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Migración internacional y solidaridad: los albergues y las casas de migrantes en México

International migration and solidarity: Mexico’s migrant shelters and safe houses

Recibido 14/05/21 | Aceptado 01/06/21

Rodolfo Casillas R.*

* Mexicano. Profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
Correo-e: rodolfo.casillas@flacso.edu.mx

Resumen. Los albergues y las casas de migrantes son el esfuerzo social más logrado en el acompañamiento y atención a los migrantes internacionales que transitan por México. La mayoría de ellos tienen al menos un componente católico. En este texto se abordan algunas de las complejidades (intraeclesiásticas, pastorales, financieras, jurídicas, recursos materiales y humanos, inseguridad) que enfrentan a fin de existir y actuar. Se aquilata su labor y se señalan algunas de sus principales características que distinguen unos albergues de otros en un entorno social y eclesial cada vez más difícil y problemático. Se concluye que su labor sigue siendo vital para los migrantes, para la convivencia social en los lugares de tránsito migratorio y para la gobernabilidad, aunque se encuentran en riesgo de ser rebasados por la inseguridad pública, la creciente demanda de atención por parte de los migrantes y la urgente necesidad de nuevos mecanismos de cooperación institucional.

Palabras clave: albergues/casas de migrantes, Iglesia católica, pastoral social, fuentes de financiamiento, migrantes en tránsito, solidaridad.

Abstract. The most effective social reponse in the effort to bring attention and accompaniment to international migrants who pass through Mexico are the migrant shelters and system of safe houses. The majority of these are tied in some way to the Catholic Church. This article examines some of the complexities (intra-ecclesiastic, pastoral, financial, juridical, material and human resources, insecurity) that they face in order to exist and to act. Assesing their work and identifying some of the principal characteristics that distingish some shelters from others in a social and ecclesiastic context is increasingly difficult and problematic. It concludes that their efforts continue to be vital for the well-being of migrants, for the social coexistence in places of migrant transit and for its management, although they are at risk of being overcome by public insecurity, the growing need for support on the part of migrants, and the urgend need for new kinds of institutional cooperation.

Keywords: shelters/safe houses, Catholic Church, social outreach, funding sources, migrants in transit, solidarity

A la memoria de Pedro Pantoja Arreola¹

Presentación

México es la antesala obligada para los migrantes que van al norte continental, más a Estados Unidos que a Canadá. Es también escenario de expresiones diversas de solidaridad con esos seres errantes que llevan su historia, cultura, identidad, religión y esperanzas a cuestas. A continuación presento una reflexión general sobre las complejidades intraeclesiásticas, financieras y de actuación social que enfrentan los organismos de identidad católica en albergues y casas de migrantes en su solidaridad hacia y con los migrantes internacionales en tránsito por México.

Ningún migrante indocumentado cuenta con garantía plena para transitar por México y llegar a su destino en Estados Unidos sin menoscabo de sus bienes y sin exposición de su integridad física con riesgos de distinta índole. Desde hace años migrar por México sin papeles es cuestión de vida o muerte por el saqueo y abuso de su vulnerabilidad; esos mismos dilemas de vida o muerte, desde tiempo más reciente, son parte de aquellos que se pronuncian y trabajan en defensa de los migrantes. El secuestro y la muerte representan el eslabón más reciente en el proceso delictivo. Sólo en términos relacionales es posible justipreciar esa difícil labor que debe atender diversos frentes de manera simultánea y que no se limita a abrir la puerta al migrante, atenderlo por unos días y luego verlo partir; hay antecedentes, bagajes y prácticas sociales e institucionales que escapan al ojo acostumbrado a ver lo inmediato y superficial.

Legados y antecedentes

En un primer momento, los organismos humanitarios surgen como instancia social necesaria para la protección de los derechos de los migrantes frente a los mandatos inaceptables de la ley estatal, de su aplicación desvirtuada o de su actuación equívoca del personal gubernamental. Hoy, aunque esa meta se mantiene vigente, se le ha agregado otra: la lucha contra el delito que en cualquier momento y espacio social daña también al migrante y a su familia. Con frecuencia, este último lo efectúan actores sociales de modo independiente, en otros en complicidad con empleados del Estado. La labor humanitaria, por ende, actúa en varios frentes al unísono, aunque no siempre coordinada como se verá posteriormente: a) brinda atención directa al migrante que lo requiere; b) realiza gestiones ante instancias públicas; c) procura recursos para la realización de su cometido; d) cuida a los migrantes, al personal humanitario y a las instalaciones de los abusos y delitos que los mencionados efectúan; e) en lo posible actúa en amplias redes en los contextos regional, nacional e internacional; f) los de corte eclesial, buscan apoyos internos para poder ser y actuar. ¿Cómo se ha llegado hasta ahí?

En México, la solidaridad organizada con el migrante internacional tiene una identidad abrumadoramente católica, ya sea por el número de organismos laicos y religiosos que la practican, ya sea por la filosofía eclesial o secularizada que priva en gran parte de esos organismos (la mayoría de los albergues y casas de migrantes tienen una impronta católica, de ahí que este análisis se centre en ellos. Hay iglesias cristianas no católicas que también asisten a sus fieles durante la migración, pero lo hacen de preferencia por canales y medios de mínima exposición pública, ello merece un análisis aparte, al igual que los de naturaleza y proceder sin bagaje ni compromiso confesional). Esa particularidad católica en México contrasta con la que se presenta en Estados Unidos y en Centroamérica, es más evidente en la primera que en la segunda debido a las distintas participaciones eclesiales y laicas que son más diversas que en el caso mexicano.²

En tanto que la mayoría de la población migrante centroamericana, que es la que más transita y llega a México, es cristiana en alguna de sus vertientes, aunque un poco más en la católica, existe un elemento en común que facilita el encuentro entre migrante y organismo humanitario: el cristianismo. Históricamente, los inmuebles eclesiásticos han sido de igual modo santuarios de protección y no sólo espacios de oración, además su personal muchas veces es requerido para hacer labor humanitaria extramuros eclesiales; de esa vetusta tradición emana el albergue al migrante, que ya en los tiempos modernos se puede ubicar en espacios y conducciones laicas, más o menos cercanas/distantes de la mano obispal, incluso eclesial. Así, cuando ocurrió la llegada masiva de solicitantes de refugio (guatemaltecos en su mayoría) en la década de 1980 (Aguayo, 1985; Kauffer, 2005a y 2005b; Rodríguez , 2003), emergieron dos grandes vertientes de atención, ambas de la Iglesia católica en Chiapas: a) el comité de ayuda a refugiados que, desde la diócesis de San Cristóbal de las Casas, hizo un compromiso explícito con el refugiado como tal; b) el comité de ayuda al inmigrante fronterizo (Codaif), desde la diócesis de Tapachula, que desde su aséptico enunciado evitaba comprometerse con una causa en particular, tampoco daba margen a tensiones y conflictos con el Estado mexicano, como sí ocurrió con la anterior, encabezada por el obispo Samuel Ruiz (Casillas, 2003).³

La inmediata creación de comités prozapatismo en el mundo occidental, en específico, después del levantamiento indígena zapatista en 1994 en Chiapas (Legorreta, 1998), resultaría inexplicable sin la base social y las redes internacionales de apoyo creadas para los refugiados de los 1980; esfuerzos en buena parte sufragados con recursos de Europa occidental que por ese entonces vivía cambios políticos a raíz del eurocomunismo y la llegada al poder gubernamental de partidos de corte socialista o socialdemócrata. Sin uno y otro antecedentes, sería igualmente inexplicable la emergencia de nuevos organismos civiles para la defensa de los migrantes en tránsito o la conversión de algunos preexistentes al nuevo flujo migratorio a partir de la década de 1990.⁴

En los 1980 existía la preocupación en algunos sectores mexicanos acerca de los alcances territoriales de los conflictos político-militares en Centroamérica (Sierra, 2003). En aquellos tiempos, la teoría del dominó que de manera mecánica presagiaba en la lógica de la Guerra Fría, si antes cayó Cuba, ahora cae Nicaragua, le sigue El Salvador, luego Guatemala y de ahí el sur de México, tan cercano en muchos sentidos a Centroamérica. De ahí la necesidad de reforzar por distintos medios la frontera sur. Previamente, durante el echeverriato (1970–1976) se había modificado el estatuto territorial en el sur fronterizo, al crear entidades federales (por ejemplo, Quintana Roo, 8 de octubre de 1974), lo que significaba que sus autoridades estatales serían producto del sufragio electoral, y no nombrados directa y legalmente por el presidente del país, como ocurría hasta ese momento. Es decir, nuevos estados federales con electores nuevos; nuevos como electores de sus gobernantes, pero sobre todo nuevos porque un segmento importante lo constituían flujos de migrantes internos llevados, inducidos, alentados gubernamentalmente a poblar esa parte del sur nacional y otro segmento significativo era de flujos de guatemaltecos refugiados recién reubicados en ese estado a partir de los 1980 en Quintana Roo, Campeche (Kauffer, E., 2002). Los cambios demográficos conjugados con cambios en estatutos legales, en un escenario fronterizo colindante con sociedades en conflicto (Guatemala) o de reciente reformulación como Estado nación (Belice, 8 de octubre de 1974) y sujeto a acelerados procesos de movilidad humana y migración internacional, complicaban la conducción gubernamental mexicana, por eso se exacerbaba el celo del Ejecutivo federal hacia las fuerzas sociales emergentes, máxime si se conducían de manera alternativa al status quo (Todorov, 2008; Villafuerte, 2008).

Con la incorporación de la figura de refugiado en la década de 1990 a las leyes nacionales, se ampliaba el espectro jurídico que incluía a los guatemaltecos (y otras nacionalidades, aunque su número fuera menor) que, como refugiados, habían sido reubicados en diferentes municipios de Chiapas, Campeche y Quintana Roo. Con el tiempo, esos refugiados, no todos, devendrían mexicanos por naturalización y padres de otros mexicanos por nacimiento (sus hijos), esto es, población mexicana nueva que, para serlo culturalmente, tendrían necesidad de refuerzos estatales. Con el propósito de responder a ello el gobierno federal diseñó y puso en marcha, en la administración de De la Madrid, el Programa Cultural de las Fronteras, pues el desafío no era sólo de identidad política nacional sino de gobernabilidad.

En los aludidos 1980 sucedía otra innovación con mayor incidencia en el sur sureste mexicano: la pluralidad cristiana con mayor visibilidad en localidades rurales, pobres e indígenas. El sureste mexicano se convirtió en escenario de disputas entre cosmovisiones cristianas, de proyectos de iglesia y sociedad, de presente y futuro (Casillas, 1989). En ambos tiempos estaban presentes los migrantes: documentados o no, refugiados o no, migrantes regionales o no. Por ejemplo, los agrupamientos en los campamentos de refugiados guatemaltecos, incluso la ubicación espacial de los grupos familiares y la organización al interior de ellos, respondía en parte a elementos identitarios (lengua y religión), y no sólo al momento y lugar de llegada, a la logística gubernamental, a la labor humanitaria de organismos civiles y confesionales concurrentes.

Algo más había en juego, pues en Centroamérica, en la región andina y en parte del cono sur, también se observaba ese crecimiento cristiano, evangélico, de otras trayectorias bíblicas y de las católicas Comunidades Eclesiales de Base (CEB) que constituían una propuesta pastoral diversa a la eclesial católica tradicional y que acercaba a los partidarios de esas comunidades con organizaciones políticas de izquierda. ¿Cómo reforzar la evangelización católica entre indígenas y pobres centroamericanos migrantes sin favorecer disidencias intra eclesiales y sin que ellas alimentaran tensiones entre la Iglesia católica y el gobierno mexicano? ¿Cómo acompañar a los indígenas zapatistas sin riesgo de adscribir las organizaciones católicas a propuestas que, desde cierta lógica, eran ajenas a la Iglesia católica, por la presencia evangélica y de intereses partidarios de izquierda? ¿Habría que retirarse y dejarles el campo libre a esas organizaciones diversas y retrotraer a los agentes de pastoral intramuros? ¿Las posibles pérdidas de fieles, de darse el retiro, se limitarían a la región o tendría efectos similares en el sur del río Suchiate, es decir en Centroamérica y allende al sur de ella?

El sur sureste, y más Chiapas, era en aquel tiempo escenario social de distintas problemáticas políticas, religiosas, migratorias, que se entremezclaban cotidianamente y ponían a prueba los marcos analíticos, en particular la actuación de gobernantes y cuerpos institucionales de la época. Eran los tiempos de los organismos no gubernamentales (ONG), para enfatizar que no había relación con el gobierno, que se era anti y no progubernamental, en respuesta reactiva a la trayectoria gubernamental de actuar preferentemente y, en ocasiones, de manera exclusiva con las instituciones y corporaciones proestatales; de confrontación más o menos democrática con las estructuras verticales de poder público. De ahí que el parto de los organismos pro migrantes fuera más doloroso, más costoso socialmente y más lleno de equívocos por parte de distintos participantes, independientemente del sector u organización de adscripción.

Había, asimismo, un antecedente erróneo. Con la separación del Estado y la Iglesia católica, y en general de todas las iglesias, conforme a la Constitución de 1917, legalmente las iglesias carecían de personalidad jurídica en México hasta antes de 1992. No existían ante la ley, aunque existían y se extendían socialmente. Entonces øde qué forma podía proceder el Estado ante lo que jurídicamente no existía?, øcómo podía lo inexistente religioso ser un interlocutor ante el Estado? Mediante personalidades jurídicas diversas (asociaciones civiles, por excelencia, en los ámbitos de acción o asistencia privada) se crearon las mediaciones para el encuentro, la convivencia y la atención de los temas de interés común entre las instituciones distanciadas y separadas en lo jurídico. Dicha diversidad de personalidades jurídicas permitió al conjunto de iglesias, y no sólo a la católica, aunque fuera ésta la que más presencia desarrollara, poder actuar socialmente en los campos de cultura, educación, filantropía, asistencia, capacitación técnica, en el desarrollo de proyectos productivos, etcétera, y en la atención a las poblaciones desplazadas.

Si a ello se agrega la presencia de dos estructuras diferentes dentro de la Iglesia católica (clero secular y clero regular) (Casillas, 2003), ambas actúan de modo directo en la sociedad conforme a los mandatos específicos que les son propios, en un territorio mexicano segmentado conforme a dos lógicas disímiles (provincias y jurisdicciones episcopales), con distintas autoridades (provinciales y obispos). Se tiene una gran complejidad de relaciones que difícilmente se puede traducir en una acción sola, suficientemente coordinada, acatada y cumplida en tiempo y forma por todos.

La multiplicidad de figuras jurídicas dio lugar a la participación de laicos con diferente bagaje sociocultural en los frentes y actividades sociales, con sus propios mecanismos y formas de relación con los obispos (que conforme al Derecho Canónico, son la autoridad suprema en la jurisdicción que les asigna directamente el pontífice romano, al único al que le rinden cuentas, y el único que les nombra y puede remover) y también con autoridades provinciales del clero regular o sus designados. Dicho de otra forma, esos cuerpos laicales —mediaciones necesarias entre las partes—, con el paso del tiempo terminaron adquiriendo autonomía relativa de las mismas partes, tanto de las (autoridades eclesiales) que las generaron como de las otras (autoridades estatales) con las que tenían que dialogar.

Las mencionadas autonomías relativas se observan en la cantidad y diversidad de organismos que asisten a los migrantes internacionales en México. Tienen en común el tema migratorio, pero no hay una lógica única que les oriente en lo social, lo pastoral, las formas de estructurar sus identidades, de realizar sus funciones, de definir su ámbito de competencia, de relacionarse con los diversos interlocutores, de dar cuenta de sus logros y resultados. En efecto, se generó una especie de doble identidad: a) En lo formal, hubo quienes dotaron a su organismo de un nombre «entendible» en la lógica laica y de la cultura política institucional, lo que facilita(ba) la comunicación con los sectores intraeclesiásticos y funcionarios gubernamentales. b) En lo real, en algunos casos, con formas de conducción colegiadas para la organización de las tareas diarias a fin de facilitar la comunicación con sus pares y la población migrante, en un diálogo horizontal, como ocurrió en Saltillo bajo el tenaz impulso del Padre Pantoja, quien por su trabajo social vio la urgente necesidad de generar un espacio santuario para los migrantes y actuó en consecuencia.

De la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), que es una instancia colegiada de la Iglesia católica, emana la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana (DPMH) que, entre sus funciones, destaca la coordinación con los albergues y casas de migrantes. Es importante aclarar que albergues y casas no necesariamente dependen económica, jurídica, organizativa, políticamente de dicha DPMH, ni de la CEM, pues hay casos en que sus directivos son laicos nombrados por mecanismos e instancias laicas, con patrocinios económicos laicos, así como hay otros que responden a instancias eclesiales, pero que no por ello tienen relación de subordinación con la DPMH. Hay algunos casos en que sí, y es el obispo quien nombra un encargado de atender a los migrantes. Los antecedentes citados permiten entender esa diversidad de formas de relación y de colaboración, en el mejor de los casos, en ese mundo intraconfesional de autonomías relativas.

También están las órdenes religiosas dedicadas a los migrantes. Los scalabrinianos, son la única orden católica que nace con mandato unívoco y clarísimo de atender a los migrantes. Hay otras organizaciones (regulares o diocesanas) que, sin tener ese mandato exclusivo, atienden a migrantes en tránsito, como lo hacen los jesuitas, dominicos y franciscanos, por citar sólo algunas; de igual modo, los encuentros de obispos canadienses, estadounidenses, mexicanos, centroamericanos y caribeños que, en conferencias ad hoc, reflexionan en cómo articular su labor pastoral en la migración internacional.

La DPMH asegura tener algunas decenas de albergues y casas de migrantes en México y que involucra un poco más de 500 personas, entre miembros del clero, de determinadas adscripciones religiosas (monjas, misioneras, etcétera) y laicos. Sería deseable contar con un directorio que precisara número, localización, actividades y demás información de pertinencia pública. Ello no se ha conseguido en buena parte porque no existe una estructura unificada que lo permita, o bien porque no se ha logrado una metodología y acuerdos que permitan precisar el tipo de relación real entre albergues y casas de migrantes con la DPMH, asimismo, también debido a subjetividades que declinan hacia la segmentación, la atomización y falta de transparencia. Para decirlo en lenguaje confesional, en el medio humanitario hay muchas capillas, algunas se sienten y se conducen como catedrales, pues tienen «sus» migrantes y evitan compartirlos o compartir información sobre ellos. Falta una buena dosis de ecumenismo católico, de ecumenismo cristiano y de prácticas sociales de inclusión, ya que atomizaciones y apropiaciones son igualmente encontrables en organismos humanitarios que, sin impronta confesional, también se dedican a la atención de migrantes y presentan tareas similares. A la luz de los antecedentes de conflicto, tensión y desencuentro mencionados, compartidos por organismos laicos y de humanistas sin compromiso confesional, es entendible, así sea injustificable, la citada pulverización y la débil voluntad por superarla. Aparte de que la solidaridad con los migrantes no es un valor común en todos los niveles eclesiásticos. No hay una sola pastoral social. No hay una sola cosmovisión católica que el clero, secular y regular, respete y practique, como, a contrapelo de las expresiones de solidaridad con el migrante, se sintetiza en el siguiente anuncio puesto en una iglesia católica que, cabe aclarar, fue retirado luego de protestas de otros sectores católicos afectados.

No obstante, es necesario hacer referencia más detallada a las contribuciones humanitarias, que son de singular valía. Uno de los temas que provocan más incógnitas es el del financiamiento, de ahí que presente a continuación un segmento que ilustre sobre su complejidad particular.

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Ningún organismo civil que atienda a los migrantes es autosuficiente, y difícilmente generan cierto recurso económico. Existen limitaciones de ley muy precisas como se verá más adelante. Eso los hace absolutamente sociales, no sólo por su objetivo de servicio al migrante, sino también por los patrocinios en dinero y en especie que reciben, que incluye la labor desinteresada de quienes como voluntarios ofrecen su trabajo sin remuneración alguna, o bien, de menor monto. Las fuentes institucionales de financiamiento son internacionales y nacionales; de instancias públicas, otras privadas o de agencias internacionales (confesionales o no); confesionales o sin compromiso religioso; en dinero y en especie; para tareas específicas o generales regularmente por tiempos definidos; algunas son aportaciones únicas y otras renovables; casi todas sujetas a procedimientos que incluyen la presentación de un proyecto o convenio, de informes parciales y finales, que comúnmente son documentos privados, en específico los financieros (la nómina y el ejercicio presupuestal es, a menudo, confidencial, en ocasiones no los conoce al detalle ni el donante).⁵ A las fuentes institucionales se agregan las sociales, mayoritariamente locales y (pocas) nacionales, que son en particular casuísticas y sujetas a múltiples variables (lo que las hace de menor consistencia que las institucionales).

Dicha diversidad de fuentes podría dar la impresión de abundancia, hecho que sería incorrecto: son muchas porque las problemáticas en el mundo son asimismo muchas, y ese amplio mundo de donantes (sobre todo los institucionales e internacionales) establece sus agendas, prioridades, tiempos, procedimientos de gestión, regiones de interés, criterios de selección, etcétera, que a fin de poder participar se requeriría de conocimiento, relaciones y experiencia en la procuración financiera y la Iglesia católica no prepara en sus seminarios a cuadros para economía, sino para la salvación de las almas (habría que recordar que el personal «fijo» o duradero en varios de los albergues en México tiene formación y adscripción clerical). Por otra parte, la relativa juventud de las instancias sociales llamadas organismos de la sociedad civil (OSC)⁶ y las vicisitudes antes referidas, dan elementos que conducen a hablar de una experiencia acotada, en general, en la gestión de recursos; de ahí que en los organismos humanitarios dedicados a migración y derechos humanos, en concreto, se observe la renovación de participantes con bastante frecuencia, con un distintivo común: casi todos son jóvenes e inexpertos. En efecto, el número de personas que pueden dar testimonio de larga trayectoria en la defensoría de los migrantes es reducido y, en la mayoría, predominan los de formación o adscripción religiosa; no obstante, muy pocos saben de gestión financiera.

Debido a esa combinación de elementos a la luz de las innovaciones en el marco constitucional de México de 1992 en materia religiosa, en que se establecen bases para el otorgamiento de personalidad jurídica a las iglesias, y se precisa en el reglamento correspondiente la participación de ellas y sus agentes de pastoral en labores de asistencia privada,⁷ pero no pública, así como el posible acceso a las fuentes gubernamentales de financiamiento, cabe ampliar este aspecto legal y su puesta en práctica.

¿Por qué algunas iglesias desarrollan una labor asistencial en la sociedad y otras no, fuera de los recintos sacralizados, con actividades no necesarias ni directamente vinculadas al culto religioso? La respuesta es esencial para entender que, aunque en el país existan poco más de 9 mil 619 Asociaciones religiosas registradas al 11 de junio de 2021 (3 mil 560 católicas) ante la autoridad gubernamental competente (Segob, 2021), de acuerdo con la clasificación gubernamental, que pueden desarrollar actividades de asistencia privada de manera legal, no todas lo hacen y, entre las que sí lo hacen, tampoco se pueden catalogar cada una de sus acciones, ni las de sus fieles, como convergentes a un solo modelo de sociedad, a un solo modo de interactuar con otros actores sociales, sean estatales o no.

Aunque las iglesias en general tienen una cosmovisión, es decir una visión de la sociedad, no todas desarrollan un trabajo social extramuros o que pueda verse como desvinculado de la labor central de la fe y la oración. Ello debido a la lectura del texto bíblico o sagrado; a que consideran que esas labores tenía que efectuarlas el Estado; a que conforme su parecer las dependencias de gobierno competentes lo hacen bien y, por tanto, hay que servirse de ellas (incluso si lo hacen mal), como ocurre en materia de educación pública a juicio de la mayoría de las iglesias protestantes y evangélicas, por citar un ejemplo. En otro nivel, a que desconocen la existencia de programas, normatividades; a su inexperiencia institucional en la gestión pública; a que no cuentan con personal capacitado; a sus malas experiencias, etcétera. En consecuencia es viable distinguir entre las iglesias que sí participan de ese esquema y actúan de manera directa, a la vez que promueven, patrocinan, encabezan, respaldan la creación, existencia y actividad de organismos laicos al efecto; y otro sector eclesiástico o religioso que no participa de dicha concepción y práctica, en todo caso deja las posibles participaciones de sus fieles en procesos sociales a su iniciativa personal. Es decir, es desde la posición de las iglesias, las religiones y sus fieles que es preciso considerar parte de la respuesta a dicha temática. Esto ayuda a entender que sean organismos católicos en particular, así como algunas órdenes religiosas, los que sí actúen en atención migratoria y, entre todos ellos, sólo algunos accedan a determinado tipo de fuente de financiamiento; cosmovisión y pastoral social influyen notablemente en este aspecto.

Aquellas iglesias que sí desarrollan un trabajo social y alientan la creación de organismos laicos manifiestan diferencias que deben valorarse. De inicio, es difícil considerar la existencia de una sola pastoral social. Es más aceptable hacer alusión a varias pastorales sociales al interior de una sola iglesia, el caso más ilustrativo de la diversidad de pastorales intraeclesiásticas es el de la Iglesia católica,⁸ con más o menos respaldo de las cúpulas religiosas en distinto momento y circunstancia. Paralelamente, ha permitido el desarrollo en el tiempo de diferentes concepciones relativas a qué causas sociales deben atenderse, en qué actividades sociales hay que incursionar, a qué grupos sociales hay que atender, cómo debe hacerse y con quién. En ese sentido, habrá instituciones⁹ que se dediquen a la atención de menores abandonados, con problemas congénitos de salud, a ancianos, a migrantes; también habrá otras que se dediquen a capacitar para el empleo o autoempleo, patrocinar proyectos de inversión, productivos o comercialización. Las maneras de y con quién hacerlo pueden ser diferentes

La heterogeneidad del quehacer de dichas organizaciones es visible a través de los ejemplos concretos de las formas de operar de albergues y casas de migrantes en la actualidad. Éstas pueden brindar distintos servicios (asesoría jurídica, médica, educativa, de capacitación, etcétera). En términos de migrantes en tránsito, se observan diferentes ofrecimientos de hospedaje (que van desde la modalidad de hospedaje por 24 horas, hasta modelos de tres días y tres noches); alimentos (dos o tres comidas diarias); ropa (donaciones de chamarras, pantalones y zapatos); atención médica (a enfermos, ofrecimiento de medicamentos o a consecuencia de mutilaciones por accidentes en el tránsito, por ejemplo en tren); servicios educativos (charlas orientativas, clases de inglés, talleres sobre derechos humanos, habilidades específicas como trabajo en papiroflexia o estambre); gestión del recibo de remesas desde el extranjero; apoyo en procesos de solicitudes administrativas frente a las autoridades mexicanas (solicitud de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), gestión en el Programa de Regularización Migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM), interposición de denuncias por violaciones a los derechos ante las comisiones Nacional o Estatal de los Derechos Humanos).

Adicionalmente, los servicios que se ofrecen muestran múltiples formas de gestión y organizaciones que responden a reglamentos establecidos de acuerdo con los repertorios de recursos de cada organización (casas o espacios habilitados para oficinas bajo préstamo, arrendamiento, comodato). Tales reglamentos norman distintas dimensiones de la estadía: cantidad de tiempo a permanecer (24 horas, tres días, periodos indefinidos para recuperación física, etcétera); compromiso por el respeto a las personas encargadas del albergue y los compañeros; prohibiciones directas de relación con figuras como traficantes de personas; normas de orden, aseo y limpieza general; negar el ingreso a personas en estado de ebriedad o bajo el efecto de alguna droga, así como el consumo de dichas sustancias en las instalaciones; limitaciones a actividades únicamente dentro de los inmuebles habilitados; chequeos corporales para evitar la introducción de drogas, alcohol o armas; separación de espacios para hombres y mujeres; horarios de llegada y salida del albergue para quienes deban realizar diligencias fuera; entre otras normas particulares. Cada albergue tiene su propia disposición de servicios y reglamentación, las mencionadas con antelación responden a la lógica previa a la pandemia de la covid-19, la cual afectó de múltiples maneras ese proceder y todavía no es posible hacer un pronunciamiento sobre las afectaciones causadas dado que la contingencia sanitaria continúa al momento de redactar este texto.

Esta diversidad de servicios, así dicha, no permite distinguir la cosmovisión ni la pastoral social católica que alienta ese proceder. Esa ausencia de indistinción caracteriza, en términos generales, los análisis hechos sobre los albergues que, por lo general, hacen hincapié en sus aspectos humanitarios sin detenerse a analizar el bagaje y las articulaciones sociopastorales. Por razones de espacio, la aludida labor no se incluye en el presente texto, pero, sintéticamente, refiero elementos centrales que han hecho, de la labor encabezada por el hoy ausente Pedro Pantoja, un caso ejemplar, único en México: un modelo de atención social horizontal, con división técnica de trabajo, mas con facilidad para que cualquier persona pudiera integrarse a otra actividad dentro del albergue. Un albergue abierto para recibir al migrante y darle de comer al recién llegado a cualquier hora; un albergue que no lanza a la calle al migrante durante su estancia transitoria; un albergue que organiza sistemáticamente actividades de información y orientación, conferencias, que alerta al migrante sobre sus derechos y ejercicio de los mismos; un albergue que desarrolla vínculos sociales, institucionales, intra y extraeclesiales, entre otras características sólidas. Los demás albergues quedan en la tradición asistencialista y resignación; el de Saltillo, por ejemplo, permanece en la construcción de una sociedad incluyente, sin distingos ni explotaciones.

Las anteriores formas particulares de organizaciones guardan, asimismo, relación con los recursos que disponen. Existe una amplia trama de participaciones tan compleja como las razones que originan su existencia organizacional en un momento dado. En tanto existen esas diferencias, enfoques y razones el resultado observable en la sociedad es de asimetrías en el acceso a los recursos, las actividades realizadas, los grupos sociales beneficiados, las regiones atendidas, el horizonte temporal de trabajo social que, a simple vista, pueden achacarse a causas externas a los albergues y casas de migrantes, para precisar la materia de este escrito. Por lo dicho, la inequidad en el acceso a los recursos públicos no es producto unicausal, ni del Estado ni de una Iglesia en particular o varias de ellas, ni de un grupo de organismos laicos. La inequidad, en cualquier caso, sería más sólidamente explicable como resultado de un conjunto desigual de participaciones, tal y como ya se había explicado, imputables a razones jurídicas, políticas y de administración pública, pero también a sociales y religiosas.

Lo anterior no implica desconocer que hay instituciones religiosas, organismos laicos y creyentes que bien han sabido aprovechar el marco legal prerreforma y posreforma constitucional de 1992 en materia religiosa para distintos fines. Sin embargo, sería equívoco pensar, por ejemplo, que todo el empresariado católico destina parte de sus haberes al patrocinio de organismos y obras sociales por el simple hecho de que, de este modo, deja de pagar impuestos al Estado, así sea el tema de las exenciones fiscales un tópico pendiente de transparentar de parte de las autoridades hacendarias del país, y evitar la gravísima fuga de capitales mediante el aprovechamiento de vacíos de ley o retruécanos hábilmente incluidos en las leyes correspondientes. El asunto es de otro tenor y reviste una complejidad particular: la acción puede responder a una cosmovisión religiosa que motiva al creyente a distribuir una porción de sus ingresos entre sectores vulnerables por los medios y vías más acordes a su modelo de sociedad, lo cual, a la vez, permite que entre los receptores del beneficio se propague el modelo social deseado por los promotores de la acción benéfica y de ese modo ganen adeptos o simpatizantes para una causa determinada. Ello significa que se alientan las adscripciones religiosas y sociales con la práctica, con los medios y formas de organización deseados y posibles de acuerdo con la visión religiosa y los recursos sociales con apego al marco legal vigente. Si se prefiere, se trata de formas sociales de reproducción de una cosmovisión confesional con el concurso de organismos laicos, que, habría que recordar, no siempre son dependientes ni subordinados incondicionales de las jerarquías eclesiales.

En efecto, en México la Iglesia católica es una institución religiosa permisiva, a pesar de sus innegables intolerancias y contradicciones, como ocurre en el mundo con toda organización que aglutina a millones de miembros dispersos en decenas de países, en distintos continentes y con larga data de existencia (1 billón 328 millones 993 mil católicos de un total de 7 billones 496 millones 394 mil personas en 2018, según Fides, 2021). En ese sentido, es posible establecer una relación de doble vertiente entre institución religiosa y feligresía con intercambios no sólo doctrinarios, sino también sociales, económicos, de cosmovisión y producción social, con referencias comunes e independencias relativas. De ahí que varios sectores de la feligresía católica puedan normar su proceder individual y social conforme a sus intereses particulares, aunque éstos difieran del mandato eclesiástico del momento, como ocurre en temas de diversidad sexual, aborto y educación para no circunscribir necesariamente la reflexión al tópico de la asistencia al migrante y su práctica con mayor o menor apego a la instrucción del episcopado, vía la DPMH.

Hay, en contra partida, un conjunto más de organismos y creyentes que han optado por hacer caso omiso de desarrollar obra social que no sea la estrictamente vinculada a su particular noción de religión, o lo que hacen lo financian sin considerar los fondos públicos de coinversión social del gobierno mexicano, entre otros posibles. Esta labor sin el concurso de los fondos públicos, aunque sin duda alguna restringe el alcance de su obra, no la hace menos oportuna, indispensable e importante tanto para quienes la realizan como para quienes la reciben. No obstante, muestra efectos diversos y no siempre positivos: a) en el plano social, el alcance en tiempo y espacio es menor; b) en el eclesiástico y religioso, la presencia y actividad es crecientemente asimétrica, sujeta a los altibajos propios de un flujo irregular de recursos financieros; y c) en el de política pública, se deja de favorecer el carácter mixto y multisectorial que refuerza la participación democrática cotidiana.

Entre estas modalidades extremas existe un amplio abanico de situaciones de participación restringida, imputable a razones de lo más diverso y entre las cuales, quizá, sería más pertinente hablar de cómo ocurre la inequidad de acceso a los recursos públicos, a las donaciones privadas y a fondos multisectoriales. La diversidad de situaciones hace imposible cualquier generalización sobre ellas (o llevaría a una extensa exposición que rebasa los horizontes del presente texto), aunque sea indudable su presencia social, casi siempre renovable ante la corta vida de sus organismos y compromiso perdurable de quienes los integran.

Las actividades de asistencia a los migrantes con patrocinio religioso no pueden verse sólo en su lógica misma sino como parte de una cosmovisión que se difunde y propone al conjunto social y sus instituciones. La expresión pública por un modelo de sociedad (por poco definido que sea en su exposición pública), de aceptación o de rechazo de programas o acciones específicas de los gobiernos en turno, ha sido práctica eclesiástica común, en particular a la católica y sus organismos laicos. Empero, gracias a la reforma de 1992, este tipo de práctica ha sido más común pues su personalidad legal se los facilita. Desde ese punto de vista es entendible su expresión pública y también legal. El asunto es qué tanto se fortalece a la sociedad y sus instituciones, qué tanto se contribuye a la equidad o no, qué tanto a la democracia, al respeto a la pluralidad, a la tolerancia, a la convivencia con la otredad, extranjera o no. Es, quizá, desde tales referentes que debiera analizarse la participación religiosa, no siempre eclesial, en los procesos de asistencia a los migrantes, los términos en que ella ocurre y hacia dónde apunta.

La sociedad mexicana no cuenta con un conocimiento suficiente de la problemática en cuestión para justipreciar qué hacen o dejan de hacer las religiones e Iglesias en dicha materia, ni el Estado mexicano se ha dado a la tarea de reunir los necesarios elementos de juicio para actuar en un sentido u otro, aunque estén al alcance, dispersos, pero a la mano. Lo anterior no niega que la participación religiosa continúe en materia migratoria. A la luz de la historia, no sería recomendable intentar impedir dicha participación, que fue una tentación presente en distintos órdenes de gobierno en los 1980, 1990 y lo que va del siglo XXI, pues las experiencias nugatorias lo único que han logrado es que ocurra de manera disfrazada, oculta, de manera conspirativa; y cuando las condiciones han permitido salir públicamente, lo ha hecho con grandes resentimientos, conmociones inmediatas y con largos procesos de ajuste social.

Si bien existen elementos doctrinales que impiden, restringen o alientan la acción social de las Iglesias y sus organismos laicos, hay un conjunto de elementos diversos a considerar por unas y otros si desean acceder a los fondos gubernamentales. Entre esos elementos destacan los relativos a la complejidad, modalidades de actuación de la administración pública, reglamentaciones sectoriales y por dependencia, que de carecer del conocimiento necesario, los recursos humanos y materiales, así como de capacidad de gestión, simplemente no hay manera de conseguirlos. En ese sentido, más allá de lo doctrinario, importa que las Iglesias y sus organismos cuenten con la capacidad necesaria, la cual es producto de un proceso histórico de aprendizaje, o bien adquieran dicha competencia, al preparar sus propios cuadros o bien al recurrir a los servicios profesionales de gestores de proyectos. La Iglesia católica tiene amplísima experiencia en la procuración de recursos en general, pero no necesariamente en lo referente a la migración internacional en México. Por eso la situación de los albergues y casas de migrantes es muy desigual.

Históricamente la Iglesia católica y sus organizaciones laicas cuentan con un amplísimo bagaje frente al conjunto de otros organismos religiosos en el país, aunque cabe aclarar que no todos los organismos católicos gozan de ese saber, es el caso de los dedicados a los migrantes. Ese bagaje de conocimiento aplicado se ha desarrollado a lo largo de 500 años, lo que la provee de recursos materiales, humanos y financieros, estructuras administrativas, metodologías de gestión, experiencia, programas y proyectos definidos conforme a líneas de trabajo diferenciadas, susceptibles de ser ajustados a los requerimientos de la normatividad laica gubernamental. No se trata de una competencia perfeccionada al extremo, pero si perfectible y moldeable respaldada por ese viejo saber estructural; de ahí que, en términos de competición, la Iglesia católica esté en mejor posición que las demás organizaciones religiosas para adecuarse a las circunstancias políticas, jurídicas y normativas en cuanto al acceso a los fondos públicos. Tomando en cuenta esa consideración, es entendible que su acceso y obtención de recursos sea significativamente mayor a la de las Iglesias protestantes y evangélicas; la combinación de elementos doctrinarios, de relación con el Estado y de su existencia en el país, les resultan contraproducentes en la materia y ensanchan la brecha de acceso a los recursos públicos. Eso no aplica al tema migratorio, pero podría hacerlo.

Desde otra perspectiva complementaria, la preferencia religiosa de los gobernantes en el Estado laico mexicano es un elemento concurrente y hasta circunstancial, pero no explicativo, de todo el proceso histórico de acceso a los recursos públicos por parte de la Iglesia católica o de algunos de sus organismos laicos. Así, las coyunturas políticas, sexenales o de otra métrica política, pueden facilitar o no la acción de los actores sociorreligiosos, pero la estabilidad del marco legal y la manera exitosa de servirse de él estructura la continuidad del proyecto social de las Iglesias y organizaciones sociales. En efecto, la Iglesia católica y algunos de sus organismos laicos llevan una considerable delantera, inalcanzable en el corto y mediano plazos de mantenerse las tendencias actuales.¹⁰

No obstante las ventajas comparativas que puedan darse, existe una complejidad administrativa ineludible. El principal problema es que no existe en el país un marco legal integral relativo a las distintas actividades que conforman la asistencia social, la asistencia privada, la beneficencia, la caridad, la filantropía y los programas sociales públicos. Tampoco hay una homologación jurídica de lo federal y las legislaciones estatales, ni todos los estados cuentan con legislación al respecto (Murúa y Meza, 2001);¹¹ ello para no abundar en las posibles disposiciones locales de los más de 2 mil 450 municipios en el país.¹² Los vacíos legales, la heterogeneidad normativa, las inconsistencias reglamentarias, las contradicciones e imprecisiones, etcétera, en poco contribuyen a alentar, ordenar y encauzar los distintos intentos socio-religiosos de participación asistencial con composición mixta (pública y privada).

¿Qué organismos civiles que atienden a migrantes acceden a esas fuentes gubernamentales de financiamiento y qué montos reciben? Si se pretendiera analizar el ejercicio presupuestal en la materia, no sería posible dado que «los datos de presupuesto y ejercicio del gasto se presentan en términos globales, por lo que resulta difícil analizar los capítulos, conceptos y partidas» (García, 2003:10). Esta manera de presentar los datos presupuestales sigue siendo señalada por analistas especializados, sin que los cambios de gobierno federal modifiquen ese proceder (Núñez, 2017). Adicionalmente, no es posible encontrar «información sobre las organizaciones beneficiadas con los programas sujetos a Reglas de Operación» (García, 2003:13). En consecuencia, no se podría saber, desde estas fuentes, qué iglesias y cuáles de sus organismos laicos acceden a dichos recursos, el monto, acciones específicas realizadas, etcétera. En abundancia de complicaciones, García enfatiza que para ese año

otra limitación fue la de no poder contar con referencias estatales, debido en parte a que los programas sujetos a Reglas de Operación aun cuando son ejecutados por los estados y municipios, la transferencia de recursos se hace de forma centralizada, vía Ramos Generales del Gasto Programable: ramo 33; aportaciones federales para entidades federativas y municipios, y ramo 39; Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas; o gasto no programable ramo 28; participación a entidades federativas y municipios; información que no se encuentra disponible (2003:13–14).

Agrega que, pese a que se trata de recursos federales, «también hay que analizar los acuerdos que cada entidad haya suscrito con la federación y cada dependencia, así como las legislaciones estatales debido a que cada estado es soberano». Esa situación de opacidad no ha cambiado.

En conclusión, a las mediaciones posibles que emanan de los textos sagrados que inhiben, limitan o condicionan la participación de las Iglesias y sus organismos laicos en los fondos públicos, hay serios y diversos problemas para el acceso a ellos, del mismo modo en que existe un galimatías para saber qué organismos lo hicieron, en qué actividad los ejercieron y demás temas asociados a la transparencia en el acceso, uso, destino y evaluación de los alcances sociales logrados por la modalidad mixta de coinversión en asistencia social. Pero, de algún lugar reciben fondos los organismos humanitarios para realizar su labor, sin duda, sólo que ése es un tema que está en la opacidad, lo que no niega que la obtención de financiamiento sea un permanente dolor de cabeza para albergues y casas de migrantes y que los recursos que se obtienen sean insuficientes. ¿Cómo podrían, por ejemplo, atender a los miles migrantes que año con año llegan a los albergues? La respuesta es más sencilla y, en cierto sentido, hasta milagrosa: de la capacidad de gestión del responsable del albergue o casa de migrantes para lograr donaciones en dinero (del exterior) y en especie (nacionales y sobre todo locales), o de voluntariado, como lo hacen las escuelas jesuitas. Ejemplos sencillos: donaciones de alimentos perecederos a punto de sucumbir por parte de vendedores en mercados públicos; de corte de pelo, con academias de belleza que necesitan que sus estudiantes aprendan a hacer cortes de pelo y lo hacen con migrantes voluntarios; de agrupaciones de fieles que donan comida preparada en fechas establecidas por el calendario religioso, etcétera. Muy poco que ver, a final de cuentas, con el abanico de opciones que tienen a la mano otras cosmovisiones u otros organismos laicos que atienden otros sectores sociales o temáticas de interés.

Podrían aglutinarse los problemas de operación de los albergues de modo siguiente:

1. Infraestructura, bienes muebles y acceso a servicios públicos que, como se ha visto, son diversos por albergue y casa de migrante.

2. Personal desigual, algunos funcionan con el mínimo posible y otros más cuentan con voluntariado diverso, desde atención diaria a migrantes hasta colaboradores ocasionales por comités de catequesis locales.

3. Gestión financiera y de recursos en especie, el cual ya ha sido argumentado en el apartado previo, pero al que habría que agregar los trabajos extraordinarios particularmente cuando se presentan alzas súbitas del flujo migratorio o requerimientos extraordinarios de atención médica en específico.

4. Gestión ante autoridades públicas, misma que es muy desigual.

5. Relación con el entorno social inmediato que no siempre es de aceptación y, con más frecuencia de lo pensado, se enfrentan a situaciones de tensión y conflicto. Debe decirse, además, que los vecinos tienen razón en cuanto a que, en este clima de miedo social, las llegadas y movilidades frecuentes de gente extraña, que después de unos días ya no está más, rompe el sentido de conducirse entre conocidos, quienes brindan cierta confianza a la vida cotidiana.

6. Vinculación con redes de migrantes y de derechos humanos en particular, que es otro submundo digno de estudio aparte por la diversidad de orígenes, concepciones, prácticas, financiamientos, intereses, trayectorias, ubicaciones geográficas; redes de redes y los albergues y casas de migrantes es sólo una parte de esa mayor complejidad.

Colaboración y recelo de la autoridad gubernamental y la inseguridad

Con la reforma constitucional en materia religiosa de 1992 ya no fue necesaria la generación de identidades disfrazadas, pero los legados políticos y culturales negativos pervivirían en los tiempos posteriores. Uno de los recelos gubernamentales ha sido y es qué pasa dentro de los albergues y casas de migrantes y qué labores de asistencia se realizan de forma que no puedan ser interpretadas jurídicamente como tráfico de migrantes. El procedimiento elemental de proveerse de elementos de juicio fue mediante la infiltración de los inmuebles humanitarios por parte de agentes de seguridad pública, disfrazados la mayoría de las veces de migrantes o de voluntarios para la realización de algún servicio asistencial que les permitiera obtener información privilegiada; ese tipo de infiltración de antaño se sigue practicando, si bien han cambiado las maneras de hacerlo. La infiltración ha sido acompañada de agresiones de distinto tipo y de modo reiterado al paso del tiempo. Muestra de ello es lo denunciado por el arzobispo Romo, entonces responsable de la DPMH del Episcopado Mexicano, en conferencia de prensa en el Senado de México:

La falta de atención oportuna a la violencia e inseguridad ha generado que se elevara el número de ataques de 18 incidentes de riesgo en cinco años —2004 a 2009— a 46 en año y medio —29 en 2010 y 17 en 2011—, siendo el principal agente persecutorio o agresor el mismo Estado, a través de funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno que intentan intimidarnos para que no denunciemos abusos y violaciones de derechos humanos que comenten contra migrantes (Brito, 2011:27).

Otro mecanismo, más grotesco, ha sido el robo de archivos y materiales de oficina, y gracias a la masificación y abaratamiento de las comunicaciones virtuales se han podido preservar archivos intangibles.

La protección al migrante obliga a la gestión ante las autoridades migratorias y de seguridad pública de manera preferente, sin excluir a las de salud y trabajo, y es justo con ellas con quienes ocurre una de tres: 1. Colaboración. 2. Tensión. 3. Conflicto. Cualquiera de ellas puede ocurrir en cualquier momento y lugar. Puede darse que para una temática ocurra la colaboración, pero para otra tensión y conflicto entre los mismos actores institucionales y personas físicas que les representan. La construcción de acuerdos y colaboraciones es algo de todos los días, como la tensión y el conflicto. La norma legal es referente obligado entre las partes; la innovación y la voluntad de innovar, para solucionar, es una exigencia que no siempre ocurre (y no sólo es responsabilidad de una de las partes). Es una relación de mucho desgaste emocional, personal, que pone a prueba más el temple de los involucrados que la ley general, que esa se mueve poco.

Las infiltraciones y daños diversos motivaron reacciones dentro de albergues y casas de migrantes, y en su vínculo con las autoridades. De forma defensiva, expulsar al infiltrado y denunciarlo ante la opinión pública ha sido la respuesta. Empero, no ha sido suficiente; cuando se le priva de un informante una autoridad interesada en saber qué pasa dentro de los inmuebles humanitarios envía otro, quizá más alertado de lo que debe hacer y evitar, y sigue enterándose de manera encubierta.

En tanto que a primera vista el agente del INM constituía, por la naturaleza de su función, el principal obstáculo institucional para la atención de migrantes, desde la administración de Vicente Fox (2000–2006) se estableció el acuerdo extralegal de que los empleados de dicho instituto no realizaran operativos dentro de los albergues y casas de migrantes que, conforme a la ley, podían realizar según lo establecía el reglamento correspondiente. Esa medida, junto con otras para retirar a las instituciones de seguridad pública, Ejército y Marina de labores de colaboración mutua con el INM, dadas las evidencias de que varios de sus miembros habían cometido abusos y violaciones de los derechos humanos de los migrantes, presumiblemente se traduciría en una disminución en daños al migrante, al menos en esos santuarios de la labor humanitaria, pero ocurrió exactamente lo contrario.

Lo que se necesitaba no era ausentar a la autoridad, sino perfeccionar su presencia y los mecanismos de colaboración entre autoridades y organismos humanitarios. Se tomaron iniciativas de buena fe, así fueran ilegales, en un medio en el que privaba la actuación de organismos que justamente se caracterizan por lo contrario. Al quedar albergues y casas de migrantes exentos de una presencia (así fuera distante) de los agentes del INM o de cualquier otra autoridad (así fuera ocasional y por alguna razón legal), se convirtieron en nichos privilegiados para cualquier persona u organización que quisiera infiltrarse conforme a sus intereses más diversos; desde agentes locales de seguridad (personas físicas) que respondieran a propósitos aviesos, traficantes de personas que buscaran enganchar migrantes o que desearan que «sus» migrantes descansaran a costa de la organización que les albergara, y posteriormente por enviados de secuestradores de migrantes. Dado que el personal de los albergues sólo se atreve a expulsar al agente avieso, la impunidad quedó garantizada desde ese entonces.

Es, desde esa lógica, que la ley de migración de mayo de 2011, en tanto que asienta esa protección, ahora sí legal, para albergues y casas de migrantes, no garantiza la labor humanitaria y sí deja margen para propósitos delictivos por agentes diversos que así proceden. En los últimos años son los enviados por los secuestradores quienes representan el principal peligro para la integridad física de migrantes, agentes de pastoral, voluntarios y miembros de organismos que atienden a migrantes. Al respecto, a las agresiones denunciadas por el arzobispo Romo habría que sumar las que reciben albergues o casas de migrante por parte de la delincuencia común; sin embargo, no se lleva registro estadístico, mucho menos se reúne, procesa y se presenta el cúmulo de evidencias ante las autoridades competentes. Urge replantear la ecuación política de colaboración entre autoridad y organismos humanitarios, pero más urgente es abatir la inseguridad pública que daña al tejido social en México, incluidos los migrantes. Al menos desde 2007, los registros de la autoridad policiaca federal, hoy subsumida en la Guardia Nacional, llevó a cabo de un registro de 10 mil migrantes «liberados» al año, luego de ser secuestrados (Rivas, 2014).

En 2009 se sumaron dos voluntades, la de la DMPH y la de la CNDH, con éxito, para hacer visible un grave problema, el más relevante hasta entonces: el secuestro masivo de migrantes (luego vendría el asesinato masivo de migrantes). El informe de la CNDH (2009) sobre el secuestro de casi 10 mil migrantes en un semestre, con una ganancia estimada para los secuestradores de 25 millones de dólares, marcó un hito vergonzante para autoridades y sociedad, pero también puede ser el testimonio más valioso de la colaboración multisectorial, pues la DMPH, para hacer su aporte, recurrió al trabajo en conjunto de distintos albergues y otras fuentes de información. Desde su publicación, ese informe se convirtió en referencia obligada para conocer lo que les pasa a los migrantes indocumentados en México, más por los gravísimos hechos posteriores de asesinato masivo.

Si bien las cifras estimadas en el informe no gozaron de total aceptación, en particular por el gobierno federal, quedaron evidenciados de manera irrefutable: 1. La existencia de un proceso delictivo específico que dañaba a los migrantes internacionales, aunque numéricamente los más afectados eran los indocumentados centroamericanos. 2. Lo ocurrido no era un hecho aislado ni circunstancial, sino un proceso delictivo que ocurría en distintas partes del país, aunque fuera posible indicar algunos sitios con mayor ocurrencia. 3. Para el cobro de rescates, los secuestradores recurrían a los servicios de empresas internacionales especializadas en el envío de remesas, es decir, los mismos servicios e incluso las mismas compañías que usaban los migrantes en el envío de remesas para sus familias o para sufragar los gastos de la migración en tránsito. 4. Era inexplicable que esos secuestros masivos no hubieran sido detectados por las autoridades públicas, puesto que suponían desplazamientos de grupos notorios de personas y vehículos en numerosas localidades; de casas e inmuebles en los que se concentraba a los secuestrados mientras se gestionaba el pago de su rescate; la alimentación, más el avituallamiento de las organizaciones delictivas; gestiones varias para el cobro de rescates, etcétera. Esa descomposición social no era, ni es, entendible sin la descomposición interna de las instituciones, en este caso, las responsables del tema migratorio. De ahí la premura de un nuevo plano para la colaboración, la tensión y el conflicto, entre organismos humanitarios y las instancias públicas de gobierno. Todo ello ocurrió ante el silencio gubernamental que sería roto tras la gestión exitosa del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad para obtener las cifras de secuestros de migrantes y que publicara en 2014 en su informe denominado Análisis Integral del secuestro en México. Cómo entender esta problemática.

Una historia (¿interminable?) de claros y oscuros

Sin los albergues y las casas de migrantes los apoyos sociales hacia los migrantes continuarían en su mínima expresión y sin duda sería un gravísimo golpe a los migrantes mismos en primer lugar; en segundo, a la noble trayectoria del humanismo católico; en tercero, al tejido social que vincula origen, tránsito y destino de la migración; y en cuarto, al amplio tejido social que nos une a todos. Mientras existan condiciones jurídicas y sociales que hagan a unos migrantes menos que otros, más vulnerables, habrá necesidad social de protegerlos, y el papel de albergues y casas de migrantes ha sido y es fundamental para los migrantes y también para la preservación, así sea frágil, de la gobernabilidad en innumerables localidades mexicanas. En la protección de unos está la protección de todos; en evitar la injusticia hacia unos está la justicia para todos. Mientras existan condiciones jurídicas y sociales que hagan a unos migrantes menos que otros, más vulnerables, habrá necesidad social de protegerlos y el papel de albergues y casas de migrantes ha sido y es fundamental para los migrantes en primer lugar, pero también para la preservación, así sea frágil, de la gobernabilidad en innumerables localidades mexicanas.

A principios de julio de 2011, el sacerdote responsable de una casa para migrantes le preguntó al autor de este texto: «øPor qué no me ha matado la delincuencia si tanto la he denunciado?, øpor qué no lo han hecho aún si oportunidades las han tenido?». No hay certeza para responder a tan vital preocupación, pero sí hipótesis a partir de la racionalidad delictiva que se observa en el proceder del ramal del crimen organizado metido a la migración: si privara una racionalidad empresarial fuerte y centralizada en las redes delictivas, podría esperarse que ellas mismas, cínicamente, protegieran a albergues y casas de migrantes, pues constituyen uno de los pocos lugares de concentración de migrantes que les facilita su negocio. En esa lógica, serían incluso parte interesada en preservar la integridad física de los liderazgos personales en esos espacios humanitarios, ya que a mayor prestigio correspondería mayor afluencia de migrantes y, en consecuencia, mayores posibilidades de contar con más víctimas.

Pero no siempre es así, en esas redes delictivas, que constituyen una red de redes delictivas, los afiliados locales y regionales preservan sus formas de organización, actuación y objetivos propios, en la inteligencia de que se subsumen ante el llamado jefe de plaza, que está en una lógica delictiva mayor y les puede requerir sólo para ciertas cosas. Es decir, la autonomía relativa de la filial local puede tener como objetivo una meta local e inmediata mientras el jefe de plaza puede tener otra distinta, nacional o internacional y mediata, ambas relativas a albergues y casas de migrantes. Así, podría verse a los centros humanitarios como enemigos inmediatos y otros como espacios útiles para fines criminales mayores. La ausencia de un mando centralizado y una eventual contradicción entre liderazgos delictivos puede significar la agresión mortal contra algún responsable de centro humanitario. El martirio es, en ese escenario, altamente posible, y aún se está a tiempo de evitarlo. Por eso hay que cambiar desde dentro de los albergues y casas de migrantes, desde la pastoral social eclesiástica, desde las filas del humanitarismo. Cabe resaltar que esos cambios, así sean fundamentales, serán insuficientes, porque hay algo más que cambiar, fuera de ellos, en la sociedad y en las instituciones de gobierno.

En efecto, en los lugares de origen de la migración que llega o transita por México no hay nada que indique mejora económica, social, educativa, cultural y política; no en el corto plazo, quizá en el largo (y en el largo, diría Keynes, todos estaremos muertos). En el de destino de esa migración tampoco se ve esperanza de modificación jurídica permisiva a la migración en el futuro cercano, ni ahora que llegó Joseph Biden en lugar de Donald Trump y en sus primeros cinco meses de gobierno ha mantenido las mismas políticas de contención migratoria, claras aunque dichas de manera diplomática, en voz de la vicepresidenta Kamala Harris en su visita a Guatemala en junio de 2021: «No vengan». Falta mucho para que México pueda pasar de ser territorio con cruces mortuorias (¿cuántos San Fernando faltan por descubrir?)¹³ a espacio de cruce migratorio seguro.

Referencias

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Notas

1 Pedro Pantoja Arreola fue un infatigable defensor de los migrantes. Impermeable a las seducciones del poder. Un actor social que incomodó a las instituciones al exigir en todo momento el cumplimiento de los derechos humanos de los vulnerados. Mi amigo Pedro, el padre Pedro, siempre fue una figura cálida, amorosa, respetuosa y alegre que perdió la vida en diciembre de 2020 por covid-19. Fue fundador de la Casa del Migrante de Saltillo y la Casa Emaús en Acuña, así como de la red de casas del migrante del norte de México. Promovió la construcción de una sociedad crítica y propositiva para un cambio social que viniera de la sociedad, en esencia. Padre espiritual de migrantes ha migrado espiritualmente a nuevos horizontes.

2 El presbítero Pedro Pantoja fue un gran promotor de la articulación de los apoyos organizados, vía albergues y casas de migrantes, desde Centroamérica hasta Estados Unidos.

3 Al tiempo, el obispo de Tapachula, Felipe Arizmendi, ocuparía el obispado de San Cristóbal de las Casas, en uno más de esos giros clásicos de la Iglesia católica para dar lugar a otro tipo de conducción y cosmovisión pastoral.

4 La emergencia de organismos civiles dedicados a la migración hay que ubicarla en un proceso social, político y cultural más amplio, que algunos lo ubican como producto del 68 mexicano, en tanto que a partir de esos años ocurre el surgimiento y multiplicación de organismos civiles para las causas más diversas en el país.

5 Este no es el caso de albergues y casas de migrantes que, por lo regular, tienen al frente a un miembro regular del clero y, en tanto tales, no devengan salario alguno por la labor humanitaria que realizan.

6 Su nombre anterior, común en el siglo XX mexicano, era ONG, ya citado.

7 La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en su artículo 9º, inciso V, sostiene que las iglesias podrán «participar por sí o asociadas con personas físicas o morales en la constitución, administración, sostenimiento y funcionamiento de instituciones de asistencia privada, planteles educativos e instituciones de salud, siempre que no persigan fines de lucro y sujetándose además de a la presente, a las leyes que regulan esas materias» (Segob, 1993:6–7).

8 Ello explica la actuación de grupos de fieles en sociedad con distintas perspectivas de lo que hay que hacer. Así, con distinto fundamento doctrinal, se encuentran los partidarios de la Teología de la Liberación y los llamados Carismáticos en la Iglesia católica. Y, si el análisis es más riguroso, se podrán precisar diferencias importantes en tiempo y espacio en una misma perspectiva, como puede ser el caso de la Teología de la Liberación en que, en términos políticos, podrían observarse acentos más en elementos reformistas en algunos casos, como de vertiente comunista en otros.

9 La diversidad es mayor a lo que a primera vista se presenta o se homogeneiza con base en criterios ideológicos. Un análisis cuidadoso incita a no confundir, por más afinidades que se puedan encontrar, a organismos como Legionarios de Cristo, Caballeros de Colón, Opus Dei y Caballeros de Malta, que no sólo son diferentes, sino que tienen importantes discrepancias entre sí; no obstante, desde cierta lógica ideológica, se les ve como iguales, así como iguales se les ve a todos los que de distinto modo enarbolan principios de la Teología de la Liberación.

10 Como se verá más adelante, las dos administraciones federales panistas de inicio del siglo XXI dejaron muestras de preferencia confesional hacia la Iglesia católica, al menos en materia migratoria, aunque la siguiente, priista, no dejó el trato preferencial hacia dicha Iglesia. La actual, iniciada en diciembre de 2018, más allá de cierto revuelo mediático, mantiene en esencia dicho trato. Mientras en los medios se comenta con cierta alarma el «juego» dado a Confraternice y a su director, Arturo Farela, visto lo acontecido desde 1992, no deja de ser algo intrascendente y hasta distractor del buen trato a la Iglesia católica; como en tantos otros momentos anteriores, el director general de asuntos religiosos de la Segob proviene de las filas católicas, sin que haya el menor escándalo público.

11 Por ejemplo, muy pocas entidades federativas cuentan con leyes específicas para las instituciones de asistencia privada (IAP) y su órgano, la junta de asistencia privada (JAP). Murúa y Meza expresaron no haber encontrado la razón por la que en unas entidades a las JAP se les da el estatuto de organismo descentralizado y en otras de desconcentrado, con las implicaciones que cada modalidad tiene en la administración y transparencia en el ejercicio de los recursos financieros.

12 Hay municipios que cuentan con una clara normatividad en asistencia y programas de coinversión social, como lo evidencian algunos programas sociales del gobierno federal.

13 El 24 de agosto de 2010 se descubrió, por primera vez, un asesinato de 72 migrantes indocumentados en la localidad de San Fernando, Tamaulipas, a unos 100 kilómetros de la línea fronteriza de México con Estados Unidos. Posteriormente, durante el primer semestre de 2011, en la misma localidad de San Fernando, se encontraron varias fosas con varios cientos de cadáveres; aparte de migrantes extranjeros, también había mexicanos migrantes y residentes locales (Casillas, 2010).