålund**

*Sueco. Profesor emérito en el Instituto Research on Migration, Ethnicity, and Society (Remeso) de la Universidad de Linköping, Suecia. Correo-e: carl-ulrik.schierup@liu.se

**Yugoslava. Profesora emérita en el Instituto Research on Migration, Ethnicity, and Society (Remeso) de la Universidad de Linköping, Suecia. Correo-e: aleksandra.alund@liu.se
Traducido del inglés al español por Georgia Aralú González Pérez y Reyna Cecilia Murillo Garza..

Resumen. Se analizan tendencias de la migración global en contextos de procesos de mercantilización y de auge de un «Estado regulador» neoliberal. Asimismo, se analizan perspectivas referentes a un contramovimiento contemporáneo de, para o con una «precariedad migrante» mundial. Con fundamento en una evaluación de los avances actuales de la investigación acerca de los procesos ideopolíticos que condujeron a la confirmación del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular (GCM), y al posterior Foro Internacional de Revisión de la Migración (IMRF, por sus siglas en inglés), los autores formulan una pregunta central: ¿dentro de la gobernanza mundial de la migración qué lugar ocupa la sociedad civil? En ese sentido, se exploran las posibilidades y los tropiezos de la compilación de los «derechos humanos» con relación a las demandas de la sociedad civil.

Palabras clave: precariado, migración, trabajo y desarrollo, derechos humanos.

Abstract. This chapter discusses trends in global migration on the background of processes of commodification and recommodification and the rise of a neoliberal «regulatory state». It explores perspectives for a contemporary countermovement of, for, or with a global «migrant precariat». Through a review of current research advances relating to the ideopolitical processes leading up to the confirmation of the Global Compact for Migration, and the subsequent International Migration Review Forum, the authors ask what space there is for civil society in the global governance on migration? Therefore it explored potentials and pitfalls of the memento of «human rights» related to the claims of civil society.

Keywords: precariat, migration, work and development, human rights.

Introducción¹

La noción de «precariedad» representa los rasgos lamentables de la vida y el trabajo de una transformación social circunscrita por la austeridad neoliberal. El libro Política de la precariedad (Schierup y Bak Jørgensen, 2017) retrata la fabricación globalizada del empleo temporal, el riesgo social y las situaciones de vida fragmentadas —sin seguridad, protección y predictibilidad. De ahí que el término de precariedad designe las condiciones de trabajo y de vida en un abanico de categorías sociales cada vez más amplio, con grupos vulnerables, entre migrantes transnacionales, habitantes y «ciudadanos» denigrados por sus orígenes migrantes racializados, como la personificación por excelencia. Se trata de un «precariado migrante» sobreexplotado, entendido como una categoría compuesta, forjada en el complejo nexo de trabajo no libre y ciudadanía excluyente, diseñada en modalidades variables según los regímenes de control fronterizo, regulación del mercado laboral y representación política. La precariedad es, entonces, utilizada y debatida como una interpelación autodenominada de contramovimientos que cuestionan las premisas de esa condición globalmente divulgada. Ello corrobora la emblemática noción de «el precariado», difundido globalmente como una demanda populista en el Norte global y en el Sur.

A lo largo del estudio, esbozamos las cambiantes tendencias de la migración mundial y la precarización de la mano de obra en el contexto de los procesos de mercantilización y el auge de un «Estado regulador» neoliberal. Indagamos los aspectos situados del otro lado de esta problemática, en palabras de Polanyi (2001), se trata de un contramovimiento de, por o con el precariado migrante. En paralelo, revisamos los procesos que condujeron a la confirmación del Pacto Mundial para una Migración Segura Ordenada y Regular (GCM) y al posterior Foro Internacional de Revisión de la Migración (IMRF, por sus siglas en inglés). De manera complementaria, inquirimos acerca del lugar que ocupan los movimientos en favor de los derechos migratorios en la gobernanza mundial de la migración. Finalmente, en ese mismo escenario discutimos el manejo del emblema discursivo de los «derechos humanos».

Política de la precariedad

Un imperativo dentro de las condiciones contemporáneas de precariedad es el incremento de movilidad forzada en los niveles regional, nacional y global, puesto que «la experiencia encarnada de la precariedad es un intento por vivir de acuerdo con constantes indicativos neoliberales para transformar al ser» (Tsianos, 2007:192) en sujeto capaz de atender las constantes exigencias basadas en flexibilidad, disponibilidad, multifuncionalidad, multilocalidad y movilidad comprimida. El contexto histórico-estructural más amplio es la financiación del capitalismo neoliberal que empezó a finales de los 1970 y que se intensificó durante los 1990 y 2000. Ello ha generado una «acumulación por desposesión» sin precedentes (Harvey, 2004), en el sentido de que se trabaja junto a regímenes empresariales de deslocalización, externalización, producción en fábricas clandestinas y empleo desde casa, circunstancia que ha provocado o exacerbado la opacidad de los derechos laborales y las nuevas configuraciones de informalización del trabajo a través de los antiguos primer, segundo y tercer mundos. La precariedad, sintetiza Ricceri, es un «elemento constitutivo del nuevo desorden global, al que le es muy funcional» (2011:68).

Los migrantes cargan con el doble de peso del «riesgo tóxico» de la «hiperprecariedad» (Woolfson y Likic´-Brboric´, 2008), ya que están expuestos al trabajo forzado y a la sobreexplotación, al racismo, a la discriminación, a la titulización extrema y la institucionalización excluyente de la ciudadanía (Bauder, 2006). Lewis y Waite (2018) destacan que las condiciones del trabajo forzado y la hiperprecariedad no se pueden definir en términos binarios absolutos (ILO, 2012), como «libre/forzado», «coerción/consentimiento» o «empleador/empleado». Las inseguridades multidimensionales mantienen a los migrantes atados a diversos moldes y matices de experiencias de trabajo forzado, las cuales también afectan a las formas y luchas variables de un precariado migrante polifacético. Esto es adaptado e instrumentalizado por jerarquías de ciudadanía nacionales, regionales y mundiales, diseñado mediante la asignación discriminatoria de puestos en función del origen, etnia y raza; a la vez que se trazan límites borrosos entre el ciudadano y el no-ciudadano, forjado por un «estado de excepción» confuso y generalizado (Agamben, 2005). Si bien antes la «irregularización» de la ciudadanía (Nyers, 2006) se adhería a una política de excepción, ahora se considera una parte integral del funcionamiento «normal» de la mayoría de los Estados, al lado de las políticas de transferencia actuales y a las prácticas de control migratorio de los guardias fronterizos hacia agencias institucionales, situadas en los territorios internos de bloques políticos regionales (Jordan, Stråth y Triandafyllidou, 2003).

El resultado no son fronteras herméticamente cerradas, conforme sugiere el significado convencional de la metáfora de la «Fortaleza Europa» o la «Fortaleza Sudáfrica», por ejemplo (Trimikliniotis, Gordon y Zondo, 2008). Se refiere en todo caso a una articulación de medidas de titulización, criminalización y deportación —que instigan miedo, sumisión e invisibilidad— con «políticas imperceptibles» que introducen a los inmigrantes y refugiados (irregulares) a través de fronteras porosas, en los guetos ocupacionales de los mercados laborales informales. Por su parte, los migrantes y refugiados trabajadores desarrollan sus propias estrategias para penetrar fronteras permeables con los países de tránsito y los centros de detención como salas de espera reglamentarias (véase Tsianos, 2007), o bien con las redes migratorias transnacionales y las comunidades diaspóricas como facilitadoras. Así, los regímenes presentes de control de la migración en distintas comunidades regionales, Unión Europea (UE), Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC), Asociación Sudasiática para la Cooperación Regional (SAARC), Mercado Común del Sur (Mercosur) o Centro de Estudios Internacionales (CEI), son componentes inseparables de la «informalización desde arriba» y «desde abajo» (Theron, 2010; Slavnic, 2010).

La migración internacional es motivada por la demanda de un ejército de reserva de mano de obra barata y desechable, que dota de personal a un segmento secundario de «mercados laborales duales» (Piore, 1979). Cabe mencionar que una vasta literatura desarrolla, expande y aplica proposiciones similares para la investigación de contextos contemporáneos. Bauder (2006) sostiene que hay una relación recíproca entre la segmentación del mercado laboral y la migración internacional: en lugar de ser sólo un «ejército de reserva» reclutado con la finalidad de cubrir los espacios vacíos en los mercados laborales duales, aborda la migración, fundamentado en la teoría neomarxista de la regulación, como un factor dirigido a que las estrategias empresariales configuren, regulen y reestructuren activamente mercados de trabajo con nichos asimétricos. La narrativa populista de la «amenaza inmigrante» funciona para desviar la atención de estas estrategias corporativas y de ese modo ocultar las causas profundas de la precarización del trabajo y los medios de subsistencia (Milkman, 2020).

La hegemonía neoliberal ha forjado un desmantelamiento gradual de la regulación positiva protectora y redistributiva predominante en los estados de bienestar del Norte posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y los Estados en desarrollo del Sur; por no hablar de la pasada planeación y redistribución burocrática estatal de Europa del este y la Unión Soviética. Ello no significa disminución de la regulación, lo que se conoce coloquialmente como «des-regulación», de hecho ha sido una combinación des-regulación y re-regulación, es decir, el reemplazo sucesivo de viejas reglas por nuevas (Slavnic, 2010). Asimismo, esto no denota menos, sino más regulación. Lo que hemos experimentado es un Estado regulador emergente, que sustituye al llamado Estado redistributivo «positivo» (Majone, 1997). El anterior se caracteriza por aumentar constantemente las capacidades reguladoras negativas; regulaciones que cuestionan normas de justicia redistributiva y que eliminan obstáculos institucionales y sociales de manera eficaz para la mercantilización del trabajo, dinero, tierras y otros recursos naturales. A la vez, la responsabilidad de las re-regulaciones ha sido delegada a cuerpos ejecutivos, cada vez más independientes de las asambleas democráticas (Sassen, 2006).

Al aplicar este argumento general al desarrollo de sistemas migratorios contemporáneos, surge una tendencia global a largo plazo para la sustitución de la migración irregular por aquella formalmente regulada «migración gestionada». Mientras que la primera ha sido un modo prevalente de precariedad y un vehículo de «flexibilización» en un periodo de transición posfordista, la segunda se está convirtiendo en una forma típica de flexibilización laboral gestionada por un Estado regulador neoliberal transformado. Lo último se refiere, en específico, a esquemas de trabajadores migrantes temporales y circulares estrictamente regulados; estrategias de amortización laboral y sobreexplotación que organizaciones internacionales presentan como alternativa institucional a la irregularidad masiva, y legitimadas, por ejemplo, por el GCM, de carácter intergubernamental y respaldado por la ONU, bajo la custodia de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) (Pécoud, 2020; Rother, 2020). Los gobiernos atienden las demandas de sus trabajadores a cambio de mano de obra barata y «flexible», al mismo tiempo que tratan de apaciguar el populismo xenofóbico mediante prácticas de empleo destinadas a evitar los «errores» de políticas, que antes permitían a migrantes establecerse y alcanzar una incorporación gradual a la ciudadanía.

Desde una perspectiva más amplia, la migración temporal y circular, asociada a otros intentos contemporáneos de volver a regular la migración, constituyen una parte integral de las prácticas de re-regulación que impulsan la mercantilización del trabajo. Son estratagemas políticas propagadas en términos de una triple ganancia tanto para los países emisores como receptores, y los propios migrantes. Aunque combinan la gestión de la migración y la mano de obra con asociaciones que promueven el desarrollo entre los países receptores y emisores (Triandafyllidou, 2013), se incorporan en una narrativa que a fin de cuentas responsabiliza a cada migrante por sus logros (Oelgemöller y Allinson, 2020). En contraposición, por ejemplo, del sistema de «trabajadores invitados» de Europa central post Segunda Guerra Mundial, que dejó notables aperturas jurídico-institucionales para que los inmigrantes accedieran a la ciudadanía (Guiraudon, 2000). La mayoría de los sistemas de trabajadores temporales del siglo XXI son monitoreados de modo riguroso (Barrientos, 2007), por lo que apartheid profundamente las economías y las sociedades, es decir, mantienen aislados a los migrantes de los marcos de ciudadanía «normales» en sus denominadas «tierras de acogida». Situación que contribuye a restringir la incorporación a las «tierras de acogida» del trabajo y a trasladar los costes de la reproducción social a sus «patrias» de origen; todo ello soportando la carga de producir y reproducir un vasto y vulnerable ejército de reserva transnacional de mano de obra hiperexplotable de bajo coste. Los trabajadores temporales, con su perspectiva de permanencia inherentemente corta y por lo regular vinculados a un único empleador, están expuestos a condiciones muy difíciles con respecto a la organización y lucha contra sus condiciones de trabajo precarias y sus medios de vida depreciados, ya sea por los sindicatos o por los movimientos de derechos civiles. Es posible que padezcan una temporalidad de movilidad comprimida, por encima de muchos «irregulares», a menudo con trayectorias más prolongadas en términos de estancia e incorporación.

Los antecedentes previos constatan que las estrategias predominantes de «gestión de la migración» pueden ejercer presión sobre los más vulnerables en el mercado laboral. A pesar de que las políticas predominantes gravitan hacia planes formales de «migración gestionada», los migrantes trabajadores «indocumentados» y los refugiados deportados aún son parte de los «más necesitados» en las economías políticas de explotación, pero con su difamado estatus de los «menos queridos» exacerbado políticamente por el vilipendio público, aunado a la competencia de los temporales flexibles e institucionalmente restringidos (Schierup, Hansen y Castles, 2006). Por último, en un esquema general, los segmentos desfavorecidos entre los migrantes establecidos y los postmigrantes están expuestos a la competencia de dichas categorías variables de migrantes hiperprecariados. En ese sentido, existen razones para replantear los argumentos de Mingione (1996) acerca de que los diferentes modos de exclusión —alias precarización— nunca pueden entenderse de forma aislada, sino que deben investigarse en articulación mutua en un orden social más extenso cargado de conflictos, dentro del cual la competencia latente y las tensiones entre los grupos más vulnerables son manipulados sistemáticamente por sus empleadores y Estados burocráticos complacientes, con el único fin de impulsar condiciones de trabajo precarias y la denigración de los derechos sociales y políticos.

Una condición global común

Desde este escenario, es posible localizar hasta qué punto y de qué manera las trayectorias regionales del neoliberalismo pueden, simultáneamente, conformar la dominación asimétrica estructurada a escala mundial; junto a las líneas de intersección entre clase, nación, raza y género, y junto a la migración como práctica mediadora y herramienta reguladora. Las divisiones desiguales de trabajo, riqueza y desarrollo continúan atravesando el mundo, así como las regiones y naciones. A su vez, existe una necesidad por revisar las teorías de la economía política que se han opuesto —con un sentido crítico­— a la fijación ortodoxa por la economía neoclásica en etapas universales de desarrollo.

Dado el carácter transformador de la dominación de clase y la gestión de la mano de obra en el neoliberalismo, y su actual impacto global en las sociedades del Sur y del Norte, es urgente reevaluar el énfasis que todavía prevalece en los estudios acerca de la globalización en las políticas deshumanizantes y la explotación de los migrantes del Sur por parte de los Estados del Norte global, puesto que tal énfasis corre el riesgo de ocultar la aparición de nuevos patrones de migración complejos en el hemisferio Sur, tendientes a emular los regímenes discriminatorios del Norte (Tobias, 2012). El miedo, la incertidumbre y la vulnerabilidad, provocada por la «estrategia incoherente», asegura el estatus de migrantes y refugiados como mano de obra contratada a corto plazo, flexible, vulnerable, económicamente esencial, pero denostada públicamente, forjada por los regímenes migratorios subimperiales del Sur (Schierup, 2017). La adopción e implementación extendida de políticas neoliberales, incentivos y restricciones similares convierte a los regímenes migratorios subimperiales, semejantes a aquellos que prevalecen en la actualidad en el Norte (Tobias, 2012). Esto se refleja en los esquemas de trabajadores migrantes temporales y circulares que se ofrecen como alternativas institucionales a la irregularidad masiva en contextos regionales como el TLCAN, la UE, la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (Asean), la SADC y el Mercosur (Pérez, 2010). Sin duda, la evolución mundial conduce al tema del contramovimiento del precariado.

¿Qué lugar ocupa la sociedad civil en la gobernanza mundial de la migración y el desarrollo?

En general, la izquierda ha fracasado al momento de responder a una tecnología polifacética de políticas globalizadas de precariedad en términos de una ideología y un marco político alternativos (Hosseini, Gills y Goodman, 2017). A la vez, desde el cambio de milenio, una serie de ciclos de protesta en el Sur y en el Norte se han expresado como un nuevo «movimiento de otros movimientos» (Mertes, 2004). La vinculación del activismo arraigado localmente con los acontecimientos globales (Feixa, Pereira y Juris, 2009), representa, en términos neogramscianos, una globalización de los «movimientos contrahegemónicos» basados en redes (Purcell, 2009; Miraftab, 2009). Incluye movimientos compuestos que amalgaman una diversidad de posiciones temáticas de movimientos de la diáspora, organizaciones en defensa de los migrantes, las organizaciones de la sociedad civil confesionales y humanitarias con las de antiguas y nuevas orientaciones sindicales. En realidad fueron concebidos para intervenir e influir en las organizaciones internacionales y los organismos intergubernamentales, referente a las deliberaciones destinadas a promover los derechos de los migrantes en los foros de un régimen de gobernanza mundial emergente.

Es necesario ahondar en el tópico de la gobernanza mundial de la migración en un contexto más vasto de una vacilante hegemonía neoliberal (Cox, 1983; Deak, 2005), inmersa en contradicciones y problemas de legitimidad. Dicho tópico se ha formulado desde la confrontación de los movimientos sociales con la condicionalidad de los espacios invitados, término teorizado, entre otros, por Cornwall (2002), Gaventa (2006) y Miraftab (2009). Atañe a la participación o consulta de la SC y, por tanto, a la «corresponsabilidad» (Oelgemöller y Allinson, 2020) en diferentes niveles de gobernanza. La creación de nuevos acuerdos institucionales no conducirá por sí sola a un cambio político, depende del carácter de las relaciones de poder, en las que se insertan los nuevos espacios, potencialmente más democráticos. De acuerdo con Gaventa, la retórica de la «asociación» o la «participación», empleada por poderosas organizaciones internacionales o intergubernamentales con el fin de invitar al «compromiso en ‹igualdad de condiciones›, oculta las desigualdades de recursos y poder». Desdibuja, además, «las distinciones entre quienes detentan el poder económico y quienes podrían verse afectados negativamente por sus prácticas empresariales» (2006:23); circunstancia que puede conducir a un «disciplinamiento de la disidencia» omnipresente (Choudry y Shragge, 2011).

Las preocupaciones ampliamente compartidas de la sociedad civil relativas a la migración, el desarrollo y las políticas de precariedad han intentado, con cierto éxito, cimentar una identidad transversal y transescalar común para un movimiento global centrado en una definición no limitante de los derechos humanos (Piper, 2005; Ålund y Schierup, 2018). Es un movimiento que ha conseguido establecer un escenario propicio para la creación de una solidaridad transversal, que incluye una abundante gama de organizaciones de la sociedad civil y de defensa de los derechos, así como un intercambio productivo en la generación de conocimientos, con la participación de activistas de la mayoría de las regiones del mundo y la investigación académica crítica. A lo largo de la década de 2000, se ha esforzado por influir en el diálogo multinivel con gobiernos y organizaciones internacionales en una pluralidad de foros relacionados con la elaboración de un régimen de gobernanza mundial sobre migración y desarrollo (Schierup, Likic´-Brboric´, Delgado y Toksöz, 2019).

Pese a lo anterior, los movimientos de justicia global se han enfrentado a obstáculos abrumadores en sus esfuerzos por impulsar una agenda progresista sobre migración, desarrollo y derechos sociales, laborales y políticos de los migrantes, dirigida a transformar una economía política discriminatoria de la migración y el desarrollo que produce a su paso una precarización extendida del trabajo y el sustento. Adicionalmente, la participación en foros de gobernanza multilaterales en condiciones desiguales, marcada por prácticas de apropiación discursiva y procesos de cooptación despolitizadores, ha provocado la dilución de los derechos humanos, que han pasado de ser una idea de justicia social, apelando a derechos civiles, políticos, económicos, laborales y sociales incondicionales, a un significante moral fluctuante y no vinculante. Ello fue evidente relativo a la conclusión del GCM en 2018 (Schierup, Delgado y Ålund, 2023; Pécoud, 2020).

¿Un hito en la cooperación internacional sobre migración?, ¿o «muerto al llegar»?

En principio, el GCM, un «hito» declarado en la «cooperación internacional sobre migración» —claramente arraigado en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas, 2018) y en los largos procesos políticos mundiales que lo precedieron— es un ejemplo de la articulación conflictiva de los procesos iniciados por la ONU para el desarrollo de normas en la gobernanza mundial, con las reivindicaciones y el activismo de los movimientos sociales del siglo XXI que se hacen oír en todo el mundo (Schierup, Delgado y Ålund, 2023). Posteriormente, el «pacto» es un acuerdo intergubernamental no vinculante, sancionado por la ONU. Incluye 23 objetivos detallados, que se refieren de forma abierta a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y las declaraciones y pactos sobre derechos civiles y políticos, acerca del trabajo decente y sobre desarrollo sostenible. En ese sentido, el pacto se presentó como un hito en la gobernanza de la migración, «basado en los valores de la soberanía estatal, el reparto de responsabilidades, la no discriminación y los derechos humanos» (ONU, 2018). O, por el contrario, como insinuó un comentarista, ya estaba «muerto al llegar».² Sólo el tiempo lo dirá, pero la respuesta sin duda depende de quién hable.

El Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (FMMD), de carácter intergubernamental, ha sido uno de los principales foros de debate político a largo plazo que ha desembocado en el GCM. Comenzó en el Primer Diálogo de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Migración y Desarrollo en 2006; un año después celebró la primera de una serie de cumbres intergubernamentales mundiales anuales, que condujeron a un segundo diálogo en 2013 y, finalmente, en los preparativos y la firma gubernamental del GCM en Marrakech en 2018, así como su adopción en tanto plataforma normativa avanzada de la ONU que se supone guiará la gobernanza mundial sobre migración y desarrollo.

Concerniente al proceso intergubernamental del FMMD (2006–2018) fue objeto de un seguimiento crítico por parte de eventos paralelos de coaliciones de la sociedad civil interconectadas a escala mundial. Un notable ejemplo de una sociedad civil global de, para y con los migrantes y su batalla por una agenda de derechos humanos es la Acción Global de los Pueblos sobre Migración, Desarrollo y Derechos Humanos (AGP), que convoca año con año a multitud de las organizaciones de la sociedad civil y posiciones temáticas con una inclinación hacia el Sur global, incluidas organizaciones de defensa de los migrantes e inmigrantes, las organizaciones de la sociedad civil confesionales y humanitarias y sindicatos. La AGP obtuvo progresivamente un mayor acceso a los «espacios invitados» (Ålund y Schierup, 2018; Schierup, Delgado y Ålund, 2023) en el contexto del FMMD y otros foros para el diálogo de los interesados acerca del desarrollo de un régimen de gobernanza mundial de la migración, hecho que ayudó a reforzar coaliciones regionales y mundiales de la sociedad civil cada vez más institucionalizadas y preocupadas por los derechos de los migrantes en términos de derechos humanos.

Se trata, en particular, de la Coalición Mundial sobre las Migraciones (2018), fundada en 2011 como órgano permanente de redes regionales e internacionales de asociaciones de migrantes, organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes, sindicatos, grupos religiosos y círculos académicos críticos. El exhaustivo Plan de Acción quinquenal de ocho puntos de la coalición, presentado como aportación de la sociedad civil mundial al segundo Diálogo de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Migración y Desarrollo en 2013, fue el resultado de un arduo trabajo preliminar que incluyó más de 20 actos preparatorios en todo el mundo, al igual que una audiencia previa de las Naciones Unidas. El Plan de Acción se basaba en una interpretación máxima de los derechos humanos, tal y como se inscriben en los convenios internacionales vinculantes, en términos de derechos políticos, sociales y laborales obligatorios; inclusive, se aborda un estado de ciudadanía, generalmente equiparable a la ciudadanía, incluye el derecho incondicional a organizarse, capacitando a los inmigrantes como sujetos políticos.

Un «cambio de régimen» trascendental

El hecho de que el Diálogo de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Migración y Desarrollo pareciera estar de acuerdo en el llamamiento a incorporar de ahora en adelante de forma coherente el discurso sobre los derechos humanos en las deliberaciones en torno a la gobernanza mundial de la migración fue una ostensible victoria. Empero, en una carta dirigida al presidente de la Asamblea General por parte de la Agrupación Global Unions (2013), un socio fundamental de la Coalición Global, criticó fervientemente lo que los sindicatos percibían como la exclusión concertada de las voces de la sociedad civil, tal y como se inscribía en el Plan de Acción basado en los derechos, con ocasión del Diálogo de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Migración y Desarrollo, en favor de una agenda cada vez más preocupada por las empresas (cf. capítulo 22). Según lo constatan sucesos posteriores, la apropiación del discurso de los derechos humanos en la forja de un acuerdo global respecto a la gobernanza de la migración llegó a erigirse en un ostentoso barniz, instrumentalizado para cooptar, fragmentar y despolitizar a una sociedad civil contenciosa (Schierup y Ålund, 2022; Ålund, 2018; Schierup, Delgado, Rother y Ålund, 2019).

En el recorrido efectuado se ha observado de modo crítico el proceso conducido por el GCM, en cuyo contexto se dejan de lado notoriamente las reivindicaciones de la sociedad civil tras las deliberaciones de las partes interesadas, a juzgar por los borradores consecutivos del texto. Al final, el documento resultante fue seriamente diluido en cuanto a las reivindicaciones y aportaciones esenciales de la sociedad civil. Así como lo confirma Pécoud (2020) en una lectura analítica retrospectiva, el GCM en su conjunto destaca como una narrativa claramente despolitizada. Sostiene que está redactado en un lenguaje hegemónico que oculta una realpolitik redimido de una temporalidad asegurada «gestionada», al amparo de una narrativa moral no vinculante de «derechos humanos», «inclusión social» e «integración».

La aprobación del GCM fue censurada por diversas organizaciones de la sociedad civil y expertos independientes, en particular por los sindicatos afectados, que insistieron en que si no se garantizaban los derechos laborales, la libertad de asociación y la negociación colectiva, se afianzaría aún más una subclase inmigrante hiperprecaria. Ello lo expresó de modo enfático Sharan Burrow (2018), secretaria general de la Confederación Sindical Internacional (CSI):

El resultado de las negociaciones hecha por tierra las esperanzas y las aspiraciones de millones de trabajadores migrantes que carecen de contrato de trabajo, al no garantizarles los derechos consagrados en los convenios fundamentales de la OIT. Dicha acción consolidará mercados laborales de dos niveles en los que una subclase de trabajadores —migrantes— se queda sin garantías de libertad de asociación, negociación colectiva y otras protecciones vitales. Lo que significa que los salarios y las condiciones laborales establecidos pueden verse socavados, situación que alimentará la xenofobia y debilitará incluso la posición de algunos de los trabajadores más vulnerables del mundo.

Otras voces críticas se unieron, en especial del Sur global, a la autorizada declaración de la secretaria general. Un ejemplo es un memorando de la Red Sindical de Migración Mediterráneo-Subsahariana (RSMMS, 2018), una coalición de 24 sindicatos de África occidental francófona, el Magreb y el sur de Europa. Su declaración hace hincapié en el carácter fundamental del «derecho a migrar», el «derecho a un trabajo justo» y la exigencia de proteger a los trabajadores independientemente de su situación legal. Esto afecta a los derechos inviolables de millones de trabajadores inscritos en convenios vinculantes de la ONU, en específico los más vulnerables, incluidos los trabajadores migrantes indocumentados del sector informal. Aunado a lo anterior, la ausencia en el GCM de una serie de derechos y servicios sociales básicos que deberían estar a disposición de todos los migrantes agrava la precariedad y la frágil protección de los trabajadores migrantes. La RSMMS enfatizó además, la falta de una postura firme con relación a la no criminalización de los migrantes irregulares, la falta de respeto por el principio de no devolución, y la falta de una entrega firme a los derechos laborales, el diálogo social, el tripartismo, la libertad de asociación y la negociación colectiva. Asimismo, reiteró la importancia de luchar por la ratificación de los convenios vinculantes sobre derechos laborales y sociales de las Naciones Unidas.

Referente a este último, sobresale la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (ICRMW) de 1990. Ese mismo año, cuando fue adoptada por la Asamblea General de la ONU, representó un salto cualitativo en su capacidad de instrumento jurídico internacional, aunque sintomáticamente sólo fue firmada por Estados del Sur. El presidente de la cumbre de la sociedad civil de la AGP de 2018 en Marrakech (MDDC, 2018) se lamentaba con el GCM y hacía un llamado por la Igualdad de Derechos y la Justicia Social, destacaba que los países ricos habían encontrado un poderoso instrumento para marginar y contrarrestar aún más la convención.

En consecuencia, dentro de un panorama más amplio, el exespecialista principal en migración de la OIT y presidente de Global Migration Policy Associates (GMPA), Patrick Taran (2018), corrobora que el GCM representa una debacle en relación con el sistema general de gobernanza jurídica, política, institucional y práctica para la protección de los más precarios. Encarna nada menos que un importante cambio de régimen

lejos de la aplicación vinculante y la implementación del estado de derecho del sistema normativo mundial de Derechos Humanos universales, inalienables e indivisibles —incluidos los derechos laborales/normas internacionales del trabajo para todos—, en particular para todos los migrantes (…) una agenda para la autoridad ejecutiva arbitraria con exclusión de la participación equitativa del papel legislativo parlamentario y las funciones del poder judicial.

Una época turbulenta de migración³

Con fundamento en estas y otras perspectivas críticas, en consecuencia, a pesar de décadas de trabajo de campaña de las organizaciones de la sociedad civil para promover conceptos y prácticas institucionales de derechos humanos, trabajo digno, justicia social, protección y no discriminación por motivos de color, «raza», etnia y género, el GCM —una carta de la ONU muy esperada en favor de la buena gobernanza de la migración y una fórmula beneficiosa para todos— previamente se había convertido en una apología de una política de precariedad intensificada e hiperexplotadora. En palabras de Taran (2023):⁴

El mundo se está equivocando en materia de migración con la intensificación de las restricciones, barreras y fronteras a la movilidad, junto con la difamación de los migrantes, el aumento de la explotación y la violencia abiertamente mortal contra los migrantes, refugiados y extranjeros. Peor todavía en contra de aquellos con diferente color, etnia y nacionalidad, multiplicadas por el género en el caso de las mujeres y las niñas y de los migrantes y refugiados LGBTIQA+.

No obstante las deficiencias señaladas por los críticos en el mundo académico y los movimientos sociales, la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil involucradas en el proceso del FMMD/GCM acogieron a este último como un «logro histórico»; no «ideal», «un piso» pero no un «techo» (MADE, 2018). Sobre esta base la sociedad civil podría continuar movilizándose y presionando en torno a las demandas de compromisos obligatorios para los derechos de los migrantes por parte de los gobiernos y las organizaciones internacionales (más en Schierup, Delgado, Rother y Ålund, 2019). Así, con la misma mordacidad que lo expresa Rother (2022), la sociedad civil migrante ha seguido persiguiendo sin descanso su defensa «aunque a veces se sienta como el trabajo de Sísifo, teniendo que volver a colocar la piedra en su sitio».

Este aforismo parece en verdad un resumen adecuado de los procesos que condujeron al IMRF, celebrado en las Naciones Unidas en Nueva York en mayo de 2022. Esa primera revisión global exhaustiva relativa a los avances del GCM —que se repetirá cada cuatro años— ha defraudado de modo evidente las expectativas de las organizaciones de la sociedad civil comprometidas. Una pluralidad de las organizaciones de la sociedad civil convergentes ha demostrado, a través de reuniones interactivas por Zoom y seminarios web en todo el mundo, la existencia de una impresionante y verificada base de conocimientos y capacidad analítica en sus preparativos críticos de supervisión de las perspectivas y debilidades del GCM antes del IMRF. Sin embargo, las etapas preparatorias impulsadas por la ONU antes del IMRF, así como la organización del IMRF en Nueva York, se han efectuado de forma que han marginado la participación y la influencia de la sociedad civil, y han hecho retroceder las reivindicaciones de un régimen migratorio mundial vinculante basado en los derechos.

Lo anterior provocó que el Comité de Acción de la Sociedad Civil, que participó de forma crítica en el FIRM en nombre de una coalición más amplia de las organizaciones de la sociedad civil, enviara una carta abierta al presidente de la Asamblea General en la que aseveraba su grave preocupación por «los crecientes casos de exclusión sistémica de la sociedad civil de las Naciones Unidas» (Action Committee, 2022). Bajo la misma lógica, Colin Rajah, durante varios años uno de los principales portavoces de la sociedad civil mundial y coordinador del Comité de Acción de la Sociedad Civil, identificó «una reducción visible del espacio de la sociedad civil en las Naciones Unidas». En su carácter como uno de los dos representantes de la sociedad civil a quienes se les asignó un espacio para los comentarios finales con motivo de la última sesión del FIRM, el 19 de mayo de 2022 se pronunció críticamente ante el secretario general acerca de un retroceso que limita cualquier expectativa optimista:

Deberíamos haber demostrado cómo este marco multilateral [el GCM], en un momento de crisis mundial, podía garantizar la protección de la vida, el bienestar y los derechos de los migrantes. Y, sin embargo, ha ocurrido lo contrario. En lugar de avanzar hacia una migración segura, ordenada y regular, la migración se ha vuelto más turbulenta, más irregular y más peligrosa y mortal (Rajah, 2022).

Esta declaración nos lleva a una discusión final.

¿Una «utopía factible»?

El auge original y la crisis actual de un neoliberalismo abatido han revivido las declaraciones de Polanyi (2001), en términos de mercantilización del trabajo, vidas humanas y entorno natural. Se ha teorizado en función de una tercera gran transformación (Burawoy, 2006; Munck, 2010), lo que a su paso genera condiciones extendidas de hiperprecariedad, con énfasis en la denigración de un precariado migrante multifacético (Schierup y Jørgensen, 2017). En esta coyuntura histórica, los «derechos humanos» emergen como la última utopía tras la implosión de otras grandes narrativas liberales y socialistas, basadas «en la imagen de un lugar que aún no ha sido llamado a la existencia» y prometen «penetrar la inexpugnabilidad de las fronteras estatales, sustituyéndolas lentamente por la autoridad del derecho internacional» (Moyn, 2010:1).

En contigua tesis, la célebre metáfora de Polanyi del «contramovimiento» ha cobrado nueva vida en las reivindicaciones de justicia en materia de derechos humanos por parte de movimientos populares contestatarios de todo el mundo. Se ha debatido cómo esto incluye una «guerra de posiciones» (Gramsci, 1971) resistente y a largo plazo de un movimiento global centrado en redes que buscan justicia para los trabajadores inmigrantes precarios, sus familias y comunidades en términos de «derechos de los migrantes como derechos humanos». Empero, más allá de ciertas rupturas, este contramovimiento de, para y con un precariado migrante globalizado ha experimentado una creciente apropiación y despolitización de su perspectiva crítica. Además, los movimientos por los derechos de los migrantes han enfrentado un cierre sucesivo de los espacios de participación e influencia en la gobernanza mundial de la migración, experimentado de forma más notoria en el contexto del IMRF.

En nuestro debate en torno a dicha evolución retrógrada, hemos argumentado que el régimen de gobernanza mundial que está surgiendo en la actualidad ha sido moldeado por una narrativa hegemónica sobre la gestión de la migración para el desarrollo. De igual manera, se encuentra plagado de una plétora de convenciones y declaraciones sobre derechos humanos que, en gran medida, han fracasado al momento de influir en la justicia social dentro de contextos nacionales y mundiales. Semejante discrepancia entre la retórica moral y la práctica política conduce en el presente a un conmovedor dilema para los movimientos de justicia social, ya que la marca derechos humanos se ha convertido en un fluctuante discurso moralizador inherentemente fracturado, sin capacidad para relacionarse con un estado real de hiperprecariedad. Así, «la última utopía no puede ser moral» (Moyn, 2010:226–227). La idea de los «derechos humanos», en palabras de Abdelkarim (2016:2) en una crítica del Sur de los «derechos humanos» en tanto constructo imperial dominante, debería referirse en todo caso a una «esperanza contingente» que necesita «ser menos utópica y relacionarse más con las luchas políticas»; siguiendo a Lambert (2010) como una «utopía realizable mediante luchas populares a largo plazo para construir poder a través de la dimensión territorial».

Lo anterior exige un fortalecimiento continuo de una multitud ya existente de redes y fuerzas de movimientos contrahegemónicos por medio de espacios y lugares. Entraña seguir desarrollando conocimiento contraepistémico y la manera sobre cómo —soportado en las reflexiones finales de Colin Rajah en el IRMF— la sociedad civil «puede llegar más alto y empujar a los Estados» (CS, s/f). En ese sentido, sería necesario enfrentarse a la narrativa dominante de triple ganancia que, como se sostuvo en el citado debate, enmascara las políticas de explotación de la precariedad al tiempo que plantea al migrante como responsable, en última instancia, del desarrollo de las sociedades de origen y de destino. Se trata de una tarea compleja y polifacética que requiere la contestación de los poderosos intereses del capital corporativo y las políticas de precariedad, sistemáticamente arraigadas en la estructura institucional del Estado regulador. En síntesis, el movimiento por los derechos de los migrantes, a través de su comunicación regular, medios digitales, etcétera, hace explícito su compromiso de continuar con esta labor, con fundamento en nuevas interrogantes y nuevas reivindicaciones, mientras recorre caminos previamente allanados de contestación contrahegemónica.

Notas

1 Este artículo está dedicado a la profesora Romina Robles Ruvalcaba de la Universidad de California en Merced (1983–2022), una gran historiadora y pensadora mexicana. También quiero agradecer a Rodolfo Espino, Elena Cardona (Universidad de California en Riverside) y Armando Negrete Fernández (UNAM).

2 Lex Rieffel en la página web del Instituto Brookings. Disponible en https://www.brookings.edu/blog/up-front/2018/12/12/the-global-compact-on-migration-dead-on-arrival/

3 Parafraseando el título del célebre libro La era de las migraciones (Castles, de Haas y Miller 2020).

4 En un alegato a favor de la justicia social, la inclusión y la igualdad dirigido a un seminario temático mundial organizado por la Conferencia de ONG de ConGO.

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