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De Centroamérica a Venezuela. Desplazados y migración
forzada en la agenda geopolítica de Estados Unidos

From Central America to Venezuela. Displaced people and forced migration on the geopolitical agenda of United States

Recibido 16/10/22 | Aceptado 03/11/22

Daniel Villafuerte Solís* | María del Carmen García Aguilar**

*Mexicano. Investigador titular del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Correo-e: gasoda_2000@yahoo.com.mx.
**Mexicana. Docente investigadora de posgrado del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Correo-e: mcgarcia2005@yahoo.com.mx

Resumen. Este artículo tiene como objetivo analizar las causas subyacentes de la movilidad humana en la región norte de Centroamérica, conocida como Triángulo Norte, y en Venezuela. Se distinguen las diferencias en las causas y el significado de las migraciones en ambos casos y se constata la existencia de una geopolítica de Estados Unidos que tolera a Centroamérica mientras condena a Venezuela. Resalta el uso político de la migración para sancionar a Venezuela, al exhibir el refugio como expresión de la tiranía del gobierno venezolano, en tanto que para Centroamérica se silencia la existencia de un modelo económico extractivista, maquilador y concentrador de la riqueza como factor de expulsión de población..

Palabras clave: desplazamientos forzados, geopolítica estadounidense, crisis política, Triángulo Norte de Centroamérica, Venezuela..

Abstract. This article aims to analyze the underlying causes of human mobility in the northern region of Central America, known as the Northern Triangle, as well as in Venezuela. This article distinguishes the differences in the causes and meaning of migrations in both cases and confirms the existence of a United States geopolitics that tolerates Central America while condemning Venezuela. This document highlights the political use of migration to sanction Venezuela and exhibits refuge as an expression of the tyranny of the Venezuelan government, while for Central America, the existence of an extractivist, maquilador and wealth concentrator economic model as an expulsion factor of the population, is silenced.

Keywords: forced displacement, U.S. geopolitics, political crisis, Northern Triangle of Central America, Venezuela.

Introducción

Vivimos tiempos de expulsiones y sucesos de desplazamientos, una época en la que se desdibuja la frontera entre la migración por razones laborales y el desplazamiento forzado derivado de diversas violencias. Desde el año 2000 los flujos migratorios de Centroamérica de tránsito por México hacia Estados Unidos han acaecido de una manera sostenida. Las variaciones cíclicas se explican por la aplicación de medidas de contención por parte del gobierno de México, presionado por el gobierno de la Casa Blanca, y por el reforzamiento de la frontera sur de Estados Unidos. En el caso de Venezuela la migración internacional no ha variado mucho; el periodo en el que más se produjo fue de 2005 a 2015, para luego estabilizarse; sin embargo, los desplazamientos forzados son más recientes y tienen una connotación más compleja porque se mezcla una crisis económica sin precedentes, disparada por la baja del precio del petróleo y el bloqueo económico, con los intereses geopolíticos del gobierno de Washington. En este artículo se analizan ambas trayectorias con énfasis en la razón geopolítica y en las condiciones estructurales de la movilidad humana.

Geopolítica de Estados Unidos y migración

¿Cómo se llegó a la situación migratoria actual en la llamada región del Triángulo Norte de Centroamérica y en Venezuela? ¿De qué manera Venezuela pasó de ser un país de acogida de miles de desplazados colombianos a un lugar de expulsiones? Pensamos que Centroamérica y Venezuela presentan realidades económicas y sociopolíticas distintas, y que el origen y el tratamiento de la movilidad humana son diferentes en una región y en otra; no obstante, existe un denominador común que agrava la situación en ambos casos, esto es, la geopolítica de Estados Unidos. Comencemos con un breve recorrido por la cuestión venezolana para luego abordar la realidad de Centroamérica.

La situación venezolana

El contexto actual de Venezuela, que se expresa en el desplazamiento forzado de miles de personas, se origina con el triunfo de Hugo Chávez por la presidencia en 1998. Los cambios en la Constitución afectaron privilegios de las clases acomodadas, hecho que provocó la reacción del sector que hoy reclama la renuncia de Nicolás Maduro. Las primeras escaramuzas ocurrieron entre abril y noviembre de 2002:¹ rebelión militar, campaña mediática, huelga patronal, paro petrolero nacional, etcétera. Con la muerte del presidente Chávez, en marzo de 2013, la situación política se tornó compleja.

En nombre de la democracia y de los derechos humanos, el gobierno de Estados Unidos se ha atribuido la potestad de actuar según sus intereses geopolíticos y geoeconómicos. Por una parte, ataca con ferocidad al gobierno constitucional de Venezuela (Chávez y Maduro), desestabiliza políticamente y hasta nombra a Juan Guaidó «presidente encargado» (la corrección política dice que se autoproclamó), y, por otra, obliga a varios países, entre ellos los centroamericanos, a reconocer a Guaidó. En Costa Rica se conminó al personal diplomático de la embajada de Venezuela a retirarse para permitir que la representación de Guaidó asumiera la embajada. En el caso de Guatemala, la sede diplomática se mantuvo con el mínimo de personal durante el último tramo del gobierno de Jimmy Morales y el nuevo presidente, Alejandro Giammattei, desde su primer día de gobierno, cerró la embajada venezolana: «Hemos girado órdenes al canciller para que la única persona que queda en la embajada de Venezuela proceda a su retorno y cerramos definitivamente relaciones con el Gobierno de Venezuela. Vamos a cerrar la embajada» (Coronado, 16 de enero de 2020).

El tratamiento geopolítico de Estados Unidos hacia Venezuela y el grupo de países que no siguen la línea de la Casa Blanca (la Argentina de los Kirchner y Alberto Fernández, Cuba, Nicaragua, la Bolivia de Evo Morales y el Ecuador de Rafael Correa) ha sido de hostigamiento. El gobierno de Chávez se atrevió a desafiar a Estados Unidos al formular el proyecto Alternativa Bolivariana de las Américas (Alba), contestatario a la Iniciativa de las Américas que se cristalizó con la creación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Asimismo, el alineamiento de Chávez con Cuba provocó el encono y comenzó un plan de desestabilización.

En ese contexto, el 9 de marzo de 2015 el presidente estadounidense Barack Obama emprendió una ofensiva contra el gobierno venezolano mediante una orden ejecutiva que congelaba activos financieros en su territorio y prohibía la entrada a siete funcionarios venezolanos de alto nivel: «Estamos comprometidos a promover el respeto por los derechos humanos, salvaguardar las instituciones democráticas y proteger el sistema financiero de Estados Unidos de los flujos financieros ilícitos de la corrupción pública en Venezuela» (The White House, 9 de marzo de 2015).

A esta orden ejecutiva siguieron muchas otras. Entre las más recientes figura la 13850 del 1 de noviembre de 2018, referente al «bloqueo de bienes de personas adicionales que contribuyen a la situación en Venezuela», por lo cual «no puede ser transferido, pagado, exportado, retirado o negociado» (Presidential Documents, 2018:1). En ella se ordena operar en el sector del oro o cualquier otro de la economía venezolana, según la determinación del «secretario del Tesoro, en consulta con el secretario de Estado». La orden ejecutiva se justifica

a la luz de las acciones del régimen de Maduro y las personas asociadas para saquear la riqueza de Venezuela para sus propios fines corruptos, degradar la infraestructura de Venezuela y el entorno natural a través de la mala gestión económica y las prácticas industriales y mineras confiscatorias, y catalizar una crisis migratoria regional al descuidar las necesidades básicas del pueblo venezolano (Presidential Documents, 2018).

Para un país como Estados Unidos, que se asume como defensor de los derechos humanos, resultaría inmoral bloquear la economía de un país por razones políticas, pues con ello condena a la población al sufrimiento al interrumpir la cadena de suministros para el correcto funcionamiento de la economía y al paralizar la creación de empleos, el cuidado de la salud y la alimentación. Con el bloqueo, el gran perdedor fue la población venezolana, sobre todo los sectores con menos recursos y las clases medias.

El gobierno de Estados Unidos, empeñado en derrocar a Nicolás Maduro, alentó la formación del denominado Grupo de Lima, que se formalizó el 8 de agosto de 2017. El liderazgo del gobierno de México, a través de su canciller Luis Videgaray, fue crucial en el hostigamiento a Venezuela. A título de ejemplo, en seguida ilustraremos esta afirmación con algunas declaraciones y acciones de este grupo.

El Grupo de Lima, en su comunicado conjunto 004–19, suscrito por los líderes de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú, de fecha 4 de febrero de 2019, manifestó «su profunda preocupación» por la violación de los derechos humanos en Venezuela. En el punto 1 fijaba su posición:

Reiteran su reconocimiento y respaldo a Juan Guaidó como presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela en atención a su Constitución. Saludan la decisión del creciente número de países que ha reconocido al presidente encargado Juan Guaidó y hacen un llamado a la comunidad internacional para que le brinde su más fuerte respaldo, así como a la Asamblea Nacional, en sus esfuerzos por establecer un gobierno de transición democrática en Venezuela (Grupo de Lima, 4 de febrero de 2019).

El punto 5 del comunicado apelaba a la democracia, cuando en el punto anterior se respaldaba de manera contradictoria a Guaidó como «presidente encargado», figura inexistente en la Constitución venezolana. øCómo se puede avalar a un personaje que se autoproclama presidente, mientras se condena a Maduro, que fue electo por la población venezolana? Sin embargo:

Hacen un llamado al restablecimiento inmediato de la democracia en Venezuela mediante la celebración de elecciones libres y justas convocadas por las autoridades legítimas, de acuerdo a estándares internacionales y tan pronto como sea posible. Estas elecciones deben llevarse a cabo con garantías suficientes, con la participación de todos los líderes políticos y con observación internacional, además de la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (Grupo de Lima, 4 de febrero de 2019, resaltado en el original).

Llama la atención que países como Honduras y Guatemala, integrantes del Grupo de Lima, hayan llegado al cinismo de reclamar democracia al gobierno de Venezuela cuando tienen un largo historial de prácticas antidemocráticas. En su comunicado 014–19, del 30 de abril del mismo año, el Grupo vuelve a lo mismo en los puntos 1 y 4:

1. Expresan su pleno respaldo al proceso constitucional y popular emprendido por el pueblo venezolano, bajo el liderazgo del presidente encargado, Juan Guaidó, para recuperar la democracia en Venezuela; y rechazan que dicho proceso sea calificado como golpe de Estado.
4. Conminan a Nicolás Maduro a cesar la usurpación, para que pueda empezar la transición democrática, la normalización constitucional y la reconstrucción económica y social de Venezuela (Grupo de Lima, 30 de abril de 2019).

Tres años después de haberse formado el Grupo de Lima sus propósitos seguían sin rendir frutos; empero, en su reunión de finales de febrero de 2019, en un nuevo comunicado conjunto, expresó en los puntos 1, 5 y 11, reiteradamente, lo siguiente:

1. Condenan las acciones deliberadas del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro que, sin considerar el sufrimiento de la población ni los insistentes llamados de la comunidad internacional, han impedido, el 23 de febrero, el ingreso de artículos de primera necesidad y la asistencia internacional, mediante actos de represión violenta que ocasionaron múltiples heridos y muertos en la frontera con Colombia y Brasil, todo lo cual ha agravado el riesgo en que se encuentran la vida, dignidad e integridad de los venezolanos.
5. Deciden solicitar a la Corte Penal Internacional que tome en consideración la grave situación humanitaria en Venezuela, la violencia criminal del régimen de Nicolás Maduro en contra de la población civil y la denegación del acceso a la asistencia internacional, que constituyen un crimen de lesa humanidad.
11. Reiteran su llamado a todos los miembros de la Fuerza Armada Nacional a reconocer al presidente encargado, Juan Guaidó, como su comandante en jefe, y los exhortan a que, fieles a su mandato constitucional de estar al servicio exclusivo de la nación y no al de una persona, cesen de servir como instrumentos del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro para la opresión del pueblo venezolano y la violación sistemática de sus derechos humanos (Grupo de Lima, 25 de febrero de 2019).

Para esas fechas México había cambiado de gobierno y su política exterior dio un giro radical al reivindicar la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. De modo similar, en la reunión indicada, el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Maximiliano Reyes, declaró: «Hacemos un llamado a la reflexión dentro del Grupo de Lima sobre las consecuencias que tendrían para los venezolanos aquellas medidas que busquen tener injerencia en asuntos internos que entorpezcan el diálogo entre los actores involucrados y la comunidad internacional» (Langner, 5 de enero de 2019).

El acoso económico, político e ideológico contra el gobierno de Nicolás Maduro ha sido brutal. En esta cruzada se unieron varios países de América Latina y Europa al llamado Grupo de Lima, entre los que destaca en particular España. Personajes como José María Aznar, Felipe González, Mario Vargas Llosa y hasta el cantante Miguel Bosé se han inclinado a favor de la oposición venezolana.

Aparte del Grupo de Lima, la Organización de Estados Americanos (OEA) desempeñó un papel de primera línea en el bloqueo. El gobierno de Obama recuperó la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana para elaborar su discurso justiciero. La beligerancia llegó a tal grado que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en visita a la ciudad fronteriza de Cúcuta, en Colombia, expresó «que las acciones diplomáticas están en primer lugar», aunque no descartó la intervención militar. Frente a esta declaración, el gobierno de Venezuela, en voz de su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, afirmó que la estabilidad de América Latina está «seriamente amenazada por la demencial actuación de quien usurpa de forma desviada y abusiva la secretaría general de la oea» y, agregó, «pretende revivir los peores expedientes de intervención militar imperialistas» (El País, 16 de septiembre de 2018).

Almagro ha sido un actor de primer orden en la crisis venezolana. En un mensaje fechado el 12 de junio de 2017 refiere: «Cada día que se prolonga la crisis hay más muertos y heridos. Venezolanos —hombres, mujeres, niños— mueren por falta de medicamentos y por la extrema represión de las fuerzas de seguridad y los colectivos paramilitares controlados por el régimen» (OEA, 12 de junio de 2017).

El presidente Maduro amenaza al pueblo con 10 años de prisión si éste decide manifestarse en contra de una Asamblea Nacional Constituyente ilegítima. Su respuesta a los reclamos de la gente sigue siendo el derramamiento de sangre, la muerte, el fascismo y la represión. Su excusa para la impunidad sigue siendo la denuncia de fuerzas externas y fantasmas imaginarios (OEA, 12 de junio de 2017, negritas añadidas).

En la resolución sobre la situación de Venezuela del Consejo Permanente de la OEA, de fecha 10 de enero de 2019, después de una serie de considerandos² el organismo plantea nueve puntos, de los cuales recuperamos el 1 y el 3:

1. No reconocer la legitimidad del periodo del régimen de Nicolás Maduro a partir del 10 de enero de 2019.
3. Urgir a todos los Estados miembros e invitar a los observadores permanentes de la Organización de los Estados Americanos a adoptar, de conformidad con el derecho internacional y su legislación nacional, las medidas diplomáticas, políticas, económicas y financieras que consideren apropiadas para contribuir a la pronta restauración del orden democrático en Venezuela (OEA, 10 de enero de 2019:2).

El 23 de enero de 2019 Juan Guaidó se autoproclamó presidente encargado de Venezuela con fundamento en el artículo 233 de la Constitución.³ Se trata de un artículo que no sustenta este acto y que sólo encuentra explicación en la estrategia de Estados Unidos para sacar al presidente Maduro del Palacio de Miraflores. En su discurso frente a una multitud reunida en Caracas, Guaidó expresó: «Voy a dar el paso con ustedes. Invocando los artículos de la Constitución, ante Dios (…), Venezuela, juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo nacional» (El Diario, 23 de enero de 2019). Poco antes el presidente Trump había manifestado:

Hoy, reconozco oficialmente al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. En su papel como única rama legítima del Gobierno elegida debidamente por los ciudadanos venezolanos, la Asamblea Nacional invocó la Constitución nacional para declarar a Nicolás Maduro ilegítimo y la presidencia, por tanto, vacante. El pueblo venezolano se ha manifestado con valentía contra Maduro y su régimen, y ha pedido libertad y el estado de derecho (El Diario, 23 de enero de 2019).

Una vez que Guaidó se autoproclamó presidente encargado, Mike Pompeo, secretario de Estado, exhortó a la OEA para que lo reconociera. Luis Almagro respondió inmediatamente a través de su cuenta de Twitter: «Nuestras felicitaciones a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Tiene todo nuestro reconocimiento para impulsar el retorno del país a la democracia» (Sputnik, 23 de enero de 2019). No obstante, la asamblea del organismo votó de manera dividida: de los 43 países integrantes activos, 16 apoyaron la declaración,⁴ la mayoría pertenecientes al Grupo de Lima.

Junto con la petición de reconocimiento a Juan Guaidó como presidente encargado por parte de la OEA, el Consejo Permanente decidió «aceptar el nombramiento del señor Gustavo Tarre como representante permanente designado de la Asamblea Nacional, hasta que se celebren nuevas elecciones y el nombramiento de un gobierno democráticamente electo» (El Universal, 9 de abril de 2019).

Frente al fracaso de las presiones político-diplomáticas, los tambores de guerra comenzaron a sonar. Estados Unidos instó a la OEA a reactivar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). El 17 de septiembre de 2019, el Departamento de Estado, a través de su vocero Morgan Ortagus, declaró en un comunicado:

El antiguo régimen de Maduro ha saboteado las negociaciones organizadas por Noruega, negándose a comprometerse seriamente en el regreso a la democracia en Venezuela. Ahora ha anunciado un plan diseñado para sabotear la Asamblea Nacional, la última institución democrática que queda en Venezuela. Maduro y sus compinches atrajeron a un pequeño grupo marginal de políticos a participar en las «llamadas conversaciones» y los tergiversaron diciendo que hablaban por la oposición democrática. Estados Unidos continúa apoyando a Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional y el legítimo presidente interino de Venezuela (U.S. Department of State, 17 de septiembre de 2019).

El marco justificativo del gobierno de Estados Unidos para invocar al TIAR fue el acercamiento del gobierno venezolano a la oposición moderada de la Asamblea Nacional por medio de la Mesa Nacional del Diálogo por la Paz con el propósito de alcanzar una solución política. Entre los puntos que acordó con la oposición destacan:

a) La fracción parlamentaria del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y movimientos aliados se reintegran de inmediato a la Asamblea Nacional. b) Se apoyará la propuesta de canje de petróleo por alimentos, medicinas e insumos, en concordancia con los mecanismos de la Organización de Naciones Unidas. c) Rechazo a las sanciones y exigir levantamiento inmediato (RT Noticias, 16 de septiembre de 2019).
Con este fin, Estados Unidos y nuestros socios han invocado el Tratado tiar/Río, que facilita más acciones colectivas para enfrentar la amenaza que representaba el antiguo régimen de Nicolás Maduro para el pueblo venezolano y para la región. Esperamos reunirnos con socios regionales para discutir las opciones económicas y políticas multilaterales que podemos emplear para la amenaza a la seguridad de la región que representa Maduro (U.S. Department of State, 17 de septiembre de 2019, negritas añadidas).

Como parte del acoso a Venezuela, John Bolton, asesor de seguridad nacional de Donald Trump, envió el 11 de marzo de 2019 el siguiente mensaje: «Banqueros: no ayuden a Maduro y a sus cómplices a robar los bienes del pueblo venezolano. Estados Unidos está observando. El mundo está observando. El pueblo venezolano está observando» (El Universal, 11 de marzo de 2019). De manera coincidente, la Asamblea Nacional venezolana expidió un decreto mediante el cual advertía a las aseguradoras de barcos que suspendieran las exportaciones de petróleo a Cuba.

Los ataques a Venezuela han ido subiendo de tono: estrangulamiento financiero, bloqueo comercial, imposición de sanciones a la empresa Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), congelación de activos, acusación al presidente Maduro de estar vinculado al narcotráfico,⁵ uso del tema de los derechos humanos y de la ayuda humanitaria, envío del Comando Sur para amedrentar y reiterados intentos de dividir al Ejército venezolano. A lo anterior se añade el congelamiento de 7 mil millones de dólares de activos de PDVSA, junto con el bloqueo de cuentas. Todas estas acciones han golpeado directamente a la población.

En suma, la crisis que enfrenta Venezuela ha sido prolongada, con altos costos para la población, lo que se traduce en escasez de productos básicos, medicinas e insumos, en desempleo y en el éxodo de la población. La santa alianza entre el Grupo de Lima, la OEA y el gobierno de Estados Unidos ha elevado el costo humano del bloqueo; el país pasó de una situación económica boyante a una crisis profunda, al grado que ahora se está importando gasolina de Irán.

La situación del Triángulo Norte de Centroamérica

A diferencia de su tratamiento hacia Venezuela, el gobierno de la Casa Blanca tolera y alienta prácticas antidemocráticas y corruptas de los gobiernos centroamericanos. Pareciera que este tipo de gobiernos complace a Estados Unidos, cuestión que resulta contradictoria con el discurso de democracia y de derechos humanos que reivindica. En Centroamérica, salvo Costa Rica, esos dos ejes brillan por su ausencia y a ello se agregan las variadas formas de violencia, la presencia de grupos criminales y el trasiego de armas y drogas. Otros elementos que caracterizan a esta región son la desigualdad, la pobreza, la precariedad laboral y el subempleo.

En el caso de Guatemala, por ejemplo, el gobierno de Washington obvió los actos de corrupción de la familia del presidente Jimmy Morales. Además, el presidente Trump no se opuso, como lo hizo el gobierno de Obama, a que saliera de ese país la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que investigaba a la familia presidencial.

Con respecto a Honduras, el país que más migrantes expulsa, Estados Unidos orquestó el golpe de Estado contra el gobierno de Manuel Zelaya y fue complaciente con la reelección fraudulenta de Juan Orlando Hernández, quien ha sido acusado de involucramiento en actos de corrupción y a su familia se le acusa de estar implicada en el negocio del narcotráfico, denuncias ignoradas por el gobierno de la Casa Blanca.

Por su parte, en El Salvador rige un presidente fiel a la línea trazada por el gobierno de Estados Unidos, Nayib Bukele, mismo que tras ser investido hizo acto de presencia en la Casa Blanca a fin de ponerse a las órdenes de Donald Trump. Este presidente desplegó al Ejército y tomó por asalto la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020 para presionar y amenazar a los parlamentarios que se oponían a aprobar un presupuesto extraordinario para su Plan Control Territorial, sin explicar cómo se gastaría.

Los gobiernos de la región del Triángulo Norte, del signo que sean, siempre se han sometido a los dictados de Estados Unidos. Quien intente salirse de la directriz debe asumir las consecuencias. Esto ocurrió en dos casos recientes que merecen una reflexión más detallada y profunda. El primero, como hemos indicado, se trata del golpe de Estado «blando» en contra del gobierno de Manuel Zelaya en Honduras, que derivó en una descomposición política y social de mayor profundidad reflejada en los niveles de violencia y movilidad humana. El segundo caso fue el de Guatemala, con la destitución y encarcelamiento del presidente Otto Pérez Molina.

El peso de la historia explica el presente en la región; su pasado está vinculado con regímenes militares y dictaduras civiles, así como con la constitución de oligarquías de «horca y cuchillo» que dirigen a los gobiernos. La esperada «transición a la democracia» hasta ahora no ha sucedido. Por eso resulta paradójico que Guatemala y Honduras formen parte del Grupo de Lima, que se convirtió en paladín de la democracia, y reclamen a Venezuela respeto a los derechos humanos y democracia, algo que nunca han practicado.

Esta región se transformó en un triángulo de «miedo y muerte»; una de las zonas «más violentas del planeta», lo que se puede medir en términos del número de homicidios por cada 100 mil habitantes; una zona de altos índices de marginación, pobreza, exclusión social y violencia. Un territorio con «espacios ingobernables», zona de trasiego de armas y por donde pasa 80 por ciento de la cocaína que consume Estados Unidos. Todo lo anterior lo convierte en un territorio de alta expulsión de población. Con tal caracterización es fácil pensar que es un espacio donde no existen condiciones básicas para llevar una vida normal dedicada al trabajo, a la participación social, cultural y política y a la recreación, que permita el desarrollo de los jóvenes y la conclusión del ciclo de vida en condiciones dignas.

Los diagnósticos respecto a la realidad del Triángulo Norte son convergentes, aunque no todos coinciden en las causas subyacentes a la situación que padece este territorio. La falta de entendimiento de las raíces de los problemas aludidos anteriormente, entre ellos la expulsión de población, explica las medidas adoptadas y revela la razón geopolítica de Estados Unidos.

Este país mantiene la vieja idea, correspondiente a los tiempos de la Guerra Fría, sobre la amenaza del comunismo. Han pasado tres décadas desde el fin de ese periodo, lapso durante el cual se vivió un proceso de pacificación desde arriba, con arreglos entre el Estado y los grupos beligerantes, y las guerrillas se reconfiguraron en grupos políticos institucionales que participaron en el juego electoral con la intención de conquistar el poder por la vía de las elecciones tanto en Guatemala como en El Salvador e incluso en Nicaragua, país que no forma parte del Triángulo Norte; en todo caso, fue la fórmula para institucionalizar la paz en toda América Latina, por eso se habló de «transición a la democracia».

El antecedente inmediato de las migraciones centroamericanas se puede ubicar a mediados de los 1970 con el recrudecimiento de los conflictos armados, que se prolongaron hasta la firma de los acuerdos de paz primero en El Salvador, en 1992, entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el gobierno a cargo de Alfredo Cristiani, y posteriormente en Guatemala, en 1996, entre la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y el gobierno de Álvaro Arzú.

Después de la «normalización» de la vida política y social se instauró plenamente el régimen económico neoliberal que ya tenía carta de naturalización en toda América Latina. Centroamérica abrió sus fronteras a la inversión extranjera, y se firmaron tratados de libre comercio con México, luego con Estados Unidos y otros países. Se identificaron nuevas áreas de oportunidad en la agricultura de exportación, creció la industria maquiladora y se apuntaló el turismo. Este modelo económico es expulsor de mano de obra al concentrar los recursos productivos y el ingreso en pocas manos. Hoy las cuatro fuentes fundamentales de divisas de los países de la región, con excepción de Costa Rica, son la maquila, los productos agrícolas no tradicionales, el turismo y, de manera preponderante, las remesas familiares de los migrantes, a tal grado que representan, por ejemplo, 20 por ciento del producto interno bruto (PIB) en Honduras.

La articulación del modelo económico neoliberal, la concentración del ingreso, la presencia del narcotráfico y la violencia constituyen el caldo de cultivo para el éxodo de grandes cantidades de población de los países, especialmente de El Salvador, Guatemala y Honduras. El crecimiento de los flujos migratorios puso en alerta a las autoridades de Estados Unidos y tras los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 el tema se incorporó a su agenda de seguridad. Desde entonces, en México se han implementado políticas de contención migratoria que hasta el momento no han logrado su objetivo, pero sí han aumentado el costo humano y económico.

Migración y refugio en el Triángulo Norte centroamericano y Venezuela

En esta sección se analizan la migración y los desplazamientos en Centroamérica y Venezuela a partir de una distinción entre una situación estructural y otra de carácter coyuntural, aderezadas con el ingrediente geopolítico y enmarcadas en el interés estratégico de Estados Unidos por un cambio de gobierno y de régimen en Venezuela; en tanto, en Centroamérica la migración es vista como un tema de seguridad nacional que preocupa al gobierno de Washington, pero cuyo tratamiento consiste en medidas de contención mediante el financiamiento de algunos programas como la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (CARSI, por sus siglas en inglés), la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica y el Programa Frontera Sur, aplicado por el gobierno de México durante la administración de Enrique Peña Nieto.

El Triángulo Norte de Centroamérica

øPor qué el Triángulo Norte se convirtió en zona de expulsiones? øCuáles son sus características? øCómo se transformó en un espacio no vivible para miles de personas? Esta porción del territorio centroamericano, que incluye Guatemala, El Salvador y Honduras, está integrada por «países altamente convulsionados, acaso víctimas de sí mismos» (Heinrich Böll Stiftung, 2019:9).

Son muchos los factores que explican por qué la región del Triángulo Norte de Centroamérica se convirtió en las últimas dos décadas en un espacio de expulsiones; es un territorio donde se perdió la esperanza de vivir, de formar una familia, de ver crecer a los hijos y de darles las oportunidades para su desarrollo físico e intelectual. Se podría decir que se produjo una tormenta perfecta en la cual convergen pobreza, desempleo o subempleo, narcotráfico, pandillas, violencia, ausencia de Estado y altos niveles de corrupción. Esta tormenta ha escalado de categoría y justifica la explosión de movilidad humana en el presente.

En Centroamérica encontramos una correspondencia entre las condiciones de vida y el flujo migratorio. Los países de esa región, excepto Costa Rica, comparten un Índice de Desarrollo Humano (IDH) medio, con diferencias significativas entre ellos: el más bajo lo manifiesta Honduras, que ocupa el lugar 132 (0.623), le siguen, en orden ascendente, Guatemala en el lugar 126 (0.651), Nicaragua en el 126 (0.651) y finalmente El Salvador en la posición 124 (0.667) (PNUD, 2019). Además de las condiciones de vida en las que la pobreza alcanza proporciones elevadas, en esos países el desempleo y el empleo precario son característicos, aunados a la violencia criminal y al tráfico de drogas. Tienen una base económica en la que, a diferencia de Venezuela, no existen recursos como el petróleo, aunque sobresalen por una agricultura extractiva con predominio de la explotación del café, la caña de azúcar, el banano y la palma africana.

En las últimas dos décadas se ha observado un cambio significativo en el patrón migratorio, al pasar de una migración circular a una permanente, de una migración en la que la mayoría de las personas eran varones, a una con una proporción muy importante de mujeres, unidades familiares, niñas, niños y adolescentes acompañados y no acompañados. Otro cambio que se advierte es la combinación de estrategias: la vía clandestina, la migración en caravanas y las solicitudes de refugio.

Centroamérica vive tiempos difíciles; el número de variables y la relación que se establece entre ellas imprimen características complejas a la región. Esto ha provocado que en los últimos años se haya producido un inusual incremento en las solicitudes de refugio a México, la gran mayoría en su frontera sur. En 2004 se publicó en castellano la obra de Castles y Miller que lleva por título La era de la migración. Migración internacional en el mundo moderno. Hoy se podría decir que estamos frente a «la migración en la era de la globalización neoliberal», de mayor complejidad, en la que se articulan distintos movimientos de población (migración laboral regular e irregular, desplazamiento forzado, refugio) con una diversidad de grupos (varones adultos, mujeres, jóvenes, familias, menores de edad, niñas y niños no acompañados).

Cuadro 1
Aprehensiones realizadas por la Patrulla Fronteriza, según año fiscal y país de origen

*De octubre a mayo.

Fuente: CBP, 2020.

Como se percibe en el cuadro 1, resalta la cantidad de menores de edad y de familias (unidades familiares) aprehendidos. Si nos atenemos a las cifras de la Patrulla Fronteriza, es posible argüir que todos los programas de contención migratoria han resultado un fracaso, al tiempo que se han traducido en mayor costo y sacrificio para los migrantes y sus familiares. También es indicativo el incremento de aprehensiones que ocurrieron entre 2018 y 2019 a pesar de todas las medidas adoptadas por el gobierno del presidente Trump, lo que explica por qué México fue obligado a implementar disposiciones que incluyeron el despliegue de la Guardia Nacional.

De acuerdo con los registros estadísticos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), desde 2013 se documenta un crecimiento sostenido en las solicitudes de refugio; en ese año el número fue de mil 296, tres años después la cantidad había aumentado a 8 mil 796 y en los tres años siguientes, es decir en 2019, se llegó a la cifra histórica de 70 mil 609, un incremento de 4 mil 488 por ciento con relación a 2013. Cuatro países concentraron 92.7 por ciento de las solicitudes en 2018 y 71.8 por ciento en 2019, como se aprecia en el cuadro 2.

Cuadro 2
Número de personas solicitantes de refugio, total y países seleccionados, 2018–2019

Fuente: Comar, 2020.

Como si se tratara de «la desobediencia de las masas» (Rocha, 2017), en octubre de 2018 emergieron grandes contingentes de migrantes, cuyo recorrido comenzó en San Pedro Sula, Honduras, con la idea de arribar a Estados Unidos. En el camino se fueron sumando migrantes de El Salvador y Honduras, por lo que al llegar a territorio mexicano las estimaciones rebasaron las 7 mil personas, mientras el cálculo del gobierno de Estados Unidos superó las 10 mil (Infobae, 2018).

La movilidad humana se ha tornado compleja, de tal suerte que instituciones como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) no alcanzan a dimensionar el fenómeno; debido, en parte, al marco teórico limitado, no se comprende lo subyacente y eso hace que las acciones no se encaminen a la búsqueda de soluciones de fondo. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) tampoco tiene una concepción muy clara respecto a este doble movimiento y, a falta de mayor precisión, los llama «flujos mixtos» o «migración mixta».⁶ Dichas instituciones comprenden que se trata de crisis humanitarias, pero no posicionan el tema en el marco del sistema económico-social excluyente.

La migración masiva es una manifestación de la profundidad de la crisis que irrumpe en la «normalidad» de una localidad, un país o una región. Es un indicador de una anomalía del sistema-mundo, de una crisis que en el caso centroamericano es estructural y reviste características complejas por la serie de factores que intervienen.

Venezuela

¿Son las condiciones de vida materiales las que propician la movilidad humana en Venezuela?, ¿son factores políticos?, ¿quiénes son los que emigran?, ¿las clases populares y campesinas, las clases medias? Desde nuestra perspectiva, la naturaleza de la migración internacional en Venezuela es de otra índole. No es la pobreza estructural asociada a otros factores lo que explica la movilidad humana. Según las estadísticas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2019), Venezuela ocupa el lugar 96 en el idh (0.726), muy cerca de China y Ecuador, ubicados en el lugar 85 con un índice de 0.758.

Un diagnóstico elaborado por Ramsey y Sánchez sugiere que lo que subyace en la migración venezolana es «una profunda crisis en la economía marcada por el empeoramiento de la escasez de productos básicos y medicinas» (2018:4). En ese contexto, citando una encuesta sobre condiciones de vida realizada en 2017, los aludidos autores indican que «8 de cada 10 venezolanos declaró tener que reducir su ingesta de alimentos para adaptarse a la escasez» (Ramsey y Sánchez, 2018:4). Otra encuesta referida por Ramsey y Sánchez revela que 78 por ciento de los hospitales, de un total de 104 públicos y 33 privados, reportó escasez de medicamentos. Dicha encuesta reconoce que en el fondo se trata de una crisis política porque el régimen de Maduro se ha negado a implementar reformas económicas.

Lo anterior explica el fenómeno migratorio, el cual Ramsey y Sánchez caracterizan como una huida y sobre el que consideran que no existen estimaciones precisas, aunque valoran que las cifras más confiables son las de la OIM que «a partir de febrero de 2017 se ubicaron en un millón 622 mil 109, frente a 697 mil 562 en 2015» (Ramsey y Sánchez, 2018:5). Esto significa que en dos años la migración se incrementó en 132.5 por ciento, lo que en números absolutos se traduce en la salida de 924 mil 547 personas. Las razones y motivaciones de la migración venezolana son muy distintas a las de la centroamericana; esta última región presenta un entorno político y económico articulado a la caída del precio internacional del petróleo, lo que ha tenido tremendas repercusiones en la escasez de productos básicos y en la pérdida del poder adquisitivo de la moneda.

Cuadro 3
Tendencias migratorias de Venezuela en países seleccionados y total, 2015–2017

Fuente: Reyes, 2018.

Contrario a lo que está ocurriendo en Centroamérica, donde los gobiernos de la región, junto con México y Estados Unidos, mantienen una política sustentada en la fórmula contención+detención+deportación, en Venezuela se reconoce el fenómeno y su gobierno ha instrumentado un programa denominado Plan Vuelta a la Patria, para recibir por vía aérea o terrestre a los venezolanos que han emigrado a Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Argentina, República Dominicana, Chile y Panamá (Herrera, 2018). Los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras, a pesar de que se benefician de las remesas familiares, implementan programas de contención, además de no tener ningún programa para retornados. La CARSI y la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte fueron trazadas por Estados Unidos bajo una lógica de contención migratoria; ambas han resultado en un fracaso, mientras recientemente se firmaron acuerdos sobre «tercer país seguro» con Guatemala, Honduras y El Salvador.

Tales cifras, que para Ramsey y Sánchez son las más confiables, difieren de las publicadas por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Este organismo estimó en 1990 una cifra de un millón 25 mil 9 migrantes internacionales; en 2000 el número se había reducido en una mínima proporción, al sumar un millón 13 mil 738; para 2005 aumentó levemente, al alcanzar un millón 76 mil 474; sin embargo, en 2015, cuando comenzó el bloqueo, se llegó a la cifra más elevada con un millón 404 mil 448 migrantes, lo que significa un incremento de 30.4 por ciento —la diferencia con la cifra del cuadro para el mismo año es de 100 por ciento. Es importante notar que desde 2015 la ONU no registra aumentos en la migración internacional; por el contrario, en 2019 la estimación era de un millón 375 mil 690 personas, equivalente a una disminución de 2 por ciento (véase ONU, 2019).

Es importante apreciar que en la literatura es frecuente encontrar la referencia a «migrantes y refugiados», situación que lleva a errores de interpretación acerca de la movilidad humana y a perder la perspectiva de la naturaleza y las causas de uno y otro fenómeno. Para ilustrar esas contradicciones se pueden citar algunos ejemplos. Un comunicado publicado por la OIM el 6 de julio de 2019 ofrece cifras y tendencias:

El ritmo de la salida de Venezuela ha sido asombroso. Unos 695 mil a fines de 2015, la cantidad de refugiados y migrantes de Venezuela se había disparado a más de 4 millones a mediados de 2019, según datos de las autoridades nacionales de inmigración y otras fuentes. En sólo siete meses desde noviembre de 2018, el número de refugiados y migrantes aumentó en un millón (OIM, 7 de junio de 2019a, cursivas añadidas).

El escenario proyectado para 2020 es preocupante pues se estima que «el número total de refugiados y migrantes venezolanos en el mundo pasará de 4.5 millones a 6.5 millones, de los cuales casi 85 por ciento se encontrará en la región» (Stein, 2019a, cursivas añadidas). El representante especial conjunto del ACNUR y la OIM para los refugiados y migrantes de Venezuela, Eduardo Stein, considera que 2 millones se encuentran con estatus de estancia regular en los países y 650 mil se han registrado como solicitantes de asilo o bien se reconocieron como personas refugiadas.

En el manejo de la información estadística encontramos información contradictoria en las distintas fuentes. Por una parte la ONU, y por otra el Banco Mundial, el ACNUR y la OIM. Eduardo Stein empleó información distinta en dos informes de 2019: primero, en abril (2019a) aseguró que el éxodo de personas refugiadas y migrantes alcanzaba los 3.4 millones; posteriormente, el 28 de octubre, en la Conferencia de Bruselas, se refirió a 4.5 millones, una diferencia de un millón 100 mil (Stein, 2019b). La OIM, en su Informe sobre las migraciones en el mundo 2020, proporciona las estimaciones más actuales de desplazados:

Las turbulencias políticas y económicas en la República Bolivariana de Venezuela han dado lugar a una de las crisis humanitarias más grandes del mundo, desplazando del país a millones de personas. Al final de 2018 había más de 3 millones de venezolanos desplazados en distintas partes del mundo; a mediados de 2019, esta cifra había aumentado a 4 millones. La gran mayoría de estas personas se encontraba en países vecinos como Colombia, el Perú, el Ecuador, la Argentina, Chile y el Brasil, aunque un número creciente de venezolanos se estaba trasladando también a países de Centroamérica y el Caribe. Colombia y el Perú tenían las mayores poblaciones de migrantes venezolanos al final de 2018, más de 1 millón y 500 mil, respectivamente (OIM, 6 de julio de 2019:108, negritas añadidas).

Referente al manejo de información sobre desplazados advertimos la convergencia entre la OIM y el ACNUR; en realidad la primera fuente se nutre de la segunda. En su informe publicado en junio de 2020 el ACNUR resume la magnitud que ha adquirido el fenómeno del desplazamiento, que sitúa a Venezuela como el segundo país en cuanto a número de desplazados sólo detrás de Siria:

A finales de 2019, más de 4.5 millones de venezolanos habían abandonado su país y viajado principalmente hacia América Latina y el Caribe. Se trata del mayor éxodo en la historia reciente de la región y una de las mayores crisis globales de desplazamiento. Más de 900 mil venezolanos han solicitado asilo en los últimos tres años, 430 mil de ellos en 2019 (ACNUR, 2020:10).

Como se puede ver, se trata de un fenómeno de desplazamiento forzado, no de migración internacional; incluso el ACNUR admite que «no solicitan asilo en el país en el que se encuentran» (2020:64). Ello diferencia a Venezuela de la región norte de Centroamérica, donde la población desplazada busca el reconocimiento del estatus de refugiado. Se aprecia una clara correlación entre el crecimiento de las cifras con el aumento del bloqueo. En ese sentido se reconoce que «a principios del decenio, sólo había 6 mil 700 refugiados venezolanos (…). A finales del decenio, los venezolanos constituían el segundo grupo más grande, con 93 mil 300 refugiados reconocidos y otros 3 millones 6 mil venezolanos desplazados en el extranjero. Además, a finales de 2019 había 794 mil 500 solicitantes de asilo venezolanos» (ACNUR, 2020:20).

Reflexiones finales: la política de Estados Unidos en el Triángulo Norte de Centroamérica y en Venezuela

La movilidad humana en Venezuela presenta características que rebasan los problemas internos asociados a la falta de recursos públicos. Se trata de un entorno complejo y agresivo que se perfila a derrocar el régimen del presidente Nicolás Maduro a cualquier costo, propósito compartido por el Grupo de Lima, la OEA, los grupos antichavistas, la derecha internacional y el gobierno de Estados Unidos, que presiona a los países de la región para aislar a Venezuela. En ese tenor, Estados Unidos primero saboteó a la Unión de Naciones Sudame-ricanas (Unasur), al retirarse los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Colombia y Perú. Se buscaba debilitar una iniciativa promovida en 2008 por Hugo Chávez y respaldada por los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y Cristina Fernández de Kirchner, que entonces constituían una plataforma para impulsar el proyecto de los gobiernos progresistas. Con la salida de la Unasur de los países indicados, se daba un golpe a una estructura que había ganado terreno en el marco de los procesos autonómicos frente a Estados Unidos. El cambio de gobierno en esos países fue propicio para que abandonaran la Unasur, argumentando el bloqueo en la toma de decisiones por parte de Bolivia y Venezuela. Llama la atención que los países salientes del bloque integraran después el Grupo de Lima, al que se sumarían Canadá, México, Guatemala, Honduras, Panamá y Perú. Dicho grupo se formó en agosto de 2017 con el propósito de dar seguimiento a la situación de Venezuela y se mostró muy activo en las condenas al régimen venezolano, así como en sus propuestas para entronizar a los opositores al proyecto chavista.

No resulta descabellado pensar que la idea del secretario general de la OEA sobre la intervención militar tiene su origen en las posturas del gobierno de Estados Unidos, lo que se expresa en señales como el ejercicio naval llamado «Unitas», realizado entre el 12 de septiembre y el 31 de octubre de 2018 en aguas territoriales de Colombia, cerca del vecino país de Venezuela. Al respecto, Barrantes refiere:

Las señales de invasión a Venezuela, sin entrar a profundidad en las estratagemas o métodos que el imperialismo y las oligarquías subalternas están utilizando para acelerar una expedición militar sobre territorio venezolano, tiñen de dramáticos augurios que ofenden la inteligencia, destrozan la tranquilidad y llenan de horrores el horizonte del pueblo venezolano, y a la vez atizan una escalada de violencia y derramamiento de sangre en la región (7 de septiembre de 2018).

Colombia ha desempeñado una función significativa en la geopolítica del gobierno de Washington desde el Plan Colombia y la instalación de bases militares. En función de lo anterior, el nuevo canciller, Carlos Holmes Trujillo, ha declarado sin ambages la postura de Iván Duque:

En primer lugar, nos hemos retirado de Unasur, era un compromiso político que el presidente Duque había hecho con Colombia y con la comunidad internacional. En segundo lugar, frente a la crisis migratoria proveniente de Venezuela, se ha conseguido que se reconozca el carácter regional y global de la crisis, como lo demuestran las diferentes actitudes que están tomando países de la región, el resultado de la reciente sesión del Consejo Permanente de la oea y la visita a Colombia de su secretario general (Criollo, 16 de septiembre de 2018, negritas añadidas).

Las relaciones entre Colombia y Venezuela han sido tensas, situación que se ha reflejado con mayor intensidad en las fronteras. Como se sabe, la larga presencia de la guerrilla en Colombia, así como del narcotráfico, ha implicado que los espacios de frontera se vean sometidos a una dinámica de mucha tensión, agravada por el éxodo de venezolanos y tras la pandemia de covid-19.

Contrario a lo que ocurre en Venezuela, asediada por una política de bloqueo por medio de distintas instancias y de gobiernos aliados a Estados Unidos, el Triángulo Norte de Centroamérica goza de tolerancia y de asistencia por parte de Estados Unidos. Se consienten la antidemocracia, la impunidad y la corrupción a cambio de la obediencia a los dictados de la Casa Blanca. En el caso de Honduras, donde ha ocurrido la huida masiva de migrantes, se legitimó a Juan Orlando Hernández, quien llevó a cabo su reelección de manera fraudulenta. Y en lo referente a Guatemala, se toleró que Jimmy Morales sacara de ese país a la CICIG, instancia patrocinada por la ONU que desempeñó un papel de primera línea en descubrir las redes de poder fáctico en alianza con el Estado.

Centroamérica registra una historia de intervenciones de Estados Unidos en los conflictos internos que dejaron miles de muertos en décadas pasadas. Fue el último bastión donde se libró la batalla final contra la «amenaza del comunismo» en el marco de la Guerra Fría. En los hechos, esta situación le ha dado el «derecho» de tutelar la vida de esos países, que dependen del mercado, de la inversión y de la asistencia técnica de Estados Unidos, de manera que se encuentran prácticamente a su merced.

La geopolítica de Estados Unidos en América Central es totalizadora y estratégica debido a que se trata de un espacio por donde circula la droga que consume ese país y tiene lugar el paso de mercancías a través del canal interoceánico de Panamá. Asimismo, es el territorio de tránsito de los migrantes para alcanzar el sueño americano, además de que es la bisagra que une América del Sur con América del Norte.

La naturaleza del imperio estadounidense revela las razones del control territorial de Centroamérica, independientemente de si gobierna un presidente del Partido Demócrata o del Republicano. Son las mismas políticas, lo que cambia son los énfasis de actuación. La OEA, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), las embajadas y el Comando Sur son parte fundamental de su anclaje en la región. Centroamérica es un socio incómodo del que obtiene ganancias (control territorial, inversiones, comercio, proyectos extractivos, etcétera). Sin embargo, no asume los costos, el mayor de ellos la pobreza y la exclusión de millones de centroamericanos; le preocupa sobremanera que los migrantes lleguen de forma masiva a Estados Unidos, pero no existe ningún plan para revertir la expulsión de miles de personas que a diario salen de su lugar de origen.

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