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Nayib Bukele: la formación del dictador más genial del mundo

Nayib Bukele: the making of the world’s coolest dictator

Recibido 21/09/24 | Aceptado 05/10/24

Henry Veltmeyer

*Canadiense. Docente investigador, Unidad Académica en Estudios del Desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas. Correo-e: hveltmeyer@gmail.com

Resumen. La elección de Nayib Bukele como presidente de El Salvador, autodenominado «el dictador más genial del mundo», ha conmocionado al mundo entero y ha planteado preguntas fundamentales sobre la tradición populista de la política latinoamericana y el destino de la democracia en América Latina, así como sobre el significado de lo que parece ser una tendencia global hacia el autoritarismo en los primeros años del siglo XXI. Este artículo pretende analizar lo que se ha descrito como el «milagro de Bukele», se hace referencia a la redada masiva y el encarcelamiento de las bandas criminales del país por parte del presidente, que ha convertido uno de los lugares más peligrosos del mundo en uno de los más seguros. Se explica, además, el «milagro de Bukele» y su tipo de autoritarismo con relación a la dinámica migratoria del desarrollo capitalista en el contexto de las guerras civiles centroamericanas.

Palabras clave: populismo latinoamericano, autoritarismo, bandas criminales, democracia, migración.

Abstract. The ascension of Nayib Bukele, self-described as the «world’s coolest dictator», to the presidency in El Salvador has sent shockwaves around the world, raising fundamental questions about the Latin American tradition of populist politics and the fate of democracy in Latin America, as well as the significance of what appears to be the global trend towards authoritarianism in the early 21st Century. This paper seeks to dissect what has been described as the «Bukele miracle», with reference to president Bukele’s massive roundup and incarceration of the country’s criminal gangs, converting what had been one of the most dangerous places in the world to live into one of the safest. The paper traces the advent of the Bukele miracle and his brand of authoritarianism back to the migration dynamics of capitalist development in the context of the Central American civil wars.

Keywords: Latin American populism, authoritarianism, criminal gangs, democracy, migration.

 

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, accedió a una entrevista con la revista Time en su despacho de la Casa Presidencial de San Salvador el 25 de junio (Bergebruen, 2024), cuatro meses después de su segundo mandato, tras una aplastante victoria en la que obtuvo un asombroso 83% de los votos en su reelección como el autodenominado «rey filósofo» del país y el «dictador más genial del mundo» (The Guardian, 5 de febrero de 2024). Recién iniciado su segundo mandato, con una mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, hizo alusión a las medidas enérgicas de su Gobierno contra las conocidas bandas (maras, en la jerga centroamericana), que habían atraído tanta atención mediática e internacional, así como de los poderes de emergencia (un estado de excepción aprobado forzosamente por una Asamblea Legislativa dominada por el partido de Bukele) que le permitieron suspender algunas libertades civiles para encarcelar a más de 75 mil integrantes conocidos o sospechosos de pertenecer a bandas y a sus asociados (Bergebgruen, 2024). En la entrevista, Bukele expresó que la disminución de las tasas de homicidio había transformado a El Salvador, el cual antes era considerado uno de los lugares más peligrosos del mundo para vivir, en uno de los más seguros, lo que ayudaba a explicar cómo y por qué el «milagro Bukele» había captado la atención del mundo y recibido el apoyo entusiasta de los conservadores de toda la región.

Una característica sorprendente del acto de su toma de posesión como presidente, tras haber logrado la mayoría más amplia en la historia de la política electoral democrática de El Salvador, fue la notoria atención internacional que atrajo y el alto nivel de los funcionarios que asistieron. La delegación estadounidense, por ejemplo, incluía no sólo al secretario de Seguridad Nacional, sino también a representantes del Departamento de Estado, el Departamento de Comercio y varias otras agencias, además de una delegación bipartidista del Congreso y el Senado, y Donald Trump Jr., en representación del movimiento Make America Great Again (MAGA, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos. Otros delegados fueron Matt Gaetz, un representante de este movimiento caído en desgracia en el Congreso y mal seleccionado por el presidente electo Trump para fiscal general, y Tucker Carlson, un conocido ideólogo y locutor de derecha, junto con otros compañeros de camarilla de la extrema derecha protofascista latinoamericana y neoliberal, que asistieron con el evidente interés de aprender más sobre el «modelo Bukele» para inspirarse o extraer lecciones de sus políticas.

Migración y delincuencia: situando a Bukele en su contexto regional

En el actual contexto de desarrollo capitalista global, la aparición del fenómeno Bukele no es única ni inesperada. Por un lado, tiene sus raíces en una larga historia de populismo en la política latinoamericana y forma parte de un movimiento global y una tendencia empírica que se refleja en la aparición de una marca populista autoritaria en la política, tanto en América Latina como en Europa e, incluso, en Estados Unidos, con la conversión del Partido Republicano en un culto en torno a la figura del outsider político Donald Trump. Por otra parte, la dinámica política que dio lugar al surgimiento de Bukele se remonta a las guerras civiles centroamericanas de los 1980 en respuesta al avance del capitalismo y el imperialismo estadounidense en la región. Los esfuerzos concertados del Gobierno estadounidense y el Estado imperial en las décadas de 1970 y 1980 para debilitar y derribar o destruir al movimiento regional de cambio revolucionario inspirado en la Revolución cubana, y de paso bloquear las incursiones y el avance del comunismo internacional, fueron un factor clave en el estallido de una guerra civil en la región conocida como el Triángulo Norte de Centroamérica.

La guerra civil salvadoreña fue una guerra de 12 años librada entre el Gobierno y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), una coalición de grupos guerrilleros de izquierda, uno de los muchos movimientos revolucionarios de este tipo («ejércitos de liberación nacional») que se formaron en la región a raíz de la Revolución cubana (Veltmeyer, 2005). Las operaciones del Gobierno y las fuerzas de seguridad de El Salvador, al igual que en los otros dos países del Triángulo Norte, contaron con el apoyo activo del Gobierno estadounidense en lo que consideraba la «guerra contra el comunismo internacional». Este apoyo incluía ayuda financiera, la formación de oficiales militares en técnicas de contrainsurgencia y el uso de organizaciones voluntarias privadas financiadas por Estados Unidos para apartar al campesinado desplazado y al semiproletariado de trabajadores rurales sin tierra —denominados por el Banco Mundial «pobres rurales»— de los movimientos revolucionarios, ofreciéndoles préstamos de microfinanciación para sus proyectos de desarrollo local o ayuda que les permitiera salir de la pobreza rural, esto es, emigrar y trabajar (Veltmeyer, 2005).

El golpe de Estado del 15 de octubre de 1979, seguido de los asesinatos de manifestantes antigolpistas por parte del Gobierno, se considera el inicio de la guerra civil en El Salvador. La guerra no terminó formalmente hasta después del colapso de la Unión Soviética, el 16 de enero de 1992, cuando se firmaron los Acuerdos de Paz de Chapultepec en Ciudad de México. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó entonces que la guerra había acabado con la vida de más de 75 mil personas entre 1979 y 1992, aparte de causar aproximadamente 8 mil desaparecidos. Las violaciones de los derechos humanos, en particular el secuestro, la tortura y el asesinato de presuntos simpatizantes del FMLN por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y los escuadrones de la muerte paramilitares, fueron generalizadas. 

El Gobierno salvadoreño era un aliado de Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría y, como se ha señalado, durante las administraciones Carter y Reagan, Estados Unidos le proporcionó una amplia ayuda económica, así como formación a los oficiales militares en técnicas de contrainsurgencia y asistencia al aparato de inteligencia nacional. En mayo de 1983 se informó que oficiales militares estadounidenses trabajaban en el alto mando salvadoreño y tomaban importantes decisiones estratégicas y tácticas de las fuerzas de seguridad salvadoreñas, que incluían tácticas de contrainsurgencia que a menudo iban dirigidas en contra de civiles.

En la historia de Nicaragua, los contras (es decir, la contrarrevolución) fueron milicias de derecha que libraron una guerra de guerrillas anticomunista (1979–1990) contra los Gobiernos marxistas del Frente Sandinista de Liberación Nacional y la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, que llegaron al poder tras la Revolución nicaragüense de 1979. Más de 200 mil personas murieron durante los 36 años que duró la guerra civil, la cual comenzó en 1960 y terminó con los acuerdos de paz de 1996. Alrededor de 83% de las personas asesinadas eran mayas, según un informe de 1999 elaborado por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, respaldada por la ONU, titulado Guatemala: memoria del silencio. El informe también concluía que 93% de las violaciones de los derechos humanos perpetradas durante el conflicto fueron llevadas a cabo por fuerzas estatales y grupos militares.

En este contexto regional, la dinámica de la migración rural, el desplazamiento y la emigración del campesinado no sólo respondía a la dinámica del desarrollo capitalista —es decir, la «acumulación por desposesión», en palabras de David Harvey—, sino que era una respuesta a la escalada de violencia dirigida por el Estado contra los grupos guerrilleros y las comunidades indígenas. Así, la matanza de miembros de comunidades indígenas, ampliamente documentada en El Salvador durante sus 12 años de guerra civil (1979–1992), así como en la guerra civil de Guatemala, que duró 36 años (1960–1996) y causó la muerte de alrededor de 200 mil personas, fue una de las principales causas de dichos desplazamientos. A esta dinámica migratoria y de desplazamientos contribuyeron también las milicias derechistas que libraron una guerra de guerrillas anticomunista (1979–1990) contra los Gobiernos marxistas formados por el FMLN. 

Las guerras civiles centroamericanas proporcionan diversos contextos locales para la emigración de cientos de miles de campesinos desplazados y refugiados por la violencia de las fuerzas armadas contrarrevolucionarias de los Gobiernos de Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Parte de la población desplazada acabó en las ciudades, pero la mayoría terminó en Estados Unidos como emigrantes legales e ilegales. En cuanto a El Salvador, un gran número de «emigrantes» del Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) arribaron a barrios latinos de ciudades como Los Ángeles, donde, debido a la falta de oportunidades económicas y a los lazos sociales forjados entre los emigrantes, muchos se unieron a las bandas callejeras que se habían formado en esas condiciones. La banda más notoria, que opera a ambos lados de la frontera estadounidense, es la MS13 (Mara Salvatrucha). Aunque tiene sus orígenes en los barrios pobres y repletos de refugiados de Los Ángeles de la década de 1980, la influencia de la banda se extiende ahora desde Centroamérica hasta Europa.

El Gobierno estadounidense ha acusado de terrorismo a más de una docena de líderes de la ms13 en El Salvador, lo que supone una escalada sin precedentes en la lucha del país contra las bandas callejeras internacionales. La banda ha sufrido un golpe casi mortal en su hogar espiritual, El Salvador, tras una histórica ofensiva de seguridad efectuada por la administración del presidente Nayib Bukele (véase el análisis más adelante), que ha conducido a la cárcel a cerca de dos tercios de sus miembros (Papadovassilakis, 2023).

En la década de 1980, el gobierno estadounidense organizó la deportación masiva de miles de inmigrantes del Triángulo Norte, se centró especialmente en los condenados por delitos o pertenecientes a bandas como el ms13. La migración inversa resultante, que incluyó la deportación de cientos de miles de «latinos» que no tenían a dónde ir en sus «países de origen», con sólo una remota posibilidad de llegar a fin de mes y una vida de delincuencia en las calles, dio lugar a un aumento masivo de las operaciones del m13 en El Salvador, por lo que se convirtió en uno de los lugares más violentos del mundo para vivir y trabajar. Como se verá, la política de «migración» de Estados Unidos, junto con su política de apoyo activo a las corporaciones estadounidenses que operan en el sector extractivo, ha intensificado aún más las presiones sobre la población local para emigrar al norte en busca de oportunidades económicas o escapar de la violencia criminal.

La evolución política de Bukele

En la entrevista realizada por Time a Bukele, teniendo en cuenta su toma de posesión, el entrevistador le preguntó por su orientación y evolución políticas, pues en algún momento se le había descrito como parte de la «izquierda radical», a pesar de su afinidad ideológica con la corriente de populismo autoritario antidemocrático de derecha que ha barrido el continente y Europa en la última década (sobre esto, véanse Berberoglu, 2020; y Veltmeyer, 2024). Es evidente que las principales figuras de ese movimiento en la región, incluidos Jair Bolsonaro y el actual presidente de Argentina, Javier Milei —autoproclamado libertario y capitalista de libre mercado—, lo perciben como uno de los suyos. Bukele respondió que para él no tiene sentido definir la política en términos de izquierda y derecha, y que no se considera ni de izquierda ni de derecha. En su opinión, la política que promueve no se alinea con ninguno de los dos bandos (Bergengren, 2024).

Además, el periodista de Time le cuestionó si un país con un único partido en el poder (Nuevas Ideas, en el caso de El Salvador) o una oposición muy disminuida —dado que la oposición al régimen de Bukele está compuesta por el partido de extrema derecha Alianza Republicana Nacionalista (Arena), formada por la élite agraria del país, y el FMLN, un partido de centroizquierda que desde el final de la guerra civil había estado sumido en el escándalo y la corrupción— puede ser realmente democrática. En cualquier caso, como sostiene Bukele, ambos partidos habían sido «pulverizados» por su movimiento. En cuanto a su propio partido, ahora en el gobierno, afirmó que, al haber ganado las elecciones con 70% de los votos y haber acabado con 95% de los escaños en el Congreso, era, como él aseguraba, «extremadamente hegemónico», lo que le permitía aplicar «reformas necesarias». No obstante, añadió, el proceso había sido «100% democrático». Esto se debió a que su partido siguió celebrando elecciones dirigidas por el Tribunal Supremo Electoral y supervisadas por hasta 3 mil observadores electorales internacionales en 2021. Mientras Nuevas Ideas controlaba el Poder Ejecutivo del Gobierno, Bukele argumentó que la oposición controlaba gran parte del país, así como los tribunales y la Cámara Legislativa, la Fiscalía y la mayoría de las instituciones estatales. Lo anterior plantea la interrogante de cómo Bukele y sus aliados consiguieron consolidar tanto poder sin trabas en un lapso relativamente corto. Aquí, se intentará responder a dichos cuestionamientos y a otros relativos a su modelo de gobierno, a su éxito al momento de romper el orden político para consolidar su régimen popular, y el significado histórico más amplio de su ascenso al poder.

El camino de Bukele hacia el poder

Según todos los indicios, incluido el suyo propio, el primer paso que dio Bukele en su camino al poder fue crear un instrumento político que le permitiera trascender la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, un pequeño municipio del distrito de La Libertad, a fin de llegar a la alcaldía de la capital y disputar las elecciones presidenciales de 2019. Así, el 10 de octubre de 2017, mientras era alcalde de San Salvador, anunció la creación de un nuevo partido político, Nuevas Ideas, para exhibir una lista de candidatos y presentarse él mismo a las elecciones presidenciales, que durante más de 30 años, desde el final de la guerra civil en 1992, habían estado dominadas por los dos partidos políticos más grandes del país: la Arena, de centro-derecha, instrumento político de la pequeña pero políticamente poderosa nobleza terrateniente del país, la élite agraria; y el izquierdista FMLN, partido creado en 1980 para coordinar a las cinco organizaciones político-guerrilleras de izquierda que participaron en la larga y mortífera guerra civil del país. 

Bukele había entrado en la política como activista del FMLN; sin embargo, tras una serie de enfrentamientos con la dirección de este partido, a la que Bukele acusó de corrupción, y su posterior expulsión, formó su propio partido Nuevas Ideas como instrumento político para concurrir a las elecciones presidenciales. El partido político se formó antes de las elecciones presidenciales de 2019, pero no se registró legalmente a tiempo para presentarse como candidato. Por ende, aunque siguió utilizando la marca Nuevas Ideas durante toda su campaña, gran parte de la cual se llevó a cabo en plataformas de medios sociales, se presentó a las elecciones presidenciales como parte de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA). Ganó las elecciones con 53% de los votos y asumió el cargo el 1 de junio de 2019, se convirtió en el primer presidente en 30 años que no pertenecía a Arena o al FMLN. En las elecciones legislativas de 2021, Nuevas Ideas obtuvo una supermayoría en la Asamblea Legislativa, capturó 56 de los 84 escaños, además de ganar 152 de los 262 municipios del país y 14 de los 20 escaños del Parlamento Centroamericano (Parlacen). 

En 2019, cuando Bukele aún era alcalde de la capital, anunció que se presentaba a la reelección, acto considerado inconstitucional por los expertos legales; la dirigencia de Nuevas Ideas afirmó que su objetivo era ganar los 60 escaños de la Asamblea Legislativa. En octubre de 2022, la Asamblea Legislativa liderada por Nuevas Ideas aprobó dos de sus propuestas para reducir el número de escaños legislativos de 84 a 60 y para reducir el número de municipios de 262 a 44, acciones que los analistas describen como una consolidación de su poder. Bukele ganó la reelección por un aplastante margen, con 84.65% de los votos. Nuevas Ideas obtuvo otra supermayoría en la Asamblea Legislativa, con 54 de los 60 escaños (Wikipedia, s/f).

Como instrumento político de un populista que ha oscilado entre una postura política progresista en cuestiones sociales y políticas, valores y posturas defendidos por fuerzas ultraconservadoras, por defensores de la empresa familiar y el capitalismo de libre mercado, Nuevas Ideas rechaza las etiquetas de izquierda y de derecha. Aun así, el propio Bukele fue descrito desde el principio en los medios de comunicación como un populista autoritario muy admirado y apoyado por los conservadores en el extranjero, al igual que por otros populistas autoritarios como el brasileño Bolsonaro y el argentino Milei, ambos asistieron a la toma de posesión de Bukele (Acosta, 2018). En cuanto a Trump, estuvo representado por su hijo Donald Trump Jr.

Similar a otros populistas autoritarios, Bukele es una figura antisistema a la que es difícil, si no imposible, identificar con respecto a una ideología coherente o a un modelo del que puedan derivarse sus ideas centrales (Picardo, 2023). Picardo sostiene que buscar una ideología coherente detrás de las ideas de Bukele es inútil. Lo que tenemos que entender, asegura, es que «el Bukele del pasado es diferente del Bukele del presente», es decir, que en su campaña por la presidencia tuvo que enfrentarse al hecho de que la mayoría del electorado quería un cambio en una dirección progresista, pero luego que asumió una posición de poder, tuvo que enfrentarse a fuerzas de la oposición que estaban atrincheradas en su preocupación por mantener el statu quo. Este es, incluso, el dilema fundamental al que se enfrentan todos los populistas, sirva la experiencia de Velasco Ibarra como ejemplo, un político populista ecuatoriano que fue elegido presidente en cinco ocasiones entre las décadas de 1950 y 1970, aunque sólo pudo terminar su mandato una vez, cuando se rindió a las presiones de la oposición de derecha a fin de que renunciara a su propuesta de llevar a cabo un cambio en una dirección progresista.

Bukele no tiene problemas para cambiar de la izquierda a la derecha en su programa económico y sus políticas sociales, justo porque, como apunta Picardo (2023), su política no está moldeada por ninguna ideología coherente, sino por una mentalidad favorable a la empresa. De hecho, ha formado y sigue formando parte de un grupo de empresas familiares, aunque en el pasado se había definido como izquierdista, «su estilo de vida va más de la mano de los privilegios y el buen gusto de la clase empresarial» (Picardo, 2023). Lo más probable es que esto, más que una preocupación o una predilección ideológica por la situación de la clase trabajadora y los pobres en El Salvador, acabe por decirlo.

Lo que está claro es que Bukele se deleita en —y tiene la intención de— perturbar el orden político del establishment en nombre del «pueblo». Lo que lo distingue de otros outsiders políticos y populistas autoritarios antiestablishment como Bolsonaro y Trump es que éstos fracasaron allí donde él logró romper el orden político con un apoyo popular masivo, que le permitió hacerse con los tres poderes del Estado (Betancourt, 2019; Palumbo y Malkin, 2019). De ahí la pregunta planteada al inicio del presente texto: øqué explica este éxito?

La plataforma principal del partido, además de librar las calles de las bandas criminales que aterrorizaban a la población, es la pretensión de combatir la corrupción en El Salvador. Según Anna-Catherine Brigida y Mary Beth Sheridan, de The Washington Post, el partido «se basa más en su imagen y actuación [de Bukele] que en una ideología política tradicional» (Wikipedia, s/f). En la misma línea, Jonathan Blitzer, de The New Yorker, describió a los funcionarios del gobierno de Nuevas Ideas como unidos en su lealtad a Bukele, mientras que Óscar Picardo Joao, de El Faro, describió el partido como el culto a la personalidad de Bukele.

Dentro del «milagro» de Bukele

El programa de gobierno de Bukele se sustenta en tres pilares principales: la seguridad, referida a la limpieza de las calles de las bandas que aterrorizaban a la población con violencia criminal; la corrupción, tema clave para la base populista de Bukele; la economía. Sin embargo, antes de ponerlo en práctica tuvo que afianzar su poder a través del control del Poder Ejecutivo y el Legislativo; y neutralizar el Poder Judicial, tercer bastión del poder estatal, que en aquel momento estaba bajo el control de la oposición. Concerniente a la economía, Bukele recurrió al simple expediente de hacer que la recién elegida Asamblea Nacional, dominada ahora por el partido del presidente, destituyera a los presidentes de los tribunales y al fiscal general, acusándolos de corrupción (Alvarado, Lazo y Arauz, 2021). Luego de neutralizar el Poder Judicial, una barrera democrática esencial para resistir la tentación del poder dictatorial y la piedra angular del establishment, Bukele neutralizó el poder de los legisladores de la oposición al ingresar a una Cámara Legislativa semivacía en «el día más negro», acompañado de policías armados y soldados con fusiles y chalecos antibalas. Así, Bukele consolidó su control sobre los tres poderes del Estado (BBC News, 2020).

Los jueces fueron despedidos por Bukele porque formaban parte del partido Arena, que protegía a políticos corruptos como el exdiputado y expresidente Alfredo Cristiani, con el propósito de que no fueran condenados por cargos de corrupción. Además de los cargos de corrupción, Cristiani y los nueve oficiales militares retirados también fueron acusados de uno de los crímenes contra la humanidad más notorios de los 12 años de guerra civil (el asesinato de los sacerdotes jesuitas y su ama de llaves) y de diversos actos de terrorismo. A fin de escapar de su juicio por estos crímenes y múltiples delitos de corrupción, Cristiani huyó a Italia, desde donde, al igual que Bukele, pudo «limpiar» los 100 años de desorden de El Salvador. Después de haber eliminado cualquier obstáculo legal a su programa político y neutralizar a la oposición —en sus propias palabras, la ha «pulverizado»—, dio el primer paso en el camino hacia la reactivación económica de El Salvador: limpiar las calles de violencia criminal.

Los críticos atribuyeron dicho éxito inicial en parte a los beneficios que algunas bandas supuestamente recibieron a cambio de reducir la violencia. Tales informes, aunque respaldados por documentación, fueron negados por Bukele (Martínez et al., 2020). En febrero de 2020, suscitó nuevas preocupaciones al enviar a los militares a la Asamblea Nacional para presionar a los legisladores y que aprobaran un préstamo a la tercera fase de su programa, amenazó con una insurrección popular si no lo aprobaban. Con este movimiento político y el apoyo de las fuerzas de seguridad, se disponía a enfrentarse a las bandas y a cumplir su promesa de limpiar las calles de bandas criminales. 

En agosto de 2020, Bukele inició la Fase iii de su Plan de Control Territorial con la adopción de distintas medidas de seguridad para limpiar las calles de la violencia de las bandas, con la libertad y el poder que le otorgaba el estado de excepción aprobado por la Cámara Legislativa, controlada ahora por su partido. Había movilizado a la policía y a las Fuerzas Armadas en esta lucha contra las maras y la violencia callejera que se había propagado. Alrededor de 70 mil y 82 mil pandilleros conocidos o sospechosos fueron encarcelados, junto con miles de individuos que no pertenecían a ninguna pandilla, pero que fueron detenidos de manera indiscriminada por la amplia red de seguridad establecida en las calles, según denunciaron habitantes, observadores y familiares (comunicación personal con M. del Valle, 4 de diciembre de 2024). Adicionalmente, para privar a los maras y pandilleros encarcelados de su capacidad de comunicarse y dar órdenes a los que seguían en las calles, la administración de prisiones de Bukele aplicó un bloqueo y confiscó los teléfonos móviles y cualquier medio de comunicación de los reclusos con el mundo exterior. Y, conforme a todos los indicios, dicha política fue muy eficaz para reducir aún más la violencia callejera y la delincuencia. Una vez despejadas las calles de violencia y delincuencia, Bukele estaba listo para dedicarse a otra preocupación prioritaria: la economía.

La estrategia económica de seis puntos de Bukele: pasar de la seguridad a la economía 

Para los admiradores de Bukele y sus partidarios (la última encuesta muestra un nivel de aprobación de 95% en sus políticas draconianas), El Salvador se ha convertido en un escaparate del triunfo del autoritarismo populista. Aun así, el segundo mandato de Bukele, al igual que el de Trump en Estados Unidos, será sin duda una prueba de lo que le ocurre a un Estado cuando su líder carismático cuenta con un poder abrumador capaz de desmantelar sus instituciones democráticas en pos de la seguridad. Algunos de sus allegados afirman que a Bukele le preocupa perder apoyo a medida que la población se dé cuenta del costo social de sus draconianas medidas de seguridad, que implican el detrimento en la protección de los derechos legales de los salvadoreños, y cuando sus preocupaciones pasen de la seguridad a su situación económica. 

Esa es, sin duda, la razón por la que, tras haber garantizado o impuesto una seguridad personal generalizada, Bukele dio inmediatamente un giro hacia la economía. El problema es que El Salvador sigue siendo uno de los países más pobres del hemisferio occidental y él ha hecho una serie de apuestas que no han sido bien recibidas por los inversores y acreedores extranjeros, cuyo apoyo necesita a fin de aplicar su plan de reactivación económica. Esto incluye la adopción del bitcóin como moneda de curso legal y la inversión de una parte de las reservas del país en criptodivisas. 

El 1 de junio de 2024, Bukele asumió un segundo mandato presidencial en un país que ha sido descrito como uno de los más violentos del mundo, a pesar de la prohibición constitucional de la reelección consecutiva a la presidencia. En su discurso de investidura, tras haber consolidado su poder tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, volvió a hacer un llamamiento a la «medicina amarga» para tratar una «economía enferma». 

Con el propósito de hacer frente a la creciente preocupación de la población por la economía y explicar con más detalle su receta para revitalizarla, el 16 de julio Bukele lanzó una audaz estrategia económica en seis fases dentro del periodo 2024–2029, cada una dirigida a diferentes retos económicos (Martínez et al., 2020). La primera fase del Plan Económico, como se ha indicado, abordaba la cuestión de la alimentación y la nutrición, un asunto que Bukele había tratado el 5 de julio en una emisión de televisión nacional en la que atacó a lo que denominó las «mafias empresariales» de importadores y distribuidores de alimentos, a los que acusó de aforar los precios y subirlos de forma injustificada. Envió a estas mafias un mensaje similar al que hizo llegar a los pandilleros cuando les declaró la guerra: «Dejen de abusar del pueblo salvadoreño o no se quejen después».

En una breve presentación de 22 minutos de su Plan Económico de seis fases, Bukele resaltó que las dos primeras, además de plantear el desarrollo tecnológico y las infraestructuras, comprenderían el tema de la seguridad alimentaria, sin duda el principal problema al que se enfrentan los salvadoreños (aunque sobre ese tema ofreció poco más que unas pocas frases y unas simples diapositivas). Una mejor idea de lo que Bukele y sus asesores tenían en mente con respecto a la seguridad alimentaria se comunicó en varios blogs de medios sociales, en los que Bukele expuso la creación de 30 agromercados —o «mercados de agricultores», como los llamó en inglés.

Según el Plan, esos mercados se sustituirían con el tiempo por grandes centros de distribución de alimentos (centrales de abasto); también eliminaría los aranceles de importación de los 116 productos incluidos en la cesta de la compra durante 10 años. Y, por supuesto, este planteamiento afrontaría ostensiblemente el problema de la pobreza al hacer los alimentos más asequibles, una medida paliativa sin duda. Sin embargo, no aumentaría la seguridad alimentaria, ya que sería necesario acrecentar el nivel de inversión pública en aras de impulsar la producción de alimentos y así incentivar a los campesinos y pequeños productores para que incrementen su producción dentro del mercado local, lo que a su vez promovería que los salvadoreños ampliaran su dependencia de los mercados locales en lugar de importar alimentos y productos agrícolas que el país podría producir con facilidad gracias a los incentivos pertinentes.

En marzo de 2022 la administración propuso la eliminación de impuestos importantes sobre 20 productos bajo el lema «11 medidas contra la inflación mundial». Tales medidas implicaban que el aceite, la manteca, los fertilizantes, el arroz, el azúcar, las cebollas, los chiles, los frijoles negros, los frijoles rojos, la harina de maíz, la harina de trigo, la leche, el maíz amarillo, el maíz blanco, las naranjas, las patatas, los plátanos, las coles, los tomates, el trigo cerealero y los alimentos para animales quedarían exentos de impuestos a la importación.

El aumento de los costos asociados a la canasta básica en El Salvador sugiere que el país está lejos de cubrir las necesidades esenciales de la población con la producción nacional y, por tanto, a corto plazo (no tan corto, en el contexto salvadoreño) se verá obligado a importar. De acuerdo con el Centro para la Defensa del Consumidor, una ONG que elabora estudios sobre derechos económicos, El Salvador importa 93% de sus hortalizas, 62% de arroz, 32% de frijol y 25% de maíz, otro alimento básico de la canasta básica. En datos del índice de precios al consumidor (IPC), entre noviembre y diciembre de 2023, se advierte que los precios de los alimentos subieron en promedio 4%, lo que lo convierte en el país con el mayor índice de importación de alimentos e incremento de precios en Centroamérica. Al respecto, el economista Luis Vargas (véase Barrera, 2024) declaró a El Faro que la eliminación de aranceles no es una solución real porque el arancel a los alimentos representa sólo una pequeña parte del precio final. Existen otros factores más relevantes que contribuyen a los costos, como la producción y el transporte.

Aparte de eliminar los aranceles de los alimentos básicos y los productos agrícolas, Bukele propuso quitar aquellos sobre los insumos utilizados por los agricultores y los productores, como los fertilizantes, el estiércol y los piensos, y en una fase posterior financiar un programa de desarrollo de infraestructuras, una medida estructural más que paliativa (Martínez et al., 2020). Ello beneficiaría presumiblemente a los agricultores familiares independientes y a los productores campesinos, un hecho positivo para ese sector social, pero que al mismo tiempo no fomentaría ni aumentaría la producción local de tales insumos. Con el objeto de incentivar la producción local, economistas y críticos han argumentado que una mejor estrategia sería aumentar selectivamente los aranceles en los insumos importados que la economía local podría producir; en efecto, la alternativa es recurrir a una política de sustitución de importaciones recomendada por los exponentes del estructuralismo latinoamericano, una política abandonada en el contexto del nuevo orden mundial del capitalismo de libre mercado establecido en la década de 1980 (Veltmeyer y Petras, 2000).

Las medidas económicas anunciadas por Bukele fueron en aparente respuesta al descontento generalizado y creciente de los salvadoreños, la mayoría de los cuales —69.9%, según una encuesta realizada en 2003 por la Universidad Centroamericana (UCA)— considera que la economía es el problema primordial del país. De nuevo, sombras de Trump en su reciente elección a la presidencia. En 2019, cuando Bukele llegó al poder, el costo de la canasta básica era de 202 dólares; hoy, acorde con el IPC, es de 256. La inflación, en especial en lo que se refiere al precio de los alimentos que componen la canasta básica, es una de las principales preocupaciones de los salvadoreños de a pie, en los centros urbanos y en el campo. No obstante, no es en absoluto la única preocupación de los salvadoreños que buscan llegar a fin de mes. Los bajos ingresos afectan al costo de los alimentos, al de la vivienda y al alquiler, al igual que al desempleo y al transporte (muchos de los pobres urbanos de El Salvador, que constituyen al menos 40% de la población, se ven obligados a vivir a una o dos horas de sus lugares de trabajo y, por ende, dependen del transporte en autobús).

Asimismo, la magnitud y la omnipresencia de la pobreza son la razón de que Bukele haya pasado de inmediato de la cuestión de las bandas criminales y su violencia a la economía, pero es demasiado pronto para medir el impacto del Plan Económico y sus políticas en la reducción de la tasa de pobreza o el alivio del problema. Hasta ahora, no hay pruebas de que las políticas económicas de Bukele hayan tenido ningún efecto en la tasa de pobreza. Al contrario, el Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES, por sus siglas en inglés), sostiene que las familias trabajadoras viven en la actualidad una realidad económica desoladora. El descontento popular relacionado con los problemas económicos, en particular el incremento del costo de los alimentos, ha crecido tanto que el régimen de Bukele se vio presionado para enfrentarlo en un discurso pronunciado el 5 de julio en la televisión nacional acerca de la actual crisis económica (el primero de varios). 

Pese a lo anterior, los economistas y las organizaciones de movimientos populares argumentan que las medidas que ha propuesto no harán nada para abordar la crisis que sus propias políticas están causando y piden, en cambio, soluciones genuinas como aumentos del salario mínimo, apoyo a la agricultura nacional y financiación adecuada para la educación.

Desde 2019, cuando Bukele asumió el cargo, la tasa de pobreza ha aumentado de 23% a 27% de los hogares, de acuerdo con estadísticas recientes compartidas por el colectivo de educación popular Equipo Maíz. Los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de las Naciones Unidas revelan que la pobreza extrema va en aumento, lo que el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) describe como «un retroceso de casi una década en la lucha por eliminar la pobreza extrema». En ese mismo periodo, el subempleo se ha elevado y se han perdido más de 130 mil puestos de trabajo en sectores clave como la agricultura, la industria manufacturera, los servicios sociales, la sanidad y la educación.

Existe un amplio consenso dentro de la industria y la comunidad del desarrollo concerniente a que para combatir dichas dificultades y corregir lo que sin duda es un problema endémico, los responsables políticos deben ir más allá y alejarse de la agenda política neoliberal en una dirección progresista (véase PNUD, 2010). Sin embargo, un análisis en profundidad del Plan Económico, tal y como ha sido esbozado y presentado por el Gobierno y el propio Bukele, no ofrece ningún indicio de que el presidente tenga en mente una agenda política progresista de desarrollo inclusivo. Así pues, el Plan Económico en su forma actual, con muy pocos detalles, no ayuda a entender quién es Bukele ni qué representa. En consecuencia, a fin de avanzar en esa dirección, es preciso observar el «milagro» de Bukele desde dentro (a través de su retórica) y desde fuera (por medio del contexto y la praxis) y de ese modo entender quién es realmente.

Más allá del milagro de Bukele

La cuestión es si la retórica populista proporciona una lente útil, una ventana al significado de las políticas de Bukele y a las acciones emprendidas por él en aras de lograr el cambio. En el contexto latinoamericano, dicha cuestión se planteó por primera vez en la década de 1980, con el recién instaurado orden mundial neoliberal y los «nuevos movimientos sociales» que se materializaron en el panorama político, aquel que reflejaba la respuesta de los denominados «pobres rurales» a la agenda política neoliberal de reforma estructural que sirvió para instaurar el «nuevo orden mundial» del capitalismo de libre mercado (Petras y Veltmeyer, 2001). La referencia a «los pobres rurales» aludía a la masa semiproletaria de trabajadores rurales sin tierra que se formó tras varias décadas de desarrollo capitalista en el sector agrícola (Veltmeyer, 2018; Veltmeyer y Petras, 2000).

El activismo de ese «movimiento campesino» en la década de 1990 creó las condiciones objetivas y subjetivas que permitieron a la izquierda política de varios países sudamericanos capturar el aparato estatal e instalar un régimen político «progresista» en la búsqueda de una forma más inclusiva de desarrollo. No obstante, desde una perspectiva teórica del posdesarrollo, la dinámica de estos movimientos campesinos y otros «nuevos movimientos sociales» se entiende mejor no en términos de la resistencia al avance del capitalismo en el proceso de desarrollo, una respuesta a las fuerzas estructurales del desarrollo capitalista liberadas en ese avance, más bien se trata de acciones colectivas informadas por la conciencia y las intenciones de individuos y grupos que están motivados para traducir en acción ciertas ideas que reflejan su comprensión del mundo y su capacidad y poder de actuar sobre tales ideas. Desde el enfoque posdesarrollista, el discurso populista no manifiesta ni refleja el funcionamiento de una ideología acorde con el discurso teórico marxista, es decir, como una falsa conciencia de la realidad, sino como el mundo real, tal y como lo experimenta la gente en general. Así, la retórica populista expresada por Bukele en sus campañas para hacerse con la presidencia y en la justificación de sus políticas como presidente, es decir, la retórica en torno a la politización de la delincuencia callejera y la corrupción y las acciones interesadas de una élite desconectada y cleptocrática, no puede descodificarse en un continuo izquierda-derecha de política de clases. Por lo tanto, las categorías de «populismo de derecha o de izquierda» no pueden aplicarse a Bukele de forma relevante.

Es pertinente agregar que desde una perspectiva materialista histórica o marxista, el discurso populista de Bukele tiene un significado totalmente distinto. El discurso en sí no ofrece una comprensión clara ni del mundo real ni de su intención como actor político. Su objetivo es ofuscar y ocultar la eficacia de las fuerzas que actúan sobre los individuos en función de su ubicación en la estructura de clases del sistema capitalista. En tanto, el propósito del análisis de clase marxista es deconstruir el discurso populista para exponer la realidad subyacente que refleja el funcionamiento de las fuerzas del desarrollo capitalista considerando la posición de clase de los individuos que componen «el pueblo». Por ello, Bukele puede ser considerado un populista autoritario y un ideólogo de derecha con madera de dictador, si bien el término «dictador» en el discurso político se define normalmente en términos del discurso democrático liberal, que domina la ciencia política actual.

Bukele y la cuestión de la democracia

Tras una guerra civil que duró una década en los 1980, El Salvador llevó a cabo reformas económicas a principios de los 1990 que diversificaron las exportaciones, propiciaron un crecimiento económico generalizado y elevaron las tasas de escolarización y el acceso a la sanidad, todos dimensiones e indicadores del desarrollo humano. En 2002, en esas condiciones, se estimaba que la pobreza se había reducido en 27% y la pobreza extrema a la mitad. Empero, tras alcanzar en los últimos años tasas moderadas de crecimiento económico de 4% a favor de los pobres, la crisis financiera mundial y, en opinión de Keith Mines, vicepresidente del Instituto de Paz de los Estados Unidos, los estrechos vínculos económicos de El Salvador con Estados Unidos frenaron el crecimiento e invirtieron los avances anteriores en la reducción de la pobreza (Mines, 2024). La caída de los ingresos por exportaciones y de las remesas de los trabajadores en el extranjero, al igual que la falta de acceso a la tierra por parte del campesinado y su conversión en un ejército de trabajadores rurales sin tierra, junto con el aumento de los precios de los alimentos y la energía, provocaron un repunte del recuento de la pobreza. Este fue en parte el telón de fondo y el contexto en el que Bukele llegó al poder.

En los años que precedieron a la llegada de Bukele al poder el país siguió afrontando grandes retos en el restablecimiento del crecimiento y la reducción de la pobreza. Uno de esos retos era crear oportunidades de empleo alternativas para la gran población de trabajadores agrícolas sin tierra y agricultores de subsistencia que trabajaban en pequeñas parcelas dispersas (Mines, 2024). La inseguridad de la tenencia, el fuerte endeudamiento y la falta de acceso a la tierra, aunado a la concentración de las mejores tierras y la inversión empresarial de una pequeña élite agraria antidemocrática, limitaron el desarrollo del sector agrícola. A mediano plazo, El Salvador intentó aumentar la estabilidad macroeconómica con la adopción del dólar estadounidense como moneda. Además, se creía que si El Salvador era capaz de reducir los altos índices de delincuencia y violencia que asolaban las calles y desalentaban la inversión extranjera, el país estaría preparado para beneficiarse de un entorno de baja inflación, bajos tipos de interés, un clima empresarial cada vez más favorable y una participación activa en múltiples acuerdos de libre comercio, que, no hace falta añadir, benefician en concreto a la élite agraria y empresarial orientada a la exportación, en lugar de a los agricultores familiares y campesinos cuya producción se destina a los mercados locales.

Resulta preciso subrayar que una condición indispensable para ir más allá y escapar del legado colonial de la agricultura trabajo-represiva y la desigualdad de la tierra —y, por tanto, un importante desafío y una prueba de las verdaderas aspiraciones y el carácter de clase de Bukele— es la voluntad (y la capacidad) de enfrentarse y desafiar el poder económico y político de la élite agraria del país. La pregunta, esencialmente en este contexto, es: øde qué lado está Bukele?

En el presente no se trata de que Bukele instigue o apoye un cambio revolucionario en la estructura de clases de la sociedad salvadoreña y en las relaciones de producción de la agricultura y la industria. Diversos estudios de la larga historia del cambio agrario en diferentes contextos históricos y regionales no han revelado ningún caso de cambio sustantivo en una dirección progresista que se base en la acción de un único individuo o grupo con poder dictatorial, por muy benigno que sea el populismo o por muy eficaces que sean las barreras democráticas construidas para limitar dicho poder. Un análisis comparativo de las diversas manifestaciones del populismo sugiere que para que un líder populista mantenga su control del poder estatal y tenga éxito en sus esfuerzos por provocar cambios progresistas, necesita, además del apoyo del electorado, el respaldo y el activismo de un movimiento social. Evo Morales es un claro ejemplo en el ciclo de regímenes progresistas formados en la denominada «marea rosa» de cambio de régimen en Sudamérica en la primera década del siglo XXI. Mientras que todos los demás regímenes progresistas fueron derrocados en un giro a la derecha del electorado en 2012–2015, en condiciones de crisis ocasionada por el colapso del boom de las materias primas, Morales logró extender su control del aparato estatal y obtuvo otro mandato en la presidencia (Veltmeyer, 2024). Fue el activismo de los movimientos campesinos en la década de 1990 lo que condujo a la formación de un ciclo de regímenes progresistas en 2003–2005. Sin embargo, ninguno de ellos logró mantenerse en el poder y tampoco ninguno de los otros regímenes formados en la marea del cambio logró conservar el apoyo y el respaldo de los movimientos sociales a lo largo del ciclo progresista (Veltmeyer y Ezquerro-Cañete, 2023; Veltmeyer, 2024). Las formas izquierdistas de populismo, a diferencia de Bolivia bajo el régimen de Morales, no lograron continuar en el poder.

El populismo de Bukele

La historia de Bukele es la historia de una dictadura en ciernes, tal vez «la dictadura más genial del mundo», como el propio Bukele aludió en términos posmodernistas, sin duda una dictadura de la burguesía salvadoreña que, en sus diversas fracciones y facciones, ha sido empoderada por el populismo autoritario y el espíritu empresarial de Bukele con la intención de avanzar en el desarrollo capitalista de las fuerzas productivas del país. Incluso la élite agraria, tradicionalmente representada por la Arena, ha sido empoderada no tanto por un apoyo activo a su interés de clase en el desarrollo capitalista de la agricultura, sino por evitar cualquier agenda política o acción estratégica que pudiera afectar de modo negativo a los intereses de clase de la burguesía y las élites agrarias. Lo mismo puede afirmarse de otras fracciones de la clase dominante, como la élite empresarial de los sectores extractivo y manufacturero de la economía. El rasgo distintivo del régimen de Bukele, y revelador de su carácter de clase, es que cinco años después de su mandato y de su programa político no se ha tomado ninguna medida en la dirección del cambio estructural y de un régimen político progresista. 

En 2021 Bukele anunció una estrategia integral basada en un Plan Económico de seis fases cuyo objetivo era rejuvenecer la economía de El Salvador, pero hasta la fecha (fase 1) el Plan ha proporcionado poco más que la eliminación de los aranceles sobre las importaciones de alimentos como disposición para hacer que los alimentos y la nutrición sean más accesibles y asequibles a la población pobre de El Salvador. Por ello, podría pensarse que el Plan en sí no es más que un circo y pan que mantiene contenta a la población sin ninguna consideración o acción hacia una reforma estructural fundamental como la reforma agraria, la redistribución de la tierra, de propiedad estatal y privada.

Aún se desconoce qué otras reformas prevé el Gobierno más allá de la eliminación de los aranceles de importación. No olvidemos que el Plan también incluye la creación de 30 farmer’s markets. Además, se prevé eliminar los aranceles a la importación de insumos utilizados por agricultores y productores, como fertilizantes, abonos y piensos. Esta determinación podría considerarse progresista. 

En un discurso típicamente populista, el anuncio del Plan Económico en seis fases se produjo después de que Bukele, en una emisión televisiva nacional el 5 de julio, atacara a lo que denominó «mafias empresariales»: importadores y distribuidores de alimentos a los que acusó de subir los precios sin justificación.

Dado que el Plan se perfila con muy pocos detalles relativos a la forma en que el Gobierno se propone revitalizar la economía, es poco probable que aplique reformas estructurales destinadas a redistribuir la tierra entre los pobres, es decir, medidas políticas que puedan afectar de modo negativo a los grandes grupos económicos o empresas capitalistas que operan en el país en alianza con corporaciones multinacionales. En la coyuntura actual, el campesinado, que sigue constituyendo una parte significativa del sector agrícola, no tiene representación ni en la administración ni en el Poder Legislativo, por lo que no puede articular y avanzar en sus demandas de tierra o crédito, las dos reformas largamente exigidas por el movimiento campesino desde la conformación de la Alianza Democrática Campesina, cuando todavía era una fuerza activa en la política de resistencia campesina.

Al revisar el informe anual del Gobierno (los informes de la casa presidencial) acerca de su desempeño año con año y los informes publicados por varios ministerios (por ejemplo, la planeación estratégica y las proyecciones) evidencian que el cambio estructural en una dirección progresista no está en la agenda. En este punto, el régimen de Bukele no difiere mucho de la larga serie de populistas de derecha e izquierda que han dominado la política latinoamericana desde la década de 1930 y que han utilizado los adornos de la democracia liberal simplemente para hacerse con el poder del Estado y legitimarlo; una vez capturado el aparato estatal o logrado cierta representación política efectiva, abandonan estos adornos y barreras democráticas en cuanto se convierten en un obstáculo para el avance de la agenda gubernamental. Una verdad de Perogrullo, confirmada por una revisión sistemática y un análisis comparativo de los diversos populismos predominantes en el panorama político en América Latina desde la década de 1930, es que el populismo tiene una propensión inherente hacia la subversión de la democracia que rara vez, o nunca, conduce a un cambio sustantivo en una dirección progresista, no importa cuán benigna sea la dictadura o cuán profundo sea el nivel de apoyo popular (Rocha, 2023:197–228). En última instancia, los populistas —y este parece ser el caso de Bukele— tienden a gobernar por el miedo, el temor a las consecuencias de cuestionar el mandato del Gobierno, que los dirigentes invariablemente atribuyen al «pueblo» (comunicación personal con M. del Valle, 4 de diciembre de 2024).

Referente al tema de gobernar con miedo y su instrumentalización con fines políticos que los críticos han acusado a Bukele de instigar, varios analistas políticos han sostenido que de ninguna manera Bukele originó dicha estrategia. Cruz (2004), por un lado, y Aguilar (2019), por otro, argumentan que la instrumentalización del miedo con fines políticos era una estrategia que había sido ensayada con amplitud a través de los medios de comunicación tradicionales por la dirigencia del partido Arena, que en su momento llevó a cabo una efectiva gestión del miedo generado por la crisis de inseguridad con fines político electorales. Aguilar (2019), en ese sentido, explica cómo antes de la implementación de la estrategia de «puños de hierro» del partido, el fenómeno de las maras (las bandas criminales) no constituía un problema social de magnitud nacional en la percepción de los ciudadanos. Pero, poco después del lanzamiento mediático de la estrategia antipandillas por parte del Gobierno de Francisco Flores en 2003, y de la campaña estigmatizadora y criminalizadora asociada, esos grupos cobraron relevancia en las encuestas como un problema nacional. Y esto a pesar de que «los registros oficiales sobre incidencia delictiva contradecían» la narrativa acerca del «incremento de la delincuencia y la participación mayoritaria de las pandillas en la incidencia delictiva» (Aguilar, 2019:11).

La diferencia crítica entre Bukele y los muchos populistas que le precedieron es su capacidad para haber capturado y puesto bajo su control personal simultáneamente los diferentes resortes del poder estatal (el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial). Los medios utilizados en la gestión de ese control fueron las acciones que emprendió para limpiar las calles de las bandas criminales que las habían dominado y habían aterrorizado a la población, además de extorsionar a los pequeños empresarios. Tales acciones, que en este caso coincidían con su retórica populista, han proporcionado a Bukele una reserva de apoyo popular sin precedentes. A pesar de su decisiva actuación para limpiar las calles de bandas criminales, hay indicios de que la plaga no se ha resuelto del todo: el problema de la violencia criminal sigue asolando las calles de algunas zonas urbanas, aunque de forma diferente y menos visible. De cualquier modo, la reelección de Bukele estaba asegurada, pues había obtenido el apoyo del asombroso 83% del electorado. Ni siquiera Juan Perón, en Argentina, Getulio Vargas, en Brasil, ni el infame dictador Maximiliano Hernández Martínez, en El Salvador (en un contexto similar, pero en una época anterior, la década de 1930), fueron capaces de anular de forma tan convincente las salvaguardias de la democracia liberal o la Constitución con el objeto de apuntalar sus reservas de poder prácticamente dictatoriales. En el caso de Bukele, tanto él como su familia y allegados (en su mayoría amigos suyos) supuestamente ya están planeando una prórroga de su presidencia que rompería los límites constitucionales de su ejercicio del poder estatal. Por ejemplo, se prevé que su hermano menor, Karim Bukele Ortez, considerado en general como la fuerza intelectual de la empresa Bukele, tome las riendas del poder estatal al final del actual mandato de Bukele como presidente (Menéndez, 2024). En el pasado, los populistas autoritarios de la derecha y de la izquierda política latinoamericana se vieron forzosamente confrontados con los límites impuestos por la Constitución a cualquier grupo que pretendiera consolidar su dominio sobre los instrumentos de poder del Estado más allá de sus límites constitucionales, un problema al que se enfrentó hace varios años Evo Morales en el contexto de Bolivia. Morales, un populista de izquierda que entró en la política electoral en 1995, fue elegido diputado en 1997 y en 1998 se convirtió en líder del Moviminento al Socialismo (MAS), que le sirvió como instrumento político para alcanzar el poder estatal en el contexto y a fuerza de política electoral. En 2006, unido a una retórica populista, hizo campaña acerca de cuestiones que afectaban a las comunidades indígenas y pobres, y abogó por una reforma agraria y una redistribución más equitativa de los ingresos derivados de la extracción de gas (Veltmeyer y Ezquerro-Cañete, 2023). 

Morales desempeñó el cargo (y aplicó un régimen político progresista dirigido a reducir la pobreza, es decir, a lograr una forma más inclusiva de desarrollo) durante 13 años (2006–2019). Enfrentado a los límites impuestos por la Constitución a la prórroga de su presidencia por un nuevo mandato —después de transgredir en dos ocasiones los límites constitucionales a su mandato presidencial— Morales apeló directamente al pueblo a fin de que apoyara su candidatura a otro periodo presidencial con el lanzamiento de un referéndum que le permitiera prorrogar su presidencia. Sin embargo, Morales fracasó en esta empresa, un problema que Bukele y su grupo interno y asesores ya tienen en mente al preparar a su hermano, el supuesto artífice detrás de toda la empresa, como su heredero aparente (Menéndez, 2024). Esto permitiría a la familia Bukele controlar potencialmente el Estado como una empresa familiar y prolongar la vida de la dictadura quizá otros ocho años.

Conclusiones

El populismo se ha convertido en una característica fundamental de la política latinoamericana desde la década de 1930. Empero, en los últimos años ha resurgido como parte de un amplio cambio cultural hacia el conservadurismo y el populismo autoritario en Europa, Estados Unidos y América Latina. La aparición de esta tendencia en el contexto de una crisis multidimensional que también ha alcanzado proporciones globales plantea un reto fundamental para quienes, en todo el mundo, estamos preocupados por ayudar a conseguir una transición hacia una forma más inclusiva de desarrollo sostenible, un futuro alternativo de justicia social y medioambiental. El fenómeno de Bukele en El Salvador constituye un estudio de caso relevante y útil en relación con el reto que plantea el populismo, en parte porque propone una solución a diversos problemas, como la grave y cada vez peor situación económica de muchos salvadoreños y las maquinaciones interesadas de una élite cleptocrática corrupta asociada a la clase dirigente de los partidos políticos, de izquierda y de derecha.

Las medidas adoptadas y el régimen de seguridad establecido por el presidente Bukele con el propósito de eliminar de las calles a las bandas criminales que durante tanto tiempo habían aterrorizado a la población local y extorsionado a los pequeños empresarios, un factor crucial para la posible regeneración económica, han planteado varias cuestiones fundamentales en torno de la naturaleza del populismo y el significado de la tendencia hacia el populismo autoritario. En este documento la intención era sentar las bases para futuras investigaciones y estudios y al mismo tiempo provocar un debate de esas cuestiones. A continuación, se sintetizan las conclusiones provisionales.

En primer lugar, las medidas de seguridad adoptadas para limpiar las calles de bandas criminales y solucionar el problema de la corrupción han sido populares, ya que han proporcionado al régimen una gran reserva de capital político indispensable en la implementación de la agenda económica del Gobierno. Gran parte de la población se ha mostrado dispuesta a aceptar el estado de excepción y un lapso en las normas y procedimientos democráticos como un mal necesario, un precio que la gente está dispuesta a pagar a cambio de mayor seguridad personal (Sánchez, 2024). Aun así, el régimen actual no es viable a mediano y largo plazo. Por un lado, los investigadores han determinado que las medidas y acciones de seguridad adoptadas por Bukele no eliminaron el problema de la violencia de las bandas, sino que las forzaron a la clandestinidad y a adoptar una diversidad de formas (Bishop, Boorman y Montgomery, 2023). Por otro lado, es evidente que la preocupación por el retorno de la democracia y la protección legal de los derechos humanos es generalizada y profunda, y constituye un componente importante de la cultura política de la clase media salvadoreña. El presente estudio del régimen de Bukele sugiere que muchos salvadoreños viven entre la esperanza y el miedo: esperando lo mejor, pero temiendo lo peor. Están aliviados y agradecidos por tener una vida libre de delincuencia, pero preocupados por la probabilidad de que ellos también sean detenidos y encarcelados por decir o hacer lo incorrecto.

En segundo lugar, los políticos populistas invariablemente buscan y disputan el poder del Estado al apelar al «pueblo» con un programa político progresista antioligárquico dirigido contra una élite corrupta, mas cuando se hallan en el poder tienden a girar a la derecha en respuesta a las presiones de la élite y el establishment. Concerniente a Bukele, esta pauta de oportunismo fue obvia desde el principio de su ascenso al poder, cuando pasó de la izquierda como miembro del FMLN a la extrema derecha en su candidatura a la presidencia. Una vez que se afianzó en su posición de poder, con el abrumador apoyo del electorado, Bukele se volvió contra las fuerzas de extrema derecha de la Asamblea Legislativa, pasando a una posición más neutral en la lucha de clases en el centro del espectro político. 

Cabe añadir que en numerosas coyunturas históricas los políticos populistas han sucumbido a las presiones ejercidas por la élite desde las murallas del Poder Legislativo. No obstante, con Bukele, al haber obtenido el control de la Asamblea Legislativa y de la presidencia con el apoyo abrumador del electorado, se encontraba en una posición única para eludir las restricciones tradicionales al ejercicio del poder legislativo y ejecutivo, y consolidar su poder mediante el control de su partido sobre la Asamblea Legislativa y el aparato de seguridad para conseguir la destitución de los presidentes del Tribunal Supremo, eliminando así cualquier restricción a sus poderes dictatoriales. En esas condiciones, el Gobierno se ha transformado prácticamente en una empresa familiar, con Bukele como presidente y director general. Esto no es tan descabellado como podría parecer. Varias fuentes anónimas consultadas expresan que, ante la prohibición constitucional de otro mandato, la empresa familiar Bukele ya está planeando su sustitución por su hermano menor Karim Bukele Ortez, ampliamente considerado como el estratega y «cerebro» de la empresa familiar. Por supuesto, Karim no tiene en este momento el perfil político imprescindible para representar la marca Bukele y la idea de que sustituya a su hermano Nayib es sólo especulativa. Pero, si el actual presidente lograra promover e impulsar con éxito la marca Bukele durante los próximos tres años con su hermano, se crearía una dinastía familiar al mando del Gobierno durante varias décadas.

En tercer lugar, los políticos populistas, en específico en su versión autoritaria, tienden a ser erráticos, cuando no pragmáticos. Muchos analistas políticos, incluido el autor, opinan que no se puede confiar en ellos ni esperar que aporten o busquen una solución a los graves problemas económicos y sociales del país, los cuales son endémicos y están arraigados en las contradicciones del modo de producción capitalista. El problema fundamental para la mayoría de los salvadoreños es la falta de oportunidades económicas y de los recursos esenciales para salir de la pobreza y situarse en la senda de la seguridad económica y la prosperidad (Rocha, 2023). Habría que esperar, entonces, si el Plan Económico de Bukele da algún fruto en la forma de un cambio progresista y una mejora drástica de las condiciones sociales de muchos salvadoreños, en especial de los omnipresentes pobres urbanos y rurales. En contraposición, hasta la fecha, no hay pruebas de que Bukele esté dispuesto o capacitado para abordar problemas como las profundamente arraigadas desigualdades sociales en la distribución de la renta y la riqueza, problemas que tienen su origen en las contradicciones fundamentales del sistema capitalista (véanse, entre otros, los trabajos de Rocha, 2023; Veltmeyer, 2024). Por último, el populismo se caracteriza por perturbar el orden político establecido, no por promover una agenda política de izquierda o de derecha. Al respecto, todavía falta conocer lo que «el dictador más genial del mundo» y su populismo puedan y quieran ofrecer en un programa de cambio progresista.

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Wikipedia (s/f). «Nayib Bukele». Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Nayib_ Bukele