Número 37 texto completo pg

El Foro Mundial de las Migraciones: el derecho a migrar y migrar con derechos

The World Social Forum on Migration: the right to migrate and migrate with rights

Recibido 10/07/21 | Aceptado 01/08/21

Patricia Gainza* | Paulo Illes**
Colabora: Clara Piazza

* Uruguaya-mexicana. Artista plástica y experta en políticas públicas y derechos humanos.
Correo-e: ppgainza@gmail.com

** Brasileño. Representante externo de la Organización para la Ciudadanía Universal (OCU), coordinador ejecutivo de Rede Sem Fronteiras y miembro de la Junta General de Defensoría del Pueblo del Estado de Sao Paulo.

Traducido del inglés por Georgia Aralú González Pérez y Ximena Ortiz Valdéz.

 

Cómo comenzó todo

El Foro Social Mundial de las Migraciones (FSMM) nació en 2005 en Porto Alegre, Brasil, durante la era de la centralidad de los movimientos sociales en América del Sur. Debido a que estos movimientos se caracterizaban por su capacidad de proponer y construir nuevas y diversas acciones colectivas a escala global, surgió con el objetivo primordial de construir convergencias y modelos alternativos para el desarrollo de una gobernanza migratoria participativa. Aunque se estableció como una sección del Foro Social Mundial (FSM), funcionó como un proceso horizontal, descentralizado y autogestionado; bajo la dinámica de construcción y realización de espacios privilegiados para la discusión democrática; con intercambio de experiencias, conocimiento, producción académica y diálogo entre distintos actores sociales que trabajan en el área de la migración y el asilo. El foro prosperó durante el paréntesis de la militarización, la represión, la criminalización de las luchas sociales y el autoritarismo político. La defensa de la vida de las personas más vulnerables, basada en los principios de diversidad y la horizontalidad, se destacó como un aspecto crucial, en común aversión a la estructura neoliberal que profundiza el desequilibrio socioeconómico.

La ideología detrás de la creación del foro se centra en la oposición a toda visión totalitaria y reduccionista de la economía, el desarrollo y la historia; y contra el uso de la violencia como medio de control social por parte del Estado. Defiende el respeto hacia los derechos humanos, la práctica de la democracia participativa, las relaciones pacíficas, igualitarias y solidarias entre individuos, pueblos, etnias y géneros; además, condena toda forma de dominación y sometimiento de una persona por otra. En tanto marco para el intercambio de experiencias, el FSM fomenta el reconocimiento y la comprensión mutua entre sus organizaciones y movimientos participantes. Concede especial valor al intercambio entre sus participantes, en específico acerca de lo que la sociedad está haciendo para orientar la actividad económica y la acción política hacia la satisfacción de las necesidades de los pueblos y el respeto a la naturaleza, en el presente y para las generaciones futuras. Desde su evento inaugural en Porto Alegre, el fsmm se ha convertido en una iniciativa recurrente orientada a buscar y construir alternativas. A lo largo de 15 años se han celebrado ya nueve ediciones: Brasil (2005, 2006, 2016), España (2007, 2008), Ecuador (2010), Filipinas (2012), Sudáfrica (2014) y México (2018).

Objetivos del FSMM

El propósito principal del FSMM es crear un mecanismo que reflexione sobre los flujos migratorios y que trabaje por una nueva visión de la migración. Paralelamente, busca generar cambios culturales que garanticen el respeto inexcusable de los derechos humanos de las personas que se desplazan. Las ediciones anteriores se han centrado en la creación de un espacio diverso, plural y diversificado, un entorno no gubernamental y no partidista que se articule de forma horizontal descentralizada.

De modo complementario, la finalidad del FSMM ha sido siempre, por un lado, el de crear las condiciones a fin de que la sociedad en su conjunto —y no sólo los responsables políticos— sea la protagonista del cambio cultural; por el otro lado, establecer una acción permanente que permita encontrar soluciones al modelo neoliberal, el cual constituye barreras culturales y socioeconómicas para los migrantes. Como espacio de interacción, a lo largo de los años, el foro ha intentado crear y reforzar los vínculos nacionales e internacionales entre organizaciones y movimientos sociales. Se trata de un esfuerzo continuo que alienta a sus organizaciones y movimientos participantes a emprender actividades en los ámbitos local, nacional e internacional; a plantear cuestiones relativas a la ciudadanía global y a introducir en la agenda mundial las prácticas necesarias para inducir el cambio y construir un mundo más solidario.

El FSMM comprende reuniones y actividades que culminan en una declaración final basada en los temas y el debate abordados durante las sesiones. El interés de la declaración es exigir mejoras en las políticas sociales existentes y el desarrollo de nuevas estrategias políticas y jurídicas.

Foros sociales regionales sobre migración

La idea de lanzar foros sociales regionales sobre migración, como parte de la iniciativa global descrita con anterioridad, surgió en abril de 2019 en Lecce, Italia, durante el Festival Sabir. El objetivo central era volver a conectar con comunidades y fortalecer las luchas desde las realidades locales, es decir desde las organizaciones de base hacia las representaciones. Hasta el momento se han llevado a cabo dos ediciones regionales: en octubre de 2020, el Foro Social Américas de las Migraciones (fsam) se celebró en Uruguay; mientras que el Foro Social Europeo sobre Migración (fsem) se realizó a cabo recientemente (marzo de 2021) en Portugal.

Ambos foros lograron movilizar a más de mil 500 participantes individuales o representantes de aproximadamente 600 organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de inmigrantes, sindicatos, colectivos, gobiernos locales, instituciones públicas y académicas. Cabe mencionar que los inmigrantes desempeñaron un papel decisivo en el proceso de construcción de las propuestas extraídas de los eventos. Tanto el fsam como el fsem —especialmente en un contexto de pandemia— fueron una oportunidad para profundizar en los debates guiados por la sociedad civil internacional y los migrantes. Ahora más que nunca es necesario plantear en conjunto propuestas y alternativas que posibiliten la construcción de garantías del derecho a migrar y, todavía más, a migrar con derechos.

El contexto de la pandemia

No debe soslayarse que el FSAM y el FSEM se desarrollaron en una época extremadamente difícil. Los indicadores de deterioro económico, social y cultural preocupan a todo el mundo desde el año 2020, puesto que la pandemia de covid-19 profundizó las brechas estructurales de desigualdad y la falta de protección social que ya existían. Hoy sabemos que la pandemia está golpeando de manera desproporcionada a sectores y categorías, afectados por situaciones de exclusión y discriminación estructural desde tiempo atrás, como lo son las poblaciones indígenas y afrodescendientes. Somos conscientes también del impacto negativo de dicha situación sobre los derechos humanos y de los límites de los procesos de integración regional para encontrar una solución acorde con la magnitud de la crisis.

La pandemia ha exacerbado vulnerabilidades preexistentes asociadas al retroceso de la normativa marco, constante de los derechos reconocidos universalmente que afectan a la población desplazada, refugiada y migrante en función de los diferentes niveles de protección de cada país y de la situación del estatus migratorio y la protección internacional. Es visible que las condiciones de las personas migrantes irregulares son especialmente desfavorables, pues la mayoría de ellas no están inscritas en los programas de apoyo social y tampoco cuentan con cobertura del sistema de seguridad social. Son rechazadas y discriminadas por su nacionalidad, además temen ser expulsadas o deportadas.

No es ninguna novedad que en todo el mundo se ha decidido aplicar medidas restrictivas con la intención de controlar y restringir la movilidad humana debido a la continua propagación de covid-19. En ese contexto del cierre de fronteras se han producido diversas violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Desde marzo de 2020, las personas migrantes y solicitantes de asilo son las que más han sufrido la falta de garantías para su protección, la criminalización de la solidaridad, la necropolítica y la violación de los derechos de los migrantes previstos en los acuerdos internacionales. Ligado a lo anterior, la restricción de la libertad de circulación, el cierre de las fronteras exteriores y, en ciertos casos, la suspensión del derecho a solicitar asilo en América Latina y Europa, han ido en contra de la práctica de la migración regular.

Las aludidas políticas de cierre, adoptadas en el contexto de la lucha contra la pandemia han expuesto y continúan exponiendo a la población migrante y refugiada a vulnerabilidades sociales y económicas de distinta índole. Las personas migrantes y solicitantes de asilo han quedado atrapadas en zonas de tránsito; en cuarentena al interior de campos de refugiados o en centros de detención privados de su libertad, sin acceso a alojamiento y a una alimentación decentes, incluso sin posibilidad de ver regularizada y reconocida su condición. Paralelamente, no han podido acceder a las políticas económicas y de apoyo, muchos de ellos han perdido su trabajo o su fuente de ingresos, y a muchos otros se les ha impedido reunirse con sus familias. Asimismo, la población migrante suele ser discriminada o excluida de las políticas de apoyo social por parte de los gobiernos y los Estados.

Estas son sólo algunas de las múltiples formas en las que la pandemia de covid-19 y las consiguientes medidas restrictivas han afectado a las personas inmigrantes y solicitantes de asilo. Ante tal panorama, el diálogo y la movilización de los actores sociales son determinantes en el contexto de movilidad restringida para las personas social y económicamente vulnerables. Dicho escenario ha traído desafíos a las acciones cotidianas de aquellos actores sociales que trabajan a favor de la causa de los migrantes como las instituciones, los colectivos y las personas que apoyan, en múltiples casos de manera voluntaria o con recursos limitados, a la población migrante. La pandemia acentúa y exacerba problemas sociales preexistentes en cada país y contribuye a incrementar los casos de racismo y xenofobia.

El Foro Social Américas de las Migraciones (FSAM)

Participantes y objetivos

La primera edición regional del FSAM se celebró en Uruguay, del 22 al 25 de octubre de 2020, en formato online a consecuencia de la pandemia de covid-19. En total participaron 550 personas de 352 organizaciones y 28 países, en más de 50 actividades virtuales del foro y previas a éste; derivado de ello, se obtuvieron 57 propuestas finales. Acudieron representantes de la sociedad civil, asociaciones, organizaciones de migrantes y refugiados, instituciones educativas, organizaciones internacionales y defensores de los derechos humanos. Todas las actividades organizadas en el marco del FSAM se concentraron en el intercambio entre la sociedad y los movimientos sociales implicados en las cuestiones migratorias, con énfasis en la voz de los migrantes. El involucramiento y el liderazgo de las personas migrantes se manifestó desde la concepción del foro hasta la elaboración del documento final; de igual modo, en las principales reflexiones y propuestas discutidas. Relativo a los principales desafíos en torno a los flujos migratorios en el contexto actual, el FSAM buscó promover el debate junto a actores de la sociedad civil, movimientos sociales, redes de migrantes y refugiados, sindicatos y academia. En ese sentido, se basó en el análisis colectivo, los debates temáticos y las acciones a diversas escalas.

Durante el foro se priorizaron tres objetivos: 1. La articulación entre los distintos actores que permita analizar conjuntamente el fenómeno migratorio y las repercusiones en la vida de las personas migrantes desde diferentes ángulos. 2. El fortalecimiento de los liderazgos y el establecimiento de acuerdos acerca de temas centrales en la región que puedan servir de plataforma para las actividades del FSMM en 2021. 3. Aumentar la incidencia en el poder público al promover más y mejores políticas públicas con perspectiva de derechos humanos dirigidas a las personas migrantes.

Contexto regional y elección del lugar

La mayor parte de la atención internacional sigue centrándose en la frontera de México con Estados Unidos. La política de externalización de Donald Trump, así como los aspectos concernientes a la detención de niños migrantes y a las malas condiciones de los miles de solicitantes de asilo atrapados en el lado mexicano de la frontera, han recibido una importante cobertura en los últimos años. En Estados Unidos se han empleado una serie de políticas fundadas en la externalización de los centros migratorios desde al menos la década de 1980 hasta la actualidad. La detención de inmigrantes para disuadir a las personas de buscar protección en Estados Unidos y las deportaciones forzosas de personas a sus países de origen han sido dos medidas muy utilizadas.

De acuerdo con datos de 2019, en ese mismo año, más de 23 mil hondureños, guatemaltecos y salvadoreños fueron deportados a sus países de origen desde Estados Unidos y México, lo que supone un aumento de 28 por ciento con respecto a 2018 (OIM, 2019). Al mismo tiempo, la información revela que el número de personas provenientes de Centroamérica que cruzó la frontera de Estados Unidos en 2019 fue el doble que en 2018, y el más alto en una década pues llegó a 900 mil.1 Aunque la mayoría de los migrantes proviene de México y de los países del norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, algunos también huyen de la violencia y la persecución en países como Venezuela, Cuba y Haití. A medida que Estados Unidos elevó las restricciones de entrada en su frontera, las solicitudes de asilo han aumentado en México —de alrededor de 5 mil en 2014 pasó a 70 mil aproximadamente en 2019 (ACNUR, 2019). Según varias organizaciones que trabajan con personas deportadas en el norte de Centroamérica (NCA), estas deportaciones no cumplen con los principios de dignidad, voluntariedad y seguridad, y podrían estar violando el principio de no devolución (RedLAC, 2020).

La crisis de asilo en la frontera sur de México se ha entrelazado con los intentos de hacer frente a la delincuencia violenta y a restaurar la seguridad pública. En 2019, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, creó la Guardia Nacional como un último intento de detener la ola de inseguridad generalizada en el país; sin embargo, la idea se desvió rápidamente de su misión original hacia la militarización de la frontera. El despliegue de la Guardia Nacional ha hecho la vida aún más precaria para las personas migrantes, quienes se han visto obligadas a tomar rutas más peligrosas, lo que les hace vulnerables a asaltos, asesinatos, violaciones, secuestros y a caer en manos de organizaciones criminales. Esto ha provocado un aumento de las detenciones de migrantes.

En marzo de 2020, la ya precaria situación en la frontera entre Estados Unidos y México empeoró. El gobierno de Estados Unidos inició una serie de medidas destinadas a restringir de manera drástica la inmigración como parte de su respuesta a la crisis sanitaria mundial causada por la pandemia de coronavirus. Esto incluía el Título 42, que deportaba de inmediato a las personas que demandaban asilo y les impedía solicitarlo. Se estima que 60 mil solicitantes fueron impedidos por la política de «Permanecer en México», de la administración de Donald Trump, promulgada en enero de 2019, para continuar en Estados Unidos mientras esperaban sus audiencias de asilo. Con los centros de detención de inmigrantes saturados, el brote de covid-19 creó presiones adicionales. Muchos detenidos no pudieron regresar a sus países debido a las restricciones de viaje impuestas por sus propios gobiernos. A causa de ello, el hacinamiento y las condiciones inseguras de diversos centros de detención provocaron protestas y huelgas de hambre, como la acaecida en el centro de detención del siglo xxi en Tapachula, Chiapas.

Los países en el continente americano están sumergidos en profundas crisis sociales, políticas y económicas, hecho que propicia múltiples situaciones de injusticia social y de violación de derechos a distintos niveles, las cuales se agudizan por la pandemia que se extiende en la actualidad. Si bien las sociedades y los procesos de cambio en América Latina son heterogéneos, la región se caracteriza por sus extremas desigualdades sociales y económicas. Al evaluar el escenario continental regional y local, se consideró que la ciudad de Montevideo sería capaz de promover el FSAM de 2020. En Uruguay, 2.35 por ciento de la población total está constituida por inmigrantes. La inmigración femenina, que representa 55 por ciento del total es superior a la masculina, que se sitúa en 45 por ciento. Los inmigrantes en Uruguay proceden principalmente de Argentina (35 por ciento), España (20.6 por ciento) y Brasil (15.7 por ciento). Recientemente se ha producido un aumento significativo del número de inmigrantes procedentes de países no fronterizos, en especial Venezuela, Cuba, República Dominicana y Perú. Desde 2008 Uruguay cuenta con la Ley Nacional de Migración, que garantiza ampliamente el respeto de los derechos de las personas migrantes, que son, en todos los casos, iguales a los de los derechos de los nativos. Además, Uruguay adoptó la Ley Nacional de Refugio en 2007, misma que formaliza la adhesión del país a la vasta definición de «refugiado», establecida en los Acuerdos de Cartagena. Por último, la Ley de Residencia Permanente para cónyuges, parejas, hermanos y nietos de uruguayos, y para nacionales de países del Mercosur y Estados asociados permite un alto nivel de regularización de los inmigrantes regionales en el país.

Aparte de su ubicación estratégica en el nivel geográfico y de la diversa composición de la población inmigrante, la ciudad cuenta con numerosas representaciones regionales de movimientos sociales, instituciones académicas, sindicatos, así como una trayectoria de respeto y garantía de los derechos humanos de la población.

Áreas temáticas

El Comité Organizador del Foro trabajó en torno a seis áreas temáticas:

Migración laboral y trabajo digno. La Convención Internacional de 1990 sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares, como marco fundamental de los derechos humanos, no ha sido ratificada por ninguno de los principales países receptores de migrantes y sigue siendo letra muerta. Esto se traduce en una progresiva segmentación, flexibilización y precarización de los mercados laborales, aunque en distinto grado, tanto para los migrantes como para nativos. En el ámbito de las migraciones laborales y el trabajo digno se trataron distintos tópicos: el trabajo esclavo, la contribución de las personas migrantes a la matriz económica, los derechos laborales, el consumo, el trabajo doméstico, las reivindicaciones sociales de las y los trabajadores en pandemia, la producción de datos, los medios de vida, la economía popular y venta ambulante.

Migración medioambiental. El calentamiento global y los impactos ambientales someten al planeta a una crisis civilizatoria sin precedentes. Por un lado, los impactos ambientales derivados de la búsqueda de una acumulación infinita de riqueza en un planeta con recursos naturales limitados. Por el otro lado, el fenómeno del calentamiento global derivado del incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático. En común, el cambio climático y los impactos ambientales son parte de la misma crisis ambiental —ambos de origen antrópico— que influyen cada vez más en los patrones de migración. En cuanto a la crisis climática y la migración, el centro fue la crisis amazónica, en concreto las acciones para la generación de ingresos y prevención de la migración, los conflictos socioambientales, la protección de biomas, el agronegocio, los procesos sociales y simbólicos en las fronteras.

Migración y género. Se consideró primordial abordar la relación entre el Estado y los derechos de ciudadanía de las mujeres migrantes, así como de las personas con identidades de géneros no hegemónicos. En particular, se trataron como especialmente importantes las políticas de regularización migratoria, el acceso a los derechos de salud, educación, vivienda y trabajo, el derecho al voto en el país de origen y en el de acogida. Con respecto a las migraciones y el género se discutieron las realidades de las migrantes indígenas, las refugiadas y las desplazadas; de igual modo, las etnografías del acceso cotidiano a la justicia, las jóvenes migrantes, la organización colectiva, las identidades de género y los procesos migratorios, y el transfeminismo.

La migración y el derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad postula la plena realización de los derechos humanos en espacios urbanos. Esto implica acceso total a las políticas urbanas en las ciudades que promueven la lucha contra los prejuicios, el reconocimiento de diferencias culturales en términos de diversidad e inclusión social a través de políticas de empleo, políticas sociales y servicios públicos básicos, al igual que su participación política y social. La ciudad tiene una gran responsabilidad, incluso pueden poner en juego la vida de migrantes, específicamente con el acceso a condiciones de viviendas adecuadas, y con relación al uso del espacio público. En ausencia de acciones permanentes de mediación intercultural, las tensiones y los conflictos se expresan y reproducen, además son escenario de abuso y violencia policial. Es necesario también reflexionar acerca del urbanismo hegemónico que no responde a la segregación y pauperización de los espacios urbanos en los que hay fenómenos de concentración de población migrante. El tema de la migración y el derecho a la ciudad trató a la escuela como espacio social, el uso de las ciudades y otros espacios por parte de las personas migrantes, las ciudades de acogida, los territorios de la migración, las políticas locales para los migrantes y refugiados, la construcción de agendas comunes, los territorios de la ciudadanía universal, las ciudades santuario, la migración de retorno, los artistas urbanos migrantes y los apátridas.

Migración e interseccionalidad. La perspectiva interseccional es clave para asimilar los complejos procesos migratorios, a partir de una lectura profunda de cómo se interrelacionan y reproducen los diferentes sistemas de opresión —la clase, la raza y el género—, con fundamento en las trayectorias migratorias y en las experiencias en países de tránsito y receptores de esta migración. Es indispensable comprender la racialización de los migrantes en los países receptores de estos flujos migratorios y cómo ésta, ligada al género y a la situación de pobreza, determina las condiciones de inserción en la estructura social, las condiciones de empleo y el acceso a derechos básicos como la vivienda, la salud, la educación y las prestaciones sociales. Un entendimiento profundo del fenómeno migratorio debe incorporar la visión compleja de la interseccionalidad con el fin de encontrar respuestas más allá de la simplificación y de los estereotipos sobre los migrantes, a la vez que reconozca su diversidad interna. En cuanto a la interseccionalidad y la migración se abordan diversos temas: reflexión acerca de las políticas públicas dirigidas a las personas migrantes y refugiadas, la migración como derecho humano, las políticas migratorias con énfasis en los derechos humanos, la seguridad, la incorporación de otros saberes y prácticas, la juventud migrante, la migración y la diversidad cultural, la inclusión educativa y la construcción de ciudadanía.

Salud, crisis sanitaria y migración. La salud es un derecho humano fundamental que con frecuencia se niega a las personas inmigrantes. Existen numerosas barreras que impiden a la población migrante el acceso a los derechos de salud, por ejemplo, la exigencia de documentación local o de una situación migratoria regular y un comprobante de domicilio. En tiempos de «austeridad» —sistemas de salud con presupuestos recortados— la restricción de este derecho básico de los inmigrantes forma parte de las propuestas más reiteradas que desincentivan la inmigración o generan un supuesto ahorro para el Estado. Resulta paradójico que muchos de estos sistemas se sostengan gracias al trabajo de la población inmigrante. El escenario de la pandemia covid-19 —y la consiguiente crisis de los sistemas de salud de varios países— ha mostrado que los modelos de salud universalistas tienen mejores respuestas que aquellos que se encuentran fragmentados o privatizados. En el ámbito de la salud, la crisis sanitaria y los migrantes se revisaron las políticas de ayuda humanitaria; se reivindicó la salud como un derecho humano universal básico; se analizaron los discursos del poder y los nuevos conceptos asociados como el neohigienismo, la biopolítica a escala global, los nuevos dispositivos biotecnopolíticos; se discutieron los diagramas de control que operan sobre la movilidad humana, los niños transfronterizos y los menores no acompañados.

Durante el foro, los actores trabajaron en los temas mencionados desde la perspectiva de tres ejes transversales:

1. La participación social y política de las personas migrantes, con especial atención en las recientes formas de organización en el nuevo entorno en el que se reinventa el capitalismo, y el contexto particular de la crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia de covid-19.
2. La incorporación de la perspectiva de género y diversidad sexual, que permite analizar los procesos de feminización de las migraciones y la afectación diferenciada que sufren las mujeres y las personas de la diversidad sexual en este proceso.
3. La incorporación de visiones antirracistas y antixenófobas para contrarrestar el fortalecimiento de visiones racistas, que en el último año han tenido sus expresiones más crueles en varios países de las Américas.

Propuestas finales y legado

Como se mencionó, el FSAM logró finalizar 57 propuestas concretas.

En términos generales, las propuestas incluyeron un llamado a los actores políticos para que asuman sus responsabilidades a través de una adecuada gestión de las políticas públicas, y principalmente de las políticas migratorias para migrantes y refugiados, apátridas y desplazados. Se debe prestar especial atención a los diferentes aspectos identitarios que constituyen cada grupo poblacional con riesgos diferenciados. Aunado a lo anterior, se solicitó a los Estados que regulen la migración sin segmentación por nacionalidad, procurando la aplicación irrestricta de los acuerdos regionales —como la Declaración de Cartagena (1984)—, a favor de las políticas de recuperación económica pospandémica, en específico las dirigidas a las mujeres migrantes. Otras resoluciones planteadas fueron la incorporación de la integración de los migrantes en las agendas de los municipios, la validación de los conocimientos por competencias que trascienden la educación formal y la garantía de la participación política de las personas migrantes en diversos ámbitos.

Adicionalmente, se establecieron varias propuestas centradas en aspectos laborales y educativos. Se sugirió el diseño de un plan de acción nacional y local posterior a la pandemia y un conjunto de políticas para la recuperación económica de las mujeres, ya que el acceso limitado a los ingresos y al trabajo ha afectado en mayor medida a las mujeres migrantes. Se destacó, de igual modo, la necesidad de ampliar la red profesional regional con jóvenes migrantes. A la vez, se convocó a fomentar la promoción e inclusión de la comunidad migrante en las economías y los mercados laborales de los países de destino mediante la educación y la formación. En ese sentido, deben promoverse acciones que permitan la conexión con el lado humano de la ciudadanía, lo que daría paso a la solidaridad y al respeto de los derechos de cada persona. Asimismo, es vital reivindicar la importancia de la multiculturalidad como valor social en la construcción de políticas educativas multiculturales; de ahí la necesidad de formar al profesorado, a las autoridades y al personal del sector educativo con el propósito de que incluyan la educación multicultural. Otro problema crucial que debe abordarse es el de la discriminación lingüística, es preciso reivindicar el derecho de las personas migrantes y refugiadas a recibir educación en sus lenguas de origen. Se abogó, además, por la urgencia de generar acuerdos basados en la reciprocidad y la cooperación internacional para la validación y equivalencia de estudios en toda la región.

Existe una significativa serie de propuestas dirigidas a la transformación de las organizaciones de la sociedad civil, que implican avanzar hacia el esperado cambio cultural. De esa manera, se propuso realizar campañas de comunicación, información y sensibilización sobre los derechos de los migrantes, las características del racismo y la xenofobia, así como sus consecuencias en la vida de las personas migrantes. Igualmente, educar a la población en la deconstrucción del racismo; promover la multiculturalidad y la no discriminación en las escuelas; incorporar una perspectiva feminista e interseccional en las organizaciones, reivindicar el derecho humano a migrar e impulsar la formación en temas de migración, género y derechos humanos. Hubo también múltiples llamamientos relacionados con la promoción de una red global de territorios universales y ciudades santuario, y con el intercambio de buenas prácticas en materia de cultura migratoria. Se instó a fomentar nuevas narrativas acerca de los migrantes y a contribuir en su participación social y política en las ciudades que habitan, a revalorizar a los migrantes como generadores de riqueza y desarrollo diverso, a promover proyectos que utilicen el espacio público como herramienta para la visibilidad de la multiculturalidad migrante, a reivindicar la trascendencia de la multiculturalidad como valor social, al igual que los derechos lingüísticos. De forma complementaria, se acordó la profundización de los diálogos continentales, la proclamación de la salud como un derecho humano fundamental y la promoción de sistemas de salud regional, universal, integral e igualitaria; la construcción de una perspectiva regional de paz y la visualización de los problemas humanitarios internacionales, especialmente los de Colombia y Haití.

Foro Social Europeo de las Migraciones (fsem)

Participantes y objetivos

La segunda edición regional del FSMM se celebró en Europa, específicamente en Portugal entre el 15 y el 26 de marzo de 2021, de nuevo en formato virtual debido a la pandemia de covid-19. En total participaron mil personas, 300 organizaciones y 40 países en las 33 actividades en línea. Como resultado del proceso, se presentaron 75 propuestas finales. Al igual que en el FSAM, las y los dirigentes de la sociedad civil estuvieron presentes junto con los sindicatos, las autoridades locales, las organizaciones internacionales de migrantes y las instituciones educativas. El FSEM se concibió como una oportunidad para pensar colectivamente en alternativas acerca del mundo tal y como lo conocemos hoy día, inclusive para hacer oír las voces y las demandas de las personas excluidas —especialmente los migrantes y los refugiados—, y avanzar hacia el objetivo de crear una ciudadanía universal. Este foro se gestó como un proceso autogestionado, un espacio de debate sobre los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil que, a través de intercambios democráticos e inclusivos, propondría nuevos conocimientos sobre el tema de la migración y el refugio. Se pretendía reunir a activistas y migrantes de toda Europa a fin de crear un diálogo constructivo y propuestas para una sociedad más igualitaria, crear un espacio para pensar en la migración como un elemento crucial en el desarrollo de un futuro sostenible y socialmente justo. Los objetivos centrales del foro fueron, entre otros, a) analizar las políticas migratorias y reflexionar acerca del futuro de la movilidad humana, las políticas públicas y las prácticas de asilo e integración después de covid-19; b) crear un ambiente de discusión con la diáspora y las organizaciones de la sociedad civil para aplicar políticas alternativas y participativas; c) construir una dinámica de acción de la sociedad civil en el nivel europeo, que involucre a una diversidad de actores, con los migrantes y refugiados como protagonistas. Con el afán de conseguirlo, el proceso se dividió en tres pasos, a saber, preforo, foro y posforo. Cada una de las etapas ha sido mediada por delegados y delegadas nombrados por los representantes del Comité Internacional y dirigidos por los propios migrantes, con el objetivo de fomentar un profundo análisis sobre las cuestiones en juego, los retos y problemas a los que se enfrentan y, en esencia, pensar colectivamente en posibles convergencias y alternativas.

Contexto regional y elección del lugar

El informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados revela que sólo en 2018 más de mil 600 personas murieron o desaparecieron tratando de llegar a Europa cruzando el mar Mediterráneo (ACNUR, 2018). Las políticas guiadas por la Directiva de Retorno y el Reglamento de Dublín, junto con una serie de medidas de seguridad, incluyendo el establecimiento de demandas y sanciones contra los defensores de los derechos de las personas migrantes y refugiadas, exigieron un debate puntilloso en la sociedad civil en torno a los derechos fundamentales en contextos migratorios. De acuerdo con datos de Eurostat (2019), en enero de 2018 había 22.3 millones de ciudadanos no europeos (4.4 por ciento) de un total de 512.4 millones de personas viviendo en Europa.

Al igual que el FSAM, el FSEM tuvo lugar en una época de crisis mundial provocada por la pandemia de covid-19. Al resaltar las exclusiones y desigualdades que ya existían, esta crisis amplificó las profundas disparidades económicas y sociales manifestadas en el sistema capitalista. En este escenario, los migrantes y refugiados son especialmente vulnerables, ya que se ven obligados a enfrentarse a barreras legales y sociales específicas. En la actualidad, es aún más necesario considerar, debatir y proponer respuestas a tales obstáculos que deben sortear los migrantes y los refugiados; justamente esta es la idea detrás del FSEM. Este aludido contexto representa, asimismo, una oportunidad para reinventar el futuro de la movilidad humana con la finalidad de garantizar que sea inclusiva, segura y respetuosa de los derechos humanos.

A pesar de que se enfrenta una crisis sanitaria sin precedentes, muchos Estados europeos siguen negando, aparte de los derechos fundamentales ineludibles de los grupos vulnerados, los derechos sociales y económicos. La Unión Europea mantiene hoy una política abusiva de persecución policial, de militarización de las fronteras, de no asistencia a las personas en peligro —sobre todo en el Mediterráneo— y de encarcelamiento de los defensores de los derechos de los migrantes. Estas acciones tienen consecuencias desastrosas como el aumento en el número de muertes y desapariciones en el Mediterráneo, el riesgo de desarrollar brotes de enfermedades infecciosas en las zonas donde se priva de libertad a los individuos, en particular en los «campamentos de la vergüenza», en la frontera greco-turca y en los campamentos para personas sin hogar.

Durante el pasado invierno, la frontera entre Bosnia-Herzegovina y Croacia ha sido escenario de extremas violaciones de los derechos humanos. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de 8 mil personas migrantes que se habían embarcado en la denominada «ruta Bankan», con la esperanza de llegar a Europa, han quedado en condiciones precarias en todo el país, alojados en instalaciones de acogida superpobladas e inadecuadas, lo que ponía claramente en peligro sus vidas. Conforme se ha notificado, había familias, niñas, niños y adolescentes y menores no acompañados sin acceso a alojamiento, servicios básicos, ni a una atención sanitaria adecuada. El fracaso de la gestión de la crisis migratoria en los países fronterizos con la Unión Europea, como Bosnia, se debe en parte a las prácticas de expulsión llevadas a cabo por la policía en las afueras del territorio. Desde 2015, cuando distintos países de la Unión Europea (por ejemplo, Hungría) cerraron sus fronteras, un número mayor de personas intentó entrar en Europa por la ruta de los Balcanes, cruzando la frontera entre Bosnia y Croacia. Con base en varios informes de octubre de 2020, la presión de Croacia ha implicado ocasionalmente abusos sexuales sobre las mujeres. Este escenario muestra, además, una insondable crisis social y extrema precariedad de las familias migrantes y de las pertenecientes a minorías étnico-raciales. En general, la pandemia de covid-19 exhibió la fragilidad de un sistema político, social y económico excluyente, incapaz de proteger los derechos humanos de las personas inmigrantes y refugiadas.

A la luz de este contexto, el FSEM brindó la oportunidad de reflexionar colectivamente sobre el futuro de la humanidad y del planeta. Inició una invitación a pensar en la migración como un elemento central para construir un nuevo marco inclusivo y plenamente ético para un futuro sostenible con justicia social. Fue un foro de esperanza y un llamado a la acción global, a la responsabilidad compartida y a la promoción de la ciudadanía universal para el bienestar de toda la familia humana, la gran comunidad de la vida y las generaciones futuras. Algunas de las razones por las que el fsem se celebró en Portugal obedecieron a que este país fue el primero en adoptar un plan nacional que posibilitara implementar el Pacto Mundial para la Migración (Comisión Europea, 2019), inclusive recientemente creó una Secretaría de Estado para la migración y cuenta con un plan nacional para la integración de los inmigrantes (Comisión Europea, 2007).

De acuerdo con el Informe de Inmigración, Fronteras y Asilo (rifa) del Servicio de Fronteras y Extranjería (SEF), durante tres años consecutivos, desde 2017, el número de inmigrantes en Portugal ha aumentado.2 La cantidad de personas extranjeras que adquirieron la nacionalidad portuguesa pasó de 20 mil 396 en 2015 a 28 mil 856 en 2018. Por otro lado, las denegaciones de entrada al territorio nacional portugués también se incrementaron, de 506 denegaciones en 2015 ascendieron a 2 mil 866 en 2018 (datos de 2019 en el informe de Inmigración, Fronteras y Asilo). En cuanto a la elaboración de políticas públicas, Portugal se muestra como un país abierto, ávido de establecer mecanismos de igualdad; asociado a ello, el gobierno externa preocupación por la necesidad de integración e inclusión social de las personas inmigrantes. Pese a los buenos resultados, el país debe sortear múltiples desafíos en cuanto a la aplicación y garantía de la igualdad en el acceso a los derechos sociales y fundamentales de los inmigrantes.

Ejes temáticos

Los debates compartidos durante el FSEM 2021 se ejecutaron a partir de la clasificación de los siguientes ejes temáticos:

Derechos económicos. Se abordaron conceptos cruciales como el extractivismo y la apropiación de tierras; la desestructuración de las economías locales; el desplazamiento forzado; la guerra económica; la ejecución de fondos públicos. En la actualidad, existe una tendencia generalizada a disociar los derechos fundamentales de los derechos sociales, económicos, políticos y civiles que de ellos derivan. El supuesto subyacente de esta área temática es que dichas situaciones nunca deberían ocurrir; de ahí que sea imperante abogar por una hospitalidad e integración efectivas, así como por condiciones de trabajo dignas para las personas migrantes, independientemente de su estatus migratorio. El gran problema concerniente a esto es que los gobiernos vinculan la posibilidad de regularización migratoria al trabajo y viceversa. Lo anterior puede generar vulnerabilidades y dificultar el ejercicio de la ciudadanía de forma plena para los migrantes, lo que provoca una falta de inclusión e igualdad de derechos para los migrantes, quienes no encajan en los programas de regularización laboral. Además, para los países que ya sufrían una crisis económica y social, la actual crisis sanitaria de covid-19 es un obstáculo adicional. Durante la primera ola de la pandemia, la salud ocupacional estuvo completamente ausente de la respuesta de la salud pública a la emergencia; sin embargo, el derecho a la salud en el lugar de trabajo debe reconocerse como fundamental, y covid-19 como una posible enfermedad derivada de las actividades laborales.

Derechos humanos. Los temas centrales fueron la criminalización de la migración y la solidaridad; la militarización y externalización de las fronteras; la violación de los derechos de las personas migrantes y refugiadas en países de origen, tránsito y destino. En particular, se destacó que hoy día se emplean enormes medios financieros, políticos y judiciales en el nivel europeo con el objetivo de garantizar que los migrantes permanezcan fuera de Europa y que sus acciones sean criminalizadas. La criminalización de la migración por parte de la Unión Europea y la criminalización de la solidaridad hacia los migrantes en tránsito se consideran una forma de gestionar los flujos migratorios y de disuadir a las personas de entrar a Europa. Mientras que, por un lado, podemos estar tranquilos con el Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, donde la Comisión Europea explica que su objetivo es evitar que los partidarios de los migrantes sean perseguidos penalmente; por otro lado, la Directiva 2002/90 del 28 de noviembre de 2002, establece que el apoyo a la entrada, el tránsito y la estancia de los migrantes irregulares se considera, en determinadas condiciones, un delito, excepto cuando el apoyo se realiza con fines humanitarios. Otra cuestión primordial en este rubro es el fenómeno de la «invisibilidad» de la población migrante, causada por varios factores, por ejemplo, estas personas no cuentan con el apoyo de las instituciones y la sociedad civil, ligado a las barreras lingüísticas que no permiten a los migrantes expresarse de modo adecuado.

Derechos ambientales, sociales y culturales. Los asuntos debatidos incluyen las luchas feministas y lgbtqi+; las batallas medioambientales y climáticas; la defensa de la ciencia, la educación y la cultura; el derecho a la vida; la salud universal y gratuita. En el presente, el mundo se enfrenta a una crisis económica y medioambiental por los recursos. La extrema derecha de la Unión Europea, por ejemplo, utiliza las nuevas tecnologías de la información para crear noticias falsas y difundirlas entre la población. La interseccionalidad sería entonces, antes que nada, el trabajo de sanar y unir lo que los movimientos de ultraderecha han buscado dividir, reflexionar también sobre cómo existen las opresiones dentro de las opresiones. En el vórtice de las discusiones, se trató lo referente al cumplimiento de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (desc); pues, a pesar de que los derechos humanos son indivisibles e interdependientes no se cumplen, todavía existe la desnutrición y la falta de acceso a la educación de las niñas, niños y adolescentes migrantes. El descuido de la normativa de los desc afecta el cumplimiento de los derechos civiles y políticos; paradójicamente, el pleno disfrute de la libertad de expresión se vincula al derecho a la educación. Se mencionó, igualmente, el asunto del racismo ambiental, así como el de la migración ambiental, insertada en la interseccionalidad de la solidaridad internacional y el cambio climático; es probable que este último agrave las catástrofes naturales, razón por la cual los desplazamientos dependen de la solidaridad internacional.

Derechos políticos. Los tópicos examinados abarcaron la transformación de los sistemas políticos; las estrategias alternativas de gobernanza; la participación política de las personas inmigrantes y refugiadas; el papel de las autoridades locales, el papel de las universidades y la sociedad civil; las políticas públicas y la participación social. Más concretamente, en este eje temático se agregó el objetivo de acoger e incluir a los exiliados e inmigrantes en las ciudades o territorios dispuestos a recibirlos, ayudar en su integración, en el ejercicio de su ciudadanía y en la garantía de sus derechos fundamentales; en una palabra, trabajar con la sociedad para combatir la intolerancia e incluir el debate sobre la inmigración en las políticas públicas. En ese sentido, se resaltó la relevancia de la participación de la sociedad civil y de las autoridades locales, lo que contribuiría a cambiar las políticas públicas sobre el acceso a los derechos de los inmigrantes y exiliados. Adicionalmente, se enfatizó que para evitar las políticas antiinmigratorias, la sociedad en su conjunto debía comprometerse a pelear contra los estereotipos, cambiar la forma en que los medios de comunicación presentan a estos inmigrantes y refugiados, desmitificar la creencia de que los exiliados y los inmigrantes son la causa de las crisis económicas en Europa.

Cabe advertir que, aparte de las áreas temáticas mencionadas, los actores arguyeron tomando en cuenta temas transversales como el género, la raza, la clase, la nacionalidad, la identidad y la interculturalidad.

Propuestas finales y legado

Previamente se comentó que el FSEM logró finalizar 75 propuestas, incluyendo acciones locales y globales.

Relativo a los derechos económicos se dieron a conocer tres grandes conjuntos de propuestas. Se sugirió la defensa, la regularización de las personas migrantes y el fortalecimiento de canales de migración con derechos. Por ende, se pidió, en principio, la regularización irrestricta e incondicional de todos los inmigrantes indocumentados en Europa para acabar con la explotación, la discriminación y la competencia entre los trabajadores; de ahí la necesidad de medidas políticas y legales. Todos los actores sociales, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil deben promover la movilización en el nivel nacional y europeo para exigir a los gobiernos de los Estados europeos una ley de regularización de los inmigrantes presentes en sus propios territorios. Dichas leyes deben ser duraderas y accesibles para todos: las y los trabajadores y no sólo para los profesionales altamente calificados. Desde el punto de vista jurídico, se abogó por la urgente ratificación y aplicación de los Convenios 97 y 143 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Convención 90 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a fin de garantizar los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Finalmente, se hizo hincapié en el fomento de los debates políticos y sociales.

Desde el punto de vista de los derechos humanos, se defendió de manera colectiva la obligación de investigar y denunciar las violaciones de los derechos humanos en las fronteras exteriores de la Unión Europea. Por ese motivo, se sugirió la creación de una comisión de investigación parlamentaria europea que verifique las violaciones de la ley y de los derechos humanos, como la disuasión de movimientos migratorios, los retornos en las fronteras terrestres y marítimas, las deportaciones masivas, las expulsiones forzosas, las detenciones formales e informales, la externalización del control fronterizo. De igual modo, se propuso el establecimiento de un mecanismo de denuncia sobre la situación en las fronteras internas de la Unión Europea. Por último, se destacó la necesidad de defender la constitución de un Pacto Mundial de Solidaridad para garantizar el respeto de la universalidad de los derechos humanos, así como la organización de una conferencia con los eurodiputados y las organizaciones aliadas, con el propósito de crear una consulta parlamentaria europea acerca de las violaciones de los derechos humanos de los migrantes y solicitantes de asilo.

Respecto a los derechos medioambientales, sociales y culturales, se discutió la urgencia de construir, implementar y comunicar una narrativa común en la intersección de la justicia migratoria, la justicia medioambiental y la justicia social. Es fundamental documentar las continuidades históricas entre el dominio colonial y el proceso de globalización financiera y económica, que está intensificando el desplazamiento masivo de personas. Se subrayó la gran necesidad de deconstruir el racismo, el género y la discriminación social, la cual podría efectuarse mediante el establecimiento de un plan estratégico de acción y comunicación, a partir de la coordinación de los movimientos sociales europeos implicados. A la postre, se planteó ejecutar y fortalecer una educación intercultural bajo una prerrogativa antirracista que conecte a las innumerables personas que exigen pedagogías alternativas para el reaprendizaje cultural mutuo al interior de los sistemas educativos nacionales formales y los lugares de educación no formal.

Con base en la perspectiva de los derechos políticos, se acordó desarrollar una red dedicada a las historias de los migrantes y refugiados, dicha iniciativa respondería a la necesidad de instituir una acción colectiva que amplíe su voz para recoger y difundir sus historias de vida. Esta red pretende humanizar el discurso político y politizar las experiencias humanas de las personas migrantes y refugiadas. Se pensó también intensificar el trabajo de incidencia política, que garantice una elaboración intersectorial de políticas migratorias democráticas, participativas e inclusivas. El objetivo es conectar y destacar las localidades en Europa, en los países no europeos afectados por las políticas europeas y, en el resto del mundo, donde las alianzas locales entre autoridades, migrantes, refugiados y actores de la sociedad civil logran acciones más inclusivas y acogedoras. Se prevé que esto sirva de modelo para otras políticas migratorias en el ámbito nacional y europeo. En paralelo, se advirtió que los fondos europeos deberían estar condicionados a la garantía de los derechos de los migrantes y refugiados, y distribuirse de modo equitativo entre los actores locales que trabajan en la elaboración de políticas a favor de los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Al final, se sugirió la promoción de un día europeo destinado a la defensa del acceso a los servicios públicos esenciales.

Impacto del FSMM y acciones futuras

Los migrantes y las organizaciones de migrantes que atienden a numerosas personas de distintas partes del planeta transitan en la actualidad por un mundo en proceso tumultuoso, en el que el tema migratorio se ha convertido en un tópico central de la agenda internacional. Hoy, casi uno de cada cuatro trabajadores en el mundo es migrante y se enfrenta a condiciones de vulnerabilidad exacerbada: exclusión, discriminación, racismo, explotación extrema, muerte y desaparición. En el marco de la globalización neoliberal, las migraciones se convierten esencialmente en desplazamientos forzados, incluidos los fenómenos de la migración medioambiental, la trata de seres humanos y el tráfico de migrantes, la migración de miseria y las deportaciones masivas.

Desde su nacimiento, el FSM, en su versión global y en las regionales, ha sido escenario de importantes debates sobre asuntos migratorios e hitos políticos. El foro siempre se ha concebido como una encrucijada que revela que es posible elegir distintos caminos; uno de sus principales legados dentro de esta larga historia es que la migración tiene puntos que son comunes en el mundo entero, pero que con todo y eso mantiene peculiaridades según las regiones específicas. Semejante complejidad exige que se combinen las respuestas locales, regionales y globales para hacer frente a los retos de la movilidad humana; sin embargo, es indispensable la diversidad geográfica para conservar nuestra estructura global, hecho que implica un fortalecimiento de los foros regionales. Hasta el momento se han realizado el FSAM y el FSEM, los cuales han puesto de manifiesto las crisis y deficiencias de la política migratoria en Europa y América. En el presente es vital no dejar atrás a otras regiones, dado que el espacio del foro pretende ser más influyente en el ámbito mundial, un foro asiático y uno africano deberían ser los pasos siguientes.

Complementariamente, tuvimos la oportunidad de aprender que, si bien se requieren respuestas locales y globales, la trascendencia de las movilizaciones sociales en el nivel local para reforzar las acciones globales es crucial. En ese sentido, el papel de las organizaciones comunitarias en la difusión de la movilización es vital y debe priorizarse. Lo que necesitamos ahora para consolidar las estructuras de participación social que garanticen la equidad y la justicia es la aspiración de promover procesos de abajo hacia arriba de transformación social. La resistencia y el conocimiento de las organizaciones comunitarias son esenciales para abordar los problemas estructurales inherentes a la migración forzada y avanzar hacia la construcción de otro mundo posible. Se pretende programar y articular movilizaciones que fomenten una ciudadanía para los mil millones de seres humanos que forman parte de la movilidad global.

Tal como se enfatizó en el contexto del FSAM y del FSEM, dos de las categorías más vulneradas de migrantes son las mujeres y los jóvenes. En efecto, estas dos categorías son las más afectadas por las políticas de externalización y militarización que se aplican actualmente en las fronteras de Europa y América Latina. El primer papel que las mujeres migrantes desempeñan en esta batalla colectiva es la denuncia de la violencia de género, su participación en campañas de sensibilización, y la asunción de posiciones políticas de liderazgo para aumentar la representatividad de ellas mismas y de sus intereses en los espacios de toma de decisiones, de manera que aseguren su autonomía política. El papel de la población mundial en su conjunto y, en particular, de las dos categorías vulnerables —mujeres y jóvenes migrantes— debe ser el de seguir participando activamente en formas de organización social ciudadana con la intención de llevar a cabo una labor de incidencia política que influya en los gobiernos e instituciones.

Con la aspiración de poner en práctica las propuestas planteadas en ambos foros, se deben tomar medidas en los niveles jurídico, político y social. La idea fundacional, base de todas las propuestas, es servir a los derechos de las personas migrantes. Por esa razón, es fundamental escuchar los relatos procedentes de la población migrante, anteponer sus demandas y derechos, especialmente la de los más vulnerables. Insistir en que las acciones futuras no sólo deben proteger los intereses de los países de acogida, sino también aquellos de los países de salida y tránsito. Así, algo que es imprescindible atender de inmediato es la creación de rutas migratorias regulares y seguras; ese objetivo debe alcanzarse mediante acuerdos, programas humanitarios, recomendaciones y asociaciones estratégicas.

Otra prioridad común en todos los ámbitos, dilucidada durante los foros, fue la violación de las leyes y los derechos humanos en las fronteras. Estas infracciones deben ser investigadas desde la perspectiva legal y política por el tribunal; en el nivel institucional, los Estados infractores deben rendir cuentas. Por otra parte, es acuciante intensificar la participación de las personas inmigrantes en la vida política del país de acogida: el mayor número posible de individuos debería disfrutar de los derechos políticos, ya que esto aumenta el sentimiento de pertenencia a la comunidad de acogida. A fin de asegurar la plena integración, debe garantizarse el derecho a la igualdad de trato. Los Estados, tanto de Europa como de América, deben desempeñar un papel de garantes en este sentido y deberían promover más activamente las normas internacionales. Ello podría lograrse mediante el desarrollo de asociaciones con actores internacionales, fomentando el cumplimiento, la ratificación y la aplicación uniforme. En particular, para que cualquier tipo de propuesta se implemente en su totalidad, el cambio debe comenzar desde las bases, a través de la educación intercultural, con la determinación de conectar a las personas conforme la ideología de la inclusión y el respeto.

Hoy la interrogante es: ¿qué papel debería tener el FSMM en este contexto? El aludido proceso colectivo compartido que ya lleva más de 15 años, ¿asumirá en el futuro la tarea de influir y presionar a los gobiernos del mundo, actuando a través de una estrategia política? El objetivo debiera ser comenzar desde el ámbito local, en una lógica ascendente. El FSMM pretende funcionar como una invitación a la movilización, pero también como un método que logre unir las respuestas a diferentes niveles para darles unidad y coherencia. Los movimientos por la justicia global y las organizaciones de la sociedad civil tienen en el presente un poder de intercambio de conocimientos, de defensa y de presión que va en aumento. En síntesis, el foro debería constituir en el futuro una nueva forma de hacer política, erigido en la cultura del trabajo en red.

Construir un foro plural, horizontal, participativo, pero con compromisos concretos de articulación persistente, requiere que los comités organizadores sean conscientes de que esta lógica de red se ha convertido en la base de un poderoso ideal político y cultural: una lógica orientadora que proporciona un modelo para las formas emergentes de política democrática directa de alcance local, regional y global. En la práctica, las interacciones fluidas dentro de la red palpables en el contexto del foro deberían combinarse con la existencia de una estructura más regular, donde se trabaje en la creación de un espacio unitario, una plataforma de cabildeo constante, con el objetivo de mantener las relaciones construidas hasta ahora. El foro debe cimentarse como un contexto para aquellas personas que no creen en los partidos políticos, mas quieren ser políticamente activas. Hacia el futuro se anhela que esta instancia compartida nos ayude a comprender a plenitud el fenómeno migratorio a partir de sus diferentes aspectos, causas y consecuencias; contribuir a una mejor convivencia y a una mayor garantía de los derechos humanos de cualquier persona: nativos y migrantes.

Referencias

European Commission (2019). Cláudia Pereira named Portugal’s Secretary of State for Integration and Migration. Recuperado de https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/claudia-pereira-named-portugals-secretary-of-state-for-integration-and-migration#:~:text=cl%c3%a1udia%20Pereira%20named%20Portugal’s%20Secretary%20of%20State%20for%20Integration%20and%20Migration,-21%2f10%2f2019&text=The%2022nd%20government%20of%20Portugal,State%20for%20Integration%20and%20Migration

European Commission (2007). Plan for Immigrant Integration. Recuperado de https://ec.europa.eu/migrant-integration/index.cfm?action=furl.go&go=/librarydoc/plan-for-immigrant-integration

European Commission (2019). Portuguese government approves national plan to implement Global Compact for Migration. Recuperado de https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/portuguese-government-approves-national-plan-to-implement-global -compact-for-migration

Gainza, P. (2020). «Migrar en tiempo de nuevas xenofobias y viejos racismos». Migración y Desarrollo, 18(35), pp. 147–158.

Iniciativa Social para América Latina y el Caribe (2020). Voces y propuestas de América Latina y el Caribe. Transformaciones para salir de la crisis. Recuperado de https://periododesesiones.cepal.org/38/sites/pses38/files/isalc_voces_y_propuestas _06.10.2020fin.pdf

The un Refugee Agency (UNHCR) (2018). Desperate journeys: refugees and migrants arriving in Europe and at Europe’s borders. Recuperado de https://www.unhcr.org/desperate journeys/

Notas

1 Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, Southwest Border Migration FY 2019, diciembre de 2019.

2 Los tres reportes pueden consultarse en el sitio: https://sefstat.sef.pt/forms/relatorios.aspx