Numero 39 texto completo af

Migración infantil y rutas del narcotráfico

Child migration and drug trafficking routes

Recibido 17/11/22 | Aceptado 13/12/22

Aurora Furlong* | Raúl Netzahualcoyotzi** | Edwin Hernández***

*Mexicana. Profesora investigadora, Facultad de Economía, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Correo-e: zfurauro@yahoo.com.mx
**Mexicano. Profesor investigador, Facultad de Relaciones Internacionales, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Correo-e: raul.netza@gmail.com
***Mexicano. Profesor investigador, Centro de Investigación y Estudios de Posgrado en Economía, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Correo-e: edwinher_her@hotmail.com

Resumen. Se analiza el fenómeno de la migración forzada infantil en su paso por las principales rutas migratorias de México, las cuales son controladas por grupos criminales, situación que representa un peligro para los infantes, pero un beneficio para los traficantes. Es un estudio de tipo cualitativo y cuantitativo, además, combina la observación participante y la interpretación de la teoría de economía subterránea. Se analizan diferentes temas: capital transnacional como causa estructural de la migración, niveles de ingreso, edad de los niños y redes del narcotráfico. En las conclusiones se destaca que la trata, el narcotráfico y la migración han adquirido aspectos de un mismo proceso cuyo origen es el precario desarrollo y condiciones sociales y económicas, así como el proceso de privatización de recursos naturales de vastas regiones de México, las nuevas formas de violencia y el despojo territorial por parte de grupos criminales.

Palabras clave: migración infantil, economía subterránea, capital transnacional, México, región sur..

Abstract. This article examines the phenomenon of forced child migration via the principal migratory routes through Mexico, which are controlled by criminal groups: a situation that represents a danger for children but a boon for drug traffickers. This study, including quantitative and qualitative analysis, combines participant-observer research with analysis of the theory of the underground economy. It examines various themes: transnational capital as a structural cause of migration, income levels, the age of children and drug trafficking networks. The study concludes by highlighting that the trafficking of drugs and migration exhibit similar aspects o the same process, the origin of which is uneven development and precarious social and economic conditions, as well as the process of the privatization of natural resources across the vast regions of Mexico, new forms of violence and territorial dispossession by criminal organizations.

Keywords: child migration, underground economy, transnational capital, Mexico, Southern region.

Presentación

La migración infantil se muestra como nuevo actor en el contexto del capitalismo global, ese flujo migratorio es la otra faceta del número creciente de millones de niños en situación de violencia y vulnerabilidad, lo que evidencia los problemas estructurales del capitalismo, creada por las condiciones de pobreza y marginación en la que se encuentra la población de México en especial del centro y sur del país.

Se trata, además, de un hecho que no solamente ha sido originado por la pobreza o factores culturales (tener familia en otro país), obedece también a diversos motivos como el despojo de agua, tierra o la presencia de grupos criminales en las comunidades indígenas y rurales. Muchas familias mexicanas optan por la migración con el único objetivo de sobrevivir ante las condiciones de amenaza, despojo de tierra para la siembra de drogas o explotación de recursos naturales por parte de cárteles y grupos de delincuentes que operan en varias comunidades de los estados más pobres (Guerrero, Chiapas, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Michoacán). Derivado del crecimiento exponencial de los grupos criminales y a la violencia que ejercen en el control de nuevos territorios, miles de familias deciden migrar, en particular a Estados Unidos. En este contexto, la población infantil y juvenil son los principales blancos de estos delincuentes de los cárteles.

A partir de la metodología mixta aunado a la observación participante se lleva a cabo el análisis. Lo integran cuatro ejes: a) causas estructurales de la migración ocasionadas por el capital transnacional de México a Estados Unidos, b) nivel de ingresos y lugares de expulsión, c) edad de niños migrantes, d) redes del narcotráfico que participan en el proceso. Dicho enfoque metodológico permite analizar de modo simultáneo los efectos del fenómeno migratorio y la economía subterránea en las múltiples causas que determinan la existencia y el crecimiento de la economía oculta, debido a las ganancias obtenidas de la extorsión, trata de menores, venta de órganos y de armas, al igual que otras extorsiones a las que son sometidos los migrantes.

Nos guiamos por el concepto de economía no observable (ENO) (Dell’Anno, 2006), en tanto que no existe un registro de ganancias exactas ni tampoco un reflejo de ello en las cuentas nacionales del país, aunque sí se recaban algunos informes y reportajes de agencias publicitarias y hemerográficas principalmente, como producción informal, producción ilegal, número aproximado de infantes en situación de trata con fines laborales o sexuales y venta de órganos en forma clandestina. Según Schneider y Enste «es difícil estimar la dimensión de la economía subterránea, dado que las personas que se dedican a actividades ocultas se protegen para evitar ser detectadas» (2002:3). La producción sumergida es parte de las actividades ocultas por razones económicas y de seguridad, además no aparecen por ser prohibidas.

El presente análisis no sólo contempla la migración infantil como tal, sino que deja entrever los problemas estructurales que motivan a los niños a migrar en condiciones extremas de peligro, quienes ponen en riesgo su salud física y emocional, inclusive su vida puesto que los caminos para cruzar las fronteras ahora son controlados por grupos del crimen organizado.

Aspectos estructurales

A partir de 2008 se comenzó a identificar un desplazamiento interno forzado emanado del conflicto entre fuerzas de seguridad estatales y el crimen organizado, así como de la violencia de alto impacto, pues durante el sexenio de Felipe Calderón, se establecieron políticas frontales contra el crimen organizado que dieron como resultado el incremento de índices delictivos en diversas regiones del país, principalmente en las zonas de la frontera norte y centro occidente, lo que propició el desplazamiento de familias que dejaron sus hogares tras ser víctimas potenciales de la violencia asociada al narcotráfico (Barrios, 25 de marzo de 2020).

El año 2008 refleja un incremento en la población trabajadora migrante infantil y juvenil, misma que tenía nulo acceso a la salud y educación, estos últimos elementos que debieran considerarse centrales tanto de la política económica del gobierno en turno como de organismos internacionales dedicados a la protección de la infancia. En la actualidad es muy poco el apoyo hacia los pequeños en las fronteras norte y sur de México y las posibles consideraciones de parte del gobierno norteamericano a niños migrantes, sin importar el país de procedencia y sus derechos, el cual muchas veces emprende acciones coercitivas.

La migración en general es consecuencia de la pobreza y ésta ha ido aumentando desde la supuesta integración de economías disímbolas. La asimetría económica con las economías del norte de México genera necesidades de sobrevivencia, empleos mejor remunerados, salud, entre otros. De igual modo, con la presencia creciente de transnacionales se ha construido un escenario de miseria, hambre y destrucción de los recursos naturales, las inversiones extranjeras en zonas rurales e indígenas han aumentado, hay incremento del trabajo informal y salarios precarios; a su vez estos factores han sido detonantes de la expulsión laboral y el crecimiento de la pobreza.

Por otro lado, los grandes consorcios transnacionales se valen de recursos naturales para su explotación a través de acuerdos gubernamentales y despojan a la población pobre de sus escasos bienes materiales, dichos consorcios tienen acuerdos con grupos delictivos y gobiernos. Lo anterior da cuenta de la descomposición económica y social que se ha desencadenado en amplias zonas del país. Cabe aducir que el papel de las relaciones de mercado permea a la población, así como el consumo, lo que crea nuevos vicios y peligros para la salud, sin soslayar el control social y la manipulación que se ejerce.

La aparición de empresas transnacionales en zonas rurales o indígenas provoca cambios en la vida social, puesto que dichas empresas por lo general buscan áreas geográficas con suficientes depósitos de agua, a fin de privatizarla después, usarla en sus procesos industriales y verterla en ríos, hecho que ocasiona una fuerte contaminación que en seguida se convertirá en un problema de salud para los habitantes. Ello propicia la migración forzada de miles de familias en busca de mejores condiciones de vida.

En el estado de Michoacán los grupos criminales y los grandes productores de aguacate son los responsables de despojar a varias comunidades de recursos como el agua o de grandes extensiones de bosque para el cultivo de este fruto. Obligan a los campesinos a pagar cuotas por el uso de sus propias tierras, de lo contrario son intimidados o asesinados, secuestran a niños y jóvenes. De ahí que muchas familias opten por desplazarse hacia otros estados de México o a Estados Unidos y sobrevivir ante las amenazas de que son víctimas; en distintas circunstancias se arman y enfrentan a los delincuentes de los cárteles.

En zonas comúnmente rurales se impulsan cambios que lejos de beneficiar a la población, se convierten en blancos del capital transnacional para explotar el agua destinada a la minería o plantíos de marihuana, amapola, o bien utilizar esos espacios con el propósito de producir cocaína en laboratorios clandestinos, lo que obliga a los lugareños a trabajar en la producción de drogas u otros enervantes donde por lo general se explotan menores. Es en esta dinámica relacionada con el despojo de tierras y de intimidación hacia la población, que se involucran grandes empresas transnacionales, protegidas por acuerdos internacionales asimétricos, como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) con la participación del ejército, la policía e incluso grupos de narcotraficantes.

En el escenario del capitalismo global se acentúan los problemas de pobreza y marginación, así como la privatización de recursos por parte de grupos criminales y de empresas transnacionales, circunstancia que deja sin esperanza a miles de personas, quienes se ven obligadas a emigrar en busca de mejores oportunidades; sin embargo, en el camino para llegar a cualquier destino, en específico a Estados Unidos, se enfrentan a los mismos grupos criminales de los cuales huían, pues son ellos los que controlan las rutas migratorias. Esto se vuelve un gran problema, en especial para los menores de edad, principales víctimas de cárteles dedicados a la trata y explotación sexual o venta de órganos.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que exista el desplazamiento forzado, los individuos deben escapar de sus hogares de manera repentina, resultante de las violaciones a sus derechos humanos, conflictos armados, persecuciones políticas y, sobre todo, la prohibición del cruce de la frontera. De forma que, si no se cumple con lo mencionado, el desplazamiento es sólo otro fenómeno migratorio común.

El aludido panorama constata que organismos internacionales como la ONU están muy distantes de hacer las recomendaciones pertinentes con el propósito de que los gobiernos actúen en contra de dicha problemática. Al admitir que las migraciones forzadas, no necesariamente deben cumplir con todos los requisitos, no es un tema de burocracia, hay otros factores que son repentinos como el despojo de recursos naturales por parte de empresas transnacionales o el surgimiento de grupos criminales en la zona.

Es notorio que la migración forzada no es una simple variante de la migración interna y puede ser hacia otros países, dependiendo el impacto de los problemas asociados, al final

se trata de una movilidad involuntaria que representa una violencia a los derechos humanos de las personas que se han visto obligadas a huir de su residencia habitual. En ese sentido, Stephen Castles señala que muchos de los migrantes forzados emigran por motivos que no suelen ser reconocidos por el régimen internacional del refugio y muchos tienen que ser desplazados dentro de su mismo país (Barrios de la O, 25 de marzo de 2020).

Las personas desplazadas que buscan asilo en Estados Unidos y refugio en México se encuentran en una arena de la política antimigratoria que va más allá de los mecanismos centrados en infraestructura (muros) y vigilancia del cruce y deportación. El énfasis judicial de la política antimigrante se ha acompañado de una renovada industria de detención, con un fuerte componente privado, en Estados Unidos, y totalmente gubernamental en México (París et al., 2021:11).

Pobreza y migración forzada

En términos de ingreso se sabe que los trabajadores migrantes que residen en Estados Unidos tienden a tener mejores salarios y acceden a superiores niveles de vida, en comparación con las familias radicadas en México, poco interesa que los primeros sean indocumentados. Este es uno de los factores de expulsión hacia aquel país, en 2020 la recepción de remesas llegó a 40 mil millones de dólares: «La migración se ha vuelto un medio de desarrollo, al convertir las remesas en la principal fuente de divisas para el país, por lo que no es extraño el manejo político que adquirió el éxodo organizado de las caravanas en 2018, por parte de los opositores políticos al partido en turno» (París et al., 2021:13).En ese sentido, las personas toman la decisión de huir, sin importar la violencia generada a lo largo de las rutas migratorias a causa de la presencia y control de grupos criminales, pues esos caminos son utilizados también por la delincuencia para la trata de menores y el tráfico de estupefacientes.

En el cuadro 1 se observa que existe una relación muy significativa entre el grado de pobreza y la fuerte migración predominante en distintas entidades de México, entre ellas Chiapas, Guerrero y Oaxaca; no obstante, hay otro fenómeno visible en estados como Coahuila, Sonora, Nayarit, Durango, Guanajuato y Michoacán, que si bien no ocupan los primeros lugares en pobreza extrema, poseen un porcentaje superior de migración en comparación con las tres primeras entidades. Lo anterior resultado del incremento de violencia ocasionada por grupos criminales, además se trata de estados donde atraviesa la ruta de los migrantes y donde se verifican más extorsiones y secuestros de trabajadores migrantes.

Cuadro 1
Población en situación de pobreza extrema y migración forzada hacia Estados Unidos

Fuente: elaboración propia con datos tomados de INEGI (2022) y Coneval (2021).

Así, la población migrante se convierte en sujetos sin derechos, sin protección de ninguna especie y en situación de elevada vulnerabilidad, son presa fácil de los grupos criminales que operan a lo largo de las rutas migratorias, en particular al reclutarlos con la intención de que sean utilizados en diferentes actividades ilícitas a cambio de pequeñas cantidades de dinero, armas o drogas. El caso de Ciudad Juárez en Chihuahua es relevante, puesto que permite observar la migración infantil desde finales de 2019, paralelamente con la llegada de miles de migrantes extranjeros que pedían asilo en Estados Unidos y aquellos que fueron expulsados de este país, quienes a la fecha siguen acampando en puentes y calles de la ciudad:

Se logró identificar que de los más de dos mil desplazados que se encontraban en Ciudad Juárez, 47.7 por ciento eran menores de 18 años, provenían de las siguientes entidades federativas: 56.7 por ciento de Michoacán, 18.1 por ciento del estado de Zacatecas y 17.7 por ciento de Guerrero. 43.9 por ciento manifestó que se desplazó por motivos de inseguridad como es el robo, 28.3 por ciento por la presencia de grupos asociados al narcotráfico y 13.5 por ciento por haber recibido amenazas y ser víctimas de extorsión y cobro de piso (Barrios de la O, 25 de marzo de 2020).

Relativo a los niños, como consecuencia de toda la violencia que han sufrido durante su trayecto, así como los motivos que alentaron la salida de sus hogares, será muy difícil que retornen a su lugar de origen, porque no sólo huyen para buscar a algún familiar, sino que escapan de los problemas existentes en sus comunidades, de la pobreza, de la violación a sus derechos humanos, de la inseguridad o sobreexplotación. Es fundamental resaltar las condiciones de los menores migrantes porque influye la edad, el género, la discapacidad, la violencia y todo tipo de abusos; de igual forma, influye si son parte de determinado grupo eclesial o minoritario. A pesar de que la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) (2009) ha evidenciado el peligro que corren, el problema sigue creciendo puesto que las condiciones de migración infantil obedecen a una multiplicidad de aspectos complejos, como ya se mencionó, asociados al lugar; la familia; el género; los ingresos; las motivaciones para salir del entorno; incluso a la violencia dentro de la propia familia, en pandillas, en guerras u otras circunstancias que les afectan.

Las políticas migratorias motivan la separación de padres e hijos, similar a los pesados trámites burocráticos que llegan a retrasar años la reunificación familiar; esto impacta seriamente el bienestar de los pequeños, pues los efectos de la migración son devastadores. En el tránsito de la frontera norte, las causas de muerte son diversas: ahogamiento al atravesar el río, por deshidratación al caminar en el desierto, por abandono de los adultos quienes los trasladan sin ninguna responsabilidad, por las condiciones a los que se ven obligados, o por el secuestro de parte de los grupos criminales para la explotación sexual o laboral.

Las autoridades estatales deberían ser las encargadas de velar por el bienestar de la población, en concreto de niños migrantes que no pueden pasar la frontera y se convierten en blancos fáciles de grupos criminales, narcotraficantes, paramilitares y organismos institucionales; empero, la policía y el ejército llegan también a participar en este proceso de reclutamiento o venta de migrantes a delincuentes y cárteles. Peor aún es que el problema no sólo reside en la policía y el ejército, sino en los más altos mandos gubernamentales, quienes se benefician de ese negocio y son parte del problema, por ejemplo el exgobernador de Puebla, Mario Marín, acusado de pertenecer a una de las redes de trata de niñas más grandes de México.

Es un hecho que las autoridades saben del problema, pero no hacen esfuerzos por controlarlo, a grado tal que no existen estudios recientes, ni cifras estrictas, la información actual corresponde a 2014 y a la fecha únicamente se divulga un incremento sostenido de dicho evento. Hispanics in Philanthropy en un informe dio a conocer que «el número de estados con presencia de este crimen pasó de 18 en 2017 a 25 en 2021. El foco principal es la región centro, que abarca a la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Michoacán e Hidalgo. Todos suman mil 309 víctimas de trata de 2015 a los primeros cuatro meses de 2021» (Galván, 30 de julio de 2021).

La población migrante en su calidad de vulnerabilidad es presa fácil de los organismos estatales, como policías y ejército, en particular los indocumentados provenientes de países de Mesoamérica. La peculiaridad de semejante proceso radica en que los narcotraficantes emplean las mismas rutas de los migrantes hacia el norte. En el mapa 1 se exhibe una gran similitud entre las rutas que usan los migrantes indocumentados y las rutas del narco (las principales son Golfo, Pacífico y Centro); aunque algunos migrantes ya están utilizando otras por temor a ser secuestrados, ello no es ninguna casualidad debido a que el crimen organizado se beneficia de la mano de obra migrante, los usa como «burros», es decir, para transportar la droga o como «camellos» para pasar dinero.

Mapa 1
Rutas migrantes y del tráfico de drogas

Fuente: elaboración propia con datos tomados de Milenio Digital (2022) y Agence France-Presse (2019).

Un problema más que se genera en la frontera con Estados Unidos por parte de las autoridades norteamericanas es que con

el objetivo perverso de desorientar a los migrantes, desvincularlos de los traficantes de personas y propinarles una lección que los disuada de intentar reingresar al territorio inhóspito estadounidense, a menudo, los deportados son depositados en la frontera, la zona con mayor incidencia de violencia criminal. Los puntos geográficos donde suelen ser abandonados están ubicados a cientos de kilómetros donde fueron capturados (Márquez, 2013:165).

Ligado a esto se encuentran las extorsiones mediante las cuales obligan a los migrantes a pagar para pasar por rutas controladas, de manera que los delincuentes se apropian de caminos por los que transitan, y extorsionan a las familias. Existen también los secuestros con fines de venta de órganos o de explotación laboral o sexual; de forma complementaria, son rutas comerciales de mercancías legales, pero con fuertes niveles de corrupción, en específico de las autoridades fronterizas.

Generalmente el proceso de reclutamiento estriba en que las personas secuestradas son menores de edad, en su mayoría de 4 o 5 años hasta 18, e inician trabajos a temprana edad; conforme al Protocolo de Palermo «la explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución de otros u otras formas de explotación sexual, trabajo o servicios forzados, esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos» (UNODC, 2009:s/p). La situación de los migrantes se ha agravado con la covid-19, en concreto, por los despidos masivos de miles de trabajadores y el aumento de una extrema precariedad, la falta de servicios médicos, la precariedad laboral, el limitado acceso a la educación, factores que han agudizado el entramado social y han desembocado en una descomposición cada vez más agresiva.

Es claro que la política económica neoliberal ha sido genocida en pro de la concentración del capital, pero en detrimento de la población cuyos derechos a vivir con dignidad han sido negados. En la actualidad, los infantes y los jóvenes trabajadores en situación extrema por las condiciones de secuestro, control de actividades ilícitas o forzamiento en su realización son privados de su niñez y juventud.

En Mesoamérica, la presencia de narcotraficantes en las comunidades campesinas e indígenas se ha intensificado, éstos obligan a la población a sembrar drogas enervantes o a pagar derecho de piso, de manera que la estadía en sus comunidades se convierte en una verdadera tragedia por la sobrevivencia. Los habitantes permanecen atemorizados, de ahí que suelan disfrazar a las niñas de niños y así evitar mayores niveles de violencia o bien que sean destinadas para servicio sexual personal de sicarios. Asimismo, en este contexto, desde el fallido plan de «la guerra contra el narco», dirigido por el expresidente Felipe Calderón, creció sin precedentes el tráfico de armas en México para grupos criminales; los beneficiados son en particular empresas norteamericanas: «Smith & Wesson; Barrett Firearms Manufacturing; Beretta; Century International Arms; Colt’s Manufacturing Company; Glock; Sturm, Ruger & Co.; y Witmer Public Safety Group, entre otros. Las ventas anuales de estas firmas a clientes en México rebasan las 340 mil armas al año» (Camhaji, 4 de agosto de 2021).

Las ganancias por venta de armas a los cárteles mexicanos se estiman en 170 millones de dólares al año (Raziel y Ángel, 2021). Si bien los dueños de las fábricas se llevan los mayores dividendos, una porción más la captan las propias autoridades que al decomisar las armas o drogas las vuelven a vender en el mercado negro. Existen grupos de vendedores que compran e importan armas de Estados Unidos y que las venden a los cárteles; en paralelo forman parte de la élite global en cuanto al comercio de éstas, así como de la trata de mujeres, infantes y jóvenes.

La situación descrita incide en el proceso migratorio forzado, en el que la población se dirige a cualquier lugar, pues el objetivo es salvaguardar la vida de la familia completa. Con frecuencia, optan por irse al norte, es cuando deben sortear diversas dificultades a fin de subsistir, a veces ingresan a pandillas, otras son vendidos o explotados o bien sirven a sicarios. El neoliberalismo ha perpretado este desastre en la población infantil y juvenil de muchas comunidades de pueblos originarios, el problema se agrava por la incapacidad del gobierno para dar respuesta ante tal eventualidad, sin ignorar la discriminación y la violencia contra las mujeres por razones de género, raza, edad, discapacidad u otra. En ese tenor, se conjugan distintos factores no sólo en el nivel comunitario sino en el ámbito mundial, además es una constante para trabajadores migrantes infantiles por su condición de vulnerabilidad, aunado a la desprotección e indiferencia del Estado.

El desarrollo de la tecnología se emplea para que grupos criminales se organicen y agredan a los más débiles, pues los delincuentes aprovechan las telecomunicaciones con el objeto de fortalecerse en el contexto internacional por medio de redes globales de delincuencia, en esta condición los migrantes representan un filón de explotación, en especial el sector infantil y los jóvenes. Igualmente, a causa de la clandestinidad en la que operan esas redes criminales y la falta de interés de las autoridades mexicanas, no se tiene una cifra exacta de las ganancias que reciben los grupos criminales por la venta de órganos, los cuales son extraídos de personas que fueron víctimas de trata, secuestros y violaciones sexuales, es específico los pequeños y los migrantes mexicanos y extranjeros (centroamericanos) que en su tránsito por las rutas migratorias son cooptados por las organizaciones criminales. Tales grupos delincuenciales operan en el mercado negro, «donde un riñón se vende aproximadamente en 150 mil dólares en Estados Unidos, cifra parecida a lo que les pagan a las madres de alquiler según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 3 millones de pesos» (Camacho, 14 de mayo de 2017).

Concerniente a la venta de drogas, la frontera con Estados Unidos es territorio controlado por los grupos de cárteles. Ciudad Reynosa (véase mapa 2) es uno de los ejes del grupo de los llamados Zetas y de policías, en este lugar no existe presencia de reporteros, aquí actúan en mayor medida los denominados halcones, niños entrenados para anunciar posibles peligros como la presencia de policías o militares cerca de la ubicación de los integrantes de determinado cártel; además, es el lugar donde más de 600 personas desean cruzar la frontera pese a los graves peligros. Los migrantes cruzan sin pensar en los riesgos (cámaras instaladas, sensores, presencia de la guardia fronteriza) a los que exponen a sus hijos, pues muchos de éstos son secuestrados o asesinados por la misma guardia fronteriza o grupos armados norteamericanos de carácter racista y genocida.

Ciudad Laredo (mapa 2) es la ciudad por donde pasa el mayor volumen de comercio hacia Estados Unidos, es decir, miles de productos procedentes de México, aunque también es por donde se comercializa la droga hacia ese país a cambio de armas y dinero, diariamente circulan más de 860 camiones con mercancía de ese tipo, aparte de ser un punto central para la venta de personas y órganos.

Nogales (mapa 2) es una ciudad fronteriza del noroeste de Sonora, limita al norte con la ciudad de Arizona, se le conoce como ciudad de los túneles o narco túneles construidos por cárteles mexicanos con la finalidad de transportar drogas, pues los delincuentes construyen constantemente infraestructura para facilitar el tránsito y el tráfico.

Adicionalmente, Falfurrias (mapa 2) es una ciudad ubicada en el condado de Brooks en Texas, al igual que los anteriores puntos forma parte importante de narcos, tiempo atrás fue paso de migrantes a Estados Unidos, hoy está controlada por los cárteles de la droga y traficantes de personas.

Mapa 2
Fronteras controladas con grupos criminales

Fuente: elaboración propia.

Según se aprecia, tanto la frontera norte como el sur de México son controlados por estos cárteles, grupos delictivos y pandillas, por desgracia los integrantes son jóvenes y niños iniciados en estas prácticas desastrosas, pero que, consideramos, es parte de su sobrevivencia. En las dos décadas recientes,

ha emergido una industria de la migración con componentes de tráfico humano y de delincuencia organizada, que arroja costos humanos reflejados en muertes, desapariciones y secuestros. Los flujos recibidos en la última década se caracterizan por estar constituidos por personas desplazadas por crisis económicas y políticas, en contextos de violencia estatal y criminal en Centroamérica (París et al., 2021:16).

Debe subrayarse que el narcotráfico, la prostitución o la venta de órganos, aunque en ocasiones sea de manera voluntaria, son prácticas ilegales que la miseria y la pobreza obligan a las personas a perpetrarlas. Para los narcodelincuentes es común traspasar los derechos humanos de migrantes e individuos del medio rural:

En México, cada año hay alrededor de 800 mil nuevas víctimas de este delito, de las cuales uno de cada tres son niños menores de 14 años. Además, 90 por ciento de los secuestrados son víctimas nunca rescatadas. Se estima que el negocio de la trata de personas en México representa la tercera fuente de ingresos para la delincuencia organizada, sólo después del narcotráfico y el tráfico de armas, con ganancias superiores a los 150 mil millones de dólares anuales, cifras mayores a las ganancias reportadas por empresas como Google, Ebay y Amazon juntas, como punto de comparación (Gonzales, 8 de febrero de 2020).1

Trata, migración y pandemia

La pandemia ha agudizado la vulnerabilidad de los niños, ya que en el traslado no tienen servicios médicos que puedan auxiliarlos en caso de contagio, enfermedad o lesión. Así, los menores están en grave peligro y

representan 31 por ciento del total de las víctimas que son captadas a través de las redes sociales, y 24 por ciento de las víctimas secuestradas a través de anuncios clasificados. Los tratantes aprovechan la situación de vulnerabilidad económica, barreras de lenguaje, estatus migratorio irregular y ausencia de cuidadores que les puedan auxiliar (Forbes, 11 de marzo de 2021).

Algunas de las estimaciones señalan que el número de niñas, niños y jóvenes que son sometidos a la esclavitud sexual en México ronda entre los 16 mil y 20 mil al año. Mientras que otras evaluaciones calculan que la misma cifra llega hasta 70 mil niños, de los cuales 50 mil son explotados en las zonas fronterizas y 20 mil en el resto del país (Gonzales, 8 de febrero de 2020).

Se percibe un notable incremento de vulnerabilidad y riesgo de trata en que se encuentra esta población infantil (gráfica 1), en concreto a raíz de la emergencia sanitaria, puesto que muchos perdieron su trabajo y se vieron obligados a adherirse al mercado informal o bien decidieron migrar, fue de ese modo como se acentuó el problema. Los delincuentes aprovechan la necesidad para obligar a esta población a la mendicidad, a la explotación laboral y sexual, al matrimonio forzado, a la adopción ilegal y a la extracción de órganos (Gómez, 2021).

En los dos primeros meses de 2021 «se registraron 93 víctimas de trata de personas en México; 18 más que en el mismo periodo de 2020. Lo que significó un aumento en la tasa de 23 por ciento» (Cerrillo, 11 de abril de 2021). Al no existir una política migratoria en México en la cual se proteja a la población de estos problemas, se convierte en presa fácil de grupos criminales.

Gráfica 1
Tasa de infantes y jóvenes víctimas de trata de personas

Fuente: elaboración propia con datos tomados de Cerrillo (2021).

Los estados con más denuncias por trata fueron Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tlaxcala; éstos comparten ciertas características para el negocio de trata, debido a que algunos son rutas de migrantes y otros son turísticos, como el caso de Quintana Roo, donde es conocido el negocio de la pedofilia para los turistas, o Tenancingo en Tlaxcala, en el que las niñas y jóvenes son secuestradas y explotadas sexualmente, sobre todo como demanda de turistas procedentes de Canadá, Japón y Estados Unidos, razón por la cual en este lugar la trata es la aspiración de muchos menores y jóvenes: «En 2020 Quintana Roo fue la entidad con la mayor tasa de víctimas de trata de personas en México: 5.3 por cada 100 mil mujeres, las principales afectadas. Le siguen Baja California (3.1), Ciudad de México (2.5), Tlaxcala (2.1) y San Luis Potosí (2.1)» (Cerrillo, 11 de abril de 2021).

Pese a la pandemia por covid-19, en 2019 y 2020 se registró casi el mismo número de víctimas de trata (gráfica 2), cifras que aumentaron desde 2017 y que corresponden al inicio de las caravanas migrantes.

Gráfica 2
Tendencia en el número de víctimas de trata de personas (2019–2020)

Fuente: elaboración propia con datos tomados de Cerrillo (2021).

Cabe acotar que si bien las autoridades aseguraban que cada día se hacían esfuerzos por controlar ese problema, la realidad es que desde los primeros meses de 2021 se registraron 93 víctimas de trata de personas en México, 18 más que en el periodo de 2020; lo que significó un aumento en la tasa de 23 por ciento (Cerrillo, 2021). El negocio de la trata sigue siendo bastante lucrativo; para tener una idea del estimado de las ganancias, tan sólo en 2021 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló 147 millones de pesos a la delincuencia organizada que se dedica a la trata de personas (Ramos, 2021).

México se considera como un país de origen, tránsito y destino de la trata de personas, en particular por los flujos migratorios procedentes de Centroamérica; sin embargo, existe otro fenómeno mínimamente conocido, como lo es la venta de niñas por parte de la propia familia para matrimonios forzados: «El estado de Chiapas y los países de Centroamérica se han convertido en el principal corredor de trata de personas en el continente, muchas de las cuales terminan en Estados Unidos, principal mercado de explotación sexual y consumo de drogas» (Conapred, 2021). Los estados del sur de México sufren de mayor abandono en términos de política de desarrollo y menores presupuestos para paliar la pobreza y la pobreza extrema.

El problema de la trata seguirá creciendo de manera exponencial, en especial por la falta de interés de las autoridades para frenar el problema, en múltiples ocasiones los funcionarios son protectores de los criminales o participan en ese negocio a consecuencia de la elevada corrupción. La indiferencia por atender esa problemática es de tal magnitud, según comenta Mónica Salazar, directora de la asociación Dignificando el Trabajo, que a la fecha 

no se ha implementado un Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas. El último abarcó de 2014 a 2018, en el sexenio de Enrique Peña Nieto. No hay claridad de hacia dónde va la política pública, puesto que la trata tiene distintas aristas, modalidades y víctimas. No hay un esfuerzo para analizar el marco jurídico nacional y llenar los vacíos legales que dejan la puerta abierta a este delito (publicado en Galván, 30 de julio de 2021).

En 2021, «de acuerdo con cifras de organizaciones civiles como El Pozo Azul y A21, se estima que en el país alrededor de 260 mil niños son víctimas de trata de personas por medio de explotación sexual, mendicidad y trabajos forzados» (Bravo, 16 de julio de 2021).

Conclusiones

La trata, la comercialización y la explotación de niños no figuran como problemas nodales para los gobiernos e instituciones internacionales, muestra de ello es la inexistencia de datos confiables y actualizados acerca de la situación de los menores migrantes. Además, no se destinan recursos económicos suficientes para combatir o ayudar a los pequeños que han sido víctimas de violencia. Es evidente que los organismos encargados del control migratorio son verdaderamente ineficientes o se han corrompido, pues en diversas ocasiones son las propias autoridades quienes venden a los migrantes a los cárteles.

La migración, la trata de personas y el narcotráfico son elementos de un mismo proceso cuyo origen son las precarias condiciones sociales y económicas en las que viven las víctimas, las cuales soportan además prácticas discriminatorias, racismo y xenofobia, sobre todo cuando son mujeres, pobres, indígenas o negras. En el presente, la migración no es por buscar un buen trabajo o mejorar los ingresos, sino para sobrevivir ante la ola de privatizaciones y del incremento de grupos criminales.

Es dramático que los niños y los jóvenes, sectores con mayores expectativas al futuro, sean los más lesionados por los cárteles de la droga, ante la impasividad de las autoridades; realmente representa una afrenta para la dignidad y los derechos humanos que debiera estar presente en la agenda del gobierno. Diariamente vemos a jóvenes y niños desaparecidos sin posibilidad de ser encontrados, creemos que las instituciones encargadas de hallarlos se han visto rebasadas por grupos que han crecido en niveles globales. En ese sentido, la economía subterránea existe y se nutre de la desesperación por la supervivencia de las poblaciones más vulnerables y frágiles: la infancia y la juventud. No se cuenta con un organismo que denuncie este grave problema diseminado sobre la población ni hay alternativas diferentes, lo único seguro es la sobrevivencia de los pobres en medio de la vorágine neoliberal.

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