Número 38 texto completo jd

Desenmascarando la migración irregular a Estados Unidos

Unmasking Irregular Migration to the United States

Recibido 18/11/21 | Aceptado 27/01/22

Jorge Durand* | Douglas S. Massey**

*Mexicano. Profesor investigador del Departamento de Estudios sobre los Movimientos Sociales, Universidad de Guadalajara. Correo-e: j.durand.mmp@gmail.com

**Estadounidense. Department of Sociology and School of Public and International Affairs, Princeton University. Correo-e: dmassey@princeton.edu

Traducido del inglés al español por Georgia Aralú González Pérez y Héctor Manuel Olivares Serrano.

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Resumen. Desde principios del siglo XX y a lo largo del tiempo un gran número de mexicanos ha migrado a Estados Unidos, la proporción clasificada como irregular ha variado notablemente en función de las circunstancias sociales, económicas y políticas imperantes al norte de la frontera de México con Estados Unidos. Aquí desenmascaramos la realidad de que la migración irregular es más una construcción sociopolítica que una categoría legal bien definida. Es una realidad que la cantidad de mexicanos considerados como inmigrantes legales, trabajadores legales temporales o migrantes irregulares se ha ido transformando. Desde 2008, la migración no autorizada procedente de México ha disminuido y los centroamericanos han reemplazado a los mexicanos entre los detenidos en la frontera. En lugar de ser procesados como solicitantes de asilo, los centroamericanos son criminalizados como «migrantes ilegales» y enviados a centros de detención para mantener la ficción de una «invasión de extranjeros» desde el sur de la frontera. Es comprensible entonces que la presión represiva dirigida desproporcionadamente a los inmigrantes latinoamericanos tenga consecuencias de gran alcance, dado que los latinos constituyen ahora más de 18% de la población estadounidense; 26% de los niños de cinco años o menos, y la mayoría de niños que vive con sus padres en situación irregular son ciudadanos estadounidenses nativos.

Palabras clave: migración ilegal, migración irregular, braceros, México, Estados Unidos.

Abstract. Mexicans have been migrating to the United States in large numbers since the early 20th century and over time the share classified as irregular has varied sharply depending on the social, economic, and political circumstances prevailing north of the Mexico-U.S. border. Here we unmask the reality that irregular migration is more of a socio-political construction than a well-defined legal category. Over time, the share of Mexicans classified as legal immigrants, temporary legal workers, or irregular migrants has varied widely. Since 2008, however, unauthorized migration from Mexico has waned and Central Americans have taken the place of Mexicans among those apprehended along the Mexico-U.S. border. Rather than being processed as asylum seekers, Central Americans being are criminalized as «illegal migrants» and sent into detention facilities to maintain the fiction of an ongoing «alien invasion» from south of the border. The repressive pressure directed disproportionately at Latin American immigrants can be expected to have far reaching consequences given that Latinos now constitute more than 18% of the U.S. population, 26% of all children aged five and under, and the vast majority of children living with parents in irregular status are native U.S. citizens.

Keywords: illegal migration, irregular migration, braceros, Mexico, United States.

 

El término «inmigrante irregular» se refiere a un residente en Estados Unidos que carece del derecho legal a vivir o trabajar dentro del país. La condición de irregular se adquiere por una de estas dos vías: cruzar una frontera sin autorización o violar los términos de la visa del no inmigrante. La primera ocurre cuando alguien cruza a Estados Unidos fuera de un puerto de entrada oficial sin ser inspeccionado por un funcionario de inmigración estadounidense, ya sea por tierra, mar o aire. Las violaciones de visado se producen siempre que una persona entra con una visa de no residente y permanece más allá de su duración permitida o realiza un trabajo remunerado no autorizado. La mayoría de los cruces fronterizos no autorizados se llevan a cabo por tierra y no por mar o aire, y aunque algunos de ellos se originan en Canadá, la frontera terrestre más transitada es, sin duda, la que une a México con Estados Unidos.

Si bien los mexicanos han predominado históricamente entre los que cruzan la frontera sin autorización, los centroamericanos, asimismo, han estado presentes en esa situación desde la década de 1980; en la actualidad su proporción ha aumentado de manera considerable. Desde sus inicios, el mayor porcentaje de todos los inmigrantes irregulares en Estados Unidos ha ingresado cruzando una frontera terrestre en lugar de sobrepasar un visado temporal o violar sus condiciones. Debido a que los migrantes no autorizados que cruzan la frontera constituyen la mayoría de los migrantes irregulares en Estados Unidos, y dado que los mexicanos han sobresalido de modo abrumador, la mayoría de los migrantes irregulares en Estados Unidos desde siempre han sido mexicanos. Con todo, su proporción en la población de migrantes irregulares menguó desde 2008, pues cada vez más migrantes irregulares ingresan con visas en lugar de cruzar la frontera, y también porque ahora más migrantes fronterizos provienen de Centroamérica que de México. En 2008, la proporción de mexicanos entre migrantes irregulares que viven en Estados Unidos descendió a 48.4 frente a 56% de 2010 (Warren, 2020).

Los migrantes no autorizados y sus movimientos pueden ser irregulares, pero no son en absoluto desordenados o aleatorios. Por el contrario, están debidamente estructurados y surgen de procesos identificables que crean sistemas estables de migración, los cuales persisten en el espacio y en el tiempo y cambian de forma predecible a medida que evolucionan las condiciones de los sistemas. En este estudio trazamos la historia de la migración irregular a Estados Unidos para revelar las regularidades que caracterizan a los movimientos poblacionales «irregulares». Nuestro propósito es desenmascarar la verdadera naturaleza de la migración irregular como una construcción sociopolítica más que como una categoría legal rígida.

Orígenes de la migración irregular, 1900-1942

La migración irregular se origina, en última instancia, por las acciones emprendidas para restringir la entrada de inmigrantes a Estados Unidos. Dichas restricciones pueden ser de naturaleza cuantitativa o cualitativa, e intervienen para limitar el número o el tipo de personas admitidas como inmigrantes; comúnmente tratan de alcanzar ambos objetivos. Cualquier persona que consiga eludir las restricciones cuantitativas o cualitativas y se convierta en trabajador o residente estadounidense sin autorización es, por definición, un migrante irregular. Con frecuencia estos individuos también son etiquetados como indocumentados, no autorizados, o en términos peyorativos «ilegales»; sin embargo, durante la mayor parte de la historia de Estados Unidos no hubo migrantes irregulares de los que se pudiera hablar, ya que había pocas restricciones a la entrada o al asentamiento de extranjeros (para una cronología de la legislación de inmigración de Estados Unidos véase Cohn, 2015).

Las primeras limitaciones a la inmigración fueron de carácter cualitativo y político. En 1798, el Congreso autorizó el encarcelamiento o expulsión de los no ciudadanos considerados por el presidente como «peligrosos», tanto en tiempos de paz (Ley de Amigos Extranjeros de 1798) como en tiempos de guerra (Ley de Enemigos Extranjeros de 1798). Aunque la primera ley expiró en 1800, la segunda sigue en vigor hoy día, fue utilizada para justificar el encarcelamiento de estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial. En la práctica, en cambio, la Ley de Enemigos Extranjeros rara vez se ha empleado simultáneamente para excluir o deportar a ciudadanos extranjeros. En el transcurso de la Guerra de Secesión, el Congreso aprobó una ley para fomentar la entrada de trabajadores extranjeros con el objetivo de ayudar en el esfuerzo bélico de la Unión.

La era de inmigración abierta llegó a su fin en 1875, cuando el Congreso promulgó una ley que prohibía la entrada de trabajadores contratados procedentes de Asia Oriental y negaba totalmente la entrada de mujeres chinas. Le siguió en 1882 la Ley de Exclusión China, que prohibía la entrada de hombres y mujeres chinos. Las leyes aprobadas en 1891 y 1903 agregaron a la lista de personas excluibles a los polígamos, los anarquistas, los epilépticos, los mendigos, los traficantes de sexo y los enfermos infecciosos. Por último, en 1917, el Congreso impuso un requisito de alfabetización a los nuevos inmigrantes y amplió la prohibición de inmigrantes de China al resto de Asia continental.

Las anteriores restricciones eran de carácter cualitativo. Todavía no se habían impuesto limitaciones numéricas a las llegadas de inmigrantes, las cuales alcanzaron una media de casi un millón de entradas al año entre 1904 y 1914. Durante este tiempo, los inmigrantes irregulares estaban conformados por un número desconocido, pero presumiblemente pequeño, de personas que pese a cumplir una o más de las restricciones cualitativas, conseguían entrar y permanecer en Estados Unidos; eran en gran medida invisibles, no se distinguían de otros inmigrantes y su presencia no autorizada en el país no se convirtió en una cuestión política en sí misma.

En las postrimerías del siglo XIX y los albores del XX las migraciones masivas provocaron una poderosa reacción nativista. La hostilidad de los blancos se centró principalmente en los inmigrantes procedentes del sur y el este de Europa, a los que se describía como «razas» amenazantes e inferiores, un planteamiento peyorativo que condujo a las primeras restricciones cuantitativas a la inmigración. En 1921, el Congreso aprobó una legislación de «emergencia» para limitar la inmigración a 3% de la población nacida en el extranjero enumerada en el censo de 1910. De igual modo, promulgó cuotas de origen nacional correspondientes a la distribución de nacionalidades que prevalecía entre los residentes nacidos en el extranjero de ese año. La legislación limitaba el total de la inmigración a unas 350 mil personas al año y sesgó los orígenes nacionales hacia el norte y el oeste de Europa, además excluyó a las nacionalidades «inferiores» en las regiones sur y este, es decir, judíos, rusos, eslavos ortodoxos y polacos e italianos católicos.

En 1924, el Congreso duplicó las cuotas de exclusión y las fijó en sólo 2% de cada nacionalidad extranjera contabilizada en el censo de 1890. Se eligió el censo anterior porque contenía menos inmigrantes que el de 1910 (9.2 millones en lugar de 13.5 millones) e incluía un número relativamente mayor de inmigrantes procedentes del norte y oeste de Europa (79% frente a 54%) (véase Gibson y Jung, 2006). Por ende, la legislación redujo el límite a 165 mil personas al año y sesgó aún más los orígenes nacionales del sur y el este de Europa.

Los nuevos límites y cuotas no se aplicaron a los inmigrantes de las naciones del hemisferio occidental y los mexicanos fueron específicamente eximidos del requisito de alfabetización en 1917 por el fiscal general de Estados Unidos. Aun cuando el Congreso creó en 1924 la Patrulla Fronteriza para impedir las entradas irregulares a través de las fronteras terrestres de la nación, el propósito de la nueva agencia no era tanto bloquear o detener a mexicanos o canadienses, sino atrapar a los inmigrantes no deseados del sur o del este de Europa y a los asiáticos que trataban de sortear las prohibiciones que se aplicaban en los puertos de entrada oficiales.

La migración mexicana hacia Estados Unidos se remonta a finales del siglo xix, cuando los intereses del capital estadounidense financiaron la construcción del sistema ferroviario de México (Coastsworth, 1981). Las principales líneas troncales iban de norte a sur y se construyeron más que para transportar personas o mercancías dentro de México, para transportar las exportaciones agrícolas y minerales mexicanas a los mercados estadounidenses. Luego de concluida la red ferroviaria, los reclutadores de mano de obra estadounidense siguieron las líneas hacia el sur de México en busca de trabajadores que ayudaran a colocar y mantener las vías al norte de la frontera (Cardoso, 1980). Sin embargo, los flujos migratorios se mantuvieron reducidos hasta 1907, cuando Estados Unidos efectuó su Pacto de Caballeros con Japón, que restringió la entrada de trabajadores japoneses y creó una escasez inmediata de mano de obra en la agricultura occidental, hecho que alentó un aumento de los esfuerzos de contratación privada al sur de la frontera.

Los aludidos esfuerzos se expandieron después de 1914, cuando el estallido de la Gran Guerra puso fin a la masiva inmigración desde Europa; y los esfuerzos de contratación se redoblaron en 1917, justo en el momento en que Estados Unidos entró en la guerra y el gobierno federal promulgó su propio programa de trabajadores temporales (Alanís, 1999). Con el fin de la guerra en 1918, tras una breve recesión, la economía estadounidense experimentó un auge durante los «dorados años veinte», de manera que los mercados laborales se endurecieron debido a la reducción de la inmigración procedente de Europa en virtud de las nuevas cuotas. Con la economía de México tambaleándose por la violencia de su recién concluida Revolución, los trabajadores respondieron de inmediato a la creciente demanda de mano de obra estadounidense y emigraron hacia el norte; su salida a través de la frontera se convirtió en lo que los historiadores han denominado una «marea» (Cardoso, 1980).

Mientras que la inmigración legal mexicana había alcanzado una media de sólo 3 mil 200 personas al año durante 1900–1909 y 17 mil anualmente en el periodo 1910–1919, la afluencia aumentó a una media de 49 mil de personas al año en la década de 1920. Otros 227 mil ingresaron como trabajadores temporales durante el periodo y la población de nacionales mexicanos que vivía en Estados Unidos creció de 103 mil en 1900 a 739 mil en 1929 (Massey, Durand y Malone, 2002). Durante ese lapso se prestó poca atención a la situación legal de los migrantes mexicanos que arribaban. Una extensa parte de la frontera no estaba marcada, así que la gente se movía libremente de un lado a otro de dicha frontera invisible. Aunque se establecieron puertos de entrada oficiales en algunas ciudades fronterizas a partir de 1924, la mayor parte de la frontera permaneció sin vigilancia y el número de agentes de la Patrulla Fronteriza nunca excedió los 800 a lo largo de las 2 mil millas de frontera. Entre 1924 y 1928 las aprehensiones anuales en la frontera fueron de un promedio de sólo 4 mil 300, mientras que las deportaciones anuales de mexicanos desde el interior de Estados Unidos fueron de un promedio de 6 mil 300, lo que indica la escasez de migración irregular en esta época.

A lo largo de la década de 1920, pese a que los mexicanos pudieron haber carecido de pasaportes y visas, y que la mayoría pudo haber entrado sin inspección, no había límites cuantitativos y pocos cualitativos para su entrada en primera instancia; de ahí que no fueron percibidos o tratados como irregulares por los ciudadanos, políticos o empleadores de Estados Unidos. De hecho, fueron bien recibidos como trabajadores necesarios que ayudaron a sostener el auge económico de la década de 1920. Lo que cambió el rumbo para crear la primera crisis de migración irregular en Estados Unidos fue la caída de la bolsa de valores de 1929, misma que desencadenó la Gran Depresión de la década de 1930. Intempestivamente los mexicanos se convirtieron en competidores no deseados para los puestos de trabajo «americanos» y en indignos receptores de ayudas públicas para los indigentes (Balderrama y Rodríguez, 2006; Fox, 2012; Alanís, 2017).

De 1929 a 1939, aproximadamente 469 mil migrantes fueron deportados a México, incluidos muchos niños nacidos en Estados Unidos. Otros 113 mil mexicanos fueron detenidos en la frontera cuando intentaban entrar en Estados Unidos. En consecuencia, la población nacida en México en Estados Unidos se redujo a la mitad, pasando de un máximo de 739 mil personas en 1929 a un mínimo de 377 mil en 1940. La hostilidad del contexto estadounidense de recepción está indicada por el hecho de que la inmigración permanente legal procedente de México descendió a sólo mil 800 personas al año durante la década de 1930 y la migración laboral temporal se redujo a cero. El repentino cambio en el trato de los inmigrantes mexicanos después de 1929 resalta cómo la «irregularidad» es tanto una construcción social y política como una definición legal. El estatus legal de los mexicanos en Estados Unidos no cambió entre 1920 y 1930, lo que se transformó fue el contexto de recepción y las políticas estadounidenses que lo definieron.

 

Regularización de los migrantes irregulares, 1942–1965

En 1942 se produjo otra transformación en el marco social de los inmigrantes mexicanos cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial. Con el reclutamiento militar de los jóvenes varones y la movilización económica a gran escala aumentó la demanda de mano de obra; de inmediato, comenzó a escasear en la frontera norte, en especial dentro del sector agrícola. De manera abrupta, los inmigrantes mexicanos pasaron de ser vistos como demandantes de empleos ilícitos y estafadores de la asistencia social a ser una vez más trabajadores imprescindibles. En ese año, Estados Unidos negoció con México un acuerdo binacional para crear el Programa Bracero, el cual ofrecía a los trabajadores mexicanos visas legales para realizar actividades agrícolas temporales en Estados Unidos por periodos establecidos. Inició con 4 mil 200 braceros en 1942; el programa se amplió a 52 mil en 1943 y a 62 mil en 1944.

El Programa Bracero se concibió originalmente como un acuerdo temporal para satisfacer las necesidades de mano de obra en tiempos de guerra y a partir de 1945 el Congreso comenzó a reducir el número de visas Bracero conforme la iniciativa bélica disminuía. En ese año sólo se registraron 49 mil entradas de braceros, seguidas de 32 mil en 1946 y 20 mil en 1947. Por desgracia, la demanda de mano de obra agrícola no disminuyó en Estados Unidos. En contraposición, cuando el Congreso redujo el número de entradas, la escasez de mano de obra en la agricultura se intensificó a medida que el auge económico de la posguerra se afianzaba. Después de que se rechazaran las peticiones de los agricultores al Congreso para que se ampliara el Programa Bracero, intervinieron y alentaron a los braceros para que regresaran en situación irregular al año siguiente y, lo más importante, a que trajeran consigo a amigos, parientes o conocidos que quisieran unirse a ellos como trabajadores migrantes irregulares.

La estrecha relación entre la demanda de mano de obra agrícola estadounidense y la migración irregular se evidencia en la interacción temporal entre las entradas de braceros y las detenciones en la frontera. Por ejemplo, cuando las llegadas de braceros cayeron de 62 mil a 49 mil entre 1944 y 1945, las detenciones en la frontera se elevaron de 27 mil a 64 mil. De la misma manera, cuando la migración de braceros se redujo más allá de 32 mil en 1946 y 20 mil en 1947, ascendieron las aprehensiones a 91 mil y 183 mil, respectivamente. Bajo la creciente presión de los intereses agrícolas de California y Texas, el Congreso comenzó a aumentar el número de visas Bracero en 1948 y las entradas volvieron a subir a 35 mil, lo que provocó que las aprehensiones disminuyeran un poco a 179 mil. Lo cierto es que este modesto incremento seguía siendo insuficiente para satisfacer la creciente demanda de mano de obra agrícola al norte de la frontera y la migración irregular continuaba in crescendo.

Aunque el Congreso elevó la asignación de visas Bracero a 107 mil en 1949, las detenciones en la frontera aumentaron a 279 mil y se expandieron aún más a 485 mil en 1950, justo en el momento en el que el Congreso recortó de nueva cuenta el número de visas Bracero para reducir la afluencia legal ese año a sólo 67 mil 500 entradas. En los tres años siguientes, los agricultores ejercieron presión a fin de ampliar el número de visas Bracero; finalmente, el Congreso se vio obligado a elevar el número de visas y permitir el ingreso de alrededor de 200 mil braceros en 1952. Con todo, ese notable incremento fue insuficiente para satisfacer la demanda estadounidense de trabajadores agrícolas, además, ese año las detenciones en la frontera alcanzaron las 544 mil.

La lucha entre los productores agrícolas y el Congreso llegó a su punto álgido en 1953–1954, cuando el final de la Guerra de Corea desencadenó una breve recesión que coincidió con un periodo de histeria anticomunista, guiado por el senador Joseph McCarthy de Wisconsin. En el discurso público, la frontera entre México-Estados Unidos se volvió el «punto débil» de la nación estadounidense, vulnerable a la penetración de agentes comunistas del sur (Massey, 2016). En el contexto del aumento del desempleo, la caída de las ganancias y el aumento de la histeria ideológica, la migración irregular se convirtió en un potente problema político, y en 1953 el comisionado del Servicio de Inmigración y Naturalización (ins, por sus siglas en inglés) lanzó la Operación Espalda Mojada, una movilización total de los recursos de aplicación de la ley en el suroeste de Estados Unidos.

Las autoridades de inmigración realizaron un gran despliegue de la aplicación de la ley en la frontera para el uso público, condujeron las detenciones a 865 mil en 1953 y hasta 1.1 millones en 1954. Sin embargo, al mismo tiempo, entre bastidores, el Congreso actuó silenciosamente para elevar el número de visas Bracero hasta niveles récord. De 201 mil entradas en 1953, creció a 309 mil en 1954, 399 mil en 1955 y durante el resto de la década de 1950 alcanzó un promedio de 438 mil por año (Calavita, 1992). Esta expansión fue suficiente para satisfacer la demanda agrícola de Estados Unidos y las detenciones se desplomaron hasta alrededor de 30 mil por año a finales de los 1950 y principios de los 1960 (Massey, Durand y Malone, 2002).

A pesar de que cientos de miles de migrantes mexicanos entraban y salían de Estados Unidos como braceros, la inmigración desapareció como cuestión política; de igual modo, ilustró cómo la migración irregular es más una construcción social y política que una realidad empírica. En lugar de hacerse visible públicamente en las crecientes estadísticas de aprehensión, durante el auge del Programa Bracero los migrantes mexicanos fueron «regularizados», aislados lejos de la vista del público en granjas de zonas rurales con números reales enterrados en las profundidades de los registros burocráticos del Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

Creación de un nuevo sistema de migración irregular, 1965–1985

La conversión de los migrantes irregulares mexicanos a braceros regularizados creó un sistema estable basado en la circulación legal de trabajadores temporales que prevaleció hasta finales de la década de 1950 y principios de los 1960. Con el propósito de facilitar el retorno regular de los trabajadores de confianza, en esta época algunos agricultores comenzaron a patrocinar a sus braceros más preciados como residentes permanentes legales, así posibilitaban un retorno sencillo sin el común papeleo de año tras año (Massey et al., 1987). Mientras que en 1950 sólo se concedió el estatus de residente permanente a 6 mil 800 mexicanos, la media anual se elevó a cerca de 43 mil durante el periodo de 1955–1959. En la cumbre del programa, en 1956, entraron 445 mil braceros y 65 mil residentes permanentes, la gran mayoría regresó a México a tiempo para las fiestas decembrinas. A pesar del movimiento anual de aproximadamente medio millón de mexicanos hacia Estados Unidos, la migración se caracterizaba por el orden, la estabilidad y la tranquilidad de las zonas fronterizas.

Sin embargo, una vez más, el contexto estadounidense de acogida cambió para desestabilizar y transformar lo que había sido un sistema migratorio bien ordenado. A medida que el movimiento por los derechos civiles cobraba impulso en Estados Unidos en la década de 1960, los sesgos y los prejuicios incorporados al sistema de inmigración estadounidense fueron objeto de crecientes críticas. Las cuotas de origen nacional diseñadas para excluir a los católicos, los eslavos, los judíos y las prohibiciones de la inmigración proveniente de Asia se consideraron intolerablemente racistas, y el Programa Bracero se percibió como un sistema de explotación laboral al mismo nivel que la aparcería negra en el Sur. A partir de 1960, el Congreso comenzó a eliminar el Programa Bracero, al reducir de forma progresiva el número de visas de trabajo temporal antes de permitir que el programa expirara a la medianoche del 1 de enero de 1965. Ese mismo año, el Congreso aprobó enmiendas a la Ley de Inmigración y Nacionalidad para abolir el sistema de cuotas de origen nacional y poner fin a las restricciones a la inmigración procedente de Asia (Chin, 1996).

En lugar de las cuotas y prohibiciones racistas, el Congreso creó un nuevo sistema que limitaba la inmigración legal a 290 mil visas anuales y las distribuía equitativamente entre las naciones para satisfacer las necesidades de mano de obra y facilitar la reunificación familiar. A inicios de 1968, los inmigrantes de las naciones del hemisferio oriental calificaron para más de 20 mil visas por año, con un tope hemisférico de 170 mil visas. Los países del hemisferio occidental tenían un límite hemisférico de 120 mil visas, pero el límite por país, de 20 mil visados al año, no se impuso hasta 1976. Aunque estas limitaciones cuantitativas no se aplicaban a los familiares directos de los ciudadanos estadounidenses, cuando se combinaron con la desaparición del Programa Bracero, restringieron gravemente las oportunidades de entrada legal de los trabajadores mexicanos. A menos que fueran familiares directos de ciudadanos estadounidenses, desde finales de los 1950 hasta finales de los 1970 los mexicanos pasaron de tener acceso a una media anual de 438 mil visas temporales de trabajo y 43 mil visas de residencia permanente, a cero visas de trabajo y sólo 20 mil visas de residencia.

Las condiciones de oferta y demanda de mano de obra no habían cambiado en ninguno de los dos lados de la frontera y, en el transcurso de los 22 años de existencia del Programa Bracero, aproximadamente 4.7 millones de trabajadores mexicanos habían ingresado en Estados Unidos a fin de establecer contacto con empresarios estadounidenses. Cuando el Programa Bracero llegó a su fin, los agricultores puntualizaron que los trabajadores mexicanos serían bienvenidos al regresar el año siguiente con o sin visa de trabajo (Massey et al., 1987). Por ende, a medida que las oportunidades de entrada legal se reducían después de 1965, la migración desde México no cesó, sólo continuó bajo auspicios no autorizados, hecho que creó un nuevo sistema de migración basado en la circulación masiva de migrantes irregulares.

El cambio de la migración regular a la irregular se hace patente en las estadísticas de aprehensiones de la época. De 1965 a 1979, el número anual de detenciones en la frontera, que fluctuó en torno a un millón de detenciones al año durante el periodo de 1980–1985, pasó de 55 mil a algo menos de un millón y luego se estabilizó; no obstante, en términos prácticos, poco había cambiado. La mayoría de los migrantes continuaba arribando de comunidades localizadas en los cinco principales estados emisores mexicanos (Guanajuato, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí y Zacatecas) y se trasladaba en específico a puestos de trabajo en tres estados norteamericanos (California, Texas e Illinois) (véase Durand y Massey, 2003). Al igual que con el Programa Bracero, la migración fue abrumadoramente circular, con 85% de entradas irregulares compensadas por salidas cada año (Massey y Singer, 1995), lo que dio lugar a un sistema estable de migración «irregular regulada» que prevaleció hasta 1985 (Massey, Durand y Malone, 2002).

La desaparición de la irregularidad regulada, 1986–2008

Aunque en la práctica poco había cambiado desde 1965, sí había una trasformación sustancial en términos simbólicos, ya que ahora los inmigrantes eran «ilegales» y, por tanto, eran por definición «delincuentes» y «transgresores de la ley», quienes podían llegar a ser considerados un grave peligro para Estados Unidos; ello propició una nueva narrativa de la amenaza latina en el discurso público (Chávez, 2001; 2008). El auge de esta narrativa condujo a la opinión pública estadounidense en una dirección más conservadora, la que a su vez encauzó las políticas inmigratorias de Estados Unidos hacia una mayor restricción, hecho que más tarde desembocaría en una constante militarización de la frontera entre México y Estados Unidos (Massey y Pren, 2012).

El nuevo régimen de control fronterizo se puso en marcha en 1986 con la aprobación de la Ley de Reforma y Control de la Inmigración, que aumentó de modo significativo el tamaño y presupuesto de la Patrulla Fronteriza. La aplicación fronteriza se aceleró de nuevo en 1993 con el lanzamiento de la Operación Bloqueo en El Paso, seguida en 1994 por el debut de la Operación Guardián en San Diego, que militarizó los dos sectores más transitados de la frontera. Dicha militarización aumentó de forma exponencial tras los ataques terroristas de septiembre de 2001, pues la frontera llegó a ser defendida en nombre de la naciente guerra contra el terrorismo (Massey, 2015).

De 1986 a 2008, el número de agentes de la Patrulla Fronteriza pasó de 3 mil 700 a 17 mil 500 y el presupuesto de la agencia aumentó de 151 millones de dólares a 2.25 billones de dólares, lo que supone un incremento de 15 veces en términos nominales y de 10 veces en términos reales (Massey, Durand y Pren, 2016). El constante endurecimiento de la frontera, paradójicamente, tuvo poco efecto en la factibilidad de salidas irregulares de México, la posibilidad de aprehensión durante un cruce fronterizo irregular, o las probabilidades de lograr un cruce exitoso a lo largo de múltiples intentos (Massey, Durand y Pren, 2016); sin embargo, esto no tuvo profundos efectos sobre el comportamiento de los migrantes irregulares.

Primero, la concentración inicial de los recursos de aplicación de la ley en El Paso y San Diego desvió a los migrantes de las rutas de cruce tradicionales en las zonas urbanizadas de Tijuana/San Diego y Ciudad Juárez/El Paso hacia sectores menos patrullados a lo largo de la frontera entre Sonora y Arizona, lo que aumentó tanto los costes como los riesgos del cruce irregular de la frontera (Massey, Durand y Pren, 2015). Entre 1986 y 2008 al menos 5 mil 200 migrantes perdieron la vida al intentar atravesar la frontera sin autorización y el coste medio de un cruce irregular pasó de alrededor de 850 dólares a 3 mil 200 dólares en términos reales (Massey, Durand y Pren, 2016). Segundo, el desvío de los flujos migratorios fuera de las rutas de cruce tradicionales hacia California tuvo el efecto imprevisto de desplazar a los migrantes irregulares hacia nuevos destinos en todo Estados Unidos. Mientras que 63% de los migrantes mexicanos que arribaron a Estados Unidos entre 1985 y 1990 fueron a California, sólo 33% lo hizo entre 2000 y 2005 (Massey y Capoferro, 2008).

El aumento de los costos y los riesgos del cruce irregular de la frontera incitó a los migrantes a alejarse de su patrón tradicional de migración circular y a dirigirse hacia una nueva práctica de asentamiento a largo plazo en Estados Unidos, tal como lo atestigua la drástica caída de la probabilidad de migración de retorno a México (Massey, Durand y Pren, 2015). De 1986 a 2008, la probabilidad de regresar de un primer viaje irregular a Estados Unidos dentro de un plazo de 12 meses descendió de 51 a 23%. Derivado de estos cambios en el comportamiento migratorio, después de 1986, lo que había sido un flujo circular de trabajadores que iban a tres estados se transformó en una población asentada de familias que vivían en 50 estados; ello daría fin al sistema estable de circulación irregular, mismo que había predominado entre 1965 y 1985 (Massey, Durand y Pren, 2016).

La re-regularización de los irregulares, 2008–2020

El inicio de la gran recesión a finales de 2007 supuso un abrupto final de la migración irregular para México. El número de migrantes que llegaba cayó por debajo del número de migrantes que salía (Passel y Cohn, 2017) y la probabilidad de emprender una primera salida irregular a Estados Unidos se desplomó hasta cero (Durand y Arias, 2014; Durand y Massey, 2019). Aunque la migración irregular desde México llegó a un evidente final con el comienzo de la gran recesión, la tasa en realidad había estado disminuyendo por algún periodo debido al envejecimiento de la población mexicana (Massey, Durand y Pren, 2016). La migración laboral depende en gran medida de la edad, puesto que la probabilidad de salida aumenta bruscamente a partir de los últimos años de la adolescencia hasta alcanzar su madurez alrededor de los 22 o 23 años, luego disminuye a un ritmo acelerado hasta los 30 años, después de lo cual las probabilidades de partida son muy bajas.

Aunque la edad media en México era sólo de 17.4 años en 1980, para 2020 se había elevado a una cifra estimada de 29.2 años, debido al fuerte descenso de la fecundidad mexicana que comenzó en la década de 1970 (Statista, 2020). Mientras que la tasa de fertilidad se situaba cerca de los 6.6 nacimientos por mujer en 1970, en 2019 la cifra era de apenas 2.1 nacimientos por mujer (Banco Mundial, 2000). Además del envejecimiento de la población, otra razón menos apreciada del término de la migración irregular mexicana fue la apertura de nuevas oportunidades para que las personas ingresaran a Estados Unidos en situación legal. En la actualidad son dos las vías principales de acceso: por un lado, la ayuda de un ciudadano estadounidense para conseguir una residencia permanente; por el otro, la entrega de una visa de trabajo temporal otorgada, asimismo, por un empleador estadounidense.

La primera vía se abrió a partir de 1996, cuando el Congreso aprobó una legislación que aumentaba el riesgo de deportación no sólo para los inmigrantes irregulares, sino también para los residentes legales permanentes. En paralelo, otras leyes limitaron el acceso de los residentes legales a determinadas prestaciones y derechos estadounidenses particulares. Estos cambios legislativos incrementaron sustancialmente los costes de ser un no ciudadano para los residentes legales permanentes (Massey y Pren, 2012). Poco después de la aprobación de esta legislación en Estados Unidos, el Congreso mexicano modificó en 1998 las leyes de nacionalidad del país con la intención de permitir la doble nacionalidad, lo que redujo los costes de la naturalización para los mexicanos con visas de residente legal permanente.

El resultado final de estos cambios legislativos fue un aumento masivo de las naturalizaciones entre los mexicanos con green card que viven en Estados Unidos. De 1985 a 1995, el promedio de inmigrantes mexicanos que se naturalizaron para obtener la ciudadanía estadounidense fue de aproximadamente de 29 mil por año. De 1996 a 2006, el promedio alcanzó de alrededor de 124 mil por año; después de 1996, 2.8 millones de mexicanos adquirieron la nacionalidad estadounidense, lo que los coloca en una posición privilegiada para financiar la inmigración legal de sus familiares. Aunque los residentes legales permanentes tienen derecho a solicitar la entrada de sus cónyuges e hijos menores, estas visas son numéricamente limitadas y es necesario esperar un largo periodo. Después de que el inmigrante legal adquiere la ciudadanía estadounidense, los cónyuges y los hijos menores son de inmediato admitidos sin limitaciones numéricas, al igual que los hermanos del ciudadano.

En síntesis, cada ciudadano estadounidense recién naturalizado crea derechos para el ingreso de entrada de familiares cercanos, hecho que contribuye al potencial de una inmigración legal en el futuro. A medida que el número de naturalizaciones mexicanas aumentó después de 1996, también lo hizo el número de entradas de residentes permanentes legales apoyadas por ciudadanos estadounidenses. Mientras que la proporción de nuevos inmigrantes legales que entraron a Estados Unidos como familiares de ciudadanos estadounidenses fue sólo 33.9% en 1996, en los años posteriores aumentó de forma constante y, recientemente, alcanzó una media de 66.9% en el periodo de 2016–2018. Lo anterior impulsó la inmigración total a cifras muy por encima de las permitidas por las cuotas numéricas. El total de la inmigración permanente legal procedente de México alcanza ahora una media de 160 mil personas al año, muy por encima del número admisible en virtud de las cuotas.

Conforme el número de inmigrantes mexicanos auspiciados por los naturalizados se elevó de manera ininterrumpida en las recientes décadas, el número de mexicanos que entró con visas de trabajo temporales creció todavía más dramáticamente. En 1996, por ejemplo, sólo 36 mil mexicanos ingresaron a Estados Unidos como trabajadores temporales legales, pero en 2018 el número de entradas de este tipo fue de alrededor de 767 mil. El número anual de entradas de trabajadores temporales está estrechamente ligado al número de visas laborales temporales emitidas por el Departamento de Estado de Estados Unidos. En 1997, el número emitido de este tipo de visas fue de apenas 45 mil frente a los 330 mil de 2019. Cabe mencionar que algunas están limitadas numéricamente y otras no; un número determinado es válido durante varios años, pero otro sólo por un año o menos; una cantidad específica puede renovarse de modo indefinido, en cambio otra permite una única renovación. Pese a estas alteraciones, la correlación, entre el número anual de visas laborales otorgadas a los mexicanos y el número anual de entradas de dichos trabajadores temporales es de 0.85.

La nueva migración irregular, 2016–2020

En 2016, Donald J. Trump lanzó su célebre campaña para la presidencia de Estados Unidos, declaró que los migrantes mexicanos y los «de toda América del Sur y América Latina» eran criminales y violadores; además, prometió detener la afluencia con la construcción de «un gran, gran muro en nuestra frontera sur». Al hacerlo, aparentemente ignoraba que la migración irregular desde México había concluido en efecto nueve años antes. En realidad, era mayor el número de migrantes irregulares anuales que abandonaban el país que los que llegaban, la población mexicana no autorizada había descendido de 6.9 millones en 2007 a 5.6 millones en 2015 (Passel y Cohn, 2017). El fin de la migración irregular masiva proveniente de México representó un problema político para el presidente, dado que la satanización de los migrantes «ilegales» mexicanos se había convertido en un pilar de la política del Partido Republicano (Hajnal, 2020).

Aunque los mexicanos han dominado históricamente la afluencia de migrantes irregulares a través de la frontera sur de Estados Unidos, en los años transcurridos desde 1980 una pequeña parte no sólo vino de México, sino también de Centroamérica. La mayoría absoluta de estos migrantes provienen de tres naciones que se vieron muy afectadas por la invención política y militar de Estados Unidos en la región durante la Guerra Fría. En conjunto, las naciones de El Salvador, Guatemala y Honduras soportaron el peso de los esfuerzos de Estados Unidos para derrocar el régimen sandinista de Nicaragua y reprimir las insurgencias de izquierda en toda la región.

A medida que la violencia generalizada se extendió por el norte de Centroamérica durante la década de 1980, cientos de miles de personas huyeron hacia el norte para buscar refugio en Estados Unidos (Massey, Durand y Pren, 2014). Aunque los nicaragüenses fueron acogidos como exiliados políticos que huían de la tiranía izquierdista, a aquellos que huían de los regímenes derechistas de la región se les negó el refugio por motivos ideológicos, lo que les obligó a entrar como migrantes irregulares. Entre 1980 y 1990, la población de países del norte de Centroamérica que vivía en Estados Unidos creció de 244 mil a 834 mil personas, se estima que alrededor de 460 mil (55%) estaban presentes sin autorización (Passel y Cohn, 2018). La migración irregular desde la región se redujo a principios de la década de 1990, ya que las acciones militares disminuyeron con la firma de los Acuerdos de Paz de Centroamérica en 1987. Sólo 95 mil migrantes del norte de Centroamérica se sumaron a la población irregular entre 1990 y 1995 (Passel y Cohn, 2018).

Desafortunadamente los países del norte de Centroamérica nunca se recuperaron del caos de la intervención estadounidense. El pib per cápita de la región cayó 27% en términos reales desde 1979 (cuando los sandinistas tomaron el poder) hasta 1989 y no volvió a su nivel anterior hasta 2011 (Massey, 2020). La permanente degradación de la economía regional orilló a los ciudadanos hacia una mayor participación en actividades delictivas, tendencia que se vio exacerbada por la deportación masiva de miembros de bandas centroamericanas que comenzó en 1996. Pandillas como la ms-13 fueron fundadas en Estados Unidos por jóvenes marginados que carecían de documentación y conexiones sociales para integrarse con éxito en el mercado laboral (Wolf, 2012). De 1990 a 2018, un total de 411 mil extranjeros criminales fueron deportados de Estados Unidos hacia el norte de Centroamérica.

Como resultado de estas deportaciones, la tasa de homicidios permaneció alta incluso después de la entrada en vigor de los Acuerdos de Paz. Entre 1990 y 2019, el promedio de homicidios en el norte de Centroamérica fue de 54.2 por cada cien mil residentes en comparación con sólo 9.8 por cada cien mil en la cercana Costa Rica (Naciones Unidas, 2020). La violencia endémica y la pobreza generalizada en la región, a su vez, crearon presiones sostenidas para la emigración. Entre 1995 y 2000, la población no autorizada de migrantes del norte de Centroamérica creció en un estimado de 285 mil personas, a la que siguieron aumentos de 360 mil en 2000–2005 y 290 mil en 2005–2010.

Cabe mencionar que estas cifras, en apariencia grandes, en su momento apenas se notaron, debido a que fueron eclipsadas por el enorme número de migrantes irregulares mexicanos. Desde 1990 hasta 2010, aproximadamente 22 millones de mexicanos fueron detenidos en la frontera, en comparación con los 911 mil no mexicanos (que representaban sólo 4% del total). A medida que la migración no autorizada proveniente de México se redujo después de 2007, la presencia de los migrantes del norte de Centroamérica entre los que cruzan la frontera de forma irregular comenzó a destacar cada vez más. Mientras que los mexicanos aún conformaban 92% de todas las detenciones fronterizas a finales de 2009, en 2019 su proporción había descendido a menos de 20%. Durante el mismo periodo, la proporción de detenciones con origen en el norte de Centroamérica se disparó de 7 a 74%, pasando de 39 mil a 608 mil personas.

El crecimiento del número de migrantes irregulares procedentes de las naciones del norte de Centroamérica fue particularmente intenso desde 2016 hasta 2019, cuando se triplicó el número de aprehensiones procedentes de esa región. A lo largo de la presidencia de Trump, los centroamericanos se convirtieron en la nueva cara de la migración irregular hacia Estados Unidos, lo que le permitió continuar con su satanización hacia los migrantes latinoamericanos para obtener beneficios políticos.

Los migrantes irregulares procedentes del norte de Centroamérica eran muy diferentes de los mexicanos que les precedieron. Después de 2008, lo que había sido una afluencia masiva de trabajadores mexicanos varones que cruzaban la frontera sin autorización en busca de empleo, fue sustituida por una afluencia menor de familias y niños originarios de la región norte de Centroamérica. En efecto, los aludidos migrantes no llegaban en busca de trabajo, sino de refugio frente a las condiciones de pobreza y violencia generalizadas, a causa de la intervención estadounidense en la década de 1980.

En ese sentido, de 2016 a 2019, las detenciones de personas que viajaban en grupos familiares se elevaron de 78 mil hasta 474 mil; por su parte, aquellas correspondientes a menores no acompañados crecieron de 60 mil a 76 mil. En contraste, los arrestos de adultos solos incrementaron de 272 mil a 302 mil tras caer a un mínimo de 187 mil en 2007. En cuanto a los menores no acompañados que fueron privados de su libertad, 79% procedía de las tres naciones del norte de Centroamérica, en comparación con 18% de México. Relativo a los grupos familiares, 92% era del norte de Centroamérica frente a sólo 2% de México. Únicamente entre los adultos solos continuaron predominando los mexicanos; no obstante, su presencia disminuyó con rapidez en el periodo de 2016 a 2019, pues la proporción de detenciones cayó de 77.2 a 49.6%.

En virtud de la legislación estadounidense e internacional, los migrantes que buscan protección ante las amenazas en sus países de origen tienen derecho a solicitar asilo en los puertos de entrada a Estados Unidos, ya sea en situación regular o irregular. De igual modo, tienen derecho a presentar una solicitud de asilo para evitar ser deportados u obligados a regresar tras vencer su visa, ello genera un proceso conocido como asilo defensivo. Históricamente, la mayor parte de las solicitudes de asilo en Estados Unidos se presentaba de forma afirmativa y no defensiva. Entre los migrantes del norte de Centroamérica que solicitaron asilo durante la administración de Clinton 60% lo hizo de forma afirmativa, frente a las cifras de 59% con Bush y de 60% con Obama.

Paradójicamente, entre 2016 y 2018 la proporción de solicitudes de asilo afirmativas se redujo de 64% a 46%, puesto que Trump devolvía cada vez más a los migrantes centroamericanos que llegaban a los puestos de control fronterizos en busca de asilo, impidiéndoles presentar solicitudes afirmativas. Tras languidecer en campamentos paupérrimos en el lado mexicano de la frontera, muchos de estos migrantes terminaron tomando cartas en el asunto y cruzaron a Estados Unidos sin autorización. A diferencia de los anteriores migrantes irregulares procedentes de México, quienes trataban de eludir la captura y avanzar rápidamente hacia un trabajo en Estados Unidos, los migrantes del norte de Centroamérica esperan encontrarse con un agente de la Patrulla Fronteriza tarde o temprano con el fin de poder presentar una petición de asilo, aunque sea de manera defensiva en vez de afirmativa. Así, Trump ha transformado una crisis humanitaria ligada directamente a acciones previas de Estados Unidos en una «crisis fronteriza» perpetuada por los «migrantes ilegales», quienes supuestamente traen consigo crimen, violencia y caos a Estados Unidos.

La fabricación histórica de la migración irregular

Los mexicanos han estado emigrando hacia Estados Unidos en cantidades significativas desde principios del siglo XX, en la década de 1980 se les unieron nuevos flujos de centroamericanos que buscaban escapar de la violencia y la agitación económica vinculada a la intervención de Estados Unidos en la región durante la Guerra Fría. A lo largo de los años, el hecho de que los migrantes que llegan sean acogidos como trabajadores necesarios y refugiados merecedores, o excluidos como contendientes no deseados y desafiantes criminales, ha dependido menos de las características y motivaciones de los propios migrantes que de cálculos políticos realizados por los responsables de la política estadounidense. Aunque el discurso público de los políticos y los expertos a menudo ha caracterizado a los migrantes irregulares como «ilegales» y «criminales», argumentamos que el estatus legal es en sí mismo una construcción social y política más que un atributo intrínseco de los propios migrantes.

En épocas de expansión económica y de fuerte crecimiento del empleo los inmigrantes del sur de la frontera suelen ser bienvenidos como trabajadores necesarios y, en diversas coyunturas históricas, su entrada fue fomentada activamente por la contratación pública y privada. No obstante, en tiempos de recesión económica y desempleo, los mismos inmigrantes se convierten de súbito en rivales no deseados para los puestos de trabajo «estadounidenses» y en beneficiarios indignos de recibir prestaciones sociales sujetos a políticas restrictivas de exclusión y expulsión. Aparte de las circunstancias económicas, el enfoque de los migrantes como bienvenidos o no bienvenidos sigue las corrientes ideológicas. Durante la Guerra Fría, los inmigrantes que abandonaban los países gobernados por regímenes de izquierda eran generalmente bienvenidos como refugiados y solicitantes de asilo (cubanos y nicaragüenses). En cambio, los que salían de países gobernados por regímenes de derecha eran considerados enemigos y excluidos como «inmigrantes ilegales», quienes no merecían el refugio o la ayuda de Estados Unidos (guatemaltecos y salvadoreños).

Nuestro análisis histórico de la migración irregular desenmascara la hipocresía, la doble moral y el racismo que han impregnado la política de inmigración de Estados Unidos en el curso de los siglos XX y XXI. Esta hipocresía se hace patente bajo el mandato del presidente Donald J. Trump, quien ha incrementado de modo drástico el tamaño y el presupuesto de la Patrulla Fronteriza, pretende inclusive construir un muro fronterizo de 3 mil km, a pesar de que la migración irregular neta ha sido nula o negativa en más de una década. En lugar de capturar a adultos mexicanos que se dirigen a puestos de trabajo en Estados Unidos, la Patrulla Fronteriza captura ahora a menores y familias centroamericanas que buscan refugio en Estados Unidos en vez de empleo. Las mujeres y los niños centroamericanos son canalizados hacia un brutal sistema de detención, esencialmente de propiedad privada, con el propósito de mantener la ficción de una «invasión ilegal» en curso, al tiempo que se refuerzan los beneficios de las empresas con estrechos lazos con el Partido Republicano. En paralelo, los trabajadores mexicanos se dirigen cada vez más a un sistema en expansión de migración laboral legal y temporal, en el que el gobierno federal trabaja en colaboración con contratistas y empleadores privados para garantizar un suministro constante de trabajadores flexibles para los intereses comerciales de Estados Unidos.

Aunque los migrantes irregulares que ingresan en Estados Unidos se componen en específico de trabajadores indios y chinos, que llegan con visas legales y luego violan los términos de esas visas, los costes de la aplicación de la ley en Estados Unidos son soportados principalmente por los latinos, que según los últimos datos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en 2018 constituyeron 97% de los detenidos en la frontera, 95% de los deportados desde el interior de Estados Unidos y 96% de los mantenidos en detención. Más grave todavía: estas deportaciones y detenciones incluyen a exsoldados estadounidenses con experiencia en combate, quienes han tenido crisis menores debido al trastorno por estrés postraumático (TEPT) y otras circunstancias (París, Buenrostro y Pérez, 2017), lo que subraya hasta qué punto los latinos han sido racializados como minoría no blanca y constata, además, la propia naturaleza racializada de la actual política inmigratoria de Estados Unidos.

La entrada masiva de inmigrantes avalada por ciudadanos y de trabajadores auspiciados por empleadores ha creado otro sistema estable de migración mexicana, en la cual los migrantes documentados circulan rutinariamente de un lado a otro de la frontera (Massey, Durand y Pren, 2015). En contraste, los mexicanos indocumentados están atrapados al norte de una frontera muy vigilada, en consecuencia su número decrece de modo constante gracias a una «formidable» maquinaria de detención y deportación; por su parte, los migrantes que llegan de Centroamérica en busca de refugio son criminalizados como «migrantes ilegales» y desviados a un sistema de detención privatizado (Meisner et al., 2013).

En el presente, los latinos constituyen 18.4% de la población estadounidense: 34.4% son nacidos en el extranjeros y 36.5% de todos los latinos extranjeros son indocumentados. Dos tercios de los residentes indocumentados han vivido en el país por 10 años o más y 88% de los niños que viven con ellos son ciudadanos nacidos en Estados Unidos (Passel y Cohn, 2018). Entre estos residentes de cinco años o menos, 26% son latinos, lo que enfatiza el potencial daño social, económico y psicológico que las políticas de inmigración están provocando ahora a la próxima generación de ciudadanos estadounidenses y que aquí hemos desenmascarado como arbitrarias, hipócritas y destructivas para el bienestar de la nación.

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