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Fronteras de contención y violencia estructural: un análisis de la migración forzada femenina en la Frontera Sur de México

Border control and structural violence: an analysis of forced migration of women on Mexico’s Southern border

Recibido 06/03/25 | Aceptado 05;/05/25

Wilson Eduardo Castro Nuñez*

*Ecuatoriano. Docente investigador, Universidad Nacional Rosario Castellanos. Correo-e: wilsoneduardo18@castellanos.cdmx.gob.mx

James Wilson Castro Zambrano**

**Ecuatoriano. Docente investigador, City University of Seattle. Correo-e: castrozambranojames@cityuniversity.edu

 

Resumen. La dinámica contemporánea del capital transnacional utiliza el control de las fronteras como una vía directa para devaluar la fuerza de trabajo excedente desde su origen. En ese marco, el régimen migratorio impuesto en la frontera sur de México durante el bienio 2024-2025 opera a la manera de un sistema de inmovilización forzada supeditado a la geopolítica de contención estadounidense. La política del Estado mexicano exhibe una contradicción estructural: sostiene un discurso de protección humanitaria mientras ejecuta el desgaste administrativo y la militarización del territorio. Al confrontar el freno burocrático en la entrega de regularizaciones de libre tránsito con la realidad de la explotación laboral en Tapachula, Chiapas, queda en evidencia que el llamado «efecto embudo» no es un fallo logístico accidental. Se trata de una forma de coerción extraeconómica que desploma anticipadamente el valor de cambio de la mano de obra migrante. Este sometimiento golpea con mayor fuerza a las mujeres, quienes se ven forzadas a subsidiar los costos de reproducción del capital local y global mediante su inserción obligada en los márgenes más precarizados de la economía informal de la región.

Palabras clave: migración forzada, frontera, trabajadores migrantes, condición de la mujer, segmentación del mercado de trabajo, capitalismo en México.

Abstract. The contemporary dynamics of transnational capital utilize border control as a direct means to devalue surplus labor at its source. Within this framework, the migratory regime imposed on Mexico’s Southern Border during the 2024-2025 biennium operates as a system of forced immobilization subordinated to US containment geopolitics. Mexican state policy exhibits a structural contradiction: it maintains a discourse of humanitarian protection while executing administrative attrition and territorial militarization. Confronting the bureaucratic gridlock in issuing free-transit clearances with the reality of labor exploitation in Tapachula, Chiapas, makes it clear that the so-called «funnel effect» is no accidental logistical failure. It is a form of extra-economic coercion that preemptively collapses the exchange value of migrant labor. This subjugation hits women hardest, forcing them to subsidize the reproduction costs of local and global capital through their forced insertion into the most precarious fringes of the region’s informal economy

Keywords: forced migration, boundaries, migrant workers, women’s status, labour market segmentation, capitalism in Mexico.

 

Los controles migratorios instalados en la frontera sur de México durante el bienio reciente no constituyen una reacción fortuita ni una respuesta de emergencia ante crisis humanitarias espontáneas. En la región del Soconusco, y de manera crítica en el entorno urbano de Tapachula, Chiapas, opera la consolidación de un régimen de confinamiento territorial que responde a directrices geopolíticas de contención exteriorizada angloamericana, articuladas por medio de mecanismos de condicionalidad económica y diplomática. Al asumir de facto las funciones de gendarme fronterizo periférico, el Estado mexicano ha transitado de una gestión de flujos en tránsito, basada en la porosidad selectiva, hacia el despliegue de un espacio-tapón de retención forzada. Analistas como Amarela Varela (2020) y Blanca Cordero Martínez (2019) han apuntado que el objetivo último de esta inmovilización inducida no es la supresión absoluta del éxodo migratorio; por el contrario, el capitalismo contemporáneo fundamenta parte de su acumulación global en la producción activa de una precariedad jurídica y material que devalúa el valor de la fuerza de trabajo mucho antes de que ésta logre insertarse en los circuitos formales o informales del mercado laboral internacional.

Abordar tal panorama desde las premisas de la economía neoclásica a través de los modelos tradicionales de atracción y expulsión (push-pull) resulta metodológicamente insuficiente y reduccionista. Dichos enfoques atomizan el desplazamiento forzado al presentarlo como un mero cálculo racional e individual de costos y beneficios, a la vez que eluden las determinaciones macroeconómicas y las corresponsabilidades políticas estructurales del fenómeno (Castles, 2003, 2014). Las dinámicas actuales de movilidad en América Latina y el Caribe no se derivan de elecciones voluntarias, sino que configuran procesos de migración forzada originados por la inviabilidad material de la vida en las geografías de origen. El desplazamiento masivo es la manifestación concreta de los procesos globales de acumulación por desposesión (Harvey, 2004): un avance sistémico del capital transnacional que quiebra las economías locales de la periferia, privatiza bienes comunes, precariza el empleo y destruye los tejidos sociales tradicionales mediante la violencia extractivista. El movimiento territorial se erige, bajo esas condiciones, como la última estrategia de supervivencia biológica y resistencia comunitaria frente al despojo.

Al arribar a la ciudad de Tapachula, los contingentes desposeídos son interceptados por un denso entramado institucional, administrativo y militar diseñado para el desgaste sistemático de sus capacidades de autonomía y organización. La ralentización deliberada en el procesamiento de expedientes de refugio y la parálisis burocrática no delatan una simple ineficiencia operativa o una falta coyuntural de capacidades técnicas por parte de las agencias estatales; representan una tecnología de control gubernamental orientada a la contención biopolítica. Este limbo jurídico prolongado actúa como un filtro de inmovilización que, potenciado por los cercos de control territorial de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, erosiona la capacidad de resistencia física, económica y política de las personas en movilidad (Torre Cantalapiedra, 2021). Lejos de constituir una disfunción del aparato público, se trata de una gestión calculada del tiempo y del espacio urbano que transforma la geografía chiapaneca en una «frontera vertical» o una «cárcel a cielo abierto», donde el confinamiento es el mecanismo primordial de control social (Schindel, 2019).

La violencia de este engranaje fronterizo se ensaña con mayor agudeza al encontrarse con la realidad de las mujeres en tránsito. De acuerdo con los aportes de Rojas Wiesner (2017), la presencia de jefaturas femeninas autónomas al frente de unidades domésticas monoparentales representa un vector estadístico al alza dentro de los flujos que ingresan por la frontera sur. En ese espacio geográfico las lógicas de la acumulación de capital y los mandatos de la división sexual del trabajo convergen de manera orgánica: se busca descargar los costos de la reproducción social y del cuidado directamente sobre los cuerpos de las trabajadoras, maximizando así las tasas de ganancia de las economías locales y de las cadenas globales de valor (Federici, 2013). La denegación sistemática de un estatus legal regular cancela el acceso a cualquier mercado de empleo formal, lo que confina a las mujeres al comercio ambulante de subsistencia, al trabajo del hogar desregulado y a las economías sumergidas del tejido urbano de Tapachula. Esta vulnerabilidad estructural no se desprende de una fragilidad intrínseca de los sujetos femeninos: es una producción institucional planificada por un régimen fronterizo que, como sugería Henri Lefebvre (1974) en sus tesis acerca de la producción del espacio, extrae control político y plusvalía económica con la segregación territorial y la inmovilización forzada de las personas.

Tapachula y la configuración del Soconusco como geografía de la contención y la inmovilidad forzada

La comprensión de la frontera sur de México, y en específico de la región del Soconusco, exige desmantelar la narrativa oficial que la reduce a un límite geopolítico periférico o a una línea de demarcación soberana convencional. Históricamente, como ha documentado Rojas Wiesner (2017), este espacio geográfico ha operado bajo las lógicas del desarrollo geográfico desigual, al fungir como un enclave agrícola y extractivo donde la porosidad fronteriza estaba regulada por las demandas de mano de obra barata y desprotegida para las fincas cafetaleras y plataneras. Sin embargo, en el escenario contemporáneo, el Soconusco ha experimentado una mutación funcional estratégica. La presión ejercida por la agenda de seguridad nacional de Estados Unidos ha reconfigurado el territorio: lo ha transformado de un corredor de tránsito transnacional en un denso espacio-tapón o «colchón geopolítico» de retención forzada, cuya capital operativa es la ciudad de Tapachula.

Esta metamorfosis no implica la clausura hermética de las fronteras, sino la instauración de un régimen que Amarela Varela (2020) define como de «porosidad filtrada» o «ilegalidad selectiva». En ese modelo, el espacio regional se organiza a través de una arquitectura de contención que combina el despliegue militarizado en los puntos de cruce formales e informales del río Suchiate con una densa red de puestos de control migratorio distribuidos a lo largo de las rutas carreteras troncales de Chiapas. En consecuencia, Tapachula se convierte en el epicentro de un embudo geográfico. Las personas en movilidad humana logran ingresar al territorio nacional, pero se topan con la imposibilidad material de abandonarlo y continuar hacia el norte debido a los cercos concéntricos de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM). Dicha fijeza espacial forzada redefine la experiencia urbana de la ciudad, al convertir el entorno público en un dispositivo de confinamiento que fragmenta los lazos comunitarios y erosiona los recursos económicos de los migrantes mediante el desgaste temporal.

La producción del territorio fronterizo responde a una necesidad estructural del capital contemporáneo que se despliega en la escala local. Al congelar el movimiento de miles de personas en una condición de irregularidad jurídica prolongada, el aparato estatal no prioriza la expulsión inmediata, sino la dosificación y precarización de la población en tránsito. Los sujetos confinados en Tapachula quedan suspendidos en una zona de desprotección civil mínima que devalúa de manera anticipada su fuerza laboral. De este modo, la periferia urbana chiapaneca opera como un espacio de experimentación y precarización que subsidia directamente a los sectores locales de servicios, construcción y agricultura regional, nichos económicos que absorben este excedente demográfico al interior de dinámicas de superexplotación laboral y absoluta carencia de seguridad social.

Lejos de ser una periferia exterior o un límite pasivo, el Soconusco se consolida como un dispositivo interno de estratificación socioeconómica. La inmovilidad inducida no sólo fragmenta las trayectorias geográficas del éxodo, sino que neutraliza su potencial de impugnación política. Al verse obligados a concentrar la totalidad de sus energías en resolver la subsistencia material diaria dentro de un entorno urbano encarecido por el propio confinamiento, los colectivos migrantes experimentan un disciplinamiento que es tanto corporal como espacial. El engranaje de la frontera sur mexicana funciona precisamente gracias a esa articulación: un espacio donde el control de la movilidad y la extracción de valor económico se cohesionan por medio de la retención forzada de las poblaciones desposeídas.

Mecanismos institucionales de la inmovilidad forzada territorial en el Soconusco

El viraje del Soconusco hacia un espacio de retención, precarización y desgaste corporal durante el bienio reciente exige desglosar los mecanismos administrativos específicos a través de los cuales el aparato estatal materializa la fijeza espacial, además de transformar los procedimientos de protección internacional en dispositivos de control y contención.

Esta reconfiguración opera de manera primordial mediante la instrumentalización del laberinto burocrático local. En el entorno urbano de Tapachula, la contención no requiere necesariamente del confinamiento carcelario continuo; se ejecuta de forma refinada debido a la producción estratégica de un limbo jurídico prolongado. Dicho dispositivo se articula con el desacoplamiento procedimental deliberado entre la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y el INM. Al emitir constancias de solicitud que protegen formalmente contra la devolución, pero restringen legalmente el tránsito fuera de los límites del estado de Chiapas, las instituciones crean una categoría de sujetos suspendidos en el tiempo. El retraso sistemático y la opacidad en la resolución de los expedientes funcionan como tecnologías operativas que agotan los recursos económicos y la resistencia física de las personas en movilidad.

Al congelar a miles de personas en una condición de irregularidad tolerable o de estatus migratorio devaluado, el régimen fronterizo produce activamente una masa laboral desposeída de derechos mínimos en la escala regional. Al no poder avanzar hacia el norte por los cercos concéntricos de las Fuerzas Armadas, ni poder insertarse con legalidad en el mercado formal del resto del país, los sujetos se ven compelidos a aceptar condiciones de precarización en los sectores de servicios, la construcción y el comercio informal de Tapachula. La inmovilización forzada funciona, de ese modo, como un filtro que abarata la fuerza de trabajo a escala local.

En el nivel espacial, el entorno urbano de Tapachula se reconfigura para albergar y reproducir esta segregación. La dispersión intencionada de los centros de atención humanitaria y burocrática hacia las periferias desprovistas de infraestructura, sumada a la digitalización forzada de los procesos de cita, que asume una conectividad tecnológica y posesión de dispositivos móviles de los que carecen las poblaciones más vulnerables, traza una geografía de la exclusión. El confinamiento territorial se consolida entonces como un fenómeno multidimensional: el espacio público se satura y se encarece, lo que obliga a los migrantes a librar una batalla diaria por la subsistencia habitacional y material básica, mientras el Estado externaliza los costos de la contención a causa del desgaste de las poblaciones desposeídas.

La externalización de las fronteras como estrategia global de contención

La mutación del régimen fronterizo en el Soconusco no responde a dinámicas aisladas de la soberanía mexicana; se inscribe, más bien, en el despliegue global de externalización fronteriza orquestado por los centros de acumulación del capitalismo transnacional. Como advirtiera Stephen Castles (2003), este fenómeno opera como una estrategia geopolítica mediante la cual las potencias del Norte global, en particular Estados Unidos, proyectan sus infraestructuras de seguridad y dispositivos de control hacia geografías periféricas o rutas de tránsito intermedio. Debido a ese desplazamiento, las demarcaciones nacionales dejan de ser líneas geográficas estáticas para mutar en redes móviles, deslocalizadas y biopolíticas de retención. Al asimilar las directrices migratorias de carácter bilateral durante el ciclo 2024–2025, el Estado mexicano ha terminado por consolidar un papel de «tercer país de facto», lo que ha configurado un espacio-tapón que absorbe los costos sociales y humanitarios del éxodo mucho antes de que éste se aproxime a la frontera norte (Varela, 2020).

Esta descentralización de los mecanismos de control estadounidenses se concreta en la frontera sur a consecuencia de una arquitectura de seguridad multidimensional. Dicho entramado amalgama la coerción diplomática con la asimilación tecnológica y presupuestaria, lo que modifica los marcos regulatorios locales para adecuarlos a las prioridades de Washington. En ese escenario, la noción misma de «tránsito» sufre una anulación fáctica. Como documenta la literatura sociológica de la región, el territorio ya no es un espacio de paso, sino un laboratorio difuso de confinamiento donde las trayectorias humanas son sometidas a un desgaste programado que busca neutralizar y desarticular el avance del flujo (Martínez, 2019).

En el plano operativo chiapaneco, tal lógica se traduce en la incorporación de la Guardia Nacional y agentes del inm como los principales ejecutores de las tareas de interceptación en las vías de comunicación estratégicas del Soconusco. El empleo de contingentes militares respaldados por el cobijo discursivo de la seguridad nacional y la soberanía territorial funciona, en términos reales, como el brazo operativo de la contención exteriorizada (Torre Cantalapiedra, 2021). Los retenes y puestos de control distribuidos en la red vial troncal de Chiapas actúan como filtros concéntricos de inmovilización. Estos cercos espaciales bloquean la salida de los colectivos migrantes de la periferia chiapaneca, forzándolos a un retorno cíclico hacia Tapachula o impulsándolos hacia rutas clandestinas de alta peligrosidad, lo que eleva drásticamente su exposición ante las redes criminales y las dinámicas de extorsión institucional.

Desde las coordenadas de la economía política crítica, la externalización fronteriza se revela como un engranaje global diseñado para el disciplinamiento y la estratificación sociolaboral. Al fragmentar los trayectos y forzar el asilamiento en regiones precarizadas, el régimen de control priva a los sujetos de derechos políticos fundamentales, lo que deprime de forma automática el valor de cambio de su fuerza de trabajo (Harvey, 2004). El propósito último de la externalización no es el sellado hermético del territorio, un imperativo que resultaría disfuncional e inviable para las necesidades del capital, sino la regulación precarizadora y selectiva de las poblaciones excedentes. La violencia estructural del modelo estriba en su capacidad para transferir los costos de reproducción social del migrante hacia la periferia, al tiempo que convierte los espacios fronterizos del Sur global en zonas de explotación y sujeción corporal subordinadas a las cadenas globales de valor (Lefebvre, 1974).

Precarización laboral y explotación económica de las poblaciones migrantes

Esta inserción precarizada se organiza por medio de una evidente segmentación étnica y nacional del mercado laboral local. En el entorno urbano de Tapachula y sus periferias agrícolas, los sectores de la construcción y los servicios de menor cualificación absorben de forma masiva la mano de obra masculina originaria de Centroamérica, Venezuela y Haití. Al encontrarse desprovistos de contratos formales y bajo la coacción latente de la denuncia o la deportación, los trabajadores perciben remuneraciones que se ubican sistemáticamente por debajo del salario mínimo legal, aparte de cumplir jornadas extendidas que transgreden la normativa laboral mexicana. En efecto, la ilegalidad impuesta por el propio aparato estatal funciona en la práctica como una subvención indirecta para el capital local. Esta dinámica reduce los costos de producción y maximiza los márgenes de ganancia de las empresas de la región a expensas de las condiciones de vida más elementales de las personas migrantes, pues reproduce los patrones de subordinación analizados por Amarela Varela (2020).

La economía informal de subsistencia en el espacio público urbano emerge como la única alternativa de refugio material frente a la exclusión total. Las calles céntricas de Tapachula evidencian una saturación de micromercados callejeros donde los colectivos migrantes recurren al comercio ambulante de alimentos, la prestación de servicios estéticos o el jornal informal. Esta ocupación del espacio público provoca fricciones con las cámaras de comercio y las administraciones municipales, las cuales instrumentalizan los reglamentos locales para criminalizar el ambulantaje. Dichas acciones añaden capas de violencia y extorsión económica al escenario diario, un fenómeno que coincide con las geografías de exclusión estudiadas por Estela Schindel (2019). Lejos de constituir un nicho de autonomía financiera, el sector informal representa una estrategia límite en la que los sujetos asumen los costos totales de su reproducción social en una extrema vulnerabilidad habitacional y alimentaria.

Desde las coordenadas de la economía política, el Soconusco actualiza su función histórica como enclave de mano de obra barata, adaptándose a las demandas del capitalismo global contemporáneo. Como explica Stephen Castles (2014), la contención migratoria no destruye el flujo laboral, sino que lo disciplina y lo precariza antes de que éste pueda dispersarse hacia los centros industriales del centro y norte de México, o bien hacia Estados Unidos. El desgaste corporal y mental que sufren las poblaciones en ese laboratorio de precarización cumple un papel estructural: habituar a los cuerpos a la desprotección y a la intermitencia laboral. La superexplotación en la frontera sur demuestra que las tecnologías de control migratorio y las dinámicas de acumulación forman una alianza indisoluble, en la que el espacio de confinamiento es, tal como advertía Henri Lefebvre (1974), el escenario primordial para la degradación del valor de la fuerza de trabajo excedente.

La dimensión cuantitativa del colapso institucional y la infraestructura del desgaste

Para comprender la magnitud de la violencia burocrática que constriñe a las poblaciones en movilidad en la frontera sur, es indispensable examinar la dimensión cuantitativa del colapso y el desajuste institucional deliberado entre las agencias del Estado encargadas de la gestión migratoria. Las estadísticas consolidadas por la Comar y el INM durante el bienio reciente no reflejan una simple saturación imprevista del sistema de asilo, sino el resultado material de una política de desfinanciamiento y congelamiento de capacidades operativas orientada a la contención por desgaste. El incremento exponencial en el volumen de solicitudes contrasta abiertamente con la reducción de personal técnico y el endurecimiento de los criterios de elegibilidad, lo que genera un cuello de botella estadístico que se traduce directamente en meses de confinamiento forzado para los solicitantes en el entorno urbano de Tapachula (Torre Cantalapiedra, 2021).

La correlación de variables plasmada en la gráfica 1 expone un quiebre estructural en la administración migratoria regional que contradice los discursos oficiales sobre ineficiencias logísticas circunstanciales. El flujo de peticiones de reconocimiento de la condición de refugiado muestra un incremento sostenido que alcanza su punto más álgido al finalizar el ciclo 2025, ya que registra un volumen histórico de 92 mil expedientes acumulados en la región del Soconusco. En contraste, la capacidad de respuesta legal del INM experimenta una contracción paralela, con la reducción de la expedición de tarjetas de visitante por razones humanitarias a un exiguo 10.9% en el mismo intervalo. Esta divergencia gráfica objetiva el funcionamiento del confinamiento fronterizo: el Estado aprovecha la infraestructura de recepción de la Comar para censar y adscribir territorialmente a la población en movilidad, mientras bloquea su salida del perímetro mediante la restricción sistemática de las visas humanitarias que permitirían el tránsito regular hacia el interior del territorio nacional. Por tanto, la temporalidad de los procesos administrativos se constituye como una estrategia de inmovilización no declarada, lo que configura un espacio de exclusión jurídica que precede a las vulnerabilidades de género.

Gráfica 1
Tendencia inversa: solicitudes Comar versus cobertura de la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH), otorgada por el INM (2024–2025)

Nota: relación contrapuesta entre el volumen de solicitudes de asilo registradas y la emisión efectiva de tarjetas de visitante por razones humanitarias. 

Fuente: elaboración propia con base en registros estadísticos oficiales de la Comar y de la Unidad de Política Migratoria. 

Este desajuste cuantitativo se manifiesta de manera crítica en la brecha histórica entre el número de constancias de solicitud emitidas y la cantidad de resoluciones definitivas dictaminadas en las oficinas de la delegación Chiapas. El retraso deliberado en el procesamiento de los expedientes funciona como un mecanismo de filtrado demográfico: al prolongar los tiempos de resolución más allá de los plazos legales establecidos, el aparato institucional empuja a una parte considerable de los solicitantes a abandonar el trámite y optar por la clandestinidad o el retorno forzado, cumpliendo así el objetivo geopolítico latente de disuasión migratoria (Martínez, 2019). Las cifras del colapso institucional son, por consiguiente, la representación numérica de una tecnología de control gubernamental que utiliza el tiempo y la espera administrativa como herramientas de disciplinamiento y desgaste de los cuerpos (Varela, 2020).

La infraestructura física donde se gestiona este volumen de población en Tapachula materializa la violencia de las métricas institucionales. La concentración masiva de personas en las afueras de los centros de registro, bajo condiciones climáticas extremas y sin acceso a servicios sanitarios o de hidratación mínimos, precariza la vida cotidiana de los sujetos mucho antes de que se inicie formalmente su proceso de evaluación legal. Dicha espacialidad del desastre burocrático no constituye un error de planeación logística, sino un dispositivo de visibilización e intimidación que estigmatiza a la población migrante frente a la sociedad receptora, lo que alimenta narrativas locales de invasión y saturación de servicios públicos que justifican el despliegue de medidas excepcionales de control militar (Schindel, 2019).

En términos de economía política del espacio, la cuantificación de la parálisis administrativa en el Soconusco demuestra cómo el Estado administra la irregularidad jurídica para mantener un stock flotante de mano de obra desprotegida (Harvey, 2004). El colapso numérico es el correlato institucional de la producción de un espacio de confinamiento donde la devaluación de la fuerza de trabajo migrante se legaliza y se normaliza a través de la inacción estatal. De ese modo, la gestión de las cifras migratorias y la geografía de la espera administrativa se cohesionan en un engranaje sistémico que asegura la inmovilidad forzada de las poblaciones excedentes en la frontera sur mexicana y subordina sus trayectorias vitales a las demandas de contención externalizada del capital internacional (Lefebvre, 1974).

Género situado, interseccionalidad y las economías del cuidado en el confinamiento

El dispositivo de inmovilización forzada y desgaste burocrático en el Soconusco no impacta de forma homogénea; se ensaña con una crueldad diferencial sobre las mujeres migrantes. De acuerdo con los aportes de Ochy Curiel (2014), la interseccionalidad, el género, la etnicidad y la clase no operan como simples etiquetas identitarias, sino como una matriz de opresiones co-constitutivas que anulan la condición de sujeto. En Tapachula, la parálisis administrativa es el acelerador de esta matriz. Al despojar a las mujeres de reconocimiento jurídico, el aparato estatal las arroja a lo que Saskia Sassen (2003) denomina «circuitos globales de la feminización de la supervivencia». En ese espacio, el costo material del cuidado y la reproducción biológica de las familias en tránsito es transferido y absorbido por los cuerpos femeninos en condiciones de absoluto desamparo.

Tal dinámica adquiere matices descarnados al analizar la cotidianidad del confinamiento urbano a la luz de lo manifestado por Rita Segato (2006) concerniente a la pedagogía de la crueldad. En contextos de excepción jurídica, el cuerpo de las mujeres deviene en un lienzo en el que las agencias estatales y los poderes de facto locales inscriben sus soberanías punitivas. En Tapachula, donde las mujeres encabezan cerca de 40% de las familias monoparentales de origen haitiano, venezolano y centroamericano que solicitan asilo, el asedio es multidimensional. La dilación deliberada de la Comar y el acoso del INM las privan de seguridad pública. Esta indefensión estructural es capitalizada por el entorno local a través de cobros de alquiler sobrevaluados por razones étnicas, extorsiones en las inmediaciones de las oficinas migratorias y redes informales que mercantilizan el acceso al agua y el resguardo habitacional.

Con el propósito de visibilizar el modo en que estas matrices de exclusión jurídica y precarización económica se inscriben de manera diferencial sobre las corporalidades femeninas, es indispensable examinar la composición sociodemográfica de las unidades domésticas atrapadas en el nudo fronterizo de Tapachula. 

La desagregación de las variables cuantitativas expuestas en la gráfica 2 deconstruye la noción de una masa migratoria indiferenciada, desvelando cómo la inmovilización forzada opera por medio de una estratificación demográfica que intercepta la procedencia geográfica con las cargas del cuidado familiar. El marcado predominio de unidades domésticas con jefatura femenina de origen haitiano (42.5%), aunado a un índice elevado de dependientes menores de edad (3.2) y a los periodos más prolongados de confinamiento urbano (6.4 meses), revela una vulnerabilidad diferencial que se agudiza por la barrera idiomática y los procesos históricos de radicalización en el Soconusco. La dilación temporal del estancamiento burocrático, extensible a los hogares venezolanos (28.1%) y hondureños (16.4%), tensiona de inmediato las estrategias de supervivencia urbana. Al verse privadas de movilidad territorial legítima, estas mujeres se ven compelidas a gestionar la reproducción biológica de sus núcleos mediante una inserción precarizada en los mercados informales locales, los cuales instrumentalizan su desprotección documental para devaluar su fuerza de trabajo y sobrefacturar el acceso básico al espacio habitacional.

Gráfica 2
Composición demográfica de hogares monoparentales con jefatura femenina solicitantes de asilo en Tapachula (ciclo 2024–2025)

Nota. Datos estadísticos recopilados a partir de los registros de atención humanitaria y censos internos  de organizaciones de la sociedad civil en la región fronteriza del Soconusco.

El confinamiento actúa como una maquinaria de desposesión que fractura las redes de apoyo económico de las mujeres. Obligadas a costear habitaciones sobrepobladas en colonias periféricas como Las Américas o Cafetales, la urgencia diaria de proveer sustento transforma la espera administrativa en un proceso de domesticación laboral. Aquí encaja el análisis de Sayak Valencia (2010) en cuanto a las derivaciones criminales del capitalismo en las fronteras. La vulnerabilidad institucional producida por las trabas del INM predispone a las mujeres a aceptar una inserción subordinada en los nichos más degradados del Soconusco. Así, se ven coaccionadas a nutrir el trabajo doméstico no regulado, los servicios de limpieza en el sector hotelero local y las redes de explotación sexual toleradas en las periferias urbanas.

La superexplotación de la fuerza de trabajo femenina no es una anomalía marginal de la frontera; es un pilar central para contener los costos de reproducción de la mano de obra regional. Al carecer de contratos, salarios mínimos o seguridad social, estas trabajadoras proveen servicios esenciales que subsidian el metabolismo económico del Soconusco. La praxis estatal del doble rasero cumple aquí su cometido más perverso. Mientras las agencias gubernamentales simulan la implementación de protocolos con perspectiva de género, los mecanismos fácticos de control aseguran el confinamiento forzado de miles de mujeres, lo que desgasta su autonomía hasta convertirlas en una fuerza de trabajo precarizada y disponible para las demandas del capital global.

Laberinto jurídico como coerción extraeconómica y su contraste regional

El andamiaje legal que regula la movilidad humana en la frontera sur de México opera como un sofisticado dispositivo de coerción extraeconómica que trasciende la violencia física directa. Dentro de las formulaciones clásicas de la economía política, la coerción extraeconómica define aquellos mecanismos de dominación políticos, jurídicos o ideológicos que el Estado echa a andar para subordinar a los sujetos al proceso de explotación laboral sin necesidad de emplear únicamente la fuerza de las armas. En el escenario de Tapachula, este dispositivo se materializa en un entramado de trámites contradictorios, plazos indeterminados y dilaciones sistemáticas que la población en movilidad denomina el «laberinto burocrático». La ley de migración y los protocolos de asilo, lejos de funcionar como instrumentos de protección o regularización soberana, son instrumentalizados como tecnologías de inmovilización inducida que desgastan la autonomía de los sujetos (Martínez, 2019).

Este laberinto jurídico se sostiene sobre una paradoja normativa deliberada. Por un lado, la legislación nacional reconoce formalmente el derecho universal a solicitar la condición de refugiado; por el otro, los mecanismos operativos de la Comar y el INM imponen restricciones geográficas que prohíben explícitamente a los solicitantes abandonar el estado de Chiapas bajo amenaza de perder su estatus legal o sufrir una detención migratoria. Tal adscripción territorial forzada rompe el principio de libre tránsito y despoja al documento administrativo de su valor de amparo legal real. El papel que certifica el inicio del trámite no otorga certezas del porvenir, sino que funciona como una cadena jurídica que ancla a los cuerpos a un perímetro geográfico devaluado, lo que los obliga a consumir sus escasos recursos económicos y los fuerzan a aceptar la inserción laboral precarizada descrita en los apartados previos (Varela, 2020).

El contraste regional del fenómeno demuestra que la parálisis administrativa en Tapachula no responde a una incapacidad técnica del Estado, sino a una estrategia geopolítica de externalización de fronteras coordinada con las demandas de contención del Norte global. Mientras que en las oficinas migratorias del centro y norte del país los procesos de regularización y tránsito fluyen con relativa flexibilidad para abastecer de mano de obra a los enclaves industriales, en el Soconusco se edifica un dique burocrático infranqueable. La asimetría en los tiempos de respuesta y en las tasas de aprobación de visas humanitarias entre las distintas delegaciones del INM evidencia que la frontera sur funciona como un filtro demográfico y biopolítico. El laberinto jurídico es, por consiguiente, el engranaje normativo que legaliza el desamparo estructural, transformando el derecho al asilo en un proceso punitivo de desgaste corporal y disciplinamiento laboral (Torre Cantalapiedra, 2021).

Condiciones de habitabilidad, precarización espacial y segregación urbana en Tapachula

La inmovilidad forzada de las poblaciones en movilidad reconfigura los mercados laborales del Soconusco al tiempo que fractura la estructura urbana de Tapachula y consolida geografías de exclusión y segregación residencial cruda. En la óptica de David Harvey (2004) concerniente a la producción espacial del capitalismo tardío, el confinamiento fronterizo toma forma material a causa de divisiones físicas que empujan a los sujetos desposeídos hacia entornos residenciales hipergradados, desprovistos de servicios mínimos. La vivienda deja de operar como un espacio de resguardo o dignidad biológica para convertirse en un nodo de extracción económica pura, donde confluyen la especulación inmobiliaria nativa y el desamparo jurídico que instrumenta el Estado. Esta precariedad habitacional extrema es el reflejo físico del desgaste cotidiano ejercido sobre los cuerpos migrantes a lo largo de la espera administrativa.

El mapa de esta segregación se dibuja con claridad en la periferia urbana y las calles deterioradas del centro histórico, zonas que concentran un stock inmobiliario degradado, pero altamente rentable a costa de las familias en tránsito. Arrendadores locales aprovechan la falta de contratos formales y el temor a la deportación para imponer dinámicas de subarriendo abusivo, que hacinan a múltiples núcleos familiares en cuartos únicos carentes de ventilación o sanitarios independientes. Dicha mercantilización del desamparo, conceptualizada por Saskia Sassen (2003) como parte de las microgeografías de la globalización, transfiere el costo de la crisis humanitaria directo a los bolsillos de los migrantes y devora hasta 70% de los ingresos obtenidos en la informalidad.

Esta realidad habitacional se enlaza de forma directa con un acceso nulo a las redes de infraestructura pública y una exposición constante a la degradación ambiental. Los barrios con mayor densidad migratoria cargan con deficiencias crónicas de agua potable, nula recolección de basura y falta de alumbrado, circunstancias que detonan brotes epidemiológicos, infecciones dérmicas y padecimientos gastrointestinales que ensañan su impacto en infancias y mujeres gestantes. El abandono estatal de estos perímetros dista de ser un error de planeación; funciona como una estrategia indirecta de hostigamiento orientada a desarticular la organización comunitaria, quebrar el uso del espacio público y recluir a los colectivos en una invisibilidad forzada, lo que actualiza las advertencias de Henri Lefebvre (1974) acerca del uso político del espacio urbano.

Las dinámicas de segregación socioespacial vigentes en la ciudad alimentan narrativas xenófobas locales que vinculan en automático la presencia migrante con la delincuencia y la suciedad. Cámaras de comercio y sectores civiles nativos echan mano de esos estigmas para exigir limpiezas sociales en plazas y parques céntricos, dinámicas de criminalización urbana analizadas por Estela Schindel (2019). El confinamiento habitacional queda atrapado en un circuito de violencia bidireccional: el régimen fronterizo condena a los sujetos a la irregularidad y al hacinamiento, mientras que el orden municipal criminaliza las huellas materiales de dicha exclusión, convirtiendo a la frontera sur en un engranaje de desposesión especializada.

Geopolítica del confinamiento visto desde la coerción residencial y el espejo del «Estado-tapón»

Los datos y las cartografías de exclusión urbana obligan a desmontar la narrativa institucional que retrata la crisis en la frontera sur como una simple falla de planeación o un problema de saturación logística. Al confrontar el discurso humanitario del Estado mexicano con las prácticas concretas de contención de la Comar y el INM, queda en evidencia una paradoja estructural: el laberinto administrativo no busca la expulsión inmediata ni el retorno ordenado de las poblaciones en movilidad, sino su inmovilización temporal y selectiva, un principio que Kitty Calavita (2005) identifica como el eje de la utilidad económica del migrante irregular. En términos de sociología del trabajo, tal parálisis jurídica actúa como una forma de coerción extraeconómica especializada. Con el despojo deliberado a las mujeres migrantes de una certeza documental y al prohibir su tránsito hacia el norte del país, el aparato estatal prefigura las condiciones para que su fuerza de trabajo y sus escasos recursos sean absorbidos y fagocitados por el mercado inmobiliario y laboral local. Esto abarata los costos de reproducción de la economía regional en el Soconusco y extrae plusvalía de la desesperación, en sintonía con las tesis de Ruy Mauro Marini (1973) sobre la superexplotación y las revisiones contemporáneas de Sandro Mezzadra y Brett Neilson (2014) referentes a las fronteras como dispositivos de segmentación productiva.

Esta lógica de domesticación laboral y residencial que recurre al limbo legal adquiere un cariz global cuando se contrasta con otros dispositivos de contención fronteriza a escala internacional. Tapachula no es una anomalía aislada: opera como un eslabón fundamental de la estrategia transnacional de externalización de fronteras coordinada por las economías centrales, un modelo que Stephen Castles (2004) conceptualizó como la reestructuración de los sistemas migratorios globales. El modelo de «Estado-tapón» o frontera vertical emula de manera casi simétrica las dinámicas que la Unión Europea despliega en el norte de África, al delegar en países como Marruecos o Turquía la gestión punitiva y el estancamiento de los flujos migratorios a cambio de legitimidad política y acuerdos de cooperación económica, mecanismos de contención externalizada descritos por Martina Garelli y Martina Tazzioli (2016). La diferencia crítica en el enclave del Soconusco radica en cómo este confinamiento territorial es capitalizado de inmediato por las estructuras de mercado locales. Aquí, la precariedad de las mujeres jefas de hogar es utilizada para subsidiar directamente los sectores comerciales y de servicios de la región, una dinámica que Saskia Sassen (2003) ya anticipaba al analizar los circuitos globales de la feminización de la supervivencia en los márgenes del capital.

El verdadero peligro de este entramado radica en su capacidad para naturalizar la violencia a través de la burocracia institucional. Cuando el acceso a la identidad legal se convierte en un recurso escaso y es administrado a cuentagotas, la vulnerabilidad deja de ser una condición social fortuita para transformarse en un mecanismo de control espacial y habitacional, tal como lo desvelan los estudios de Alejandra Aquino Moreschi (2019) y Ángeles Cruz (2021). Las dinámicas observadas en Tapachula demuestran que el régimen fronterizo contemporáneo ha perfeccionado un sistema en el que el desgaste del tiempo sustituye a la violencia física directa y logra los mismos efectos de subordinación laboral sin el costo político de la represión abierta, un proceso de inclusión subordinada teorizado por Nicholas de Genova (2002). Esta pinza que se cierra sobre los cuerpos femeninos revela la verdadera función de las fronteras contemporáneas: espacios de excepción jurídica diseñados no para detener los flujos de población, sino para fragmentarlos, precarizarlos y volverlos disponibles a las demandas del capital local y global, lo que cruza las reflexiones de Silvia Federici (2013) relativas a la acumulación originaria permanente y la lectura de Rita Segato (2016) concerniente a las nuevas formas de la violencia patriarcal-colonial.

La dimensión espacial del confinamiento a partir de las cartografías de la precariedad urbana y el peregrinaje burocrático

La inmovilización forzada que impone el régimen migratorio en la frontera sur no se agota en los expedientes administrativos: se desborda en las calles y fractura la geografía misma de Tapachula. Con la finalidad de desentrañar el asedio cotidiano que experimentan las mujeres jefas de hogar en ese espacio, es indispensable examinar el modo en que la segregación urbana opera como un castigo silencioso, una línea de análisis desarrollada por Amarela Varela (2017) en sus estudios referentes a las dimensiones corporales de la migración centroamericana. El entorno público dista de ser neutral. Actúa como un filtro selectivo que fragmenta la vida diaria en función del género, la clase y el origen étnico, un proceso que Henri Lefebvre (1974) identificaba al describir la manera en que el poder moldea las materialidades espaciales para garantizar la subordinación de los colectivos desposeídos. La ciudad toma así la forma de una prisión a cielo abierto donde las fronteras burocráticas se trasladan a la cotidianidad de los barrios, lo que fuerza a las familias monoparentales a habitar geografías del despojo en las que la exclusión material dicta las pautas de supervivencia (Harvey, 2004).

Esta distribución asimétrica de los cuerpos en el mapa urbano se encuentra atravesada por un racismo inmobiliario y estatal manifiesto. La relocalización de las oficinas encargadas de la regularización documental hacia las periferias desarticuladas de la ciudad impone un peregrinaje diario que expone a las mujeres a situaciones de vulnerabilidad extrema. Las sedes de la Comar en el sector de Los Laureles y las delegaciones del INM evidencian cómo el aislamiento geográfico es utilizado deliberadamente como una tecnología de desgaste físico y psicosocial, un diagnóstico refrendado por Blanca Cordero y su equipo (2019) al analizar el control de la movilidad en Chiapas. Para una madre autónoma, acudir a esas ventanillas implica un dilema invisible: elegir entre el desembolso de ingresos inexistentes en redes de transporte informal con tarifas abusivas, o emprender caminatas kilométricas por rutas militarizadas desprovistas de banquetas o zonas de sombra. El perímetro que circunda a dichas instituciones deviene en un espacio de riesgo latente donde la ausencia de un documento válido transforma la movilidad peatonal en una ruta directa hacia la extorsión civil o la detención migratoria, situaciones que actualizan las tesis de Edward Soja (2010) en cuanto a las injusticias espaciales.

El confinamiento se agudiza al transitar de la escala pública a la esfera doméstica. Expulsadas del centro urbano por los prejuicios xenófobos nativos y la asimetría de ingresos, estas mujeres terminan recluidas en los márgenes de colonias como Las Américas o Cafetales, donde el acceso a un hábitat digno resulta estructuralmente inviable. El mercado inmobiliario informal capitaliza la irregularidad documental con el objeto de imponer cánones de arrendamiento desproporcionados a cambio de cuartos de block con techumbres de zinc, carentes de ventilación cruzada o servicios sanitarios independientes. El hacinamiento crítico derivado de esa dinámica no constituye un accidente de planeación, sino un modelo de negocio local que extrae valor de la desprotección jurídica de los sujetos en tránsito (Sassen, 2015). La cohabitación de hasta cuatro núcleos familiares en un solo espacio para amortizar los costos anula la privacidad e introduce tensiones internas que precarizan aún más la vida íntima de las familias.

A la degradación habitacional se suma la gestión privatizada e informal de las infraestructuras básicas en las periferias. El suministro de agua potable en estos asentamientos periféricos se encuentra monopolizado por camiones cisterna y comités vecinales que mercantilizan el recurso y fijan tarifas que superan significativamente el costo del promedio municipal. Para las jefas de hogar, la recolección y acarreo de agua se convierte en una carga física extenuante que tipifica lo que las geografías feministas, representadas por Silvia Federici (2013), denominan la precarización del cuidado y de la reproducción social. La obligación de elegir cotidianamente entre la adquisición de alimentos básicos o el pago del agua indispensable para la higiene biológica demuestra que el racismo en el Soconusco se operacionaliza con la privación material de los recursos vitales, un engranaje de violencia estructural que Hugo Ángeles Cruz (2021) sitúa como la base del orden socioespacial de la frontera sur mexicana.

El mercado laboral del Soconusco, bajo indicadores de superexplotación y trabajo femenino informal

Este orden político-administrativo y de exclusión residencial determina de forma directa la inserción de las poblaciones en movilidad en la estructura del mercado de trabajo regional. En el espacio fronterizo aludido, la inmovilidad forzada opera como un mecanismo extraeconómico de subordinación que devalúa la fuerza de trabajo, al ejercer un impacto marcadamente asimétrico sobre las mujeres. Privadas de un reconocimiento jurídico formal, las migrantes, en su mayoría jefas de familias monoparentales, se ven compelidas a insertarse en los nichos más degradados y desregulados de la economía informal de Tapachula. Si se recupera la categoría de superexplotación formulada por Ruy Mauro Marini (1973), los registros del ciclo 2024–2025 prueban que esta participación laboral no es marginal ni esporádica, sino que representa la degradación intencionada del valor de la fuerza de trabajo para subsidiar los costos de operación del comercio y los servicios locales, pues se pagan remuneraciones que se ubican por debajo del costo mínimo de la reproducción biológica.

La asimetría del ingreso real se agudiza al contrastarla con la especulación inmobiliaria que define al enclave. Debido al confinamiento de miles de personas en un territorio delimitado, los costos del arrendamiento precario y los bienes de consumo básico en Tapachula muestran índices inflacionarios muy superiores a la media nacional. De ese modo, una trabajadora que percibe ingresos exiguos en el servicio doméstico o el trabajo de cuidados desregulado debe destinar más de 65% de su percepción exclusiva al pago de un espacio de pernocta hacinado. El excedente monetario restante constriñe el gasto alimentario, lo que obliga a reducir al mínimo el consumo calórico de su núcleo dependiente. Tal brecha estructural visibiliza la contradicción entre las extenuantes jornadas físicas exigidas y la extrema precariedad del ingreso, cuya distribución varía sustancialmente según el nicho de inserción informal específico.

Los datos presentados en la gráfica 3 permiten desmitificar la supuesta inclusión laboral de las poblaciones en movilidad en el sector informal fronterizo. Al cruzar las proporciones de ocupación con la intensidad horaria semanal resulta evidente que las jornadas extenuantes que superan las 50 horas semanales se concentran en actividades de alta demanda física y nula protección legal, tales como el comercio ambulante de vía pública y los servicios de limpieza en establecimientos locales. La gráfica hace patente que el mercado regional devora el tiempo de las jefas de hogar sin ofrecer a cambio un retorno monetario que garantice la subsistencia familiar. Esta distribución ocupacional plasma una segregación del empleo en la que el estatus migratorio irregular funciona como un criterio de selección que condena a los cuerpos feminizados a las tareas más precarizadas de la urbe.

Gráfica 3
Distribución ocupacional e intensidad horaria de mujeres migrantes jefas de hogar en mercados informales de Tapachula (ciclo 2024–2025)

Nota: gráfica elaborada a partir de las proporciones de ocupación y promedios de horas semanales  recolectados en los registros de atención y cuestionarios de autorreporte económico en el Soconusco.

Cuando se examina la articulación de las jornadas extenuantes con las estructuras de opresión locales, Silvia Federici (2013) aporta un marco imprescindible al demostrar cómo el capitalismo contemporáneo descarga de forma sistemática los costos de la reproducción social directamente sobre los hombros de las mujeres. En Tapachula, esta alianza estratégica maximiza los márgenes de ganancia del capital local, el cual se beneficia de una infraestructura de cuidados y subsistencia familiar costeada a precio cero por las redes migrantes. La falta de regularización documental cancela cualquier posibilidad de acceso al empleo formal, circunstancia que los recluye en el comercio callejero y el trabajo doméstico desregulado. Por su parte, la lectura de Rita Segato (2016) acerca de las nuevas formas de la violencia en contextos de control territorial ayuda a comprender que esta vulnerabilidad no se desprende de una fragilidad intrínseca o biológica de las mujeres, sino de una producción institucional planificada por un régimen fronterizo que extrae control político y valor económico de su inmovilización forzada.

Ese escenario permite validar las teorías críticas del intercambio desigual en contextos periféricos, donde el control migratorio muta en un engranaje netamente económico. Sandro Mezzadra y Brett Neilson (2014) explican que las fronteras contemporáneas no actúan simplemente bloqueando el paso, sino que funcionan como filtros que fragmentan y flexibilizan a los sujetos de acuerdo con las necesidades del mercado. Al operar como un dique burocrático y militar en la frontera sur, la parálisis administrativa de la Comar y los operativos punitivos del INM se constituyen como el brazo extraeconómico que constriñe a las mujeres a aceptar remuneraciones de mera subsistencia. De esa manera se cierra la pinza de la praxis estatal: la retórica humanitaria institucional legitima la actuación del Estado ante los organismos internacionales, mientras que el desgaste administrativo en el territorio garantiza mano de obra precarizada, barata y disponible para las demandas del capital regional.

Redes de apoyo, tejido comunitario y agencias de resistencia en el espacio fronterizo

La producción de un entorno de confinamiento e insalubridad forzada en el Soconusco no se traduce únicamente en la victimización pasiva de las poblaciones en movilidad. Por el contrario, detona de forma inmediata la emergencia de prácticas de resistencia cotidiana y articulaciones comunitarias que desafían el disciplinamiento impuesto por el Estado. Cuando se analizan esos procesos desde la perspectiva de la autonomía de las migraciones desarrollada por Sandro Mezzadra (2012), resulta evidente que los flujos en tránsito despliegan una capacidad de agencia política y organizativa capaz de fisurar los dispositivos de contención. Frente al laberinto jurídico y la desposesión inmobiliaria que caracterizan la dinámica urbana de Tapachula, los colectivos migrantes configuran redes de apoyo mutuo que trabajan como infraestructuras de supervivencia alternativas, al disputar activamente el sentido mismo de la espera y la inmovilidad forzada.

El primer núcleo de resistencia se localiza en la colectivización de los recursos materiales y el cuidado mutuo dentro de los espacios habitacionales precarizados. Ante el fenómeno del subarriendo abusivo y las rentas infladas en las periferias de la ciudad, las familias migrantes optan por disolver la estructura de la vivienda nuclear unifamiliar para constituir comunas residenciales basadas en la nacionalidad o la afinidad lingüística. Esta estrategia colectiva permite prorratear los costos del alquiler y organizar turnos comunitarios para el cuidado de las infancias, lo que libera tiempo vital a fin de que las jefas de hogar se inserten en los circuitos del comercio ambulante. La gestión compartida de la alimentación y la salud intramuros subvenciona la vida en un entorno hostil, que transforma el hacinamiento impuesto en una trinchera de resguardo colectivo frente a la intemperie burocrática del Estado.

Esta recomposición del tejido social halla un reflejo en el espacio público de Tapachula, el cual deviene en un escenario de disputa política debido a la apropiación informal de calles, mercados y plazas céntricas. Henri Lefebvre (1974) advertía que el espacio es el lugar geométrico donde se objetivan las relaciones de dominación, pero también donde se producen las rupturas de los sectores subalternos. En ese sentido, los enclaves comerciales gestionados por colectivos haitianos y centroamericanos exceden por mucho la simple función del intercambio económico de subsistencia: funcionan como nodos de socialización densa, intercambio de información en tiempo real sobre rutas informales o trámites legales, y espacios de apoyo psicosocial seguro frente al acoso policial y las redadas del INM. La ocupación física del asfalto subvierte el orden municipal que busca la invisibilización del migrante y obliga a la sociedad receptora a cohabitar con la diferencia cultural y racializada.

Redes conectivas frente al acoso institucional, la infraestructura digital del cuidado

La apropiación espacial e intramuros se complementa y potencia mediante una dimensión virtual indispensable: la construcción de infraestructuras digitales de resistencia y alerta temprana. Lejos de constituir meras herramientas de comunicación interpersonal, los teléfonos inteligentes y las redes de mensajería encriptada operan en el Soconusco como un sistema de contravigilancia comunitaria gestionado predominantemente por mujeres jefas de hogar. Al respecto, los estudios concernientes a las geografías digitales de la migración coordinados por Marie Gillespie (2016) y Myria Georgiou (2018) demuestran que las tecnologías de la información actúan como «infraestructuras de conectividad vital» que alteran la asimetría de poder entre las agencias de control y los sujetos en movilidad, lo que permite la producción de un espacio público digital alternativo dentro de los perímetros de confinamiento.

En el entorno urbano de Tapachula, la dimensión tecnológica redefine las nociones tradicionales de resguardo. Indicadores recopilados por organizaciones de monitoreo fronterizo locales indican que más de 88% de las unidades domésticas monoparentales dependen del uso activo de smartphones de gama baja para gestionar su seguridad diaria. A través de canales autogestionados en plataformas de mensajería como WhatsApp y grupos cerrados de Facebook, las solicitantes de asilo coordinan redes de monitoreo geolocalizado que cartografían en tiempo real los perímetros operativos de las volantas del INM, los puntos de extorsión de las policías locales y la disponibilidad de turnos o cuellos de botella en las sedes de la Comar.

Esta recopilación de datos comunitarios en tiempo real facilita a las mujeres colectivizar el conocimiento de las vulnerabilidades del entorno urbano. Con ello logran desactivar parcialmente la sorpresa punitiva de los operativos estatales, al reducir los márgenes de detención y deportación arbitraria. Asimismo, las redes de mensajería fungen como mercados virtuales de apoyo alimentario y médico informal, en los que se intercambian medicamentos, fórmulas infantiles y recursos de supervivencia sin necesidad de transitar por las ventanillas asistenciales del gobierno mexicano. La conectividad digital se instituye como un escudo de protección colectiva que desborda las restricciones del confinamiento físico, lo que dota a las familias de una capacidad de anticipación táctica fundamental dentro del nudo fronterizo.

Articulaciones transnacionales y el tejido solidario regional

La trama comunitaria descrita se fortalece por medio de alianzas estratégicas con actores de la sociedad civil local: albergues de inspiración eclesiástica, colectivos de abogadas defensoras de derechos humanos y redes de monitoreo fronterizo. Investigadores de la región como Daniel Villafuerte Solís (2018) documentan que, ante el repliegue de los presupuestos federales para la atención humanitaria, el tejido sociorreligioso e independiente del Soconusco, representado por espacios emblemáticos como el Albergue Belén o el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, ha asumido el costo real de la reproducción social y la defensa jurídica de las poblaciones atrapadas en el perímetro de contención. Si bien el aparato estatal criminaliza o burocratiza la acción humanitaria independiente, esos espacios de solidaridad nativa proveen el blindaje jurídico y el acompañamiento técnico requeridos para interponer juicios de amparo y agilizar las constancias de asilo.

Bajo la lectura de Amarela Varela (2020) acerca de las tramas de hospitalidad y las luchas migrantes en México, la convergencia entre la agencia de los sujetos en tránsito y el tejido solidario regional configura un contrapeso crítico frente a las políticas de contención y externalización de fronteras. Asimismo, Alejandra Aquino Moreschi (2019) sostiene que estas formas de resistencia local no se limitan a la asistencia paliativa, sino que componen espacios de subjetivación política donde las mujeres migrantes transitan de la condición de víctimas administrativas a la de actoras colectivas que disputan el derecho al espacio.

Esta alianza multisituada constata que la frontera sur no es únicamente un laboratorio de precarización capitalista o un espacio de pura dominación soberana, sino un territorio en permanente disputa donde los cuerpos en movilidad, mediante sus prácticas cotidianas de apoyo mutuo y articulación legal, defienden de forma irrenunciable su derecho a la vida, al arraigo y al tránsito soberano.

Conclusiones

Los indicadores cuantitativos y cualitativos analizados a lo largo del bienio 2024–2025 demuestran que la frontera sur de México, y específicamente el enclave de Tapachula, no enfrentan una crisis humanitaria coyuntural o un fallo técnico-operativo de la burocracia local. Lo que se materializa en este territorio es un engranaje nítido de la gobernanza global del capital: un dispositivo planificado de inmovilización forzada y desgaste corporal. Al confrontar la narrativa institucional de la hospitalidad con el estrangulamiento administrativo de la Comar y los operativos punitivos del INM, queda al descubierto la función real del Estado periférico en la división internacional del trabajo. El aparato estatal actúa como un filtro selectivo que transforma el éxodo y el desplazamiento en una mercancía laboral precarizada, racializada y disciplinada mediante el consumo del tiempo, disponible para los circuitos de acumulación regional y transnacional en el Soconusco.

Esta dinámica de confinamiento valida la perspectiva teórica de Raúl Delgado Wise (2013) en torno a la migración forzada como una de las expresiones más agudas de la crisis del capitalismo contemporáneo, en la que la exportación de fuerza de trabajo barata y desprotegida sostiene la reestructuración de las economías centrales. El efecto embudo desplegado en la región evidencia que la externalización de fronteras excede por mucho los objetivos formales de seguridad nacional dictados por el centro global; su función directa e histórica es regular y devaluar la fuerza de trabajo en los márgenes. Al congelar el estatus jurídico de las poblaciones y confinarlas a geografías de la informalidad urbana y el hacinamiento habitacional, el régimen de contención deprime de forma anticipada el valor de cambio de la mano de obra. Esta violencia estructural golpea con saña asimétrica a las mujeres migrantes jefas de hogar, cuyos tiempos de vida y redes comunitarias terminan absorbiendo los costos de la reproducción biológica bajo condiciones de superexplotación. La parálisis administrativa, por tanto, no responde a la ineficiencia; constituye la tecnología extraeconómica necesaria para garantizar un ejército industrial de reserva despojado de derechos y coaccionado por las urgencias de la subsistencia inmediata.

Frente a tal escenario de subordinación, la investigación de campo demostró que los colectivos en movilidad no se constituyen como víctimas pasivas del entramado burocrático. La emergencia de comunas residenciales periféricas y la apropiación política del espacio público urbano en Tapachula revelan que la inmovilización es respondida con prácticas de resistencia cotidiana que disputan el sentido de la espera. Asimismo, la consolidación de una infraestructura digital del cuidado —expresada en redes conectivas de telefonía móvil y mensajería encriptada que evaden la sorpresa punitiva de las volantas del INM— desvela una capacidad de anticipación táctica que fisura el control territorial del Estado. Estas agencias, articuladas con el tejido solidario e independiente de los albergues de la sociedad civil local, configuran un contrapeso crítico que resguarda la vida frente a las violencias de la externalización fronteriza.

Superar el doble rasero que define a la praxis estatal exige fracturar de raíz el paradigma de la gobernanza migratoria neoliberal, pues resulta teórica y políticamente inviable reformar un dispositivo diseñado ex profeso para la desvalorización sistémica de la fuerza de trabajo. Una alternativa de transformación con horizonte crítico requiere desmantelar la arquitectura civil-militar de contención en la frontera sur, transitando hacia esquemas de regularización expeditos, universales e incondicionales. Esto implica necesariamente que el Estado mexicano desvincule la operación soberana del INM y la Comar de las directrices de seguridad punitiva coordinadas desde Washington. Dentro de esa lógica de derechos, la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias debe recuperar su espíritu original y garantizar el derecho efectivo al libre tránsito por el territorio nacional, además de revertir su instrumentación actual como un mecanismo de confinamiento geográfico selectivo y reclusión periférica.

A partir de las aportaciones de Samir Amin (1974) y los enfoques del desarrollo alternativo latinoamericano referentes al intercambio desigual, se vuelve claro que la resolución de esta fractura estructural exige transformar las asimetrías macroeconómicas y las lógicas coloniales que provocan las expulsiones en los países de origen, al desmarcarse por completo de los pactos tecnocráticos de control regulado. Es indispensable articular una agenda de cooperación transnacional Sur-Sur orientada a la soberanía alimentaria, la reactivación productiva local y la desmercantilización profunda de los derechos sociales. El desmontaje conjunto de las violencias de origen y de las tecnologías burocrático-militares de confinamiento en Tapachula representa la única vía real para frenar el desgaste actual de las poblaciones en movilidad. Una reconfiguración de este calado estructural permitirá devolver a la movilidad humana su carácter de opción digna y desvinculará de forma definitiva los cuerpos, las trayectorias y los cuidados de las mujeres migrantes de las dinámicas de acumulación global.

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