Migración y Desarrollo, volumen 21, número 41, segundo semestre 2023, es una publicación semestral editada por la Universidad Autónoma de Zacatecas «Francisco García Salinas», a través de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo, Jardín Juárez 147, colonia Centro, Zacatecas, C.P. 98000, Tel. (01492) 922 91 09, www.uaz.edu.mx, www.estudiosdeldesarrollo.net, revistamyd@estudiosdeldesarrollo.net. Editor responsable: Raúl Delgado Wise. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo Vía Red Cómputo No. 04-2015-060212200400-203. ISSN: 2448-7783, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de última actualización: Unidad Académica de Estudios del Desarrollo, Maximino Gerardo Luna Estrada, Campus Universitario II, avenida Preparatoria s/n, fraccionamiento Progreso, Zacatecas, C.P. 98065. Fecha de la última modificación, diciembre de 2023.
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Metrópolis del neoapartheid: capitalismo racial y luchas subalternas en la Suecia urbana
Neo-apartheid metropolis: racial capitalism and subaltern struggles in urban Sweden
Recibido 25/06/23 | Aceptado 11/07/23
Carl-Ulrik Schierup* | Aleksandra Ålund** | Ilhan Kellecioglu***
*Sueco. Profesor emérito en el Instituto Research on Migration, Ethnicity and Society (Remeso) de la Universidad de Linköping, Suecia. Correo-e: carl-ulrik.schierup@liu.se
**Yugoslava. Profesora emérita en el Instituto Research on Migration, Ethnicity and Society (Remeso) de la Universidad de Linköping, Suecia. Correo-e: aleksandra.alund@liu.se
***Sueco. Asistente investigador en el Instituto de Investigación de Vivienda y Urbanismo de la Universidad Uppsala, Suecia. Correo-e: ilhan.kellecioglu@ibf.uu.se
Traducido al español por Georgia Aralú González Pérez
Resumen. Suecia, que en los albores del tercer milenio seguía siendo aclamada como un estado de bienestar «excepcional», pues profesaba una utopía de multiculturalismo inclusivo, justicia social y democracia abierta, en su tercera década encarna la mala reputación internacional de una sociedad presa de la hegemonía, una hegemonía política racista de extrema derecha. La mercantilización despilfarradora del sistema de bienestar durante los tres últimos decenios, la absorción de la vivienda pública por el capital financiero corporativo, la precarización cada vez mayor del trabajo, la segregación residencial exacerbada y la polarización espacial de la desigualdad de etnia y clase, son indicadores que forjan una interconexión depredadora del racismo y la acumulación de capital. Con base en estos antecedentes, analizamos las pruebas empíricas y las perspectivas teóricas sobre un capitalismo racial arraigado estructural y espacialmente en lo que identificamos como neoapartheid de Estocolmo, aunque impugnado por luchas subalternas ancladas en comunidades locales estigmatizadas, segregadas y securitizadas.
Palabras clave: Suecia, capitalismo racial, luchas subalternas, neoapartheid, estado de bienestar «excepcional»
Abstract. Sweden, at the dawn of the third millennium still hailed as an «exceptional» welfare state professing a utopia of inclusionary multiculturalism, social justice, and an open democracy, has in its third decade come to embody an ill international repute of a society falling prey to the hegemony of an extreme right racist political hegemony. A profligate commodification of the welfare system during the past three decades, a take-over of public housing by corporate financial capital, deepening precarisation of labour, exacerbated residential segregation and polarised spatialisation of race and class inequality; these are indicators forging a predatory interconnection of racism and capital accumulation. On that background we discuss in this chapter empirical evidence and theoretical perspectives on a structurally and spatially ingrained racial capitalism in what we identify as «neo-apartheid» Estocolmo; yet contested by subaltern struggles rooted in stigmatised, segregated, and securitized local communities.
Keywords: Sweden, racial capitalism, subaltern struggles, neoapartheid, «exceptional» welfare state.
El eclipse del «excepcionalismo» sueco
El denominado estado de bienestar «excepcional» sueco posterior a la Segunda Guerra Mundial es conocido por haber llegado, en una ocasión, «lo más lejos para socavar el poder del capital» y construir «la sociedad más habitable de la historia» (Sunkara, 2019:105–106), con una igualdad sustantiva de derechos políticos, sociales y laborales independientemente del origen o la identidad. Sin embargo, el atisbo de este espejismo se ha eclipsado hoy bajo el peso de relaciones de poder transformadas en un «Estado regulador», alineado con la Unión Europea (Majone, 1997); una Suecia transmutada, que exhibe el «régimen de austeridad» más avanzado de la Unión Europea, y con un tejido social fragmentado en función de la etnia y la clase (Streeck, 2014; Schierup y Scarpa, 2017). A la par de una desregulación minuciosa de las disposiciones sociales y laborales protectoras, la despolitización de los antes poderosos sindicatos y la cooptación de la sociedad civil, el Estado se ha convertido en socio del capital corporativo en una re-regulación radicalmente mercantilizadora del marco institucional del bienestar. Las coaliciones lideradas por burgueses y socialdemócratas, quienes se han alternado en el poder desde 1991, actúan como «corredores de relevos para promover la desigualdad y la especulación» (Therborn, 2018:3). Juntos, redujeron a cero los impuestos concernientes a sucesiones, patrimonio y propiedad residencial; propiciaron que las rentas del capital paguen menos impuestos que las rentas del trabajo; y restringieron el alcance de las prestaciones sociales, a las que cada vez es más difícil acceder. Desde principios de la década de 1990, Suecia es el miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con el aumento más rápido de la desigualdad de ingresos. Un Estado que en los 1980 aún se distinguía por ser uno de los más igualitarios, hoy figura como una de las sociedades más desiguales del mundo en lo que a la distribución de la riqueza se refiere. El lacerado sistema de bienestar se está agotando incluso más a través de los cargos al presupuesto estatal de un rearme militarista que responde a las «tensiones geopolíticas»; ello impulsado por el alto diplomático de la Unión Europea Josep Borrell (2024), considerado como un evolucionista «en la dirección de Occidente contra el resto del mundo».
La desigualdad exacerbada y la precariedad de los medios de subsistencia y del trabajo coinciden con una transformación del proceso político. El centro-derecha y el centro-izquierda convergen hacia la hegemonía de un «centro-extremo» neoconservador (cfr. Ali, 2018), con visiones de solidaridad, igualdad y justicia social sacrificadas, y una legitimidad política basada en el alarmismo y en una obsesión colectiva por el «otro» supuestamente no perteneciente, descrito como un parásito de la asistencia social, un delincuente potencial y un peligro para la «cohesión social». Esto puede parecer una apropiación del discurso político de los Demócratas de Suecia (Sverigedemokraterna), un partido político nacionalista y racista neoconservador con un pasado nazi y neonazi. Durante la década de 2000, el partido desangró progresivamente a la izquierda y a la derecha tradicionales, y su política de odio e islamofobia fomentó la racialización y la creciente división sociopolítica entre los trabajadores. Sin embargo, «el pescado se pudre por la cabeza», como dice el refrán, o como parafrasea Bartels (2023), «la democracia se carcome desde arriba».
Una sigilosa agenda racista ha engullido la corriente política dominante en competencia por los votos de un electorado desorientado, que ya no se siente convencido por una narrativa consagrada de la solidaridad del estado del bienestar (Schierup y Scarpa, 2017). En un momento de crisis política y social, el racismo se utiliza para fomentar la autoridad del Estado sobre una población perturbada, con discursos de amenaza a la nación que superan las divisiones sociales y de clase (cfr. Rajaram, 2018).
Se trata de una coyuntura en la que el deterioro de las instituciones del estado del bienestar llegó a definirse evasivamente como «colapso del sistema», debido al peso de la «inmigración excesiva» y del Otro «no integrado» en su territorio (entrevista, 2015). Los rasgos fenotípicos de «color, hueso y pelo» (Du Bois, 1903:13) se vuelven «invisibles», pero conservan su función como indicadores encubiertos de prácticas institucionales discriminatorias. En la narrativa hegemónica de la etnia, conceptos espuriamente imparciales como «cultura», «integración» o «cohesión social» funcionan como portadores epistémicos que reproducen la ideología colonial. O, como sacó a relucir en un pódcast Soar Ali (Folkets Husby, 2023), activista local antirracista en Estocolmo, «Suecia está en crisis (…). Occidente sostenía que la expansión colonial era un camino hacia la civilización (…). Hoy esta misión se dirige hacia nosotros, ‹los otros›, en suburbios multiétnicos (…). Una nueva versión del modelo imperial». Ello apunta a un capitalismo racial con dimensiones espaciales, el cual demarca comunidades precarias en las grandes ciudades con una alta proporción de ciudadanos originarios de África, Asia occidental, América Latina, los Balcanes y el antiguo Imperio soviético, en términos del significado flotante de «zonas de exclusión» (utanförskapsområden). Todavía más, son devorados por una «marginalidad avanzada» (Wacquant, 1996) y victimizados por una cadena epistémica racializadora que se corresponde con el castigo de los banlieues franceses: badlands de la república (Dikeç, 2007). Las «badlands del reino» septentrional (Schierup, Ålund y Kings, 2014) se designan en el lenguaje político común como förorten (literalmente «el suburbio»).
Una lógica racista, incrustada en el significado de «suburbio», emerge más claramente en la designación homóloga de «zonas marginales»; esta última, como la primera, subsumida en una epistemología estigmatizadora con la «integración» como denominador político-ideológico global. La noción de «zonas de exclusión» fue iniciada por el Partido Popular (Folkpartiet, 2004). Su vulnerabilidad social y la percepción de su carácter rebelde se entienden como vacíos de causas estructurales-institucionales, basados en una reproducción autoinfligida de culturas desviadas, transmitidas de generación en generación.
Se considera que las diferencias culturales con respecto a la llamada «población mayoritaria» crean un estado en el que los grupos que viven en la «exclusión» o la «marginación» no entienden cómo «funcionan los ámbitos sociales centrales, ni el conjunto de valores y puntos de referencia culturales que dan a estos ámbitos su pegamento cultural cohesivo» (Folkpartiet, 2004:8). La cura para la «exclusión» se proscribe bajo el disfraz de la educación civilizatoria para el «espíritu empresarial» y la escolarización disciplinaria del Otro culturalmente desviado y no integrado para que adopte la moral de la democracia liberal en «el encuentro entre sistemas de valores, objetivos y ambiciones individuales o grupales mutuamente incompatibles» (Government, Communication-Swedish, 2008:59).
Una nación desgarrada
Más allá del pánico moral, lo que aflora es «una guerra contra los suburbios» (Wirtén, 2012), con dimensiones epistémicas, ideopolíticas, sociales, institucionales de bienestar, económicas y de seguridad. Los habitantes de estas zonas sufren de forma inconmensurable la mercantilización y refracción de un sistema de bienestar público otrora universalista. Esto corrobora la precarización de los medios de subsistencia y el trabajo, y una desigualdad racial y de clase articulada espacialmente, ya que las ciudades más grandes de Suecia se han convertido en las más segregadas de Europa en términos de etnia y clase, y hasta 50 por ciento de los niños de los barrios más pobres de los distritos metropolitanos crece en la pobreza (Thörn y Thörn, 2017). Se trata de un Estado vinculado a una transmutación del sistema institucional de bienestar, que forja una formación racial cada vez más discriminatoria, estructuralmente arraigada e institucionalmente reproducida. Incluye una financiarización de la vivienda impulsada por los beneficios, una política austera de migración y refugiados, y un sistema escolar primario y secundario mercantilizado, cuyas dinámicas claramente corruptas y asociales «desgarran la nación» (Kornhall y Bender, 2018). El resultado ha sido, como era de esperar, el abandono escolar y la violencia criminal que afecta a adolescentes y niños cada vez más jóvenes. Sin embargo, se culpa a las víctimas de un cambio sistémico opresivo de su propia vulnerabilidad.
Las medidas biopolíticas dirigidas a las «zonas de exclusión» por medio del trabajo social para la mejora moral, la disciplina y un comportamiento conforme han sido eclipsadas durante mucho tiempo por la escalada de la violencia policial y la extensa elaboración de perfiles raciales (Schclarek y Wolgast, 2020), que implican ofertas políticas para el encarcelamiento masivo de individuos cada vez más jóvenes. En conjunción con este realineamiento a través del centro extremo, el transporte epistémico discriminatorio de las «zonas de exclusión» se ha acentuado con la adopción, en los medios de comunicación y en la política, de la noción de «sociedad paralela». Se proclamó mediante un informe de la autoridad policial (Polisen, 2017) en el que se enumeraban 61 zonas de viviendas como un mundo aparte, supuestamente gobernadas como estructuras sociales «paralelas» por extremistas y bandas criminales. Según la exprimera ministra socialdemócrata, Magdalena Andersson (2022), esto exigía una serie de medidas disciplinarias, incluida una creciente seguridad y el endurecimiento de las políticas de austeridad laboral, gracias a un trato especial a los «padres dependientes de la asistencia social». En 2023 subió la apuesta y acabó con la agenda de la seguridad con una propuesta para movilizar al ejército sueco al servicio de la ley y el orden en los suburbios pobres, y su partido abogó por la vigilancia mediante drones. A esto se sumaron las propuestas de un destacado político de Demócratas de Suecia de introducir toques de queda, y una propuesta gubernamental de utilizar grilletes electrónicos en los pies para mantener controlados a adolescentes y niños, a los que se considera que corren el riesgo de verse arrastrados a actividades delictivas.
Se trata de una evolución que tiende a agravarse con la aplicación del llamado Acuerdo de Tidö, un pacto político neoconservador adoptado en 2022 por un gobierno de centro-derecha en alianza con Demócratas de Suecia. Alberga una serie de estratagemas discriminatorias, comprende también una legislación especial relativa a los barrios urbanos desfavorecidos. Prevé, entre otras cosas, formas de seguridad ilegales en el territorio sueco en general, incluida la institución de las denominadas «zonas de visita» especiales en determinadas «zonas de exclusión». Esto autoriza a la policía a registrar a cualquier persona en dichas zonas, sin ninguna sospecha previa ni motivo dado; una práctica existente desde hace mucho tiempo (Schclarek, Mulinari y Wolgast, 2020), pero que en 2024 se convirtió en ley formalmente por decisión parlamentaria. El Acuerdo de Tidö prevé, además, la discriminación por zonas en materia de vivienda y política social; contempla salarios estipulados políticamente para determinados grupos profesionales y la agudización de medidas ya austeras hacia los habitantes dependientes de prestaciones sociales. Más allá de los límites de la legalidad liberal, corrobora la categoría moralista de «comportamiento» (en sueco: vandel) como criterio de pertenencia y, a la inversa, como responsabilidad de deportación al revocar el permiso de residencia o la ciudadanía. En conjunto, concluye una revisión del Acuerdo de Tidö (Sundborg, 2022), lo que representa un «avance hacia un Estado autoritario (…) un apartheid sueco con una parte de la población sujeta a una serie de leyes especiales». En efecto, una «segregación exitosa», reflexiona Tanvir Masur (2024), quien tergiversa con sorna el eslogan racial de la corriente política dominante de «integración fallida».
La seguridad, el estigma racial y las divisiones sistémicas apuntalan la expropiación de los medios de subsistencia de los más desfavorecidos de la sociedad en comunidades suburbanas estigmatizadas, que funcionan —como se explicará más adelante— como reservas flotantes para la especulación financiera y la mano de obra barata y precaria. Sugiere que un capitalismo racial sueco radicalizado podría analizarse críticamente por medio de la identificación de rasgos resonantes con los que forjaron la infraestructura del Estado sudafricano del apartheid.
Estratagemas del neoapartheid
Desde el desmoronamiento del apartheid, tras la retirada formal del régimen racial sudafricano, el concepto se ha adoptado ampliamente como metáfora que indica diferentes formas de discriminación en las condiciones del neoliberalismo. No obstante, argumenta Chiodelli (2022), «esto conlleva el riesgo de erosionar el vigor político y simbólico intrínseco a la noción de apartheid. En esencia, si el apartheid lo es todo (en otras palabras, si es cualquier forma de discriminación), tal vez no sea nada». El apartheid no es un concepto ordinario, sino una designación excepcionalmente cargada de sentido. Por lo tanto, al rearticular la noción, es esencial proceder a una «ampliación selectiva y cautelosa que mantenga algunas de las características originales del apartheid».
Al respecto implica prácticas totalizadoras de discriminación hacia grupos étnicos o culturalmente designados, con el objetivo de hacerlos fácilmente asequibles económica y políticamente, prácticas institucionalizadas mediante la separación espacial. Lo que es diferente, en los casos de lo que puede identificarse como «apartheid neoliberal», es la naturaleza de la institucionalización de la discriminación que, por lo general, se efectúa a través de medios distintos de la legislación racial explícita y se articula en formas que son más flexibles que los lineamientos abiertamente racistas, proscritos en términos de marcadores fenotípicos explícitos como el color de la piel. Entraña diferentes medios de ejercer el poder, en términos de una fragmentación escalar de «la ciudad neoapartheid», articulada desde luchas locales (Bradlow, 2021).
En lo que sigue, partimos de una perspectiva de estudiosos sudafricanos sobre el apartheid en Sudáfrica, en contraste con Robinson (2000), quien se inclina fuertemente hacia la tradición marxista de la economía política (cfr. Levenson y Paret, 2013). Relacionaremos sus argumentos con las teorías contemporáneas del capitalismo racial y su importancia con el propósito de desentrañar la dinámica del capitalismo racial en la Suecia urbana.
La acumulación primitiva revisitada
Martin Legassick y Harold Wolpe fueron algunos de los académicos sudafricanos que teorizaron la economía política del régimen del apartheid. En The bantustans and capital accumulation in South Africa (Los bantustanes y la acumulación de capital en Sudáfrica) (1976) desarrollaron los conceptos clásicos de Marx de «acumulación primitiva» y «ejército de reserva de mano de obra», conceptos clave para entender la lógica, las estrategias y la estructura institucional del sistema del apartheid. Enfatizan, asimismo, que en el análisis detallado que efectúan de dicho sistema —su legislación racial, su segregación securitizada extrema y su dinámica de desarrollo— deben relacionarse con el sistema capitalista global, dominado por el capital monopolista imperial. Derivado de ello, insertan la idea del capitalismo racial en el marco global de la acumulación primitiva perteneciente a la herencia intelectual de Rosa Luxemburgo (2003 [1913]).
Lo anterior se asocia con la teoría del imperialismo de Luxemburgo en La acumulación de capital; ahí refutaba la idea de que la acumulación primitiva, concebida como la sangrienta prehistoria del capitalismo causada por la violencia política descarnada, fuera un acontecimiento histórico único y para siempre. Sostenía que la acumulación primitiva era un elemento continuo, integrado y esencial del capitalismo, el colonialismo y el imperialismo, insistía, además, en que «la acumulación de capital, vista como un proceso histórico, empleaba la fuerza como arma permanente, no sólo en su génesis, sino más allá hasta el día de hoy» (Luxemburg, 2003 [1913]:351). En efecto, es la sangre vital del capitalismo per se; un sistema social y económico de carácter, en esencia, dual, del que según condensa Wang, «una esfera se rige por la libertad de contrato y el estado de derecho, en tanto que la otra está dominada por la violencia política y el saqueo perpetrado por las naciones capitalistas hegemónicas» (2018:113). El incisivo análisis de Luxemburgo sobre el colonialismo y el imperialismo y su perspicaz descripción de «los estragos causados en lo que ahora se denomina Sur global» (Hudis, 2023), habla críticamente a las teorías dominantes de la globalización en la actualidad en la voz de un «héroe desconocido de la teoría postcolonial» (Dabashi, 2020). Por su parte, Wang asevera que «en lugar de presentar la esclavitud y el genocidio indígena como acontecimientos temporalmente circunscritos que inauguraron el nacimiento del capitalismo en el Nuevo Mundo (…) el enfoque de Luxemburgo muestra cómo las lógicas raciales producidas por estos procesos persisten hasta nuestros días» (Wang, 2018:115).
Esto nos ayuda a abordar los procesos contemporáneos de financiarización y fuerza política cruciales para la acumulación de capital, tal como sostiene David Harvey (2012), que despojan a las masas urbanas de los «derechos a la ciudad». Nancy Fraser aclara en Capitalismo caníbal, con referencia a la tradición del marxismo negro, que el capitalismo, a través de sus transmutaciones históricas, siempre ha sido «estructuralmente racista» (2022:27). Recupera la dualidad de la acumulación de capital de Luxemburgo mediante el uso de los conceptos marxistas de «expropiación» y «explotación» en un debate acerca del capitalismo racial histórico y contemporáneo. Empero, critica a Marx por descartar la problemática de la etnia y el racismo en su conceptualización del capitalismo.
La desposesión forzosa e ilícita y la «expropiación» de mano de obra y recursos, advierte Fraser, ha sido la «historia de fondo», así como «un mecanismo continuo, aunque no oficial, de acumulación, que sigue junto con el mecanismo oficial de explotación» (2022:7–8). Las articulaciones cambiantes del racismo permanecen supeditadas a esta yuxtaposición siempre presente de expropiación y explotación, incrustada en los órdenes políticos del capitalismo y sus transformaciones históricas, en las que la «expropiación» de los «otros» discriminados racialmente constituye una condición de fondo necesaria para la «explotación» de los «trabajadores». En ese sentido, concluye Fraser, «las dos ‹ex› son condiciones sistémicamente imbricadas de un único sistema mundial capitalista» (2022:7–8).
La división entre ellos se correlaciona de forma aproximada, pero inequívoca, con lo que Du Bois calificó «la línea de color». Este aparente a priori ontológico del capitalismo es, no obstante, excepcionalmente histórico en su comprensión de la actual hegemonía de un capitalismo financiero extraordinariamente depredador, que requiere, según admite, una revisión al menos parcial de la bifurcación racial sistémica a lo largo de los ejes de explotación/expropiación. Más allá de una dicotomía racial sostenida, una pluralidad de expropiaciones desposeedoras bajo el dominio de la financiarización está sometiendo, aduce Fraser, a grupos poblacionales cada vez más amplios, incluso en el Norte global contemporáneo, a un estado multifacético de precariedad onerosa, muy por debajo de los costes de reproducción socialmente necesarios. Se trata de una condición que corresponde, de igual modo, a aquello que Mario Marini (2005 [1973]) calificó de «superexplotación»; habitualmente considerada una quintaesencia del trabajo y de la vida de la periferia capitalista bajo el peligro del imperialismo. Semejante encrucijada, designada como «la brasileñización de Occidente» (Beck, 2000), es un proceso en expansión en el que se extienden la temporalidad, el empleo precario, la discontinuidad, la informalidad laxa, incluso la desposesión de los derechos de ciudadanía que las mayorías blancas daban por sentado durante los «treinta gloriosos» años del estado del bienestar fordista. Constituye una condición debilitante que opera en el presente, pero que a la vez se apropia del futuro (por ejemplo, Tsianos, 2007:191), cruzando las dos «ex» de Fraser y con una amplia extensión y variabilidad (Schierup y Jørgensen, 2017).
En efecto, una cantidad y variedad desproporcionada de grupos de población precaria, despojados por la «gran exclusión» contemporánea (Jordan, 1996), continúan siendo los Otros racializados (Schierup y Ålund, 2015), pues cargan con el «doble peso» de un «riesgo tóxico» de hiperprecariedad (Woolfson y Likic-Brboric, 2008; cfr. Lewis et al., 2015). Lo anterior significa la incrustación de múltiples puntos de vulnerabilidad reforzados mutuamente en procesos globales de discriminación, expulsión, superexplotación y coerción; dirigidos a migrantes y posmigrantes en el Norte global y, de manera expresa, en todo el Sur global durante siglos en sociedades «subdesarrolladas» a causa de una colonialidad racializante (por ejemplo, Rodney, 2018). Sin embargo, la observación de que «todos somos precarios» (es decir, desposeídos) en la actualidad (Seymour, 2012), en consonancia con la observación de Fraser respecto a la proliferación del estado de precariedad dentro del capitalismo financiero contemporáneo, nos insta a dar un paso atrás y recuperar una ontología del «capitalismo racial», desprovista del funcionalismo sistémico preestablecido; en esencia, dentro de la lógica del análisis histórico de Robinson (2000) en Black Marxism. Más que una propiedad fija del modo de producción capitalista, la reconfiguración del capitalismo racial actual, en términos de «precariedad», representa un movimiento novedoso en un bricolage histórico dependiente de la trayectoria.
Racismo, colonialidad y ejército de reserva del trabajo
La confluencia de racismo y capitalismo, en consecuencia, es una necesidad históricamente «contingente» más que «lógica» (Go, 2021). Julian Go (2021) distingue entre la teoría del capital y la teoría del capitalismo en los escritos de Marx. Mientras que la primera ofrecía una «representación formal y abstracta del funcionamiento interno del capital», sus contradicciones y acumulación; la segunda «se refiere al desarrollo y la dinámica capitalistas en su especificidad empírica». Aunque El capital (Marx, 1976 [1885]) y otras de las principales obras teóricas de Marx eran más bien escasas en cuanto a referencias al racismo, su correspondencia con colegas, escritos periodísticos y de otro tipo demuestran que «no sólo hablaba de raza, esclavitud y colonialismo, sino que los consideraba fundamentales para el capitalismo» (Go, 2021:42).
Ello se expresa, por ejemplo, en sus escritos en torno de la clase obrera irlandesa en Inglaterra, tal como se observa en una carta dirigida a sus colaboradores en Estados Unidos, citada frecuentemente:
Todos los centros industriales y comerciales ingleses poseen ahora una clase obrera dividida en dos campos hostiles: proletarios ingleses y proletarios irlandeses. El obrero inglés ordinario odia al obrero irlandés porque ve en él un competidor que rebaja su nivel de vida. Comparado con el obrero irlandés, se siente parte de la nación dominante y, por esa razón, se convierte en un instrumento de los aristócratas y capitalistas contra Irlanda, así refuerza su dominio sobre sí mismo. Alberga prejuicios religiosos, sociales y nacionales contra el obrero irlandés [que] (…) ve en el obrero inglés tanto al cómplice como a la estúpida herramienta del dominio inglés en Irlanda (Marx, 1977 [1870]).
Dicha confluencia de colonialidad, estigma racial y división de clases, con la clase obrera irlandesa en Inglaterra como caso ejemplar, Marx la compara con la relación entre los blancos pobres y la población negra en los antiguos estados esclavistas de Estados Unidos. Observa cómo esta división racial entre los trabajadores se «intensifica, por la prensa, el púlpito, los periódicos cómicos, en resumen, por todos los medios a disposición de las clases dominantes», hecho que contribuye a sostener la hegemonía capitalista y los problemas de movilización de la clase obrera de la época. Marx, no obstante, se alejó de los prejuicios de Engels, y abordó analíticamente la ruptura racial y el conflicto dentro de la clase obrera; lo examinó junto con la dinámica disciplinaria del ejército de reserva de mano de obra (Duggan, 2013). Se trata de una teoría multidimensional cuyos fundamentos siguen aportando ideas acerca de la migración y la hiperprecariedad, la discriminación racial y la espacialización de la superexplotación (Rajaram, 2018). Más adelante retomaremos esta cuestión analítica y empírica.
Dos caras de la hiperprecarización
Saskia Sassen (2010), en su artículo «El retorno de la acumulación primitiva», teoriza las dimensiones de la precarización contemporánea del trabajo y los medios de subsistencia. Al igual que Fraser considera que los procesos de precarización están sistémicamente relacionados con la hegemonía del sistema financiero mundial más complejo y poderoso jamás visto. Sostiene que alcanzó su «plena capacidad de destrucción» tras el final de la Guerra Fría, junto con «una vasta expansión de la acumulación primitiva» de nueva naturaleza contemporánea, implementada gracias a sofisticados mecanismos organizativos (Sassen, 2010:52). Una estratagema predominante es el desarrollo de nuevos mecanismos coercitivos para la especulación inmobiliaria financiada con un sello racial, a través de la expropiación de poblaciones desfavorecidas de sus precarios medios de subsistencia. Otra estrategia, asociada con la anterior, tiene que ver con la creciente precarización e informalización de la mano de obra, el empleo a tiempo parcial con bajos salarios y el falso autoempleo en una pujante economía gig.
Justo esta doble perspectiva de la política de la hiperprecariedad es lo que nos preocupa con relación al contexto sueco: despojar a los más desfavorecidos de nuestra sociedad de sus medios de vida «mediante un proceso confiscatorio continuo», tal como lo expresa Fraser (2022:36), que sostiene la acumulación de capital en un sistema socioeconómico descompuesto y en crisis. En realidad, son una presa lucrativa para las operaciones financieras de las corporaciones transnacionales de la vivienda, que cosechan hiperbeneficios por medio de falsas renovaciones y aumentos infundados de los alquileres en zonas de viviendas racialmente estigmatizadas. Al mismo tiempo se trata de zonas que, por la propia dinámica de su segregación forzosa y las políticas disciplinarias de bienestar y trabajo, alimentan «guetos ocupacionales» como contenedores de un ejército de reserva superexplotador de la metrópolis del neoapartheid.
Un híbrido monstruoso: la sigilosa financiarización de la vivienda sueca
El impulso de la desregulación y las reformas mercantilizadoras de la década de 1990, junto con la continuidad de Suecia sobre la política de privatización de la Unión Europea, ha provocado una financiarización de la vivienda con empresas de inversión globales: Blackrock y Blackstone como poderosos actores (European Commission, 2020; Gustafsson, 2021; Christophers, 2022). De ahí que la vivienda de alquiler en las ciudades suecas permanece rezagada en un estado ambivalente en el que ésta (todavía) se considera oficialmente un derecho social universal; pero, por otro lado, se valora como una mercancía para la acumulación de capital (Kadıoglu y Kellecioğlu, 2023; Kellecioğlu, 2021).
De suerte que una política de vivienda pública sometida a una sigilosa y gradual desregulación y mercantilización, yuxtapuesta a una desordenada re-regulación neoliberal, constituye, en efecto, un «híbrido monstruoso», según Christophers (2013), crea y reproduce la desigualdad socioeconómica (cfr. Thörn y Polanska, 2023). Si bien las políticas de vivienda suecas no son (aún) totalmente neoliberales, se identifica una «gobernanza empresarial», arraigada sistémicamente (Thörn y Thörn, 2017), como fuerza que genera segregación racial y de clase en las ciudades. Ello implica una prioridad consensuada subyacente de las élites políticas y económicas en la inversión privada, al ritmo de un proceso afirmativo del capital de desregulación y re-regulación institucional; circunstancia que alimenta un desarrollo «en el que algunas zonas urbanas se consideran activos financieros y otras se dejan en declive» (Thörn y Thörn, 2017:294). Se trata en sí de una remodelación paso a paso, muy «selectiva, de partes de la ciudad para el consumo de las clases alta y media (…) y el desplazamiento de los pobres que aumenta la segregación social» (Thörn y Thörn, 2017:294–295).
Numerosos estudios documentan el modo en que la aludida «reconstrucción selectiva» entraña las operaciones encubiertas de las empresas financieras transnacionales, situación que conlleva (utilizando la terminología de Fraser introducida con anterioridad) estratagemas de «expropiación» de los medios de subsistencia, de las personas en comunidades pobres, segregadas racialmente. La condición hiperprecaria resultante para las familias que viven al margen de los ingresos desencadena el hacinamiento y el desalojo de los pobres. Es un régimen, concluyen Blackwell et al. (2023) en un análisis crítico de la política sueca de vivienda, que favorece sistemáticamente al capital financiero y a las empresas constructoras. En contraposición, propicia escasez de vivienda, menos contratos y más caros. El hacinamiento derivado entre las personas con menos ingresos es de los peores de Europa; tiene que ver con un tipo de situación «en la que las finanzas determinan básicamente tu política de vivienda o las finanzas determinan la composición de tu ciudad», explica Sorcha Edwards, secretaria general de Housing Europe (citada por Ellena, 2022); situación en la que la vivienda asequible se ve amenazada a medida que los grandes inversores compran viviendas europeas.
Adicionalmente, en 2020–2021 un grupo de investigación germano-sueco, Centro para la Sostenibilidad Urbana (CPSU) efectuó un esclarecedor estudio internacional en torno de los negocios financieros de las corporaciones inmobiliarias globales en Berlín, Estocolmo y Malmö, desde la perspectiva de los inquilinos que arrendan viviendas. Por su parte, Kellecioğlu (2021) desarrolló un estudio de caso local más amplio dentro de ese proyecto, de especial interés para nuestra investigación acerca de la comunidad de Husby, en la región de Järva, en Estocolmo.
La región de Järva tiene una población cercana a los 100 mil habitantes, se caracteriza por una geografía social polarizada. Incluye la Ciudad de la Ciencia de Kista, un avanzado clúster de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), que sirve a una red de empresas vanguardistas estratégicamente integradas y a instituciones de servicios importantes, que cohabitan con comunidades residenciales pobres, como Husby, en la que más de dos quintas partes de las familias con hijos viven en condiciones de extrema pobreza, 20 veces más que en zonas privilegiadas («blancas») de la capital.
Husby es una de las comunidades calificadas por la policía y la narrativa política y mediática dominante como una «sociedad paralela» problemática, donde la mayoría de los residentes ha nacido fuera de Suecia o tiene dos progenitores extranjeros. La ciudad alberga una cantidad considerable de hogares con bajos ingresos y medios de vida precarios, los cuales se ven afectados por el hacinamiento en las viviendas, el alto nivel de desempleo, las precarias condiciones de trabajo y la dependencia de una economía fluctuante; casi uno de cada cuatro niños vive en la pobreza. Las condiciones de vida en esta zona de viviendas municipales de alquiler, originalmente bien planificada y construida, se ha deteriorado debido a las sucesivas privatizaciones. Se percibe una disminución de los medios de subsistencia como consecuencia de una menor presencia de instituciones sanitarias y educativas, así como de otros servicios públicos y privados.
La vivienda municipal es una presa atractiva para la privatización y el beneficio a corto plazo, de ahí que Husby sea un caso revelador y ampliamente estudiado. A raíz de la adquisición, en 1996, de una parte sustancial de las viviendas municipales de la comunidad, compradas a la empresa pública Svenska Bostäder, éstas fueron apropiadas y vendidas por nueve empresas diferentes, entre las que destaca Blackstone, una de las compañías financieras transnacionales más grandes y poderosas del mundo (Kellecioğlu, 2021). Mientras que el cálculo de ganancias rigió el proceso de venta durante el periodo en cuestión (1996–2023), el desarrollo desde la privatización padece de una deficiente inversión en mantenimiento por parte de los arrendadores privados.
Durante algún tiempo, la empresa sueca de viviendas Hembla se desempeñó como sociedad instrumental de Blackstone, propietario principal. En 2019, Hembla vendió su conjunto de viviendas a la multinacional alemana Vonovia, pero ésta siguió siendo la subcontratista encargada de la gestión. En la actualidad, Hembla es conocida como Victoriahem, se trata de una sociedad anónima encargada de administrar y mantener complejos de viviendas privatizados en comunidades con una población mayoritaria de origen no europeo, una situación de desventaja con respecto al poder para defender sus derechos cívicos (formales), no sólo en Husby, sino en otras partes de Suecia. Vonovia, junto con Blackrock, entre sus principales inversores (Gustafsson 2021), es una de las mayores empresas inmobiliarias de Europa, conocida entre los habitantes de Järva y otros lugares por sus falsas renovaciones y falsos aumentos de los alquileres, así como por el descuidado mantenimiento de sus viviendas (Kellecioğlu, 2021).
En comparación con el resto de los complejos de viviendas municipales de Husby, aún administrados por Svenska Bostäder, el conjunto privatizado se distinguió en el lapso mencionado por un alto nivel de deterioro y por una falta de mantenimiento perjudicial para la salud. En ese sentido, continúa una diferencia notable entre el conjunto municipal y el privatizado, pese a que el resto del complejo municipal de viviendas de Husby y Suecia, anteriormente subvencionado, se ha sentido presionado por las nuevas normativas que exigen rentabilidad a las organizaciones del sector público.
Semejante contraste se relaciona, de manera obvia, con procesos continuos de acumulación por expropiación por parte de propietarios y gestores corporativos, con una firma racial, según lo evidencian los estudios críticos suecos sobre vivienda. Junto a las estrategias de plusvalía a través de la gentrificación, los superbeneficios en el stock privatizado se obtienen mediante falsas renovaciones y estrategias de inversión, que imponen a los inquilinos aumentos de alquiler exorbitantes e ilícitos (Gustafsson, 2021), mientras que los procesos de «renovación» obligan a los inquilinos pobres, incapaces de pagar un alquiler injustamente elevado, a irse a la calle (cfr. Polanska, Degerhammar y Richard, 2019). Esto tiene lugar a través de múltiples estrategias de dominación encubierta, ampliamente documentadas por Kellecioğlu (2021) en From within the hell of Hembla (original sueco: Inifrån Hemblahelvetet), basado en entrevistas con inquilinos de Husby. Con fundamento en esta investigación y en estudios críticos realizados en Suecia y en otros lugares de Europa, parece razonable concluir que las normativas nacionales e internacionales siguen siendo insuficientes para proteger a las poblaciones de comunidades desfavorecidas, cuyos hogares son alterados mediante la confiscación malintencionada de medios de vida precarios. Esto incluye un mantenimiento inadecuado, renovaciones falsas y en la práctica la expropiación de derechos sustanciales a una vivienda digna (Kadıoglu y Kellecioğlu 2023). Como se revisará, esto ha exigido la movilización cívica local y la formación de alianzas nacionales e internacionales en defensa de este derecho humano y ciudadano básico.
Guetos ocupacionales
A la proliferación del extractivismo financiero en la vivienda se une la función de las comunidades urbanas más desfavorecidas de Suecia como incubadoras de guetos ocupacionales poblados por un precariado superexplotado: «Valioso porque es vulnerable» (parafraseando a Bauder, 2006). Se trata de un proceso asociado con lo que Harvey (2004) identifica como un «arreglo espacial» mediante la producción de nuevas formas de desarrollo geográfico desigual, con procesos como la gentrificación y la polarización de clase-etnia del espacio urbano, funcionales en relación con las estrategias de acumulación impulsadas por la crisis. A la vez, la incorporación de valores concretos a un espacio urbano fragmentado reduce las alternativas de grupos segregados pobres para participar en la vida pública, política y social, lo que limita su abanico de alternativas laborales.
La noción de «gueto ocupacional» fue acuñada por Feuchtwang (1982) en referencia a tipos de empleo inseguros, monótonos, a menudo peligrosos, sucios y, en su mayoría, mal pagados. Son en realidad trampas en el mercado laboral de las que resulta extremadamente difícil salir para acceder a otras formas de empleo más atractivas, variadas y mejor remuneradas; trampas en las que queda cautivo un número desproporcionadamente grande de grupos minoritarios etnorraciales, supeditados al estigma racial. Los empresarios se aprovechan habitualmente de la red personal de las minorías raciales para sus fines de contratación; redes que pasan por la familia, vecinos y amigos que ya son empleados del gueto ocupacional, pero que están excluidos de las redes sociales, que podrían proporcionar acceso a la movilidad social ascendente en segmentos más atractivos del mercado laboral.
De ahí que sostengamos, ampliando el argumento de Feuchtwang, que los guetos ocupacionales sirven como contenedores de un ejército de reserva de mano de obra latente y racialmente segregado. La lógica es que las crisis que se producen de manera cíclica para la valorización del capital generan un despido de mano de obra empleada con regularidad que es absorbida por un ejército de reserva laboral (siempre latente) compuesto por una población excedente de desempleados y de trabajadores atrapados en empleos precarios. Un ejército de reserva de trabajadores excedentes es, sin embargo, todo menos «superfluo» para la acumulación. Las poblaciones excedentes trabajan, como lo expresa Rajaram: «En las entrañas oscuras del capitalismo, en sus operaciones entre bastidores, donde la mano de obra barata e irregular se utiliza en la búsqueda del hiperbeneficio» (2018:628).1 En consecuencia, la población excedente también es funcional al ser instrumentalizada para presionar a los empleados (relativamente privilegiados) del ejército regular de trabajadores.
Éstos pueden verse obligados a aumentar la intensidad de su actividad o sus horas laborales y, de ese modo, incrementar la tasa de plusvalía apropiada por el capital. El resultado inminente es la fragmentación de la solidaridad de la clase obrera, alimentada por el racismo y el populismo nacionalista: como en el caso paradigmático de la clase obrera irlandesa en Inglaterra, y reiterado en diversas formas a lo largo de la historia, como en la actual crisis sueca impulsada por la obsesión con la amenaza a la nación por parte del Otro «culturalmente desviado», «no integrado». Es una narrativa difundida por los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales que sancionan la función de los «desechables» o los «excluidos» en un submundo cada vez más precario del capitalismo sueco. Así, el concepto de «excedente» o «desechable» se relaciona (Rajaram 2018:630) con el capitalismo en Suecia y en todo un occidente imperialista sumido en la crisis cada vez más dependiente de una mano de obra racializada e hiperprecaria.
El precario ejército de reserva de un «Estado regulador» sueco transformado se mantiene en una condición de inseguridad flotante a través de políticas austeras en materia de bienestar y mercado laboral. Los subalternos raciales discriminados son los más vulnerables (Schierup y Scarpa, 2017:55 y ss.), pero también lo son los manipulados y los sobreexplotados, miembros de un ejército transnacional de de mano de obra siempre disponible (cfr. Duggan 2013). La colonialidad sostenida, el extractivismo imperial y las guerras, aunado a la degradación medioambiental, producen y reproducen un ejército de reserva transnacional fluctuante de mano de obra migrante en circulación, incluidos los refugiados expuestos a un proceso de asilo mercantilizado. Periódicamente se moviliza como mano de obra hiperprecaria en la Suecia y Europa contemporáneas, sometida a una temporalidad desposeedora de regímenes de migración, asilo y ciudadanía, que les impide acceder al derecho a tener derechos (cfr. Philipson, 2024).
Un ejemplo indicativo de la institución de «guetos ocupacionales» y de la funcionalidad de un ejército de reserva de poblaciones excedentes hiperprecarias es el del sector sueco de la construcción. Éste solía ser un ejemplo avanzado del modelo sueco de empleo regulado, de desmercantilización de la mano de obra y de mejora continua de la tecnología, los salarios y las cualificaciones laborales, basado en negociaciones y acuerdos centralizados entre un poderoso sindicato de trabajadores de la construcción y la organización patronal nacional. Hasta las reformas neoliberales de mediados de la década de 1990 se benefició del apoyo estatal y de subvenciones públicas ilimitadas al servicio de la construcción de viviendas asequibles destinadas a familias de clase trabajadora. Durante el apogeo del estado de bienestar, el Sindicato de Trabajadores de la Construcción (Byggnads) se caracterizó por una cierta ideología artesanal, y durante mucho tiempo defendió con éxito altos salarios para los obreros suecos. En sí, se privilegiaba la mano de obra «blanca», y se empleaban con pocas mujeres e inmigrantes (Mulinari y Neergaard 2023).
En la década de 2000, frente a las directivas de la Unión Europea, el poder del sindicato de constructores que sancionan la regulación del mercado laboral se desvaneció, y las premisas básicas del pacto entre trabajo y capital se reformularon; ello a raíz de que la mayoría de las empresas de la construcción se encuentran ahora fuera del sistema de convenios colectivos, y un tercio de los trabajadores de la construcción ya no están afiliados a sindicatos (Ågren, 2014). En paralelo, con la extensión de nuevas estrategias de empleo la organización del trabajo cambió de modo drástico. De acuerdo con Slavnic (2010), esto se debe a la informalización de las relaciones laborales en condiciones de cambio con respecto al vínculo de poder entre el Estado y las empresas, con cadenas opacas de subcontratación que eluden leyes y normativas vigentes en un país donde la economía informal solía tener una importancia marginal. Mediante mecanismos de subcontratación, las grandes empresas de la construcción y el capital financiero se apropian de los hiperbeneficios. El proceso laboral propiamente dicho puede tener lugar en pequeñas empresas de la economía informal, muy por debajo de la cadena de subcontratación, que utilizan mano de obra inmigrante a cambio de salarios ínfimos, realizan jornadas laborales no autorizadas en condiciones deplorables, sin preocuparse por la seguridad y la salud en el trabajo, y con escasas oportunidades de exigir responsabilidades a las empresas situadas en la parte superior de la cadena de valor.
En dicha industria transformada, los trabajadores típicos ya no son el privilegiado obrero blanco afiliado a un sindicato, sino residentes estigmatizados racialmente en comunidades vulnerables como Husby, quienes se desempeñan en condiciones precarias, con empleos a tiempo parcial o por horas, en cadenas informales de subcontratación opacas, sin contratos o con contrataciones inseguras, y a menudo sin afiliación sindical ni apoyo. A este grupo también pertenecen los migrantes o solicitantes de asilo en condiciones de hiperprecariedad. Inclusive con la participación de trabajadores de la construcción en proyectos de renovación expropiatoria en zonas urbanas desfavorecidas, se minimizan los costes laborales de gestores inmobiliarios y aumentan los beneficios de empresas financieras ubicadas en la cima de la cadena de valor.
Cabe mencionar que la construcción es sólo uno de los numerosos ejemplos de guetos laborales en Suecia. Se añade la limpieza, la asistencia doméstica, el transporte público, la conducción de taxis, los puestos de auxiliar de enfermería y la venta minorista en línea (SCB 2023; Rydström et al., 2023). Un ejemplo ilustrativo es el cuidado a domicilio, un nicho del mercado laboral urbano sueco que en la década de 2000 experimentó un profundo cambio organizativo (Buller, 2023). Ello se asocia con amplios procesos de mercantilización a través de la externalización de los servicios sociales a empresarios privados. Se trata de un régimen transformado que obtiene hiperbeneficios mediante la expropiación de fondos públicos mal controlados, aunado a una dura estrategia de ahorro de mano de obra. Lo anterior a costa de una intensificación depredadora del proceso laboral, que expone a los trabajadores sociales a un estrés exorbitante y al agotamiento prematuro. Cada tarea laboral está calibrada y supervisada según un estricto régimen de medición del tiempo, por medio de una vigilancia disciplinaria de parte de una dirección digitalizada y conectada en todo momento. Semejante situación influye hasta en los procesos laborales efectuados en ámbitos de la ocupación que siguen bajo gestión pública directa, pero que están sujetos a exigencias de rentabilidad en condiciones de competencia con empresarios privados. La precarización del trabajo en el cuidado a domicilio se produce al eliminar de las tareas laborales las cualidades emocionales y asistenciales habitualmente consideradas inseparables de la ocupación (Farris, 2017).
Según Buller (2023), las aludidas estrategias de precariedad funcionan y se ejecutan con eficacia en un contexto de presión constante y de extracción potencial o real de nuevas fuentes de mano de obra precaria por parte de los empleadores del sector. A fin de conseguirlo se valen de un ejército nacional de reserva de mano de obra, en el que los subalternos raciales son los más vulnerables y disponibles; en otras palabras, se expropian del recurso inagotable que supone tal ejército transnacional, contratado en condiciones de temporalidad volátil. En efecto, es una remodelación institucional seguida de la «huida blanca» de lo que se está convirtiendo en un gueto ocupacional cada vez más cerrado. A ello se suma la creciente presión sobre los trabajadores de cuidados que siguen empleados de forma regular, en su mayoría ciudadanos de origen migrante o con estatus migratorio longitudinal, expuestos a la discriminación racial, situación que les impide acceder a otros puestos de trabajo.
Luchas territoriales
Las prolongadas condiciones de precariedad y expropiación racializada se han enfrentado a contramovimientos contestatarios de subalternos, portadores de imaginarios emancipadores y de utopías realizables; de ahí que hayan surgido nuevas solidaridades políticas y visiones de prácticas transformadoras a escala global y local. Éstas han sufrido la presión del peso de estructuras asimétricas de poder y política, orientadas a la cooptación y la despolitización de la «sociedad civil», a las que denominan «asociaciones entre empresas, sociedad civil y sector público», componente esencial de la hegemonía neoliberal (Schierup, Ålund y Kellecioğlu, 2021). Empero, los movimientos también han demostrado su capacidad para llevar a cabo una protesta permanente más allá de las campañas activistas temporales, ello ha adoptado diferentes modalidades en el mundo; significa, entonces, que las visiones y prácticas activistas deberán analizarse desde una perspectiva de dependencia discursiva e institucional.
Tras la crisis financiera de 2008 en Suecia, surgió un nuevo movimiento transétnico, antirracista y translocal en favor de la justicia de los subalternos que resonó en los espacios urbanos marginados (Sernhede, León Rosales y Söderman, 2019). Al reinscribir sus comunidades en la ciudad y en el espacio más amplio del Estado y la sociedad suecos, se produjo un «espacio diferencial» (Lefebvre, 1991), o lo que entre los activistas suburbanos suecos se denominó «luchas por el lugar» (León Rosales y Alund, 2019), en alusión a las luchas de la clase obrera del pasado, sin soslayar el sentido de las dificultades políticas en términos espaciales. El Megáfono (Megafonen), un grupo activista fundado en Husby, se convirtió en un vigoroso portavoz del nuevo movimiento. Además, participó en un activismo sostenido contra la planificación urbana excluyente, contra la falsa «renovación», y contra la privatización y la financiarización de la vivienda pública. Sobresalió como una «voz» articulada, sacó a la luz las profundas causas estructurales e institucionales del «estrépito»2 de un violento motín, desencadenado por la actuación policial ilícita, extendida por las comunidades de Estocolmo durante cinco días en mayo de 2013 (Schierup, Ålund y Kings, 2014). El Megáfono se convirtió en un foro alternativo para la investigación crítica sobre el racismo, la discriminación, los derechos y los medios de subsistencia. Igualmente, se dedicó al desarrollo de conocimientos contraepistémicos y a la formación en materia de sensibilización contra el racismo, impulsado por las luchas de la comunidad negra en Estados Unidos, y por movimientos del Sur global, como los de Brasil y Sudáfrica (por ejemplo, Al-Khamisi, 2017). También apoyó el arte y la poesía alternativos. De manera que, a través de tales actividades, nociones intrínsecamente racistas como «integración» o «valores suecos» se enfrentaron a nociones contraepistémicas como «justicia social», «organización», «lucha por el espacio» y «sensibilización popular». Las epistemes estigmatizantes como «exclusión», «extranjeros» o «desviación cultural» se encontraron ante un lenguaje crítico de «estigmatización», «discriminación», «rechazo», «perfil racial», «securitización» y «militarización».
El éxito del Megáfono se debe a la política solidaria autodirigida, que trasciende las divisiones étnico-culturales y confesionales, bajo el diálogo y la colaboración con círculos críticos de las organizaciones de la sociedad civil establecidas. Así consiguió mantener un equilibrio entre lo que Miraftab (2004), en su investigación sobre Ciudad del Cabo, —donde recupera la concepción de Antonio Gramsci relativo a la «sociedad civil», analiza en términos de los «espacios imaginados» críticos de los movimientos contestatarios en comparación a una absorción a menudo despolitizadora en los «espacios invitados» denominados «gobernanza participativa». De manera que se desarrollaron prácticas contrahegemónicas para «exponer y trastocar las relaciones de dominación normalizadas» (Miraftab 2004:1). El Megáfono dejó su legado en un espacio común antirracista local, el centro comunitario Husby of the People (Folkets Husby), fundado en 2016. Esto implica la «reinvención» de un espacio urbano común con raíces en el movimiento obrero sueco de finales del siglo XIX: la institución de la Casa del Pueblo (Folkets Hus), que se convirtió en un meme renovado para la fundación específica de varios centros comunitarios en comunidades urbanas marginadas, colmados de buenas intenciones que permitan empoderar a los subalternos y alzar la voz (Léon, 2019).
El proyecto Oases of Organisation, de Al-Khamisi y Rezai (2023 [2019]), de inicio prevé el impacto de esta Casa del Pueblo reformada, a través de la producción mediática antirracista, la educación popular y la investigación, así como la influencia de los ciudadanos en la educación, el trabajo y el desarrollo urbano. En seguida, impulsaría el poder colectivo, uniendo a la gente en manifestaciones, protestas y movilizaciones en contra de los recortes en las prestaciones sociales, la venta de viviendas públicas al capital deriesgo y el cierre discriminatorio de instituciones públicas. Finalmente, desafiaría el discurso estigmatizador de los medios de comunicación. Sin embargo, más allá de las visiones y junto a la realidad de una profusa actividad antirracista, la fuerte dependencia de la financiación del gobierno municipal y de las ONG establecidas para sus numerosas funciones coloca a Husby of the People ante un continuo desafío, en consonancia con la idea original de Antonio Gramsci (1971) de una sociedad civil limitada que libra una «guerra de posiciones» constante en las instituciones del Estado, en las que está incorporada y a las que, en última instancia, se subordina.
Ahora bien, la dependencia de la financiación pública en términos de «asociaciones», así como el grado y el tipo de condiciones que implican, difieren de una actividad a otra (Schierup, Ålund y Kellecioğlu, 2021). A continuación, analizamos a detalle dos proyectos en curso, dirigidos por dos organizaciones con sede en la Casa del Pueblo de Husby. Ambas son relativamente independientes de la financiación pública y de las ong, y se relacionan con los casos de expropiación que hemos comentado con anterioridad: la organización Place to Place (Ort till Ort), que lucha contra la financiarización de la vivienda, y el Centro de Trabajadores de Husby (Husby Arbetarcentrum), que se ocupa del trabajo precario. Al igual que el Megáfono, estas organizaciones desarrollan un diálogo trasversal y multifacético, crean redes y establecen alianzas con otras organizaciones de la sociedad civil.
Place to Place: lucha contra la financiarización de la vivienda
Place to Place es una organización activista local que defiende el derecho a la ciudad. Es miembro de una coalición europea de activistas por la vivienda (European Action Coalition for the Right to Housing and the City); apoya a los hogares expuestos a desahucios y aumentos abusivos de los alquileres, sobre todo los relacionados con falsas renovaciones. Asimismo, conecta a activistas en torno a cuestiones vinculadas con la vivienda en el marco de la solidaridad nacional e internacional. Ha participado activamente en la organización de manifestaciones en oposición a la fijación de alquileres basada en el mercado en el sector de la vivienda. Un logro notable fue su participación en la movilización de un movimiento nacional en contra de un proyecto de ley pendiente sobre la fijación de alquileres controlados por el mercado en 2021. En colaboración con la Asociación de Inquilinos, el Consejo Cívico de Norra Järva (Norra Järva Stadsdelsråd) y la Alianza para el Bienestar, Place to Place organizó una reunión inicial para los residentes de Estocolmo, en Folkets Husby, en febrero de 2020. La movilización en oposición a los alquileres de temporada continuó con manifestaciones que tuvieron lugar el 18 de abril de 2021 en 155 localidades de toda Suecia. Las manifestaciones reunieron a más de 70 organizaciones, redes y asociaciones locales; una movilización popular que traspasó generaciones y reunió a una gran variedad de comunidades locales, organizaciones de derechos civiles, organizaciones de la sociedad civil consolidadas y sindicatos. El 27 de octubre de 2023 se celebró una reunión inaugural, una coalición nacional para la protección de los derechos y los medios de vida de los inquilinos, ante un aumento sin precedentes en la historia de los alquileres, anunciado por los propietarios municipales y privados, en un momento en que un número cada vez mayor de familias experimenta graves dificultades para llegar a fin de mes.
Esta movilización popular sostenida refleja el potencial de lo que Castells ha denominado una «contrafuerza de los lugares» (1996:498), una respuesta crítica al desmantelamiento del estado de bienestar y a la polarización de la ciudad en términos de clase, etnia y lugar. Cuando dicha movilización incluye a una diversidad de participantes que avanzan en la misma dirección, podemos hablar de la aparición de una «red de equivalencia» contrahegemónica (Purcell, 2009), que materializa ideas de solidaridad transversal más allá de la comunidad local.
El Centro de Trabajadores de Husby: un sindicalismo comunitario en ciernes
En principio, el sindicato sindicalista independiente, la Organización Central de Trabajadores Suecos (Sveriges Arbetares Centralorganisation, SAC), se hizo cargo de los asuntos locales asociados con el trabajo, ofreció asesoramiento en Husby del Pueblo en materia de empleo y condiciones laborales. A diferencia de los sindicatos mayoritarios, la sac se ha involucrado en el asesoramiento voluntario para ayudar a los trabajadores indocumentados en su lucha por el derecho a tener derechos.
En 2024, las actividades sindicales de Husby of the People están a cargo del Centro de Trabajadores de Husby (Husby Arbetarcentrum/HAC), asociado con sac. No obstante, a diferencia de la orientación sindicalista de sac, HAC es una organización sindical localizada, con sede en Husby y operaciones en el área de Järva. Su coalición transversal con otras organizaciones locales y su red nacional e internacional evocan ideas de «sindicalismo comunitario» (cfr. Munck, 2019). La posición política del HAC, centrada en la comunidad urbana local y en una perspectiva holística de la protección de los medios de vida de los subalternos, se vincula tanto con el movimiento obrero sueco como con el trabajo de Place to Place y la Asociación Sueca de Inquilinos.
En paralelo, HAC se describe a sí misma como una innovadora histórica del movimiento obrero sueco, avocada en las condiciones radicalmente cambiantes del mercado laboral del siglo XXI, cambios que afectan a los subalternos. Es decir, «los trabajadores que carecen de muchos de los derechos sindicales elementales (…) por los que el movimiento obrero ha luchado durante más de 100 años» (HAC, s/f). Su misión se basa en la comunidad local y evoluciona a partir de ella. En lugar de considerar el enfoque en la comunidad local como una limitación, sus fundadores, Shamal Ali y Jonis Farah, sostienen que constituye una fortaleza. En el fragmentado mercado laboral actual, argumentan, ya no existen los colectivos de trabajadores basados en la ocupación que antes constituían la base de la movilización sindical y la acción colectiva. Esto se aplica, en particular, a aquellos sectores del mercado laboral caracterizados por condiciones de trabajo parcelarias y precarias, sobrexplotación, empleo precario y temporal, sin protección sindical, y a las que se ven relegados en gran medida los residentes de zonas urbanas pobres y estigmatizadas. Por ende, se requieren otras estrategias sindicales en las que la organización y la movilización solidaria, así como el apoyo mutuo basado en la comunidad local sean esenciales. Lo anterior tiene que ver también con la intersección de clase, etnia y género; y en el contexto de la vulnerabilidad de las mujeres, en específico las que trabajan en el sector de cuidados,3 creó una sección especial.
HAC, entonces es una organización activista que opera fuera del marco de los sindicatos tradicionales. Se concibe como un lugar de encuentro para la educación y la socialización de personas que pueden sentirse aisladas, al igual que de residentes y personas relacionadas con su situación laboral. En el marco de HAC y Husby of the People, los residentes de la zona pueden reunirse, informarse sobre sus derechos, intercambiar experiencias y colaborar con otras personas en situaciones similares. Esto trasciende los abusos y las controversias relativas al trabajo y al mercado laboral, y se extiende a la vivienda, la educación y la situación vital de la población local en su conjunto, incluyendo, por ejemplo, la movilización popular frente a los abusos en un sistema sanitario deteriorado, fragmentado espacialmente y con connotaciones raciales, en contraste con la política y las instituciones de gobernanza urbana (e.g., HAC, 2024b) .
Los integrantes de HAC pueden participar en actividades informativas y educativas, además obtener asistencia jurídica con relación a disputas con los empleadores, sobre todo concerniente a salarios no remunerados, condiciones de empleo falsas y otros problemas relacionados con el trabajo. A menudo se trata de problemas que, en los sindicatos mayoritarios, desaparecen en el «aparato burocrático», comenta Shamal Ali. Se refiere, de igual modo, a la diversidad de problemas en los que los sindicatos no pueden, no se les permite o no están dispuestos a involucrarse. Ello se aplica, en específico, a la situación de las personas sin contrato, los trabajadores temporales o los migrantes indocumentados. Las reuniones y el intercambio de experiencias pueden animar a las personas a sentirse activas e implicadas y motivarlas a participar en acciones colectivas, como bloqueos, dirigidas contra la hiperexplotación y la injusticia en un mercado laboral fragmentado. Al igual que Place to Place, HAC ha participado en el nivel transnacional, por ejemplo, en la movilización nacional de un movimiento de protesta contra el deterioro de la Ley de Seguridad Laboral de 2020.
Reflexiones sobre un estado de excepción especulativo
Hemos debatido cómo las políticas de expropiación relacionadas con la vivienda y el trabajo generan medios de vida precarios y empleos contingentes sin seguridad, protección ni previsibilidad. Lo anterior, en palabras de Melgaço y Xavier (2022), el papel de la etnia en el proceso urbano, la formación del valor y de los lugares, y la manera en que la tríada —colonial, racial y capitalista— se encuentra profundamente implicada en las modalidades de poder contemporáneas.
Asociamos dichos procesos contemporáneos a la idea de «acumulación primitiva» con fundamento en los marxistas sudafricanos, que a la vez inspiró a Cedric Robinson en la construcción de la teoría de la acumulación de Rosa Luxemburgo (2003 [1913]); teoría que más tarde desarrollaría, entre otros, Fraser (2022). Con todo, es prioritario destacar, según se expresa en la crítica a los marxistas sudafricanos (por ejemplo, Posel 1983) —por ejemplo, el legendario Harold Wolpe (1972)—, la relación directa entre la política del apartheid y las exigencias de acumulación de capital impulsada por las clases sociales, hecho que conlleva un trasfondo cuestionable de «funcionalismo». No existen resultados predeterminados, ni un vínculo lineal entre el capitalismo racial como concepto genérico y ningún régimen racista en particular. Semejante voz de precaución es válida también respecto al alcance teórico y empírico del binomio «explotación/expropiación» de Fraser (2022).
Ninguna clase o facción de clase puede establecer un régimen estable basado únicamente en el ejercicio de la fuerza, sino que está obligada a basar su poder en una hegemonía consensuada, que amalgama una pluralidad de intereses posicionales y trayectorias de clase. Así, de acuerdo con Pillay (2017), el problema del Partido Nacional Sudafricano, principal artífice del apartheid, estriba en que nunca fue capaz de forjar una hegemonía política fiable, sino que tuvo que recurrir a la acción violenta continua para mantener un régimen racista, volátil, que no era inequívocamente funcional en términos de una configuración cambiante de la acumulación de capital y los intereses vinculados con ella.
Del mismo modo, la turbia hegemonía de lo que hemos denominado el «centro extremo» sueco está condenada a tener pies de barro. Al igual que el régimen del apartheid sudafricano, se trata de una formación inestable que amalgama posiciones diferenciales. Oculta una incapacidad compartida para abordar la crisis de legitimidad generada por la erosión del estado del bienestar, bajo el manto de un discurso fluctuante que culpa a las víctimas, apoyado en la «inmigración» y la «sociedad paralela» de los «suburbios» subalternos y rebeldes. En paralelo, se sustenta en una economía política financiarizada que acumula riqueza, entre otras cosas, expropiando los medios de vida de los migrantes subalternos. Este inestable neoapartheid parece, al igual que el régimen sudafricano del apartheid, cada vez más impulsado a recurrir a una legislación discriminatoria y a la fuerza bruta a través de la criminalización, la securitización y la militarización.
Los espacios urbanos precarios, de los que la comunidad de Husby es un ejemplo, podrían considerarse, desde esta perspectiva, como el frente de batalla de lo que Agamben (2005) denomina un «estado de excepción». Se define como la extensión del poder del Estado a través de la cual los gobiernos pueden reducir, superar o denegar los derechos de ciudadanía, y en cuyo proceso las fronteras entre ciudadanos y no ciudadanos se vuelven cada vez más difusas. Las aludidas políticas y prácticas de «irregularización» de la ciudadanía que nos afectan a todos en la actualidad, remiten también a la distinción entre lo que Nyers (2006) designa «ciudadano esencial» y «ciudadano accidental» (sospechoso), sometido a una vigilancia y a una securitización asimétricas y debilitantes. Ello desconcierta en una situación especialmente vulnerable, no sólo de los trabajadores migrantes indocumentados y los solicitantes de asilo rechazados, sino de los habitantes de origen migrante y sus descendientes a lo largo de generaciones, que gozan de todos los derechos formales de la ciudadanía, pero están privados de oportunidades sustanciales para ejercerlos.
Hasta aquí hemos ilustrado con ejemplos de Husby, comunidad perteneciente a aquellas zonas urbanas de Suecia donde la «acumulación por desposesión» (Harvey, 2004), asociada con la vivienda municipal y con un mercado laboral precario es en específico intensa. En efecto, pone de manifiesto la expresión de un capitalismo racial, en el que los modos de desposesión o «expropiación» (Fraser, 2022) van acompañados de un régimen de división sistémica, securitización y represión violenta, que culmina en lo que hemos llamado un estado de neoapartheid. Cotidianamente, estas comunidades se enfrentan a una militarización de la acción policial que se suma al llamamiento y que resuena en todo el centro extremo, a la intervención de las fuerzas armadas del país. Es evidente que el objetivo es acabar con la proliferación de organizaciones criminales, pero esto puede conducir a nuevos y agravados ciclos de «guerra contra los suburbios», ya que las políticas sociales progresistas son sustituidas por el encarcelamiento masivo de adolescentes criminalizados en una «Suecia en cerrada» emergente.4 Tal como Soar Ali arguye en el podcast Husby, mencionado previamente, esta postura belicista «no culpa a los problemas políticos o estructurales, sino a las víctimas de los mismos. Ya no hay democracia, igualdad ni libertad de expresión. No tenemos derecho a expresarnos. Esta colisión entre la retórica política y la realidad conduce al desprecio político» (Folkets Husby, 2023).
La enfática declaración de Soar Ali guarda similitud con lo que Martin Luther King (1967), hacia el final de su vida, externó con desánimo relativo a la condición de los negros en las ciudades estadounidenses: «No tiene ningún valor estar integrado en una sociedad en llamas». Evoca el argumento de Luxemburgo (2003 [1913]) en torno a que el capital debe destruir para acumular. En ese sentido, la expropiación mediante la financiarización de la vivienda y la superexplotación del trabajo precario conduce de forma inexorable a la destrucción de las comunidades vulnerables a costa de las cuales se beneficia el capital. Alimenta la distopía de la criminalización y la proliferación de organizaciones mortíferas similares a la mafia, como un reflejo inquietante de los «valores» dominantes, de abajo hacia arriba, de una democracia erosionada desde la cima; además, genera nuevos ciclos de securitización apartheidista.
Empero, en esa misma coyuntura, los movimientos desde abajo, arraigados en las zonas más desfavorecidas del paisaje urbano metropolitano, insisten en reconocer a los subalternos como una voz política contra la erosión de los marcos democráticos de derechos, medios de vida, trabajo y comunidad. La comunidad de Husby, en Estocolmo, durante décadas ha sido un centro de implantación de movimientos de justicia urbana con carácter contrahegemónico, movilizando la resistencia transversal e indicando alternativas a las divisiones apartheidizantes forjadas por un capitalismo racial sueco fragmentador.
Así, la organización comunitaria Place to Place cuestiona la expropiación de los escasos ingresos de los inquilinos por parte de las empresas financieras transnacionales que se han apropiado de los mercados inmobiliarios privatizados. La otra organización mencionada, HAC, inquiere la superexplotación de los más desfavorecidos de la ciudad por medio de la implantación de un innovador «sindicalismo comunitario». Se trata de un modelo que se aleja radicalmente del modelo sindical sueco dominante, pero que recuerda, en miniatura, al sindicalismo (hoy debilitado) que en su momento desafió el apartheid en Sudáfrica (por ejemplo, Munakamwe, 2022). Ambas organizaciones o movimientos comparten la ambición de desarrollar alianzas y prácticas contestatarias que trasciendan las escalas: local, translocal, nacional y transnacional.
Estas protestas y acciones en pugna pueden parecer, desde la perspectiva de los lugares más privilegiados de la metrópoli de Estocolmo, Suecia o Europa, descentradas y consternantes sólo para una minoría de subalternos marginados en «patrias» suburbanas social y culturalmente distantes. No obstante, su resistencia preocupa a todos aquellos que se esfuerzan por una democracia genuina, la libertad de expresión y la justicia social. Las luchas que surgen de esos espacios supuestamente «marginales» promueven conocimientos y epistemologías alternativos. Impactan profundamente en el futuro de todos nosotros, sometidos a un régimen político que fermenta los males que Luther King (1967) identificó en su momento como los tres problemas arraigados e interrelacionados de Estados Unidos: el racismo, la explotación y el militarismo, con la violencia policial en el interior mezclada con la guerra colonial en el exterior. Los valores de la sociedad deben reestructurarse, declaró. Desde esta perspectiva, las luchas subalternas en las comunidades urbanas estigmatizadas de Suecia junto con una multitud de luchas y contraepistemologías relacionadas del «Sur», tanto en el norte como en el sur geográfico, posee una relevancia global intrínseca.
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Notas:
1 Se trae a colación la idea de Fraser (2022) acerca del trabajo expropiado y la noción de superexplotación de Marini (2005 [1973]).
2 En alusión a las nociones de Dikeç (2007).
3 Llevan a cabo una campaña exitosa, por ejemplo, con relación al despido ilegal de una mujer local, empleada por una empresa del sector asistencial (HAC, 2024a) .
4 Con respecto a Lockdown America, de Michael Parenti (2000).
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