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La dependencia, la guerra contra las drogas y los solicitantes de asilo mexicanos

Dependency, the war on drugs, and Mexican asylum applicants

Recibido 30/08/22 | Aceptado 14/10/22

Alfonso Gonzales Toribio*

*Mexicano/estadounidense. Director del Centro de Estudios Latinos y Latinoamericanos, University of California Riverside. Correo-e: alfonsog@ucr.edu.

Resumen. Este artículo explica el incremento en el número de solicitantes de asilo mexicanos desde 2001 hasta 2020, puesto que México se ha convertido en el país con el mayor número de solicitudes de asilo en Estados Unidos. Aborda la cuestión desde la perspectiva de la teoría de la dependencia en la que el estatus de México como nación dependiente en la periferia del país más rico del mundo estructura el contexto para que los mexicanos soliciten asilo. A partir de los datos del Centro de Intercambio de Acceso a Registros Transnacionales (TRAC, por sus siglas en inglés), la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, el Departamento de Seguridad Nacional y las estadísticas de las Naciones Unidas y el Banco Mundial, rebato el argumento de los activistas conservadores de que las solicitudes de asilo de los mexicanos están impulsadas principalmente por una estrategia de defensa de la deportación, tras la represión de la inmigración después del 11 de septiembre. Por el contrario, demuestro que los mexicanos huyen de la violencia de la guerra contra las drogas financiada por Estados Unidos en México. Expongo que existe una correlación directa entre la Iniciativa Mérida de 2007 —un paquete de ayuda exterior de 3 mil millones de dólares para la lucha contra las drogas en México—, el aumento de los homicidios y el número de solicitantes de asilo mexicanos.

Palabras clave: dependencia, hegemonía estadounidense, guerra contra las drogas, asilo, neoliberalismo, México.

Abstract. This article seeks to explain the increase in the number of Mexican asylum applicants from 2001 to 2020 in which Mexicans have become the largest nationality to apply for asylum in the United States. The article takes on this question from the perspective of dependency theory in which Mexico’s status as a dependent nation on the periphery of the richest country in the world structures the context for Mexicans to apply for asylum. Drawing on data from the TRAC, Executive Office of Immigration Review, Department of Homeland Security, and statistics from the United Nations and the World Bank, I counter the argument made by conservative activists that Mexican asylum applications are primarily driven by a deportation defense strategy following the post-9/11 immigration crackdown. Rather I show that Mexicans are fleeing, the violence of the u.s. funded war on drugs in Mexico. I demonstrate that there is a direct correlation between the 2007 Merida Initiative —a 3-billion-dollar foreign assistance package for Mexico to fight the war on drugs— an increase in homicides and the number of Mexican asylum applicants. From this perspective, Mexican asylum cases must be understood in the context of u.s. hegemony in Mexico and the deep contradictions of neoliberal capitalism and authoritarian state projects to manage the crisis rooted in the asymmetrical relations between both nations.

Keywords: dependency, u.s. hegemony, war on drugs, asylum, Mexico, neoliberalism, immigration.

Introducción¹

A pesar de la relativa desaparición de los mexicanos de los debates académicos, mediáticos y activistas en torno a los flujos de refugiados contemporáneos, es evidente el aumento constante en el número de personas que solicitan asilo en Estados Unidos desde mediados de la década de 2000. El número de solicitantes mexicanos se intensificó después de 2007 y se multiplicó por más de cuatro en 2019. El Centro de Intercambio de Acceso a Registros Transnacionales (TRAC), de la Universidad de Syracuse, comparó las solicitudes de asilo de 2011 a 2016 con los seis años anteriores, de 2005 a 2010, y encontró que disminuyeron en 18 por ciento a escala nacional; sin embargo, en el mismo periodo, la cantidad de solicitantes por países mostró un aumento significativo en ciertos casos.

México, el cual encabezaba esta lista, experimentó un aumento de 408 por ciento en el número de personas que solicitaron asilo ante un juez de inmigración en Estados Unidos (TRAC, 2019). Cabe resaltar que México no sólo ha sido la principal fuente de solicitantes de asilo en la última década, sino que también ha experimentado el mayor incremento en la cantidad de solicitantes de asilo en los últimos años.

Este artículo no aborda la cuestión de por qué los mexicanos pierden sus casos. Más bien, trata de explicar la razón por la que México es uno de los mayores solicitantes de asilo en Estados Unidos en las últimas décadas. ¿Cómo han surgido las condiciones en Estados Unidos y en México que han puesto a cientos de miles de mexicanos en una posición en la que están dispuestos a arriesgarse ante los tribunales de inmigración estadounidenses donde tienen tan pocas probabilidades de ganar su demanda?

Entonces, me centraré en la producción de solicitantes de asilo mexicanos en las últimas dos décadas. Rechazo el argumento de que los casos de asilo mexicanos corresponden a personas que juegan con el sistema en lo que Nick de Genova llama bogus, solicitudes de asilo falsas (De Genova, 2018). La lógica del argumento de las solicitudes de asilo falsas es que las personas presentan solicitudes de asilo frívolas con el fin de obtener una ventaja injusta y entrar en Estados Unidos. Aunque ciertamente hay muchos mexicanos que no encajan en la definición legal de refugiado o de solicitante de asilo bonafides, sostengo que el drástico aumento de las solicitudes se debe a que las personas huyen para salvar sus vidas ante las graves formas de violencia, en especial después de que los fondos de la Iniciativa Mérida de 2007, procedentes de Estados Unidos, entraran en la economía mexicana. También sostengo que la Iniciativa Mérida es un proyecto estatal hegemónico dirigido y financiado por Estados Unidos para intervenir y gestionar las contradicciones del desarrollo capitalista neoliberal en México.

Muestro que hay un aumento significativo en el número de solicitudes de asilo mexicanas después de 2007, que es cuando se distribuyeron los fondos estadounidenses de la Iniciativa Mérida a México. Se presenta aquí evidencia estadística que revela que existe una correlación importante y positiva entre el aumento de los homicidios en México y el número de solicitudes de asilo. Se trata de una correlación positiva muy fuerte, en la cual la pendiente ascendente de los casos de asilo es paralela al aumento de los homicidios. Esto entraña que la mayor parte de las solicitudes de asilo mexicanas son de personas con un miedo legítimo a quedarse o regresar a un México que se ha visto envuelto en la violencia tras la guerra contra el narcotráfico después de 2007. No pretendo afirmar que los fondos de la Iniciativa Mérida sean la fuente de toda la violencia en México. Ciertamente hay factores endógenos que contribuyen a que ocurra, sin embargo, se advierte que la política exterior estadounidense tiene un impacto directo en el contexto de seguridad del que la mayoría de los solicitantes de asilo está huyendo o al que teme regresar.

El artículo pretende hacer una intervención académica en la creciente literatura sobre refugiados y solicitantes de asilo latinoamericanos. Recientemente, los medios de comunicación y los académicos han prestado atención a los refugiados centroamericanos, pero hay poco escrito sobre la experiencia de los solicitantes de asilo mexicanos. Incluso en el Oxford Handbook of Forced Migration and Refugee Studies, que es representativo del campo de los estudios acerca de refugiados, no aparece un solo capítulo referente a los solicitantes de asilo mexicanos. Además, en el contexto del aumento de la erudición y el activismo en torno a los refugiados y solicitantes de asilo centroamericanos, ha habido pocos trabajos de los refugiados mexicanos, quienes huyen de condiciones estructurales algo similares a las de sus homólogos centroamericanos. Espero intervenir en el actual debate académico concerniente al tema en los últimos años, que en los círculos de estudio latinoamericanos se ha enfocado en los centroamericanos.

Antes de proceder con el análisis hay una excepción relevante a lo que he argumentado que contribuye a la comprensión de cómo los inmigrantes de México navegan por el sistema de inmigración bizantino que Estados Unidos ha creado. Corresponde al trabajo de Adriana Estévez de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Estévez se basa en un marco foucaultiano para interpretar el caso de los solicitantes de asilo mexicanos tras el cruce de 2012 por Ciudad Juárez. Sostiene que la ley de asilo se ha convertido en una forma de poder biopolítico utilizada para regular la migración mexicana. Su atención se orienta en el poder del Estado para regular los flujos migratorios. Comparto su posición general de que la ley de asilo se utiliza como otro sitio de control de la migración. No obstante, mi interés se encauza en el desplazamiento de los solicitantes de asilo mexicanos debido a la guerra contra el narcotráfico y al contexto más amplio de la dependencia de México y la hegemonía de Estados Unidos. Intento estudiar este problema de manera teórica y empírica. Pero a diferencia de los pensadores foucaultianos o posestructuralistas, busco desentrañar las condiciones estructurales que han lanzado a las personas a la órbita de la migración forzada y las han llevado a convertirse en solicitantes de asilo.

El artículo se organiza en cuatro partes. En primer lugar, proporciono un marco teórico para pensar en México como una nación que depende del capitalismo estadounidense y que está bajo la influencia de su hegemonía. La segunda sección revisa la migración, la deportación y la violencia. Argumento cómo tales fenómenos en apariencia diferentes son partes de un todo enraizado en las contradicciones del capitalismo neoliberal. Se incluye además una sección en la que se muestra cómo las solicitudes de asilo defensivo de los mexicanos no se correlacionan ni positiva ni negativamente con las acciones de aplicación de la ley de inmigración de Estados Unidos entre 2001 y 2006. La tercera parte detalla la circulación de los fondos de la Iniciativa Mérida hacia México; reúne pruebas empíricas en aras de mostrar que el aumento de la ayuda militar y de seguridad por parte de Estados Unidos está altamente correlacionado con el incremento de los homicidios y secuestros en México y los casos de asilo afirmativo. A modo de conclusión, en la cuarta parte, discuto los principales hallazgos y exploro las implicaciones que el caso mexicano ostenta para el estudio de los migrantes forzados, los refugiados y las perspectivas de la democracia liberal del siglo XXI en Estados Unidos, México y Centroamérica.

Dependencia, hegemonía estadounidense y crisis del neoliberalismo

Es preciso resaltar que el artículo insiste en enraizar la problemática de los asilados mexicanos en la teoría de la dependencia (Prebish, 1950; Gunder, 1996; Cardoso y Faletto, 1979; Marini, 1973), la crítica de la economía política y las contradicciones del desarrollo capitalista. Me refiero a la reestructuración del capitalismo fordista en Estados Unidos y a la transición de la industrialización por sustitución de importaciones (ISI) a un modelo de desarrollo neoliberal exportador en México y a las relaciones asimétricas entre ambas naciones. Para ello, el artículo se basa en la erudición de una generación de estudiosos críticos de la migración mexicana que adoptan la teoría de la dependencia y la crítica de la economía política como marco teórico. En la tradición del pensamiento crítico latinoamericano, los estudiosos de la migración de la UNAM y de otras universidades mexicanas y latinoamericanas han utilizado la teoría marxista de la dependencia para contrarrestar las teorías dominantes de la migración. Como expone Genoveva Roldán Dávila, gran parte de la literatura de los estudios migratorios adopta en última instancia un enfoque neoclásico: trata la migración como una estrategia racional de supervivencia adoptada por los latinoamericanos, facilitada por redes familiares aparentemente autoimpulsadas y por las condiciones de América Latina (Roldán, 2010). Los dependentistas del siglo XXI argumentan que cualquier explicación de la migración mexicana y latinoamericana contemporánea debe considerar las relaciones asimétricas entre Estados Unidos y México y la nueva división global del trabajo bajo el capitalismo neoliberal (Roldán, 2010; 2019; Delgado y Márquez, 2007; 2012; Goodfriend, 2022). Este marco es muy adecuado para ayudar a explicar cómo la guerra contra las drogas liderada por Estados Unidos ha sido impuesta a México y cómo ha desplazado a los migrantes y refugiados mexicanos que, en última instancia, son absorbidos por los mercados laborales estadounidenses como mano de obra barata.

Adopto dicho marco teórico con el propósito de explicar la fuerza impulsora del aumento de los casos de asilo mexicanos. El dramático incremento del número de solicitantes de asilo mexicanos en las últimas dos décadas es el producto de la hegemonía estadounidense, de las contradicciones del capitalismo neoliberal y de las políticas estatales adoptadas por ambas naciones para gestionar la crisis que, en última instancia, contribuyen a profundizarla. Por hegemonía estadounidense me refiero a una relación bilateral asimétrica de poder históricamente específica que se deriva de la dependencia económica de México con respecto a Estados Unidos. En efecto, tal relación entre una potencia central con un país de su periferia estructura una relación bilateral en la que Estados Unidos podría presentar sus intereses como los intereses universales de ambas naciones y hacer que México adopte políticas que no quiere adoptar, sin comprometer los suyos (Fusaro, 2018).

El interés económico de Estados Unidos en México se enfrenta al reto de tener que proteger y ampliar los intereses del capital estadounidense en el país y al mismo tiempo manejar las contradicciones del desarrollo capitalista neoliberal. Por contradicciones me refiero al hecho de que el capitalismo neoliberal crea beneficios y oportunidades para Estados Unidos y para la burguesía mexicana, pero también crea retos como la emigración, la violencia y nuevas formas de autoridad política que desafían el poder del Estado.

No se puede negar que el capitalismo neoliberal ha beneficiado a un sector notable en México. En los últimos 40 años, México ha podido importar bienes de lujo, artículos que antes estaban reservados a las clases medias urbanas, como teléfonos móviles, Smart TV, wifi y refrigeradores, que se han vuelto más accesibles para la clase media. Asimismo, las élites mexicanas son las que más se han beneficiado de la reestructuración neoliberal. En la década de 1990, por ejemplo, hubo un incremento espectacular de multimillonarios junto con el desarrollo de apartamentos de lujo, hoteles, turismo y gastronomía de alto nivel en lugares como Mazatlán, Valle de Guadalupe (cerca de Ensenada) y San Miguel de Allende (en Guanajuato). Gracias al neoliberalismo se han vuelto populares barrios que antes estaban reservados a la élite de la Ciudad de México, como Coyoacán, las colonias Roma y Condesa, convertidas en hogar de estadounidenses y europeos relativamente acaudalados (Los Angeles Times, 27 de julio de 2022). En efecto, el neoliberalismo ha traído consigo la proliferación de restaurantes, cafés, bares y nuevos servicios, junto con el desplazamiento de residentes y un tipo de gentrificación transnacional. Pero el capitalismo es siempre una fuerza histórica social contradictoria.

Oculto dentro de la misma estructura que crea el crecimiento en un polo hay otro polo de acumulación repleto de pobreza miserable, violencia, trabajo y sufrimiento humano. En el capítulo 25 de su obra magna El capital, Marx elaboró lo que llamó la ley de la acumulación capitalista: «La acumulación de la riqueza en un polo es, por lo tanto, al mismo tiempo la acumulación de la miseria, la agonía de la esclavitud del trabajo, la ignorancia, la brutalidad, la degradación mental, en el polo opuesto, es decir, en el lado de la clase que produce su propio producto en forma de capital» (1991:799). En las siguientes secciones se discutirá cómo el proceso de reestructuración capitalista en México creó una crisis de gestión de la migración y la violencia.

Cualquier mirada superficial a los datos de la migración mexicana posteriores a 1980 revelará un aumento significativo de la migración laboral mexicana a principios de la década. A mediados de los 1980, la migración mexicana a Estados Unidos se había duplicado con creces, impulsada no simplemente por la reunificación familiar, sino por los cambios en el capitalismo mundial, ya que la base industrial de Estados Unidos comenzó a depender de la mano de obra migrante altamente flexible y de la creación de una gran población excedente de trabajadores mexicanos que fueron desplazados por las políticas neoliberales de ajuste estructural.

La migración mexicana a Estados Unidos se elevó realmente en la década de 1990. Raúl Delgado Wise y Humberto Márquez Covarrubias se basan en datos de las Naciones Unidas e indican que «durante el periodo 1990–1995 México fue el país con mayor número anual de emigrantes (un total de 400 mil personas frente a 390 mil de China y 280 mil de India). Entre 2000 y 2005 el éxodo anual mexicano ascendió a 56 mil» (Delgado y Márquez, 2008:1366). La mayoría de estos migrantes mexicanos se asentó en los tres estados tradicionalmente receptores de migrantes: California, Texas e Illinois, pero muchos también se establecieron en los nuevos destinos de los estados receptores de migrantes.

A pesar de ser una fuente central para la extracción de plusvalía para muchos empleadores, la migración mexicana se enfrentó a una reacción antiinmigrante y antimexicana (Gonzales, 2014). La reacción antiinmigrante de la sociedad civil condujo a la consolidación del Estado de seguridad nacional. Después del 11 de septiembre de 2001, la guerra contra el terrorismo condujo a la formación de lo que he llamado el Estado de seguridad nacional, una constelación de instituciones ubicadas dentro del Estado y la sociedad civil con el objetivo de regular la inmigración a Estados Unidos. Así, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) se formó en 2003, absorbió el Servicio de Inmigración y Naturalización, y creó el Servicio de Inmigración y Aduanas. Los dos principales partidos llegaron a un consenso nacional que facilitó las deportaciones masivas. Los esfuerzos fallidos por aprobar una reforma migratoria en el Congreso y la reacción contra los inmigrantes tras las marchas de 2006 condujeron a una ampliación de la infraestructura de aplicación de la ley después de 2006 con la aprobación del Programa 287 (g) y, posteriormente, de las comunidades seguras.

Con un nuevo celo y una infraestructura recién creada, Estados Unidos elevó las deportaciones tras la creación del DHS en 2003. Durante su primer año de funcionamiento se observa un fuerte aumento de aprehensiones y deportaciones que continúa casi constantemente una pendiente ascendente hasta 2014. De 2004 a 2014, el gobierno de Estados Unidos fue construyendo una maquinaria de deportación más eficiente y eficaz que aprehendía y deportaba a cientos de miles de personas al año. Las deportaciones se produjeron de muchas maneras, algunas se llevaron a cabo en lo que el DHS solía llamar expulsiones aceleradas, por las que una persona renuncia a su derecho a solicitar asilo y a ver a un juez y acepta «voluntariamente» regresar a su país de origen. Las aprehensiones, ya sean en la frontera o en las operaciones de aplicación de la ley en el interior, no tienen por qué dar lugar a una deportación, aunque es probable que los aprehendidos entren en un procedimiento formal de deportación. Una de las únicas formas de detener una deportación para muchos es presentar una solicitud de asilo. Dado que los mexicanos han sido el mayor grupo nacional afectado por las políticas de control migratorio, también son el grupo que más veces se encuentra en procedimientos de inmigración. Para presentar formalmente una solicitud de asilo, hay que llenar el Formulario i-589. Los mexicanos son el grupo nacional más grande con solicitudes de asilo y también en la acumulación de casos de inmigración que están a la espera de ser atendidos. Muchos de estos casos de asilo suelen demorarse varios años después de la fecha de su primera presentación. Por ejemplo, si alguien fue aprehendido en 2003 y presentó una solicitud de asilo, no se presentó ante un juez durante al menos tres años.

Gráfica 1
Aprehensiones del DHS y solicitudes de asilo defensivo

En medio de las aprehensiones y deportaciones masivas, y en ausencia de una reforma migratoria, una de las únicas formas de detener una deportación a mediados de la década de 2000 era presentar una solicitud de asilo. Por ende, este tipo de casos se denominan peticiones defensivas. Los abogados litigantes de Estados Unidos y los activistas de la derecha en materia de inmigración sostienen que el asilo no es más que una forma de jugar con el sistema y obtener una vía para la ciudadanía en ausencia de una reforma migratoria. Pero los datos muestran con claridad que no hay una correlación positiva entre las aprehensiones y las solicitudes de asilo de los mexicanos. Si los mexicanos simplemente estuvieran presentando solicitudes para detener una deportación, habría una correlación positiva con una pendiente paralela al número de mexicanos aprehendidos por el DHS.

Cuando se agregan las solicitudes de asilo afirmativas y las defensivas hay una correlación positiva. Sin embargo, como se abordará en la siguiente sección, la causa del incremento de las solicitudes de asilo de mexicanos son los casos afirmativos. Se trata de mexicanos que se presentan en la frontera o que tienen una entrada legal, pero luego realizan la solicitud en el plazo de un año desde su llegada en Estados Unidos. Esto indica que la guerra contra el narcotráfico es la verdadera fuerza impulsora del dramático aumento del número de solicitudes de asilo de ciudadanos mexicanos, y no las solicitudes de asilo defensivo de mexicanos que intentan un último recurso para detener su deportación.

Guerra contra las drogas y crisis de gobernabilidad

El presidente Felipe Calderón (2006–2012) lanzó una ofensiva militar contra los cárteles de la droga en 2006, situación que marcó el comienzo de lo que se denomina ampliamente como la «guerra contra las drogas» y, a la par, marcó también el dramático aumento de las solicitudes de asilo de mexicanos en Estados Unidos. Más que una guerra real contra las drogas, lo que la Iniciativa Mérida (o el Plan México, como se le suele llamar) representa es un esfuerzo del Estado mexicano por afirmar el control sobre vastas regiones del territorio a través de la fuerza bajo la guía y el apoyo de estadounidenses.

El capitalismo neoliberal en México ha creado las condiciones para una crisis de hegemonía del Estado y un ascenso de nuevas formas de poder y control social enraizadas en las mercancías ilícitas. Es precisamente en ese momento de crisis en el que el Estado mexicano, paralizado por la reestructuración neoliberal, ya no podía responder a las necesidades sociales y de protección pública de la población civil y en el que no podía proporcionar una red de seguridad social que produjera el ascenso de nuevas formas de poder social y de autoridad política situadas fuera del Estado, como La Familia Michoacana, Los Zetas, el Cártel Jalisco Nueva Generación y otros grupos.

La elevación del número de solicitudes de asilo mexicanas es producto de tales condiciones, en las que México ha asumido el peso de la lucha contra el narcotráfico en la que el motor de las ganancias se deriva de la demanda estadounidense de narcóticos ilegales. La posición económica subordinada del país y la hegemonía estadounidense en el ámbito de las relaciones internacionales lo coloca en una posición en la que debe asumir la guerra contra las drogas y la guerra contra los migrantes centroamericanos que transitan por su territorio, incluso cuando Estados Unidos deporta a los mexicanos. Ese fue el contexto de la Iniciativa Mérida que queda fuera de los informes y la literatura política que abordan el tema.

El Servicio de Investigación del Congreso (2019) describe la Iniciativa Mérida como una «asociación de seguridad y estado de derecho para hacer frente al narcotráfico y la delincuencia». La contradicción de la Iniciativa Mérida es que, desde su lanzamiento, la violencia se ha elevado. Además del dramático aumento de los solicitantes de asilo mexicanos, en el que me centraré en las páginas siguientes, hay más personas desplazadas internamente y el precio de las mercancías ilegales ha subido, lo que ha provocado que la producción y la distribución sean cada vez más rentables. En esta sección discutiré los parámetros básicos de la Iniciativa Mérida y analizaré la correlación entre la financiación de la iniciativa, los indicadores sociales de violencia y el número de solicitudes de asilo mexicanas en Estados Unidos.

En 2007, Estados Unidos aprobó la Iniciativa Mérida. Aunque los fondos no se distribuyeron hasta el año siguiente, su aprobación proporcionó el apoyo diplomático y político de la estrategia frontal del presidente Calderón para enfrentar al crimen organizado. En 2008 Estados Unidos prometió 3 mil millones de dólares con el objetivo de ayudar a configurar las políticas de seguridad de México durante varios años (Congressional Research Service, 2019). Durante la primera fase, el Congreso de Estados Unidos asignó 420.7 millones de dólares en financiación militar extranjera (FMF) para ayudar a las fuerzas de seguridad mexicanas a aumentar su arsenal mediante la compra de aviones y otros equipos.

Los críticos de la Iniciativa Mérida y de las políticas de seguridad nacional de México bajo las administraciones de Calderón, Peña Nieto y ahora López Obrador indican los graves problemas de derechos humanos que han surgido en el país desde la implementación del Plan México. Las conocidas estadísticas en los medios de comunicación, esgrimidas por los organismos internacionales, dan cuenta de más de 200 mil homicidios y otros 30 mil desaparecidos (Correa-Cabrera, 2017). Asimismo, hay que sumar los casi 100 mil mexicanos que han solicitado asilo entre 2006 y 2020, en esencia desde la guerra contra el narcotráfico. Las cifras previas no hablan de los miles de mexicanos desplazados al interior, ni de las decenas de miles de menores no acompañados que nunca tuvieron la oportunidad de solicitar asilo porque fueron deportados sumariamente sin el debido proceso.

Siempre hay una limitación inherente al uso de datos recogidos por el Estado sobre cualquier asunto. Sin embargo, los datos disponibles permiten observar la relación entre la Iniciativa Mérida y la violencia en México. Para entender el fuerte incremento del número de solicitantes de asilo después de 2007 es necesario analizar el deterioro de la situación de seguridad en México, en concreto tras el fuerte aumento de la ayuda militar proporcionada por Estados Unidos tras la aprobación de la Iniciativa Mérida. Con el fin de obtener una comprensión general de la situación de la seguridad en México a lo largo del tiempo y en particular tras la aprobación de la Iniciativa Mérida, me baso en los datos de homicidios disponibles en los Indicadores de Desarrollo Mundial del Banco Mundial.

A continuación se muestra en la gráfica 2 la tasa de homicidios (por cada 100 mil) y la financiación total de la Iniciativa Mérida (en cientos de millones de dólares). El periodo es 2001–2020 para México.

El propósito de la gráfica 2 es examinar cómo la tasa de homicidios (por cada 100 mil personas) en México corresponde a la financiación proporcionada por la Iniciativa Mérida. Pese a que la financiación de la Iniciativa Mérida no comienza hasta 2008, para fines comparativos también proporciono la tasa de homicidios anterior en aras de ofrecer una línea de base del nivel de violencia extrema antes de dicha iniciativa. En los años previos (2001–2007) se aprecia una tasa de homicidios relativamente baja y constante. El promedio de la tasa de homicidios en México en esos años fue de 9.4 homicidios por cada 100 mil personas.

La financiación de la Iniciativa Mérida comenzó en 2008 y fue mayor durante los tres primeros años del lanzamiento, con una media de aproximadamente 500 millones de dólares al año y una máxima de 639 millones de dólares en 2010. La gráfica 1 muestra que la financiación de la Iniciativa Mérida se redujo drásticamente después de 2010, con una financiación media entre 2011 y 2020 de 165 millones de dólares al año.

De estas líneas de tendencia se desprenden dos observaciones relevantes. En primer lugar, el aumento gradual de la tasa de homicidios en México tras la avalancha inicial de dinero para poner en marcha la Iniciativa Mérida. En segundo lugar, la tasa de homicidios en México siguió elevándose incluso después de que la financiación disminuyera y se estabilizara. Ello puede explicarse por dos particularidades que aparecen en la gráfica 2: 1. La financiación militar extranjera se redujo a cero dólares en 2012. Correspondiente al control internacional de narcóticos y aplicación de la iniciativa también se redujo a partir de 2011, con un promedio de 132 millones de dólares al año. 2. El componente no militar de aplicación de la Iniciativa Mérida, el Fondo de Apoyo Económico, experimentó un modesto incremento de los recursos tras la eliminación del componente de financiación militar extranjera de Mérida, con una duplicación de la financiación de una media de 15.5 millones de dólares al año de 2008 a 2011, a una media de 36.1 millones de dólares al año entre 2012 y 2020. No obstante, el componente del fondo de apoyo económico nunca abarcó más de un tercio de la financiación total, incluso tras la eliminación de la financiación militar extranjera. En otras palabras, una vez que la ayuda exterior estadounidense se centró en el problemático tráfico de drogas, la solución fue dirigir la mayor parte de esos fondos a entidades militares y de aplicación de la ley, lo que se correspondió con una mayor violencia extrema en México. Una vez que se produjo ese cambio de política, los niveles de homicidio se elevaron drásticamente.

Gráfica 2
Financiación de la Iniciativa Mérida y tasas de homicidios 2001–2020

La gráfica 2 evidencia que existe una clara y convincente correlación positiva entre la financiación de la Iniciativa Mérida y la tasa de homicidios en México. En contraste, la gráfica 3 ilustra la relación entre el homicidio y las solicitudes de asilo en México por cada 100 mil. El periodo es 2001–2020 para México. Los datos de los casos de asilo fueron proporcionados por TRAC y la tasa de homicidios por las Naciones Unidas.

Gráfica 3
Tasas de solicitudes de asilo y homicidios en México 2001–2020

Cabe destacar que la gráfica 3 ilustra una fuerte correspondencia entre el aumento de las tasas de homicidio y las solicitudes de asilo de ciudadanos mexicanos. De nuevo, se observa que una tasa de homicidios relativamente baja y constante para los años 2001–2007 (497.4 total de asilo de 2001 a 2007 y 2 mil 804.8 total de asilo por año entre 2008 y 2020). A diferencia de la relación positiva general entre la financiación de la Iniciativa Mérida y el aumento de la violencia en México, la relación entre el aumento de la violencia y el incremento de las solicitudes de asilo tiene una dirección casi exacta. Es decir, a lo largo del tiempo, a medida que aumenta la violencia extrema en México, hay una elevación correspondiente en el número de solicitudes de asilo de ciudadanos mexicanos.

Otro momento clave ocurrió en 2014 (González Barrera, 2015) con la dramática disminución en las aprehensiones de inmigrantes mexicanos que llegaban a Estados Unidos y el gran aumento en el número de solicitantes de asilo. Muchos de estos mexicanos huían de la violencia del narcotráfico en regiones específicas como Valle de Juárez, El Bajío, entre otras. Durante ese periodo hubo otro cambio en la cifra de solicitantes. De modo dramático se incrementó la cantidad de solicitudes de asilo afirmativo entre 2012 y 2014. Así, mientras los mexicanos regresan a su país y hay menos migración a Estados Unidos, la violencia en México aumenta. Sin una válvula de escape, el cóctel perfecto de violencia del narcotráfico, mexicanos autorrepatriados y deportados, se convirtió en parte de una explosión socioviolenta a raíz de la gran crisis de 2007 y 2009. En ese momento, los mexicanos solicitaron asilo defensivo y muchos más se presentaron en la frontera y solicitaron asilo afirmativo.

Ello no implica que no existan otros factores internos que conduzcan a una mayor violencia en determinadas regiones o en momentos puntuales de México. Trejo y Ley (2018), por ejemplo, sostienen que la violencia podría vincularse a las elecciones estatales y municipales. Lo cierto es que hay una correlación positiva entre la violencia financiada por la Iniciativa Mérida y las solicitudes de asilo. Sin embargo, lo más crítico es que las elecciones y la rivalidad entre partidos no se producen en el vacío, sino en el contexto de la reestructuración capitalista neoliberal y la relación de dependencia de México con Estados Unidos.

Conclusión

Este artículo se propuso preguntar qué impulsó el aumento de las solicitudes de asilo mexicanas de 2000 a 2020. Se argumentó en contra de la teoría que sostiene que dichas solicitudes debían entenderse como una estrategia de solicitudes de asilo defensivo falsas por parte de mexicanos que intentaban detener su deportación tras ser detenidos. Al respecto, se demostró que las solicitudes de asilo mexicanas están siendo impulsadas por un profundo proceso de desplazamiento relacionado con la «guerra contra las drogas». Para explorar el efecto de las deportaciones en las solicitudes de asilo, se llevó a cabo un simple análisis bivariado que exhibe que no hay correlación entre las aprehensiones del DHS y las solicitudes de asilo de los ciudadanos mexicanos.² El segundo tipo de solicitantes de asilo mexicanos son los que huyen de la violencia en México y presentan una solicitud de asilo afirmativa, la cual debe realizarse en el plazo de un año desde su entrada en Estados Unidos.³ Finalmente, se sostiene que la Iniciativa Mérida exacerbó el problema de la violencia en México. Con la intención de ilustrar tal relación se efectuó un análisis estadístico que demuestra la correlación positiva entre la financiación de la Iniciativa Mérida, el aumento de la violencia y el incremento de las solicitudes de asilo de los mexicanos.

Lo anterior no entraña que los solicitantes de asilo mexicanos sólo huyan de la violencia asociada con las drogas. También huyen de un complejo sistema de violencia que no puede entenderse fuera de la crisis general de hegemonía del Estado mexicano. Se trata de una violencia estructural que incluye la del narcotráfico y otras formas: doméstica, feminicidio, homofóbica y contra periodistas y activistas. En este artículo no he evaluado formas específicas de violencia contra esos grupos. No obstante, debe quedar claro que el hecho de que Estados Unidos imponga la guerra contra las drogas a México y luego libere ayuda militar y policial, con sus altos niveles de corrupción, sólo conduciría a más violencia. En resumen, los intereses hegemónicos de Estados Unidos en México están en gran medida detrás del aumento de las solicitudes de asilo mexicanas de 2000 a 2020.

El aumento de los casos de asilo mexicanos entre 2000 y 2020 sólo puede entenderse en el contexto de la reestructuración del aparato productivo del capitalismo neoliberal en Estados Unidos y México. Dicha reestructuración ocurrió en el contexto de la relación asimétrica entre ambos países, en la que el primero depende del segundo. En efecto, un país que puede adoptar un modelo de desarrollo que requiere la emigración de millones de sus habitantes en edad de trabajar para ser explotados, vigilados y deportados desde Estados Unidos como estrategia de desarrollo y así recibir remesas es un país dependiente. En otras palabras, las solicitudes de asilo mexicanas, ya sean defensivas o afirmativas, deben considerarse la consecuencia natural de la relación bilateral dependiente de las dos naciones.

El estatus de México como país dependiente en la periferia del país más poderoso del mundo, que ha cosechado y sigue cosechando beneficios imperiales de la extracción de plusvalía de la mano de obra mexicana, es el contexto estructural de las solicitudes de asilo mexicanas. La relación estructural se ofusca en los tribunales de inmigración y en la práctica diaria de abogados, expertos, demandados, jueces, abogados del DHS y personal de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés) que navegan por las solicitudes de asilo. La ley hace que todo aparezca como un asunto individual cuando en realidad se trata de un problema estructural que tiene que ver con las contradicciones de la reestructuración capitalista de los dos países. Abordar la cuestión del crecimiento de las solicitudes de asilo mexicanas desde esta perspectiva permite ir más allá del trabajo descriptivo sobre las historias tristes, los casos y la violencia en México. Asimismo, introducir la teoría de la dependencia en el diálogo con los estudios migratorios, permite comprender la raíz del problema. En ese sentido, identificar la raíz es el primer paso para desarrollar una política de oposición real.

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