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La incidencia de las organizaciones de la sociedad civil en protección de los derechos humanos de la niñez migrante en situación irregular: sistemas comparados entre México y Estados Unidos

The impact of civil society organizations on the protection of the human rights of irregular migrant children: comparative systems between Mexico and the United States

Recibido 08/11/23 | Aceptado 16/11/23

María de los Ángeles Cerda González

*Mexicana. Maestra en Estudios para la Paz y el Desarrollo, Universidad Internacional de la Rioja. Correo-e: mariadelosangeles.cerda@unir.net

Itzel Arriaga Hurtado

**Mexicana. Docente investigadora, Facultad de Derecho Universidad Autónoma del Estado de México. Correo-e: iarriagah@uaemex.mx

Resumen. Se examina el papel de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en la protección de los derechos humanos de los niños migrantes en situación irregular tanto en México como en Estados Unidos. Se exploran las estrategias implementadas, que abarcan desde la asistencia humanitaria hasta la defensa legal, la sensibilización y la colaboración con otros actores. A través de un análisis comparativo, se resalta cómo las organizaciones han complementado las acciones gubernamentales al proporcionar refugio, asistencia legal y atención médica. El objetivo es informar sobre políticas y prácticas destinadas a fortalecer el desempeño de las OSC y mejorar la protección de los niños migrantes en ambos países; a la vez reconocer la necesidad de cubrir los vacíos dejados por las instituciones gubernamentales en ese ámbito.

Palabras clave: organizaciones de la sociedad civil, derechos humanos, sistemas comparados, niñez migrante, acción gubernamental.

Abstract. This paper examines the role of civil society organizations (cso) in protecting the human rights of irregular migrant children in Mexico and the United States. The strategies implemented are explored, ranging from humanitarian assistance to legal advocacy, awareness-raising, and collaboration with other actors. Through a comparative analysis, it highlights how organizations have complemented government actions by providing shelter, legal assistance and medical care. The objective is to report policies and practices aimed at strengthening the performance of cso and improving the protection of migrant children in both countries, while also recognizing the need to fill the gaps left by government institutions in this area.

Keywords: civil society organizations, human rights, comparative systems, migrant children, government action.

Introducción

A lo largo de la historia, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) han desempeñado un papel clave en la protección de los derechos humanos de los niños migrantes en situación irregular en México y en Estados Unidos, gracias a que estos organismos cuentan con mayor legitimidad y trabajan en un espectro más próximo a la sociedad que cualquier otro actor involucrado en el proceso. Se exploran las iniciativas y las estrategias que dichas organizaciones han implementado en su lucha por los derechos y el bienestar de los niños en un contexto de movilidad humana. En ese sentido, la comparativa también pretende dar cuenta de los distintos desafíos y oportunidades de las OSC en ambos contextos.

Con fundamento en lo anterior, el estudio recupera como categorías de análisis la provisión de asistencia humanitaria, la defensa legal, la sensibilización, educación y la colaboración entre los distintos actores involucrados. Tomando en cuenta la literatura existente, informes relacionados y el marco normativo, se examinan los casos mexicano y estadounidense, con la finalidad de ofrecer una visión general acerca de los distintos esfuerzos que las OSC llevan a cabo para la protección de los derechos de la niñez migrante.

Los hallazgos reflejan que las organizaciones son capaces de llenar los vacíos de la acción gubernamental en el marco de protección de los niños en situación irregular. Además, brindan servicios esenciales a estos grupos: refugio, asistencia legal y atención médica, con lo que atienden de forma directa las necesidades inmediatas de los niños vulnerables. Aunado a ello, se involucran en la defensa, el diálogo político para promover enfoques integrales, basados en derechos, que aborden los desafíos que enfrentan los menores migrantes.

En este contexto, el análisis comparativo resalta las diferencias significativas entre México y Estados Unidos en términos del sistema gubernamental, el sistema legal, el apoyo institucional e incluso la agenda política referente a la migración. Tales variantes tienen como efecto dar forma al entorno operativo de las osc e influyen en su capacidad para pugnar de forma eficiente por los derechos de las infancias migrantes. En cada país enfrentan obstáculos e implementan estrategias específicas, según el ámbito en el que operan.

Al final se subraya la importancia del apoyo continuo a estas organizaciones por parte del sistema gubernamental, en sus esfuerzos por proteger los derechos humanos de los niños migrantes en situación irregular. Se destaca la necesidad de ampliar los espacios de colaboración entre los diversos actores encargados de la atención a dicho sector de la población en los niveles local, nacional e internacional, para desarrollar con ellos soluciones integrales y sostenibles que prioricen el interés superior de los menores en contexto de movilidad. Con los resultados se espera informar sobre políticas y prácticas, orientar los esfuerzos para fortalecer la función de estas organizaciones y mejorar la protección de las infancias migrantes en los aludidos países.

En principio, se presentan, las aproximaciones al concepto de OSC; en seguida, se muestra cuál ha sido su participación en la protección de las infancias migrantes en México; después se enfatiza en el contexto de la participación de la diáspora mexicana en Estados Unidos; finalmente, se comparan las acciones emprendidas en los dos. 

Aproximaciones conceptuales sobre las OSC

Las OSC son actores fundamentales para el desarrollo y el funcionamiento de las sociedades modernas. Estas entidades que operan de forma independiente al gobierno y al sector privado cumplen un papel crucial en la promoción del bienestar social, la defensa de los derechos humanos, la participación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia. 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una OSC «es cualquier grupo de ciudadanos voluntarios sin fines de lucro que se organiza a nivel local, nacional o internacional» (2023). De manera que se trata de «entidades privadas, autogobernadas y no partidarias, cuyo objetivo es aportar al bien común» (UNS, s/f:9). Por su parte, el Gobierno de México indica que se centran en «lazos asociativos que pueden realizar actividades de defensa y respeto a los derechos humanos, de apoyo o asistencia a terceros sin fines de lucro, ni de proselitismo partidista, político electoral o religioso, que no persiguen beneficios personales sino sociales comunitarios» (s/f:párrafo 6).

La conceptualización de las OSC se basa en la idea de que existe una tercera esfera de la sociedad junto al mercado y al Estado caracterizada por «la libre asociación e interacción social que determina la democratización a partir del fortalecimiento de los actores sociales y de su control progresivo sobre las otras dos esferas» (Neme, Valderrama y Vázquez, 2014:138). En opinión de Labruneé y Mauro (2013) poseen los siguientes rasgos: a) De acuerdo con sus fines, son jurídicamente lícitas y sus principios van acordes a la convivencia social sin perseguir resultados financieros o acumulación de capital. b) En lo referente a su ideología, son entidades no partidarias, heterogéneas y plurales ya que expresan pertenencias sociales y políticas diversas. c) En cuanto a su dimensión organizacional, son entidades autónomas del Estado y el sector empresarial, procuran la organización horizontal que busca evitar estructuras jerárquicas y verticales, al mismo tiempo que son estructuras autogobernadas por sus miembros conforme a sus estatutos. d) Concerniente a su participación, incluyen individuos, familias, movimientos sociales, expresiones culturales, voluntariados y se mantienen como entidades de adhesión voluntaria.

Aquí se toma en cuenta la conceptualización de las OSC como agrupaciones voluntarias compuestas por ciudadanos organizados con el propósito de abordar diversas problemáticas y necesidades sociales, cuya naturaleza es no lucrativa e independiente frente al Estado y el mercado (Di Ciano, s/f). Esto permite enfocar sus esfuerzos en el bien común y en la promoción de cambios sociales positivos. Parte de la naturaleza de dichos organismos se traduce en la posibilidad de tener diversas formas y objetivos, los cuales van desde ser asociaciones y fundaciones, hasta convertirse en movimientos sociales o grupos de voluntariado.

Una de las principales características que las definen es su capacidad para representar y dar voz a los intereses y demandas de la sociedad. Debido a que su ámbito de operación es independiente al poder político y al interés económico, tienden a actuar como contrapeso al gobierno y a otros actores, con ello aseguran que se consideren las perspectivas y necesidades de los diferentes grupos sociales (Di Ciano, s/f; Labruneé y Maruro, 2013). De ese modo, fomentan la participación ciudadana y contribuyen al fortalecimiento de la democracia. Adicionalmente, es menester reconocer su papel en la defensa de los derechos humanos, cuyas tareas principales se enlistan a continuación: 

Vigilancia y denuncia. Tienen una posición única para vigilar y denunciar violaciones de derechos humanos; investigan, recopilan pruebas y documentan abusos en diferentes contextos, a escalas local, nacional e internacional (Carretón, 2004). Su labor de monitoreo y denuncia contribuye a visibilizar las violaciones, generar conciencia pública y presionar a los gobiernos y otros actores para rendir cuentas.

Representación y defensa de grupos vulnerables. A menudo protegen a grupos vulnerables y marginados que enfrentan discriminación y violaciones de derechos. Actúan como voces y defensoras de estos grupos, abogan por sus derechos y promueven su inclusión en la toma de decisiones y en la sociedad en general (Civilis, 2013). Mediante su participación se garantiza que los derechos de todas las personas sean respetados, sin importar su origen étnico, género, orientación sexual, religión u otros aspectos.

Educación y promoción de los derechos humanos. Inciden en la educación y promoción de los derechos humanos (Ribeiro, 2010). A través de programas de capacitación, talleres, campañas de sensibilización y actividades de divulgación, informan a la población sobre sus derechos fundamentales y fomentan una cultura de respeto, igualdad y justicia. Su labor contribuye a empoderar a las personas, promover el conocimiento de los derechos y prevenir violaciones.

Influencia en políticas y legislación. Influyen en la formulación de políticas y en la elaboración de legislación relacionada con derechos humanos. Por medio de la investigación, el análisis y la presentación de propuestas, abogan por cambios legales que fortalezcan la protección de los derechos humanos y promuevan la justicia social. Además, su experiencia y conocimiento pueden ser utilizados por los responsables en la toma de decisiones para mejorar las políticas públicas y garantizar una mayor atención a los derechos humanos.

Promoción de la participación ciudadana. Fomentan la participación ciudadana y el fortalecimiento de la sociedad civil en general. Al involucrar a las personas en la defensa de los derechos humanos, favorecen la democracia, la responsabilidad y la transparencia. 

Aparte de la defensa de los derechos humanos, muchas de las OSC se enfocan en la protección de los derechos de los grupos vulnerables, la lucha contra la discriminación, la erradicación de la pobreza y la promoción de la igualdad de género. De ahí que sus acciones posibiliten que todos los individuos tengan acceso a condiciones de vida dignas y oportunidades equitativas.

De igual modo, impulsan proyectos y programas de desarrollo social. Como muestra de ello, múltiples organizaciones trabajan en áreas relativas al derecho humano a la educación, a la salud, a un medio ambiente sano, así como al desarrollo comunitario y la asistencia humanitaria (Civilis, 2013). Estos esfuerzos complementan las políticas gubernamentales y llenan los vacíos en la provisión de servicios y apoyo a aquellos sectores más vulnerables de la población.

Relativo a la transparencia y la redición de cuentas, monitorean y evalúan las acciones gubernamentales y privadas, señalan posibles prácticas como la ineficiencia de las instituciones y difunden prácticas más responsables y éticas (Rodríguez, 1997; Ribeiro, 2010). De esta manera, cooperan con la mejora continua de la gobernanza y el fortalecimiento de la confianza entre los ciudadanos y las instituciones.

Así, su importancia no sólo radica en su capacidad de abordar problemáticas específicas o dar respuesta a emergencias sociales, sino en su potencial para catalizar el cambio sistémico. Al movilizar a la sociedad, generar conciencia y promover la participación activa de los ciudadanos, las OSC influyen en la formulación de políticas públicas, coadyuvan a la construcción de sociedades más justas, equitativas y sostenibles (Cepal, 2023). Se deduce entonces, que son actores clave en la promoción del bienestar social, la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia. Su independencia, su capacidad de representación ciudadana, enfoque en el bien común y labor en áreas diversas las convierten en aliadas cruciales en la construcción de sociedades más inclusivas y equitativas. Es necesario valorar y apoyar su labor en el progreso social y el desarrollo sostenible de nuestras comunidades.

Panorama de la participación de las OSC en la protección de las infancias migrantes en México

En México, la migración de menores representa una realidad compleja y delicada que precisa una atención especializada y enfoques integrales para garantizar su bienestar y protección. Estas organizaciones brindan asistencia y atención directa a los menores migrantes en tránsito o en situación de vulnerabilidad; proveen albergues, medicamentos, alimentación, educación y servicios legales a fin de garantizar que las necesidades básicas se cumplan. A continuación, se destacan algunas de sus acciones: 

Cuadro 1
Principales organizaciones en México encargadas de la atención a infancias migrantes

Casa Alianza México	Trabaja en la protección y promoción de los derechos de los niños migrantes y en situación de calle. Brinda refugio, alimentación, atención médica, asesoría legal y apoyo psicológico.
Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi)	Se enfoca en la defensa de los derechos de las mujeres y niños migrantes en México. Proporcionan servicios de asistencia legal, capacitación, orientación y atención integral para garantizar la protección y bienestar de los niños migrantes
Albergue del Migrante «Hermanos en el Camino»	Ubicado en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, ofrece refugio, comida, atención médica y apoyo psicológico a niños migrantes y a sus familias; así como asesoría legal y acompañamiento durante su tránsito por México.
Programa Casa Refugiados	Brinda asistencia y protección a niños migrantes y solicitantes de refugio, además de ofrecer albergue, alimentos, educación, atención médica, apoyo psicosocial y asesoría legal en el proceso de solicitud de refugio.
Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim)	Defiende los derechos de la infancia en México, incluyendo a los niños migrantes. Realizan investigaciones, promueven políticas públicas y asesoran en casos de violaciones de derechos.

Fuente: elaboración propia con información obtenida de los sitios web de las organizaciones.

Aparte de lo mencionado, las organizaciones realizan actividades de incidencia política y de sensibilización con el propósito de impulsar políticas y prácticas (Carretón, 2004; Ribeiro, 2010) que garanticen el respeto de los derechos humanos de los niños en contextos de movilidad humana, donde sus actividades incluyan también el acompañamiento legal (Civilis, 2013), y de representación en caso de violaciones a sus derechos (Tejiendo redes por la infancia, 2013).

Con base en lo anterior, se deduce que otro de los aspectos en la esfera de acción de las OSC es la prevención y la sensibilización; uno de sus objetivos es «crear conciencia y generar empatía en la sociedad sobre determinadas problemáticas o temas relevantes» (Di Ciano, s/f). Emplean estrategias de comunicación y educación para informar, educar y movilizar a la población en torno a cuestiones sociales, culturales, políticas o ambientales (Neme y Vázquez, 2014). Pretenden generar una mayor comprensión y apoyo hacia estas temáticas e impulsar actos individuales y colectivos con el afán de lograr un cambio positivo, mediante las cuales se involucran en la prevención de la migración forzada y en los desafíos que enfrentan los niños migrantes. Por ello, brindan herramientas para comprender las implicaciones de la migración y promueven alternativas seguras y legales a la migración.

Paralelamente, las organizaciones realizan monitoreo e investigación (Marin-Aranguren y González, 2020) que, aplicado al contexto mexicano, significa indagar acerca de la situación de los niños migrantes en México, estudios que contribuyen a la generación de evidencia y datos que respaldan la toma de decisiones informadas, al igual que el diseño de políticas públicas efectivas para la protección de las infancias migrantes. La siguiente figura muestra los pasos para la legal constitución en México de un organismo de la sociedad civil:

Figura 1
Proceso de constitución de las organizaciones de la sociedad civil en México

Fuente: elaboración propia con información obtenida de Gobierno de México (s/f).

Cabe agregar que las OSC complementan los esfuerzos del gobierno y otras instituciones en la protección de las infancias migrantes, llenan vacíos y brindan una atención más especializada y sensible a sus necesidades específicas. Su participación es esencial, pues asegura que los derechos de los niños migrantes sean respetados y que se implementen medidas efectivas que garanticen su bienestar y desarrollo integral.

Participación de la diáspora mexicana en Estados Unidos

A lo largo de los últimos 30 años se percibe un incremento en los flujos migratorios; de ahí que el tópico de ⁠ la movilidad humana sea relevante en las agendas políticas, aunque el porcentaje de población migrante se haya mantenido constante (OIM, 2021). En este contexto, los países con un alto flujo migratorio, como ⁠ México, implementan estrategias más amplias para conectarse con sus diásporas. ⁠De acuerdo con la Oficina de Salud de las Minorías del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (2023), 18.9% de la población total de dicho país es de ascendencia hispánica; el subgrupo más grande es el de los mexicanos (61.6 por ciento), cuya distribución principal se localiza en los estados de California (12 millones 699 mil 700), Texas (9 millones 721 mil 127), Arizona (2 millones 8 mil 741), Illinois (un millón 757 mil 306), y Colorado (906 mil 912), según la información obtenida de la Oficina de Censos de Estados Unidos (United States Census Bureau) (2021).

Asimismo, hasta 2021 existían 748 organizaciones de la diáspora de origen mexicano en Estados Unidos: 38% se ubican en California, 21% en Texas, 6% en Illinois. Con fundamento en las estadísticas de la OIM (2021), aproximadamente 70% de las organizaciones identificadas para México participaban de modo directo en actividades o proyectos para el desarrollo local, o bien a través de donativos o transferencias monetarias o en especie. 

Aunado a esto se identifican factores que manifiestan las dificultades de los migrantes mexicanos en su integración a la sociedad estadounidense en comparación con otros grupos de migrantes. Los análisis del Consejo Nacional de Población (Conapo, 2005) revelan que a pesar de ser un fenómeno de larga data, masivo y constante, se evidencia en un bajo nivel educativo promedio, un dominio limitado del idioma inglés, bajos índices de naturalización, una alta concentración en trabajos de baja remuneración y niveles elevados de pobreza en los hogares mexicanos. Los resultados son bastante escasos con respecto a los promedios de la población (Fernández, Mosqueda y del Carpio, 2013).

En ese sentido, dichos migrantes son más propensos a vivir en situación de pobreza, lo que implica mayores obstáculos con relación a las poblaciones nativas para acceder a los programas públicos de atención médica destinados a las familias de bajos recursos; la falta de documentación que les permite residir y trabajar en Estados Unidos, aunado al breve periodo de estancia limitan su elegibilidad a estos programas. Sólo 20% de los inmigrantes recientes en situación de pobreza y 29% de aquellos con una larga estancia tienen acceso, en contraste con los mexicoamericanos que representan 60% (OIM, 2021).

Análisis comparativo de las iniciativas de protección a la infancia migrante entre México y Estados Unidos

El caso de México

La labor de las OSC se extiende a diversas áreas y aborda múltiples desafíos que enfrentan los migrantes. En seguida, se muestran las esferas de participación de estas organizaciones en la atención a la niñez en un contexto de movilidad.

Marco legal

Trabajan activamente y de manera colaborativa con la finalidad de abogar por cambios en las leyes y políticas migratorias, que garanticen una mayor protección de los derechos de los migrantes; por ello las investigaciones que realizan, la recopilación de datos y evidencias, y la elaboración de propuestas sobre reformas legales. Destacan, además, por su participación en mesas de diálogo, foros, audiencias públicas con representantes gubernamentales y legisladores para presentar sus propuestas.

Asimismo, utilizan estrategias de sensibilización y movilización social que permitan generar conciencia pública referente a los derechos de los migrantes y la necesidad de protegerlos. Organizan manifestaciones, marchas, campañas de comunicación y eventos comunitarios para visibilizar los retos que enfrentan los migrantes en México. De forma complementaria les brindan asistencia, la cual incluye servicios legales, asesoramiento, atención médica, refugio y alimentos. A través del trabajo de campo, documentan y evidencian las violaciones a los derechos de los migrantes, hecho que ha fortalecido su capacidad para defender cambios en el marco legal.

Atención médica y psicosocial

Proveen atención médica, psicosocial, establecen clínicas y centros de salud que brindan servicios básicos y especializados (Macedo, 2014). A partir de estas iniciativas aseguran que los niños migrantes en situación irregular reciban el cuidado indispensable en casos de enfermedad, traumatismos o situaciones de violencia, lo más importante es su bienestar físico y emocional. Periódicamente efectúan evaluaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, vacunaciones, cuidado prenatal para mujeres embarazadas y atención pediátrica general (Tejiendo REDES por la infancia, 2013). Ofrecen también servicios de salud mental y apoyo psicosocial a los menores que presentan dificultades emocionales y traumas asociados con la migración y las experiencias vividas. Otra de sus funciones es que proporcionan información y educación en torno a temas de salud, higiene y prevención de enfermedades, a través de talleres, charlas informativas, distribución de materiales educativos, campañas de sensibilización a fin de fomentar prácticas saludables y difundir la prevención de enfermedades. 

Incidencia política y defensa de los derechos

Las organizaciones trabajan en la incidencia política, abogan por cambios en las políticas migratorias y promueven la protección de las infancias migrantes. Lo anterior mediante el diálogo con autoridades, el cabildeo y las denuncias de violaciones a derechos en colaboración con redes y alianzas en el ámbito nacional e internacional para fortalecer su capacidad de incidencia. En México colaboran activamente con instituciones gubernamentales, organismos internacionales y otras organizaciones en la formulación de leyes que salvaguarden los derechos de los niños, y deriven en cambios al marco legal y normativo (OIM, 2021). Por ejemplo, múltiples organizaciones defienden la implementación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México; ley que establece principios y directrices que aseguren el pleno ejercicio de los derechos de la niñez migrante (salud, educación, vivienda, identidad y protección contra la violencia).

Complementariamente, brindan asesoramiento jurídico, apoyo y acompañamiento en procedimientos migratorios y casos de violación de derechos (Fernández, Mosqueda y Del Carpio, 2013). Presentan recursos legales y denuncias ante instancias nacionales e internacionales para visibilizar y demandar justicia frente a situaciones de violencia, discriminación y abuso que afecte a los menores. Mediante sus campañas de sensibilización y educación intentan fomentar una cultura de respeto y solidaridad hacia la niñez migrante. Sus discursos resaltan la inclusión, la igualdad de oportunidades y la no discriminación con el objetivo de derribar estereotipos y prejuicios asociados a la migración.

El caso de Estados Unidos

Al igual que en México, las OSC desempeñan un papel vital en la mejora del marco legal de protección de los migrantes. A continuación, se presentan algunas formas en las que las organizaciones han actuado a lo largo de este proceso.

Promoción de reformas legislativas

Reconocen la necesidad de establecer leyes y políticas más inclusivas y equitativas que aborden los desafíos que enfrentan los migrantes, en particular los menores no acompañados. Concerniente a la regularización migratoria, han propuesto legislaciones con miras al establecimiento de vías legales y accesibles para que los migrantes regularicen su estatus y vivan de manera segura sin temor a la deportación (Migration Policy Institute, s/f); entre ellas se encuentran la creación de programas de regularización, la ampliación de los criterios de elegibilidad y la simplificación de los procesos de solicitud.

Aparte de promover mecanismos de protección concretos para grupos vulnerables, como los menores no acompañados (OIM, 2021), han insistido en la elaboración de leyes que garanticen la atención y el debido proceso, así como el acceso a servicios básicos (atención médica, educación y asesoramiento legal). De manera similar, han implementado políticas que antepongan el interés de los niños al otorgar una protección adecuada durante el proceso migratorio (Department of Justice, s/f). En cuanto a las reformas legislativas se han concentrado en el fortalecimiento de los derechos laborales de los migrantes (OIM, 2021), mediante la elaboración de leyes que prioricen la igualdad de trato, la no discriminación y la garantía de condiciones laborales justas para los migrantes (ICE, 2022). A la vez, pugnan por el reconocimiento y respeto de los derechos laborales fundamentales: salario justo, seguridad laboral y protección contra la explotación y el abuso.

Con el propósito de alcanzar estas reformas legislativas, emplean estrategias de incidencia política, cabildeo y movilización social; han tejido alianzas con otras organizaciones, coaliciones y redes para aumentar su influencia y presionar a los legisladores y responsables de la toma de decisiones; por último, han emprendido campañas de sensibilización, eventos públicos y manifestaciones para generar conciencia y apoyo público hacia las reformas propuestas.

Litigio estratégico

El litigio estratégico es una táctica fundamental empleada por las OSC en su lucha por la defensa de los derechos de los migrantes. A través de acciones legales definidas pretenden impugnar políticas y prácticas migratorias que violan los derechos de los migrantes e imponer precedentes legales que mejoren su situación. Identifican casos emblemáticos en los que los derechos de los migrantes se ven significativamente afectados (Izcara, 2018), por ejemplo violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal, a la no discriminación, al debido proceso y a la protección contra la tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Mediante el litigio estratégico exhiben demandas judiciales en nombre de los migrantes afectados, con la aspiración de obtener justicia y protección.

Una de las principales motivaciones detrás del litigio estratégico es el establecimiento de precedentes legales. Al presentar casos sólidos y argumentos basados en los principios de derechos humanos y el marco legal nacional e internacional, las organizaciones intentan sentar las bases para futuras decisiones judiciales que beneficien a un mayor número de migrantes (ICE, 2022). Los fallos judiciales favorables pueden tener un impacto más allá del caso individual, puesto que sientan un precedente que llega a influir en la interpretación y aplicación de las leyes migratorias.

Más allá de los cambios legales y políticos alcanzados en los tribunales, el litigio estratégico incide en la opinión pública y en la conciencia colectiva sobre los derechos de los migrantes. Las OSC aprovechan la visibilidad que los casos legales pueden generar en los medios de comunicación y en la sociedad en general para educar e informar sobre las problemáticas y los desafíos que enfrentan los migrantes. Esto contribuye a generar un mayor apoyo y solidaridad hacia su causa (The Leading Immigration Law Publisher, s/f).

Cabe destacar que el litigio estratégico no es el único método usado por las osc en la defensa de los derechos de los migrantes (Izcara , 2013); se complementa con otras tácticas: incidencia política, sensibilización, movilización social y colaboración con otros actores relevantes. La combinación de estas acciones propician un impacto más amplio y sostenible en la mejora de las políticas y prácticas migratorias. Así, el litigio estratégico permite impugnar aquellas que violan los derechos de los migrantes. 

Monitoreo y documentación de abusos

Recopilan testimonios, evidencia y datos que revelan las condiciones de detención, las prácticas de separación familiar y otras violaciones de derechos que afectan a los migrantes en el país (Izcara, 2013). Por medio de la observación directa, las entrevistas y la recolección de datos, documentan de manera sistemática las situaciones de abuso y violación de derechos que enfrentan los migrantes en diferentes etapas de su travesía migratoria. Esto incluye el arresto en centros de detención migratoria, los procedimientos de deportación, la separación de familias y otras prácticas que vulneran los derechos fundamentales de los migrantes (ICE, 2022).

La documentación detallada y rigurosa realizada por las organizaciones crea conciencia y pruebas sólidas para respaldar las demandas de cambio en las políticas migratorias de Estados Unidos (Izcara, 2018). Los informes, testimonios y datos recabados se emplean para abogar por una mayor protección de los derechos de los migrantes, exponer las violaciones de derechos y llamar la atención de la opinión pública, así como de los responsables en la toma de decisiones.

Semejantes acciones de monitoreo y documentación son prioritarias dentro de la política «cero tolerancia» implementada en años recientes en la frontera sur de Estados Unidos (Hernández, 2016). El trabajo incansable de las organizaciones para documentar los impactos negativos de esta política en los migrantes, incluye la separación forzada de niños de sus familias y las condiciones inhumanas en los centros de detención. Todavía más, la documentación de abusos y violaciones de derechos coadyuva a los esfuerzos legales y de incidencia política para exigir cambios en las políticas migratorias. Las OSC han utilizado los datos y testimonios recopilados para respaldar demandas legales, presentar quejas ante organismos de derechos humanos y pelear por reformas que garanticen el respeto de los derechos humanos de los migrantes.

Sensibilización y movilización social

Difunden campañas de sensibilización y educación dirigidas a la sociedad en general con el objetivo de generar apoyo, empatía y conciencia sobre los desafíos y necesidades de los migrantes en el país (Gobierno de Estados Unidos, s/f; Migration Policy Institute, s/f). Asimismo, organizan marchas, manifestaciones y eventos comunitarios donde enfatizan los problemas y las injusticias que enfrentan los migrantes (Hernández, 2016). Tales actividades pretenden captar la atención de la sociedad y los responsables de la toma de decisiones, crear espacios en los que los migrantes y sus defensores sean capaces de expresar sus demandas y compartir sus historias de vida (ICE, 2022). Los eventos públicos buscan influir emocional y visualmente, al mostrar la diversidad y la humanidad de las comunidades migrantes.

Aunado a las manifestaciones físicas, las organizaciones se han valido de los medios de comunicación y las redes sociales para difundir información y concientizar referente a la situación de los migrantes. Sus campañas de comunicación estratégicas incluyen videos, infografías, testimonios y datos impactantes que logran atraer a la opinión pública (Immigration Law Publisher, s/f). Con la narrativa de historias personales intentan crear empatía y comprensión hacia sus experiencias y desafíos, promover la solidaridad y la participación activa de la sociedad en la defensa de sus derechos. Tienen claro que urge un cambio en cuanto a las percepciones hacia los migrantes, por ello la necesidad de derribar estereotipos y prejuicios; fomentar la construcción de una comunidad más inclusiva y diversa, que reconozca el valor y las contribuciones de los migrantes a la sociedad.

En síntesis, las organizaciones fortalecen la lucha por la justicia y la igualdad para todos los migrantes en Estados Unidos. Su labor se refleja en las reformas, la visibilización de abusos y violaciones de derechos, la promoción de la sensibilización y movilización social, y el trabajo colaborativo con otros actores para consolidar su impacto. De manera que son tangibles los cambios significativos en el marco legal de protección a los migrantes.

Conclusiones

Las iniciativas de protección a los derechos humanos entre México y Estados Unidos poseen un gran valor: posibilitan identificar prácticas exitosas que han tenido un impacto positivo en diversos grupos, entre los que se incluyen las infancias migrantes en situación irregular. Las aludidas prácticas sirven como inspiración para la implementación de políticas y acciones similares en otros contextos. A partir de estas acciones se reconocen las brechas y los retos respecto a la protección de los menores en cada país, pues al examinar las diferencias en los marcos legales, políticas migratorias y recursos disponibles, al igual que los enfoques adoptados, se ubican las áreas que requieren mayor atención.

Ambas iniciativas constituyen un punto de aprendizaje y colaboración en el que se fomenta el intercambio de conocimientos y experiencias entre diversos actores, OSC, instituciones gubernamentales y organismos internacionales. En paralelo, los resultados de la comparación pueden tener un impacto directo en el diseño de políticas y la adopción de prácticas más efectivas en la protección de los derechos humanos de los migrantes en situación irregular. Al resaltar las fortalezas y debilidades de ambas iniciativas, se influye en los responsables de la toma de decisiones con la intención de mejorar y fortalecer los enfoques existentes, promover cambios en las políticas migratorias para una protección más efectiva.

Relativo al sentido de responsabilidad y rendición de cuentas en México y Estados Unidos existen áreas que requieren acciones concretas por parte de los actores sin dejar de lado a los gobiernos y a las OSC. Aunque ambos países enfrentan desafíos similares con relación a la migración infantil, se muestran disparidades en los marcos legales, las políticas migratorias y el contexto sociopolítico que afecta su labor. 

En el caso de México, ha habido cambios legislativos y políticos en la migración infantil; sin embargo, persisten desafíos en la implementación efectiva de los derechos de los niños migrantes en situación irregular. Las organizaciones se enfocan en la defensa y promoción de los derechos de los menores, pero enfrentan distintos obstáculos: falta de recursos, corrupción y debilidad del sistema de protección infantil. Por lo que corresponde a Estados Unidos, la situación migratoria es compleja debido a políticas restrictivas y cambios en la aplicación de la ley. Las organizaciones en un afán por defender a la niñez migrante han desafiando políticas de detención y separación familiar. De igual modo, se ven limitadas por la falta de recursos y la constante evolución de las políticas migratorias.

Finalmente, a pesar de que México y Estados Unidos enfrentan retos similares, las diferencias en los marcos legales, políticas migratorias y contextos sociopolíticos poseen un profundo impacto en la incidencia de las OSC. En México, deben sortear la escasez de recursos y la corrupción, mientras que en Estados Unidos lidian con políticas migratorias restrictivas y constantes cambios en la aplicación de la ley. Un aspecto es verdadero: ambos países buscan garantizar el bienestar y protección de la niñez migrante. La colaboración internacional y el intercambio de buenas prácticas entre las OSC fortalece sus esfuerzos y promueve un enfoque basado en derechos.

Referencias

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Fernández, E., Mosqueda, E., y Del Carpio, P. (2013). «Empresarios migrantes mexicanos en Estados Unidos». Ra Ximhai, 9(3), pp. 181–208.

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