{"id":2861,"date":"2026-08-17T21:29:29","date_gmt":"2026-08-17T21:29:29","guid":{"rendered":"https:\/\/estudiosdeldesarrollo.mx\/migracionydesarrollo\/?page_id=2861"},"modified":"2026-08-17T21:29:30","modified_gmt":"2026-08-17T21:29:30","slug":"numero-45-texto-complet-ahtp","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/estudiosdeldesarrollo.mx\/migracionydesarrollo\/numero-45-texto-complet-ahtp\/","title":{"rendered":"Numero 45 texto complet ahtp"},"content":{"rendered":"
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Migraci\u00f3n y Desarrollo<\/em>, volumen 23, n\u00famero 45, segundo semestre 2025<\/strong><\/span>, es una publicaci\u00f3n semestral editada por la Universidad Aut\u00f3noma de Zacatecas \u00abFrancisco Garc\u00eda Salinas\u00bb, a trav\u00e9s de la Unidad Acad\u00e9mica de Estudios del Desarrollo, Jard\u00edn Ju\u00e1rez 147, colonia Centro, Zacatecas, C.P. 98000, Tel. (01492) 922 91 09, www.uaz.edu.mx, www.estudiosdeldesarrollo.net, revistamyd@estudiosdeldesarrollo.net. Editor responsable: Ra\u00fal Delgado Wise. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo V\u00eda Red C\u00f3mputo No. 04-2015-060212200400-203. ISSN: 2448-7783, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de \u00faltima actualizaci\u00f3n: Unidad Acad\u00e9mica de Estudios del Desarrollo, Maximino Gerardo Luna Estrada, Campus Universitario II, avenida Preparatoria s\/n, fraccionamiento Progreso, Zacatecas, C.P. 98065. Fecha de la \u00faltima modificaci\u00f3n, septiembre de 2025.<\/p>\n

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicaci\u00f3n. Queda estrictamente prohibida la reproducci\u00f3n total o parcial de los contenidos e im\u00e1genes de la publicaci\u00f3n sin previa autorizaci\u00f3n de la Universidad Aut\u00f3noma de Zacatecas \u00abFrancisco Garc\u00eda Salinas\u00bb a trav\u00e9s de la Unidad Acad\u00e9mica de Estudios del Desarrollo.<\/p>\n

https:\/\/doi.org\/10.35533\/myd.numero45<\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Entre la cooperaci\u00f3n migratoria y la securitizaci\u00f3n fronteriza: an\u00e1lisis de la implementaci\u00f3n del Memorando de Entendimiento entre Panam\u00e1 y Estados Unidos sobre asistencia y cooperaci\u00f3n en asuntos inmigratorios<\/span><\/h2>\n

Between migration cooperation and border securitization: an analysis of the implementation of the Memorandum of Understanding between Panama and the United States on immigration assistance and cooperation<\/span><\/h4>\n

Recibido 19<\/span>\/05<\/span>\/25<\/span> | Aceptado 03<\/span>;\/06<\/span>\/25<\/span><\/p>\n

Ana Heidy Trist\u00e1n P\u00e9rez*<\/span><\/h6>\n

*<\/span>* Mexicana. Maestra en Pol\u00edtica Migratoria y Desarrollo en el Caribe, Universidad Iberoamericana.<\/span><\/p>\n

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Resumen. <\/span><\/strong>El incremento de la migraci\u00f3n irregular a trav\u00e9s del Tap\u00f3n del Dari\u00e9n transform\u00f3 a Panam\u00e1 en un actor estrat\u00e9gico dentro de la gobernanza migratoria regional. En este contexto, el 1 de julio de 2024 Panam\u00e1 y Estados Unidos suscribieron un Memorando de Entendimiento sobre Asistencia y Cooperaci\u00f3n en Asuntos Inmigratorios orientado a fortalecer la gesti\u00f3n migratoria y reducir los flujos irregulares. El presente art\u00edculo analiza cr\u00edticamente la implementaci\u00f3n de dicho acuerdo desde una perspectiva cualitativa e interpretativa, basada en la revisi\u00f3n documental de fuentes oficiales, literatura acad\u00e9mica e informes de organismos internacionales. Los resultados evidencian que, aunque el Memorando contribuy\u00f3 a disminuir los flujos migratorios, su implementaci\u00f3n respondi\u00f3 principalmente a una l\u00f3gica de securitizaci\u00f3n y externalizaci\u00f3n fronteriza centrada en el control territorial. Asimismo, persisten tensiones entre los objetivos de seguridad, la protecci\u00f3n de los derechos humanos y la atenci\u00f3n de las causas estructurales de la migraci\u00f3n forzada.<\/p>\n

Palabras clave:\u00a0<\/b><\/span>migraci\u00f3n irregular, migraci\u00f3n forzada, securitizaci\u00f3n migratoria, externalizaci\u00f3n fronteriza, gobernanza migratoria.<\/p>\n

Abstract.\u00a0<\/b><\/span>The unprecedented increase in irregular migration through the Dari\u00e9n Gap transformed Panama into a strategic actor within regional migration governance. In this context, on July 1, 2024, Panama and United States signed a Memorandum of Understanding on Assistance and Cooperation in Immigration Matters aimed at strengthening migration management and reducing irregular flows. This article critically analyzes the implementation of the agreement from a qualitative and interpretative perspective based on documentary analysis of official sources, academic literature, and reports from international organizations. The findings show that, although the Memorandum contributed to reducing irregular migration flows, its implementation primarily followed a logic of securitization and border externalization focused on territorial control. Furthermore, persistent tensions remain between security objectives, the protection of human rights, and addressing the structural causes of forced migration.<\/span><\/p>\n

Keywords:\u00a0<\/b><\/span>irregular migration, forced migration, migration securitization, border externalization, migration governance.<\/p>\n

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La movilidad humana constituye uno de los fen\u00f3menos sociales m\u00e1s relevantes y complejos del siglo XXI. Lejos de responder exclusivamente a decisiones individuales dirigidas a la b\u00fasqueda de mejores oportunidades econ\u00f3micas, los desplazamientos contempor\u00e1neos reflejan procesos estructurales asociados a profundas desigualdades sociales, crisis pol\u00edticas, violencia, degradaci\u00f3n ambiental y transformaciones del sistema econ\u00f3mico global. En este contexto, la migraci\u00f3n forzada ha adquirido una centralidad progresiva en los debates acad\u00e9micos y pol\u00edticos, en particular en regiones caracterizadas por altos niveles de vulnerabilidad y exclusi\u00f3n social, como Am\u00e9rica Latina y el Caribe.<\/span><\/p>\n

Desde la \u00faltima d\u00e9cada, el Tap\u00f3n del Dari\u00e9n adquiri\u00f3 una relevancia creciente dentro de las din\u00e1micas migratorias hemisf\u00e9ricas, al convertirse en un espacio estrat\u00e9gico para la movilidad irregular hacia Am\u00e9rica del Norte y para las pol\u00edticas de gobernanza migratoria implementadas en la regi\u00f3n (ACNUR, <\/span>2022<\/span>b). En ese escenario, Panam\u00e1 enfrent\u00f3 crecientes presiones asociadas al control fronterizo, la atenci\u00f3n humanitaria y la cooperaci\u00f3n regional, fortaleciendo as\u00ed la dimensi\u00f3n migratoria de su relaci\u00f3n bilateral con Estados Unidos.\u00a0<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Como resultado de este proceso, el <\/span>1<\/span> de julio de <\/span>2024<\/span> ambos gobiernos suscribieron el Memorando de Entendimiento sobre Asistencia y Cooperaci\u00f3n en Asuntos Inmigratorios (en adelante citado como Memorando), considerado el primer instrumento bilateral espec\u00edficamente orientado a la cooperaci\u00f3n migratoria entre ambos pa\u00edses (Ministerio de Relaciones Exteriores, <\/span>2024<\/span>). Seg\u00fan sus promotores, el acuerdo busca fortalecer la gesti\u00f3n de la migraci\u00f3n irregular mediante mecanismos de cooperaci\u00f3n t\u00e9cnica, asistencia financiera, apoyo log\u00edstico y programas de retorno asistido, todo ello en el marco del respeto al derecho internacional y a los compromisos asumidos por ambas naciones. No obstante, su implementaci\u00f3n ha suscitado interrogantes concernientes a los alcances, limitaciones e implicaciones de este tipo de mecanismos de cooperaci\u00f3n para la gesti\u00f3n de la movilidad humana en la regi\u00f3n. Tales discusiones adquieren especial relevancia en un contexto regional que se distingue por el fortalecimiento de mecanismos de control migratorio y por crecientes cuestionamientos acerca de sus implicaciones para la protecci\u00f3n internacional y los derechos humanos.<\/span><\/span><\/p>\n

El art\u00edculo se estructura en cinco apartados. En primer lugar, se analizan los antecedentes del Tap\u00f3n del Dari\u00e9n como corredor migratorio continental. En segundo lugar, se exponen las disposiciones clave del Memorando y se examinan los enfoques te\u00f3ricos vinculados a la securitizaci\u00f3n, la externalizaci\u00f3n fronteriza y la gobernanza migratoria. Posteriormente, se estudia la implementaci\u00f3n del acuerdo y sus efectos sobre los flujos migratorios irregulares. En seguida, se examinan sus implicaciones desde la perspectiva de los derechos humanos y la protecci\u00f3n internacional. Por \u00faltimo, se presentan las conclusiones derivadas de la investigaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

El Dari\u00e9n como corredor migratorio continental: antecedentes, migraci\u00f3n forzada y transformaciones recientes<\/span><\/h3>\n

Durante la \u00faltima d\u00e9cada y media, el flujo migratorio a trav\u00e9s del Dari\u00e9n experiment\u00f3 un crecimiento exponencial. A pesar de que en los primeros a\u00f1os del siglo XXI los registros eran limitados, a partir de 2015<\/span> comenzaron a incrementarse de manera sostenida, en especial con la llegada de personas haitianas provenientes de Brasil y Chile tras el terremoto de 2010<\/span> (Melde et al<\/em>.<\/span>, 2021<\/span>). Seg\u00fan los informes estad\u00edsticos del Servicio Nacional de Migraci\u00f3n de Panam\u00e1 (2025<\/span>), entre 2010<\/span> y 2019<\/span> transitaron por esta ruta m\u00e1s de 109<\/span> mil personas migrantes. En 2020<\/span>, las restricciones globales ocasionadas por la pandemia de covid-19<\/span> provocaron una disminuci\u00f3n significativa en los flujos, con s\u00f3lo 6<\/span> mil 465<\/span> personas registradas. Sin embargo, el fen\u00f3meno alcanz\u00f3 una dimensi\u00f3n sin precedentes a partir de 2021<\/span>, impulsado principalmente por el incremento de la migraci\u00f3n venezolana, hasta registrar un r\u00e9cord hist\u00f3rico de 520<\/span> mil 85<\/span> personas en 2023<\/span>. Esta evoluci\u00f3n transform\u00f3 al Dari\u00e9n de una ruta marginal en uno de los corredores primordiales migratorios del continente.<\/span><\/p>\n

La consolidaci\u00f3n del Dari\u00e9n como corredor migratorio est\u00e1 estrechamente relacionada al incremento de las migraciones forzadas en Am\u00e9rica Latina y el Caribe. Stephen Castles (<\/span>2003<\/span>) expone que la migraci\u00f3n forzada comprende m\u00faltiples formas de desplazamiento que, aunque distintas en su origen y naturaleza, comparten el rasgo com\u00fan de implicar una huida obligada por causas que trascienden la voluntad individual. Estas categor\u00edas incluyen a refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos, personas desplazadas por proyectos de desarrollo, desplazados por desastres ambientales y tr\u00e1fico y contrabando de personas. Si bien el t\u00e9rmino \u00abrefugiado\u00bb se usa com\u00fanmente para todos, en t\u00e9rminos jur\u00eddicos su definici\u00f3n es restringida, lo que deja sin protecci\u00f3n efectiva a una gran mayor\u00eda de personas forzadas a huir.\u00a0<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

El autor define a los <\/span>refugiados <\/span><\/em>conforme a la Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados de <\/span>1951<\/span>, como personas que residen fuera de su pa\u00eds de nacionalidad y que no pueden o no desean regresar debido a un \u00abtemor bien fundamentado de persecuci\u00f3n por motivos de raza, religi\u00f3n, nacionalidad, membres\u00eda en un grupo social particular u opini\u00f3n pol\u00edtica\u00bb (Castles, <\/span>2003<\/span>:<\/span>3<\/span>).\u00a0<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, subraya que <\/span>140<\/span> Estados han ratificado esta convenci\u00f3n y, por tanto, se comprometen a proteger a estas personas, en espec\u00edfico mediante el respeto al principio de <\/span>non-refoulement<\/span><\/em> (no devoluci\u00f3n), esto implica no regresarlas a pa\u00edses donde su vida o libertad se encuentren amenazadas. Tambi\u00e9n destaca que los refugiados legalmente reconocidos gozan de mayor protecci\u00f3n que otros migrantes forzados, ya que cuentan con un estatus legal claro y con el respaldo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).<\/span><\/span><\/p>\n

Castles, advierte que, a diferencia de los refugiados, los<\/span> solicitantes de asilo<\/span><\/em> a\u00fan no han sido reconocidos formalmente y viven en una situaci\u00f3n de incertidumbre legal prolongada. Por su parte, los desplazados internos permanecen dentro de su pa\u00eds y suelen carecer de protecci\u00f3n internacional, a pesar de estar expuestos a violencias similares, porque al no trascender las fronteras internacionales son responsabilidad de los propios gobiernos, de los cuales podr\u00edan ser v\u00edctima de desplazamiento o persecuci\u00f3n.\u00a0<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Otro grupo significativo lo constituyen los <\/span>desplazados por el desarrollo<\/span><\/em>, personas forzadas a abandonar sus hogares debido a proyectos estatales o privados de gran escala, como represas, carreteras, aeropuertos o urbanizaciones. A menudo, dichas poblaciones no reciben compensaciones adecuadas ni opciones reales de reasentamiento, lo que conduce a procesos de empobrecimiento estructural y exclusi\u00f3n social. Seg\u00fan Castles (<\/span>2003<\/span>), estos desplazados superan en n\u00famero a los refugiados oficialmente reconocidos y, debido a que suelen habitar zonas rurales remotas o marginadas \u2014muchas veces pertenecientes a pueblos ind\u00edgenas o minor\u00edas \u00e9tnicas\u2014, pueden terminar engrosando los cinturones de pobreza urbana o verse empujados hacia procesos de migraci\u00f3n internacional.<\/span><\/span><\/p>\n

A su vez, los desplazados ambientales \u2014de dif\u00edcil clasificaci\u00f3n\u2014 enfrentan condiciones de vida insostenibles por degradaci\u00f3n ecol\u00f3gica o desastres, asevera que enfocarse \u00fanicamente en lo ambiental puede despolitizar el an\u00e1lisis de la migraci\u00f3n forzada, transform\u00e1ndola en un problema t\u00e9cnico o natural, cuando en realidad es un fen\u00f3meno profundamente pol\u00edtico que exige atender desigualdades estructurales y conflictos sociales no resueltos.<\/span><\/p>\n

La \u00faltima tipolog\u00eda abordada es el <\/span>tr\u00e1fico y contrabando de personas<\/span><\/em>, en la que Castles identifica con claridad dos fen\u00f3menos distintos, aunque relacionados, enmarcados dentro de las formas contempor\u00e1neas de migraci\u00f3n forzada; para ello incorpora una definici\u00f3n precisa propuesta por Ann Gallagher:<\/span><\/span><\/p>\n

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Los migrantes por contrabando son trasladados ilegalmente para obtener ganancia; son, sin embargo, unos socios desiguales en una transacci\u00f3n comercial. En contraste, el movimiento de personas por el tr\u00e1fico se basa en el enga\u00f1o y la coerci\u00f3n, y su prop\u00f3sito es la explotaci\u00f3n. La ganancia en el tr\u00e1fico no proviene del traslado, sino de la venta en el pa\u00eds de destino de los servicios sexuales o el trabajo de la persona traficada. La mayor\u00eda de los migrantes por contrabando son hombres. La mayor\u00eda de las personas con las que se trafica son mujeres y ni\u00f1os (Gallagher, citada en Castles, <\/span>2003<\/span>:<\/span>8<\/span>).<\/span><\/span><\/p>\n<\/blockquote>\n

Esta distinci\u00f3n ayuda a comprender las diferentes l\u00f3gicas de violencia y vulnerabilidad que afectan a las personas migrantes, especialmente en contextos donde las rutas legales est\u00e1n bloqueadas y proliferan mecanismos de control m\u00e1s severos por parte de los Estados.<\/span><\/p>\n

El abordaje tipol\u00f3gico propuesto por Castles permite visualizar que la migraci\u00f3n forzada no es un fen\u00f3meno homog\u00e9neo ni coyuntural, sino una manifestaci\u00f3n multidimensional de procesos estructurales que combinan violencia, exclusi\u00f3n y fallas sist\u00e9micas en la protecci\u00f3n de derechos.<\/span><\/p>\n

Ya en <\/span>2003<\/span>, Castles advert\u00eda que las din\u00e1micas globales de desigualdad, conflicto y exclusi\u00f3n auguraban la persistencia e incluso el agravamiento de esos desplazamientos forzados. Dos d\u00e9cadas despu\u00e9s, las tendencias observadas confirman que la migraci\u00f3n forzada no s\u00f3lo contin\u00faa, sino que se ha complejizado en formas, actores y rutas, ha desafiado los marcos tradicionales de gesti\u00f3n migratoria y ha obligado a repensar el papel de la cooperaci\u00f3n internacional desde un enfoque verdaderamente humanitario y transformador.<\/span><\/span><\/p>\n

A esta comprensi\u00f3n se articula el enfoque cr\u00edtico desarrollado por M\u00e1rquez Covarrubias y Delgado Wise en el texto \u00abUna perspectiva del Sur sobre capital global, migraci\u00f3n forzada y desarrollo alternativo\u00bb, en el que los autores interpretan la migraci\u00f3n forzada como una consecuencia estructural de la arquitectura de poder impuesta por el capitalismo global bajo la batuta del imperialismo estadounidense (M\u00e1rquez y Delgado, <\/span>2011<\/span>).\u00a0<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

En dicho modelo, las corporaciones multinacionales y las instituciones financieras internacionales conciertan una red transnacional de apropiaci\u00f3n de excedentes econ\u00f3micos, recursos naturales y fuerza de trabajo, lo que genera profundas asimetr\u00edas entre centro y periferia. La globalizaci\u00f3n neoliberal, lejos de promover desarrollo, ha intensificado el desmantelamiento de los sistemas productivos internos de los pa\u00edses perif\u00e9ricos; en consecuencia, se ha expulsado a millones de personas de sus territorios mediante lo que denominan \u00abacumulaci\u00f3n por despojo\u00bb.<\/span><\/p>\n

El papel del Estado perif\u00e9rico, lejos de proteger a sus ciudadanos, se redefine como gestor de condiciones \u00f3ptimas para la inversi\u00f3n extranjera, lo que facilita el desmontaje de los sistemas de bienestar y el debilitamiento de derechos laborales. As\u00ed, la inseguridad humana \u2014entendida como precariedad estructural en salud, alimentaci\u00f3n, trabajo, vivienda y seguridad personal\u2014 se convierte en una condici\u00f3n sist\u00e9mica que impulsa la salida forzada de millones.<\/span><\/p>\n

La exportaci\u00f3n indirecta implica la transferencia de excedentes econ\u00f3micos producidos en pa\u00edses del Sur global por medio de mecanismos como la subcontrataci\u00f3n, las industrias maquiladoras y las operaciones comerciales entre distintas filiales de una misma corporaci\u00f3n transnacional. En cambio, la exportaci\u00f3n directa corresponde al desplazamiento transnacional de personas en edad productiva \u2014con frecuencia altamente calificadas\u2014 que buscan mejores condiciones de vida en los pa\u00edses centrales, si bien muchas veces enfrentan precariedad, discriminaci\u00f3n y desarraigo.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

Frente a ese panorama, M\u00e1rquez y Delgado (<\/span>2011<\/span>) proponen una redefinici\u00f3n cr\u00edtica del concepto de desarrollo humano, orientada a la transformaci\u00f3n estructural y al bienestar colectivo, centrada en la equidad, la justicia social y la soberan\u00eda de los pueblos.\u00a0<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Asimismo, sostienen que, independientemente de su tipolog\u00eda o contexto espec\u00edfico, las migraciones forzadas comparten tres caracter\u00edsticas estructurales fundamentales: se desarrollan tanto en el \u00e1mbito nacional como internacional, por lo general desde regiones perif\u00e9ricas hacia espacios con mayores oportunidades econ\u00f3micas; afectan principalmente a poblaciones vulnerables que migran como respuesta a condiciones de inseguridad humana y no por una decisi\u00f3n plenamente voluntaria; y generan una amplia disponibilidad de fuerza de trabajo que es incorporada por los mercados laborales en condiciones que favorecen la reducci\u00f3n de costos y reproducen las relaciones de desigualdad e intercambio desigual entre los pa\u00edses centrales y perif\u00e9ricos.<\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n, los autores desarrollan una clasificaci\u00f3n compuesta por siete modalidades de migraci\u00f3n forzada, sustentada en factores estructurales derivados del modelo neoliberal y la l\u00f3gica de acumulaci\u00f3n por despojo. Esta propuesta, tiene como prop\u00f3sito visibilizar los mecanismos sist\u00e9micos que propician el desplazamiento forzado de millones de personas en el mundo. Entre las modalidades se encuentran:<\/span><\/p>\n

a) Migraci\u00f3n por cat\u00e1strofes o cambios ambientales<\/span><\/em>.<\/em> Contempla desplazamientos originados por fen\u00f3menos naturales extremos \u2014inundaciones, terremotos, sequ\u00edas y huracanes\u2014 y por procesos antropog\u00e9nicos, incluidos el deterioro ecol\u00f3gico, la expansi\u00f3n urbana descontrolada y el cambio clim\u00e1tico.\u00a0<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

b) Migraci\u00f3n por conflictos sociopol\u00edticos y culturales.<\/span><\/em> Surge de desequilibrios sociales, rivalidades pol\u00edticas o tensiones inter\u00e9tnicas que desembocan en violencia. Los desplazamientos pueden ser causados por el accionar de Estados represivos, grupos armados, paramilitares o conflictos entre facciones que buscan el control territorial e ideol\u00f3gico.<\/span><\/span><\/p>\n

c) Migraci\u00f3n por descomposici\u00f3n social o Estado fallido<\/span><\/em>.<\/em> En contextos de ausencia de gobernabilidad o control institucional, la dominaci\u00f3n de actores armados como el crimen organizado o fuerzas paramilitares impone reg\u00edmenes de terror que fuerzan el \u00e9xodo de la poblaci\u00f3n civil.<\/span><\/span><\/p>\n

d) Migraci\u00f3n por tr\u00e1fico y trata de personas<\/span><\/em>.<\/em> Est\u00e1 vinculada a din\u00e1micas coercitivas, enga\u00f1o o violencia, con fines de explotaci\u00f3n sexual, laboral u otras formas de esclavitud. Se trata de una industria il\u00edcita transnacional altamente lucrativa que se ha intensificado ante el cierre de rutas migratorias legales, tras la implementaci\u00f3n de pol\u00edticas restrictivas en los pa\u00edses de destino.<\/span><\/span><\/p>\n

e) Migraci\u00f3n por despojo de medios de producci\u00f3n y subsistencia.<\/span><\/em> Resultado directo de pol\u00edticas neoliberales, privatizaciones y megaproyectos, que expropian territorios rurales y destruyen econom\u00edas locales, como las denominadas econom\u00edas campesinas. Comunidades enteras se ven obligadas a desplazarse al perder sus tierras, bienes comunes y formas de vida tradicionales, y muchas veces las poblaciones despojadas que se quedan son empleadas por las mismas compa\u00f1\u00edas multinacionales que las expropiaron de sus tierras.<\/span><\/span><\/p>\n

f) Migraci\u00f3n por exclusi\u00f3n social, desempleo estructural y pobreza.<\/span><\/em> La acumulaci\u00f3n del capital en manos de grandes actores econ\u00f3micos y la creciente dependencia de inversiones extranjeras en las econom\u00edas nacionales contribuyen a la desarticulaci\u00f3n de los sistemas productivos locales, al incremento del desempleo estructural y al deterioro progresivo de las condiciones laborales.\u00a0<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

g) Migraci\u00f3n por sobrecalificaci\u00f3n laboral relativa<\/span><\/em>.<\/em> Afecta a profesionales, acad\u00e9micos, artistas, cient\u00edficos, ingenieros y t\u00e9cnicos altamente capacitados que, al no encontrar condiciones adecuadas para su desarrollo en contextos perif\u00e9ricos, se ven forzados a emigrar. Aunque no responden a una necesidad urgente de subsistencia, dichos desplazamientos obedecen a din\u00e1micas estructurales que empujan fuera de sus pa\u00edses a personas altamente calificadas. Se asientan en procesos de expulsi\u00f3n del capital humano, marcados por la fuga de talentos y la inserci\u00f3n en condiciones laborales degradadas en los lugares de destino.<\/span><\/span><\/p>\n

Esta clasificaci\u00f3n ofrece una perspectiva cr\u00edtica para interpretar la migraci\u00f3n forzada como una manifestaci\u00f3n inherente a las din\u00e1micas estructurales del capitalismo global, cuya ra\u00edz no se encuentra \u00fanicamente en eventos coyunturales, sino en las transformaciones sist\u00e9micas que despojan, empobrecen y excluyen a vastos sectores de la humanidad.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

En s\u00edntesis, mientras Castles brinda una categorizaci\u00f3n comprensiva que visibiliza los vac\u00edos de protecci\u00f3n y las contradicciones normativas del sistema internacional, Delgado y M\u00e1rquez proporcionan un marco te\u00f3rico m\u00e1s radical que permite interpretar la migraci\u00f3n forzada como una forma sist\u00e9mica de despojo. Ambos enfoques son complementarios: uno aporta un lente descriptivo y legal-institucional, y el otro una cr\u00edtica pol\u00edtico-econ\u00f3mica indispensable en la comprensi\u00f3n de las causas profundas del fen\u00f3meno y para imaginar respuestas que no se limiten a la contenci\u00f3n o la gesti\u00f3n tecnocr\u00e1tica del sufrimiento humano.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

La creciente incapacidad de numerosos Estados latinoamericanos para garantizar condiciones m\u00ednimas de bienestar ha impulsado movimientos migratorios de gran escala que trascienden las fronteras nacionales y reconfiguran los corredores de movilidad regional. Es en este contexto en el que el Dari\u00e9n adquiere una importancia estrat\u00e9gica, al convertirse en el principal punto de tr\u00e1nsito para poblaciones expulsadas por estas condiciones estructurales que intentan continuar su recorrido hacia Am\u00e9rica del Norte.<\/span><\/p>\n

El fen\u00f3meno m\u00e1s notorio ha sido el \u00e9xodo venezolano, que se ha convertido en uno de los desplazamientos humanos m\u00e1s significativos del siglo XXI. De acuerdo con estimaciones de la Plataforma Regional de Coordinaci\u00f3n Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R<\/span>4<\/span>V), hacia finales de <\/span>2023<\/span> se contabilizaban m\u00e1s de <\/span>7<\/span>.<\/span>7<\/span> millones de personas venezolanas desplazadas fuera de su pa\u00eds. De ese total, una amplia mayor\u00eda \u2014aproximadamente <\/span>84<\/span>%\u2014 radicaba en Colombia, Per\u00fa, Ecuador, Chile y Brasil (R<\/span>4<\/span>V, <\/span>2023<\/span>).\u00a0<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

La migraci\u00f3n venezolana en Am\u00e9rica Latina ha adquirido un car\u00e1cter estructural (Canales, <\/span>2023<\/span>). A diferencia de flujos migratorios temporales o epis\u00f3dicos, esta migraci\u00f3n ha perdurado en el tiempo, se ha extendido regionalmente y opera, en su mayor\u00eda, fuera de los marcos legales convencionales. Canales asevera que la respuesta estatal ha sido predominantemente reactiva, basada en medidas <\/span>ad hoc<\/span><\/em> y, a menudo, contradictorias. La falta de estrategias de coordinaci\u00f3n regional efectivas ha contribuido al agravamiento de las condiciones de vulnerabilidad en los desplazamientos migratorios, lo que promueve el uso de rutas informales e inh\u00f3spitas, como el cruce por la selva del Dari\u00e9n.<\/span><\/span><\/p>\n

Desde una perspectiva hist\u00f3rico-estructural, el crecimiento de los flujos migratorios a trav\u00e9s del Dari\u00e9n debe entenderse en el contexto de las transformaciones del sistema capitalista global y de las relaciones desiguales entre centro y periferia. La expansi\u00f3n de modelos econ\u00f3micos basados en la apertura comercial, el extractivismo, la precarizaci\u00f3n laboral y la dependencia financiera ha debilitado las capacidades de reproducci\u00f3n social en amplias regiones de Am\u00e9rica Latina y el Caribe. Como resultado, millones de personas han sido expulsadas de sus territorios por procesos de empobrecimiento, exclusi\u00f3n y desestructuraci\u00f3n econ\u00f3mica que restringen sus posibilidades de subsistencia.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

La convergencia de tales din\u00e1micas estructurales en el Tap\u00f3n del Dari\u00e9n ha configurado una de las crisis humanitarias m\u00e1s complejas y peligrosas del continente americano. Lejos de constituir \u00fanicamente una ruta de tr\u00e1nsito, la selva del Dari\u00e9n se ha convertido en un espacio donde se concentran m\u00faltiples formas de vulnerabilidad, violencia y desprotecci\u00f3n.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

Seg\u00fan el Mixed Migration Centre (MMC, <\/span>2025<\/span>), <\/span>96<\/span>% de las personas migrantes encuestadas en Panam\u00e1 y Costa Rica identific\u00f3 el Dari\u00e9n como el tramo m\u00e1s peligroso de toda su traves\u00eda hacia Am\u00e9rica del Norte. El informe tambi\u00e9n document\u00f3 un incremento alarmante de la violencia sexual, cuyos reportes aumentaron de <\/span>22<\/span>% en <\/span>2023<\/span> a <\/span>39<\/span>% en <\/span>2024<\/span>, fen\u00f3meno asociado al desplazamiento de los flujos hacia rutas m\u00e1s remotas y bajo influencia de grupos criminales. Asimismo, m\u00e1s de dos tercios de las personas entrevistadas manifestaron no haber recibido asistencia humanitaria adecuada durante su paso por territorio paname\u00f1o, mientras que <\/span>63<\/span>% viajaba acompa\u00f1ado de ni\u00f1as, ni\u00f1os o adolescentes, lo que evidencia la creciente presencia de grupos familiares expuestos a riesgos extremos (MMC, <\/span>2025<\/span>).<\/span><\/span><\/p>\n

Las condiciones de tr\u00e1nsito en la regi\u00f3n han sido caracterizadas por organismos humanitarios como un escenario de crisis permanente. M\u00e9dicos Sin Fronteras (<\/span>2024<\/span>) report\u00f3 la atenci\u00f3n promedio mensual de aproximadamente <\/span>5<\/span> mil<\/span> personas migrantes, incluyendo un n\u00famero significativo de sobrevivientes de violencia sexual. Adem\u00e1s de casos relacionados con deshidrataci\u00f3n, enfermedades infecciosas, lesiones traum\u00e1ticas y afectaciones severas a la salud mental. A esas condiciones se suman los riesgos derivados de las caracter\u00edsticas geogr\u00e1ficas de la selva, donde las personas enfrentan largas jornadas de caminata, crecidas repentinas de r\u00edos, escasez de alimentos y agua potable, as\u00ed como la presencia de redes criminales dedicadas al robo, la extorsi\u00f3n y otras formas de violencia.\u00a0<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

La magnitud de esos riesgos qued\u00f3 constatada, entre otros hechos, con el accidente ocurrido el <\/span>15<\/span> de febrero de <\/span>2023<\/span> en Gualaca, provincia de Chiriqu\u00ed, y que comprende una expresi\u00f3n significativa de los desaf\u00edos que enfrenta la gesti\u00f3n migratoria en escenarios de movilidad masiva. El siniestro dej\u00f3 un saldo <\/span>42<\/span> personas migrantes fallecidas, incluidos mujeres y ni\u00f1os, y <\/span>24<\/span> resultaron heridas cuando un autob\u00fas que trasladaba a <\/span>66<\/span> pasajeros desde Dari\u00e9n hacia el norte cay\u00f3 a un barranco. Luego de las averiguaciones, se determin\u00f3 que el traslado fue realizado en condiciones de sobrecarga, con conductores extenuados y sin protocolos de seguridad claramente establecidos. El hecho gener\u00f3 una amplia atenci\u00f3n nacional e internacional y abri\u00f3 un debate sobre las condiciones de traslado, los mecanismos de supervisi\u00f3n y las responsabilidades institucionales asociadas a la protecci\u00f3n de las personas migrantes durante su tr\u00e1nsito por el territorio paname\u00f1o (TVN Noticias, <\/span>2023<\/span>).<\/span><\/span><\/p>\n

Desde una mirada cr\u00edtica, diversas organizaciones humanitarias apuntaron que este acontecimiento evidenci\u00f3 las limitaciones existentes para garantizar un enfoque integral de protecci\u00f3n dentro de los esquemas de movilidad y asistencia implementados en la regi\u00f3n. Asimismo, puso de relieve la necesidad de fortalecer los protocolos de seguridad, la coordinaci\u00f3n institucional y la atenci\u00f3n diferenciada para poblaciones en situaci\u00f3n de especial vulnerabilidad.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

Varios organismos internacionales han advertido que dichas situaciones no pueden analizarse de manera aislada de las pol\u00edticas de control migratorio implementadas en la regi\u00f3n. La Organizaci\u00f3n Internacional para las Migraciones (OIM, <\/span>2023<\/span>) respalda esta lectura cr\u00edtica al afirmar que las pol\u00edticas migratorias basadas en la restricci\u00f3n y el disuasivo han empujado a miles de personas a utilizar rutas m\u00e1s peligrosas, como la traves\u00eda por la selva del Dari\u00e9n. En el mismo sentido, \u00c1lvares (<\/span>2009<\/span>) advierte que la clausura de v\u00edas legales estimula la proliferaci\u00f3n de redes il\u00edcitas y expone a los migrantes a experiencias de violencia extrema.\u00a0<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Frente a ese escenario, el Estado paname\u00f1o implement\u00f3 diversos mecanismos institucionales orientados a gestionar la movilidad irregular. Entre ellos destaca la Operaci\u00f3n Flujo Controlado, desarrollada gracias a las Estaciones Temporales de Recepci\u00f3n de Migrantes (ETRM), cuyo prop\u00f3sito consist\u00eda en registrar y trasladar ordenadamente a las personas migrantes hacia la frontera con Costa Rica. Este modelo de gesti\u00f3n logr\u00f3 fortalecer las capacidades estatales de registro, monitoreo y control del tr\u00e1nsito migratorio, al tiempo que consolid\u00f3 mecanismos de coordinaci\u00f3n interinstitucional para atender el incremento sostenido de los flujos (Yates y Pappier, <\/span>2023<\/span>). En ese sentido, algunas de sus caracter\u00edsticas anticipan enfoques que con posterioridad ser\u00edan reforzados mediante el Memorando, en concreto aquellos relacionados con la gesti\u00f3n ordenada de la movilidad irregular, la coordinaci\u00f3n operativa y el fortalecimiento de los mecanismos de control migratorio.\u00a0<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

En ese sentido, Alonso Sandoval (<\/span>2024<\/span>) sostiene que la transformaci\u00f3n del Tap\u00f3n del Dari\u00e9n en un corredor migratorio transcontinental revel\u00f3 las limitaciones estructurales de la institucionalidad paname\u00f1a para responder de modo integral a la crisis migratoria. Seg\u00fan el autor, la gesti\u00f3n estatal ha estado fuertemente condicionada por las presiones internacionales y por enfoques encauzados prioritariamente al control y la vigilancia fronteriza.\u00a0<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

La creciente magnitud de los flujos migratorios impuls\u00f3 nuevas formas de cooperaci\u00f3n regional dirigidas al control y contenci\u00f3n de la movilidad humana, en las cuales Estados Unidos desempe\u00f1\u00f3 un papel central por medio del fortalecimiento de mecanismos de vigilancia fronteriza y externalizaci\u00f3n del control migratorio. En febrero de <\/span>2023<\/span>, Panam\u00e1, Colombia y Estados Unidos realizaron una reuni\u00f3n trilateral con el prop\u00f3sito de evaluar los impactos humanitarios, ambientales y de seguridad ocasionados por el incremento de los flujos migratorios irregulares en el Dari\u00e9n (Ministerio de Relaciones Exteriores, <\/span>2023<\/span>). Luego, se fortalecieron mecanismos de control fronterizo y operaciones destinadas a combatir las redes de tr\u00e1fico il\u00edcito de migrantes, entre ellas la Operaci\u00f3n Escudo, una intervenci\u00f3n encaminada a combatir redes criminales y tr\u00e1fico de personas en la selva, con apoyo operativo de las fuerzas de seguridad (Yates y Pappier, <\/span>2023<\/span>).<\/span><\/span><\/p>\n

En ese contexto, la movilidad humana comenz\u00f3 a ser abordada cada vez m\u00e1s como un problema de seguridad y control territorial, m\u00e1s que como un fen\u00f3meno humanitario y estructural asociado a din\u00e1micas de desigualdad, exclusi\u00f3n y desplazamiento forzado. Entonces, se produjo la firma del Memorando en julio de <\/span>2024<\/span>, considerado un nuevo mecanismo de cooperaci\u00f3n migratoria enfocado en la gesti\u00f3n del tr\u00e1nsito irregular por el Dari\u00e9n.<\/span><\/span><\/p>\n

La cooperaci\u00f3n migratoria entre Panam\u00e1 y Estados Unidos se desarrolla, adem\u00e1s, en un escenario de marcadas asimetr\u00edas de poder y capacidad institucional que influyen significativamente en la definici\u00f3n de prioridades, estrategias de control y mecanismos de gesti\u00f3n migratoria implementados en la regi\u00f3n.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

Dentro de ese marco, las respuestas institucionales desarrolladas en torno al Dari\u00e9n han tendido a priorizar mecanismos de control territorial y gesti\u00f3n del tr\u00e1nsito migratorio, sin intervenir de manera sustantiva sobre las condiciones estructurales \u2014econ\u00f3micas, pol\u00edticas y sociales\u2014 que contin\u00faan impulsando los desplazamientos forzados. Comprender dichos antecedentes resulta fundamental para analizar el alcance pol\u00edtico, humanitario y geopol\u00edtico del Memorando y sus implicaciones en la gobernanza migratoria regional.<\/span><\/p>\n

Gobernanza migratoria, securitizaci\u00f3n <\/span>y externalizaci\u00f3n fronteriza: claves para interpretar <\/span>el Memorando de Entendimiento<\/span><\/h3>\n

Desde sus consideraciones iniciales el Memorando presenta una serie de fundamentos que definen el prop\u00f3sito y la orientaci\u00f3n del acuerdo. Ambos gobiernos reiteran su compromiso con el mantenimiento de la paz y la libertad, la promoci\u00f3n de los derechos humanos y el fortalecimiento de las instituciones democr\u00e1ticas e internacionales que respaldan estos fines. Asimismo, se recuerda la Declaraci\u00f3n de Los \u00c1ngeles sobre Migraci\u00f3n y Protecci\u00f3n (<\/span>2022<\/span>) como antecedente inmediato que expresa la intenci\u00f3n hemisf\u00e9rica de garantizar una migraci\u00f3n segura, ordenada, regular y humana. En l\u00ednea con este marco, el Memorando destaca la importancia de que los flujos migratorios irregulares sean gestionados de forma ordenada en aras de preservar la seguridad p\u00fablica de los participantes, al tiempo que se busca salvaguardar los derechos humanos de las personas migrantes.<\/span><\/span><\/p>\n

El cuerpo del acuerdo se organiza en secciones que establecen los compromisos operativos de cada parte. En la primera secci\u00f3n, el Gobierno de los Estados Unidos, por medio del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), asume el compromiso de brindar a Panam\u00e1 apoyo t\u00e9cnico especializado, acompa\u00f1amiento log\u00edstico, provisi\u00f3n de recursos operativos y mecanismos de coordinaci\u00f3n institucional con el objetivo de reforzar la ejecuci\u00f3n de los procedimientos administrativos en materia migratoria. Entre las medidas contempladas se incluyen, entre otras, el suministro de insumos no estructurales, el intercambio de conocimientos en torno a buenas pr\u00e1cticas y la gesti\u00f3n del transporte a\u00e9reo para personas extranjeras mayores de <\/span>18<\/span> a\u00f1os, una categor\u00eda clave definida en el documento como \u2014 aquellas personas que no sean nacionales de ninguno de los dos pa\u00edses firmantes\u2014 que hayan sido identificadas como parte de flujos migratorios irregulares.\u00a0<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Una de las disposiciones operativas fundamentales del Memorando establece que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) podr\u00e1 gestionar vuelos fletados o adquirir pasajes en aerol\u00edneas comerciales, dependiendo de la disponibilidad, con el fin de ejecutar medidas administrativas de traslado solicitadas por Panam\u00e1. La coordinaci\u00f3n debe realizarse de modo ideal en un plazo no mayor a <\/span>96<\/span> horas tras la notificaci\u00f3n oficial. Si bien se prev\u00e9 la posibilidad de incluir grupos familiares en dichos traslados, esto requiere el consentimiento expreso de ambas partes firmantes. No obstante, el Memorando excluye de forma expl\u00edcita a menores no acompa\u00f1ados y a personas ap\u00e1tridas, lo cual restringe la aplicaci\u00f3n de esas medidas a ciertos perfiles migratorios previamente definidos.<\/span><\/span><\/p>\n

En la segunda secci\u00f3n, Panam\u00e1 declara su intenci\u00f3n de actuar bajo su marco jur\u00eddico interno y conforme a sus obligaciones internacionales, incluyendo la Convenci\u00f3n sobre el Estatuto de los Refugiados de <\/span>1951<\/span>, su Protocolo de <\/span>1967<\/span> y la Convenci\u00f3n contra la Tortura de <\/span>1984<\/span>. Tambi\u00e9n se cita expresamente el Decreto Ejecutivo N\u00fam. <\/span>5<\/span> de <\/span>2018<\/span>, que regula el procedimiento nacional para la determinaci\u00f3n de la condici\u00f3n de refugiado. A trav\u00e9s de este marco, Panam\u00e1 se compromete a examinar de manera afirmativa cada caso y garantizar que no se incurra en devoluci\u00f3n hacia contextos donde exista riesgo para la integridad de la persona.<\/span><\/span><\/p>\n

Las secciones <\/span>3<\/span> a <\/span>7<\/span> del Memorando delimitan los alcances jur\u00eddicos, financieros y operativos del acuerdo. Se establece que el instrumento no genera obligaciones legales ni derechos exigibles para terceros, lo que reafirma el respeto a la soberan\u00eda estatal y el car\u00e1cter no vinculante del documento. En contigua tesis, se condiciona su aplicaci\u00f3n a la disponibilidad presupuestaria de ambas partes y se prev\u00e9 una vigencia inicial de <\/span>12<\/span> meses, prorrogable por acuerdo mutuo. Por \u00faltimo, se fija un mecanismo de resoluci\u00f3n de diferencias exclusivamente diplom\u00e1tico, sin recurso a instancias internacionales, lo que refuerza el enfoque bilateral, flexible y pol\u00edticamente negociado del instrumento.<\/span><\/span><\/p>\n

Por otro lado, el Anexo A del Memorando regula los procedimientos t\u00e9cnicos para la ejecuci\u00f3n de las medidas migratorias administrativas. Dispone que las autoridades paname\u00f1as evaluar\u00e1n, de forma soberana, la aplicabilidad de dichas medidas a personas identificadas en tr\u00e1nsito. Una vez que las autoridades paname\u00f1as hayan determinado la medida administrativa aplicable, el funcionario de enlace designado por Panam\u00e1 deber\u00e1 informar a su contraparte estadounidense. A partir de la notificaci\u00f3n, corresponder\u00e1 al enlace de Estados Unidos coordinar la log\u00edstica del traslado, junto con la programaci\u00f3n del vuelo, el tipo de transporte necesario y los aspectos operativos asociados al proceso. El manifiesto de vuelo debe certificar el respeto a los derechos de las personas trasladadas, incluyendo el principio de no devoluci\u00f3n.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

La relevancia otorgada a los procedimientos de identificaci\u00f3n, traslado y coordinaci\u00f3n operativa hace factible interpretar estas disposiciones a la luz de varios enfoques, entre ellos el de securitizaci\u00f3n de la migraci\u00f3n. Este concepto surge en Europa a finales del siglo XX como parte de un giro discursivo y pol\u00edtico que transforma los flujos migratorios en una cuesti\u00f3n de seguridad, m\u00e1s que en un fen\u00f3meno social o econ\u00f3mico. Huysmans (<\/span>2000<\/span>) argumenta que proceso no responde a una amenaza objetiva, sino a una construcci\u00f3n discursiva impulsada por actores pol\u00edticos e institucionales que representan a las personas migrantes como un \u00abotro\u00bb potencialmente peligroso para el orden social, la estabilidad econ\u00f3mica y la identidad cultural. Esta construcci\u00f3n posibilita la adopci\u00f3n de medidas excepcionales, tales como el reforzamiento de fronteras, la expansi\u00f3n de dispositivos de control y vigilancia, y la implementaci\u00f3n de pol\u00edticas restrictivas fuera del marco democr\u00e1tico ordinario. El enfoque securitista implica una despolitizaci\u00f3n del fen\u00f3meno migratorio, lo que excluye a las personas migrantes del espacio de deliberaci\u00f3n democr\u00e1tica y justifica su gesti\u00f3n a trav\u00e9s de mecanismos de contenci\u00f3n y exclusi\u00f3n.<\/span><\/span><\/p>\n

Este marco conceptual ha sido adoptado y adaptado en Am\u00e9rica Latina en el contexto de los flujos migratorios masivos recientes, en especial en relaci\u00f3n con la migraci\u00f3n venezolana y los tr\u00e1nsitos irregulares por territorios como el Tap\u00f3n del Dari\u00e9n. Aunque varios pa\u00edses de la regi\u00f3n han sostenido discursos humanitarios y han establecido marcos normativos basados en derechos, en la pr\u00e1ctica han replicado estrategias de securitizaci\u00f3n, lo que ha condicionado el acceso regular, ha segmentado la poblaci\u00f3n migrante y ha vinculado la movilidad con amenazas a la seguridad nacional o la gobernabilidad. As\u00ed, se observa una importaci\u00f3n del modelo europeo de gesti\u00f3n migratoria, en el que las respuestas frente a la movilidad humana se alejan de un enfoque de protecci\u00f3n y se alinean con l\u00f3gicas de contenci\u00f3n, selectividad y exclusi\u00f3n, lo que revela una tensi\u00f3n creciente entre los principios humanitarios y las pr\u00e1cticas estatales.<\/span><\/p>\n

En ese entramado, no puede dejarse de lado que el propio Estado paname\u00f1o ha dado se\u00f1ales claras de su alineamiento con una visi\u00f3n securitista de la migraci\u00f3n. La adopci\u00f3n del Plan Firmeza <\/span>2022<\/span>–<\/span>2030<\/span> como hoja de ruta del Ministerio de Seguridad P\u00fablica (<\/span>2025<\/span>) en el mediano plazo refuerza dicho enfoque. Bajo la actual administraci\u00f3n, el Plan establece que la migraci\u00f3n irregular, los flujos sur-norte, contin\u00faan representando una amenaza para la seguridad nacional, p\u00fablica y humana, al mismo nivel que el narcotr\u00e1fico o el crimen cibern\u00e9tico. Esta categorizaci\u00f3n condiciona la respuesta institucional, pues prioriza medidas de vigilancia, control y disuasi\u00f3n antes que acciones orientadas a la protecci\u00f3n de derechos o la atenci\u00f3n estructural de las causas del desplazamiento forzado.<\/span><\/span><\/p>\n

El Plan Firmeza contempla un Programa de Migraci\u00f3n Irregular cuyo objetivo declarado es fortalecer la pol\u00edtica migratoria con la actualizaci\u00f3n de estrategias como la Operaci\u00f3n Flujo Controlado, el impulso de buenas pr\u00e1cticas regionales y la consolidaci\u00f3n de alianzas estrat\u00e9gicas. Si bien se mencionan el enfoque de derechos humanos y la articulaci\u00f3n interinstitucional como elementos fundamentales, lo cierto es que la narrativa y la l\u00f3gica de seguridad terminan predominando en su implementaci\u00f3n. El compromiso con la modernizaci\u00f3n tecnol\u00f3gica y la profesionalizaci\u00f3n de las fuerzas p\u00fablicas se presenta como garant\u00eda de eficacia, pero corre el riesgo de consolidar una institucionalidad cerrada al escrutinio p\u00fablico, con limitada participaci\u00f3n de actores sociales y sin mecanismos robustos de rendici\u00f3n de cuentas. En el caso del Memorando, la centralidad otorgada a los procedimientos de traslado, coordinaci\u00f3n operativa y supervisi\u00f3n fronteriza evidencia la creciente articulaci\u00f3n entre gobernanza migratoria y seguridad regional.<\/span><\/p>\n

De manera complementaria, la literatura especializada ha identificado la externalizaci\u00f3n fronteriza como una de las principales expresiones contempor\u00e1neas de la securitizaci\u00f3n migratoria. Constituye una estrategia migratoria a trav\u00e9s de la cual los Estados receptores, sobre todo del Norte global, trasladan sus mecanismos de control y vigilancia migratoria hacia territorios de pa\u00edses de tr\u00e1nsito u origen. Esta modalidad reorganiza el ejercicio de la soberan\u00eda estatal, al ubicar las funciones de control fuera del espacio territorial formal, mediante acuerdos bilaterales, cooperaci\u00f3n internacional condicionada o dispositivos de control indirecto. Como plantea Vega-Mac\u00edas (<\/span>2022<\/span>), esta arquitectura ha sido ampliamente implementada por Estados Unidos en su relaci\u00f3n con M\u00e9xico y Centroam\u00e9rica, lo que permite contener a las personas migrantes desde etapas previas al cruce hacia territorio estadounidense.\u00a0<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

La externalizaci\u00f3n tiende a desarrollarse en contextos en los que los marcos normativos de derechos humanos son m\u00e1s fr\u00e1giles o su aplicaci\u00f3n carece de mecanismos robustos de supervisi\u00f3n y rendici\u00f3n de cuentas, lo que favorece la opacidad institucional y la fragmentaci\u00f3n de responsabilidades. Dentro de esa l\u00f3gica, las decisiones en materia migratoria se desvinculan de las prioridades internas de los Estados y pasan a estar dirigidas por intereses geopol\u00edticos for\u00e1neos y objetivos de seguridad en el nivel regional. Vega-Mac\u00edas (<\/span>2022<\/span>) sugiere que el uso de la cooperaci\u00f3n internacional como instrumento de control migratorio disfraza objetivos securitarios bajo discursos de asistencia y protecci\u00f3n, lo que deriva en efectos contradictorios respecto a la garant\u00eda de los derechos humanos.<\/span><\/span><\/p>\n

En Am\u00e9rica Latina, la externalizaci\u00f3n de fronteras se ha materializado a trav\u00e9s de distintas estrategias, que van desde la aplicaci\u00f3n del Programa Frontera Sur en M\u00e9xico hasta los mecanismos de Flujo Controlado implementados en Panam\u00e1. Tales iniciativas comparten el prop\u00f3sito de anticipar la gesti\u00f3n de la movilidad humana, ya sea mediante su contenci\u00f3n, canalizaci\u00f3n o desv\u00edo, antes de que las personas migrantes alcancen los territorios de destino. Este enfoque se ha consolidado como una pieza central en la gobernanza migratoria multinivel, al delegar las tareas de control a espacios perif\u00e9ricos donde se observa una menor garant\u00eda de protecci\u00f3n procesal y un fortalecimiento de pr\u00e1cticas de vigilancia y selecci\u00f3n migratoria. Tambi\u00e9n se ha consolidado en la literatura acad\u00e9mica como una herramienta anal\u00edtica clave para comprender las transformaciones contempor\u00e1neas de la pol\u00edtica migratoria en contextos globalizados.<\/span><\/p>\n

Considerando lo anterior, el an\u00e1lisis del Memorando se enmarca en la l\u00f3gica de externalizaci\u00f3n, en tanto configura un r\u00e9gimen compartido de control que traslada funciones operativas a Panam\u00e1, mientras responde a los intereses securitarios de Estados Unidos. Por tanto, no s\u00f3lo se reconfigura el espacio geogr\u00e1fico de la migraci\u00f3n, sino que redefine las relaciones de poder y responsabilidad entre los Estados implicados.<\/span><\/p>\n

Desde la perspectiva de la gobernanza migratoria, la migraci\u00f3n no es gestionada en exclusiva por los Estados nacionales, sino con una arquitectura institucional distribuida entre actores subnacionales, nacionales, regionales e internacionales, que incluye entidades estatales y no estatales (Degila y Valle, <\/span>2022<\/span>).<\/span><\/span><\/p>\n

Esta forma de gobernanza refleja una transformaci\u00f3n profunda en los modos de toma de decisiones, al articular escalas m\u00faltiples de acci\u00f3n en las que intervienen organismos multilaterales, marcos normativos internacionales \u2014como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Pacto Mundial para una Migraci\u00f3n Segura, Ordenada y Regular, y el Pacto Mundial sobre Refugiados\u2014, as\u00ed como pr\u00e1cticas estatales y locales. Degila y Valle (<\/span>2022<\/span>) subrayan que estos instrumentos normativos multilaterales no fueron impuestos unilateralmente, sino que resultaron de negociaciones que involucraron activamente a pa\u00edses del Norte y del Sur global. Adem\u00e1s, los autores resaltan que la gobernanza migratoria multinivel no s\u00f3lo se expresa por medio de marcos legales y acuerdos formales, sino en la interacci\u00f3n de dimensiones econ\u00f3micas, sociales y ambientales que inciden en la movilidad humana.\u00a0<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Cabe agregar que la gobernanza multinivel permite visualizar c\u00f3mo se articulan las capacidades estatales con las de actores territoriales en distintos niveles. Seg\u00fan Degila y Valle (<\/span>2022<\/span>), este enfoque revela las asimetr\u00edas operativas y de poder que enfrentan muchos pa\u00edses del Sur global, en especial cuando deben implementar pol\u00edticas dictadas o influenciadas por agendas multilaterales. En ese sentido, retoman el concepto de \u00abterritorializaci\u00f3n\u00bb de la Agenda <\/span>2030<\/span> para explicar c\u00f3mo los compromisos internacionales se traducen \u2014de forma desigual\u2014 en pol\u00edticas locales.<\/span><\/span><\/p>\n

Finalmente, Degila y Valle (<\/span>2022<\/span>) enfatizan que un modelo de gobernanza m\u00e1s justo y eficaz debe reconocer la centralidad del Sur global como espacio de tr\u00e1nsito o expulsi\u00f3n y como actor estrat\u00e9gico en la configuraci\u00f3n del r\u00e9gimen migratorio internacional. Esto implica visibilizar las din\u00e1micas Sur-Sur, garantizar el respeto de los derechos humanos y fortalecer las capacidades locales para avanzar hacia una gesti\u00f3n de la movilidad humana que sea verdaderamente sostenible, equitativa y plural.<\/span><\/span><\/p>\n

Al respecto, la gobernanza migratoria multinivel se configura como un enfoque anal\u00edtico \u00fatil para estudiar los fen\u00f3menos de la externalizaci\u00f3n de fronteras, la securitizaci\u00f3n de la movilidad y la cooperaci\u00f3n internacional en contextos de tr\u00e1nsito migratorio. Asimismo, hace posible examinar el papel estrat\u00e9gico de pa\u00edses como Panam\u00e1, como receptores pasivos de directrices internacionales y actores que participan \u2014aunque de modo asim\u00e9trico\u2014 en la arquitectura regional de gesti\u00f3n migratoria.<\/span><\/p>\n

A la luz de estos planteamientos, el Memorando puede interpretarse como un instrumento situado en la intersecci\u00f3n entre cooperaci\u00f3n migratoria, securitizaci\u00f3n y externalizaci\u00f3n fronteriza. La tensi\u00f3n entre cooperaci\u00f3n migratoria, seguridad fronteriza y protecci\u00f3n de derechos humanos constituye uno de los primordiales desaf\u00edos anal\u00edticos para comprender los alcances y limitaciones del Memorando.<\/span><\/p>\n

Implementaci\u00f3n del Memorando y reducci\u00f3n\u00a0<\/span>de los flujos migratorios irregulares<\/span><\/h3>\n

Este acuerdo formaliz\u00f3 un esquema espec\u00edfico de asistencia y cooperaci\u00f3n migratoria centrado en la gesti\u00f3n de los flujos irregulares que transitaban por Panam\u00e1. Entre sus componentes m\u00e1s relevantes sobresalen el apoyo financiero estadounidense para operaciones de repatriaci\u00f3n, el fortalecimiento de capacidades log\u00edsticas y operativas, al igual que la cooperaci\u00f3n en materia de seguridad y control migratorio.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

Los datos oficiales exponen que tras la entrada en vigor del Memorando se produjo una disminuci\u00f3n significativa en el n\u00famero de personas migrantes que atravesaban la selva del Dari\u00e9n. Despu\u00e9s del m\u00e1ximo hist\u00f3rico registrado en <\/span>2023<\/span>, cuando m\u00e1s de <\/span>520<\/span> mil<\/span> personas utilizaron esta ruta, los flujos comenzaron a mostrar una tendencia descendente durante la segunda mitad de <\/span>2024<\/span> y continuaron reduci\u00e9ndose de manera pronunciada durante el <\/span>2025<\/span>. El cuadro <\/span>1<\/span> presenta la evoluci\u00f3n del tr\u00e1nsito de personas extranjeras en situaci\u00f3n migratoria irregular por el Dari\u00e9n desde el a\u00f1o <\/span>2010<\/span> hasta el primer semestre de <\/span>2025<\/span>, complementada por la gr\u00e1fica <\/span>1<\/span> que ilustra visualmente esa tendencia.<\/span><\/span><\/p>\n

Cuadro 1<\/span> y gr\u00e1fica 1
\n<\/span><\/span>Tr\u00e1nsito irregular por el Dari\u00e9n (2010<\/span>–2025<\/span>, <\/span>datos de 2025<\/span> correspondientes al primer semestre)<\/span><\/h4>\n

\"\"<\/p>\n

Fuente: elaboraci\u00f3n propia con datos del Servicio Nacional de Migraci\u00f3n de 2010<\/span>–2025<\/span>.<\/span><\/p>\n

Este comportamiento ha sido utilizado por las autoridades paname\u00f1as y estadounidenses como uno de los principales indicadores de \u00e9xito de las medidas implementadas. Sin embargo, atribuir la reducci\u00f3n s\u00f3lo al Memorando resulta metodol\u00f3gicamente problem\u00e1tico. Los movimientos migratorios responden a m\u00faltiples factores que interact\u00faan simult\u00e1neamente y que trascienden las pol\u00edticas llevadas a cabo por un Estado o acuerdo bilateral. Entre estos factores se encuentran las modificaciones en las pol\u00edticas migratorias estadounidenses, las condiciones pol\u00edticas y econ\u00f3micas en los pa\u00edses de origen, las restricciones adoptadas por otros pa\u00edses de tr\u00e1nsito y la evoluci\u00f3n de las redes de tr\u00e1fico il\u00edcito de migrantes.<\/span><\/p>\n

Por esa raz\u00f3n, es m\u00e1s apropiado afirmar que el Memorando contribuy\u00f3 a reforzar un conjunto m\u00e1s amplio de mecanismos de contenci\u00f3n migratoria que operaban a escala regional. La disminuci\u00f3n de los flujos observada durante el periodo analizado parece asociarse a la combinaci\u00f3n de medidas de control fronterizo, programas de repatriaci\u00f3n, campa\u00f1as de disuasi\u00f3n y una mayor coordinaci\u00f3n entre los Estados involucrados en la gesti\u00f3n migratoria.<\/span><\/p>\n

La combinaci\u00f3n de medidas refleja un enfoque predominantemente orientado a la contenci\u00f3n y gesti\u00f3n de los flujos migratorios mediante instrumentos de control territorial, vigilancia y retorno, elementos que la literatura especializada identifica como caracter\u00edsticos de los procesos contempor\u00e1neos de securitizaci\u00f3n migratoria. En ese sentido, la implementaci\u00f3n del Memorando puede interpretarse como parte de una tendencia regional m\u00e1s amplia orientada a reforzar mecanismos de control migratorio con el uso de esquemas de cooperaci\u00f3n interestatal.<\/span><\/p>\n

La implementaci\u00f3n del acuerdo estuvo acompa\u00f1ada por el fortalecimiento de estrategias de seguridad previamente desarrolladas por Panam\u00e1. Operativos como la Operaci\u00f3n Escudo y otras acciones coordinadas por el Ministerio de Seguridad P\u00fablica fueron integrados dentro de un marco m\u00e1s amplio de cooperaci\u00f3n destinado a limitar la movilidad irregular y combatir las redes criminales dedicadas al tr\u00e1fico il\u00edcito de migrantes. Estas medidas respond\u00edan a preocupaciones leg\u00edtimas relacionadas con la seguridad de las personas migrantes y el combate a organizaciones criminales transnacionales; sin embargo, tambi\u00e9n reforzaron una visi\u00f3n de la migraci\u00f3n centrada en la l\u00f3gica del control y la vigilancia.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

Como primordial punto de ingreso y control oper\u00f3 la ETRM de Lajas Blancas para las personas migrantes que acced\u00edan al territorio paname\u00f1o por esa ruta y fue el lugar donde se efectu\u00f3 el primer registro e identificaci\u00f3n biom\u00e9trico como parte del proceso. No obstante, el <\/span>15<\/span> de mayo de <\/span>2025<\/span>, el SNM comunic\u00f3 el cierre definitivo de la ETRM en Lajas Blancas, debido a la dr\u00e1stica reducci\u00f3n del flujo migratorio irregular \u2014superior a <\/span>99<\/span> %\u2014, justificaci\u00f3n esencial para dicha decisi\u00f3n (SNM, <\/span>2025<\/span>a). Las cifras coinciden temporalmente con la implementaci\u00f3n del Memorando, lo que sugiere una correlaci\u00f3n directa entre la entrada en vigor del acuerdo y la ca\u00edda en los registros de tr\u00e1nsito.<\/span><\/span><\/p>\n

El apoyo log\u00edstico y financiero proporcionado por Estados Unidos desempe\u00f1\u00f3 un papel relevante dentro de esta estrategia. Una vez que las autoridades paname\u00f1as determinen la medida migratoria administrativa aplicable, corresponde al enlace estadounidense coordinar aspectos operativos vinculados al traslado, incluyendo la programaci\u00f3n de vuelos y otros requerimientos log\u00edsticos. En consonancia con tales disposiciones, el Servicio Nacional de Migraci\u00f3n inform\u00f3 que el programa conjunto de deportaciones iniciado en agosto de <\/span>2024<\/span> contemplaba que Estados Unidos asumiera los costos de los vuelos de retorno requeridos por Panam\u00e1 para enfrentar la migraci\u00f3n irregular a trav\u00e9s del Dari\u00e9n. Este respaldo permiti\u00f3 fortalecer la capacidad operativa de las autoridades paname\u00f1as para ejecutar medidas de retorno y consolid\u00f3 uno de los componentes centrales del esquema de cooperaci\u00f3n bilateral. Al mismo tiempo, dicha din\u00e1mica pone de manifiesto el papel que desempe\u00f1an los recursos externos en la implementaci\u00f3n de determinadas pol\u00edticas migratorias nacionales y plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de las medidas en ausencia de financiamiento internacional, as\u00ed como sobre la influencia que los pa\u00edses financiadores pueden ejercer en la definici\u00f3n de prioridades operativas.<\/span><\/span><\/p>\n

La colaboraci\u00f3n entre Panam\u00e1 y Estados Unidos facilit\u00f3 la implementaci\u00f3n de un esquema de transporte a\u00e9reo, en modalidad regular y ch\u00e1rter, destinado al retorno forzoso de personas clasificadas como migrantes en situaci\u00f3n irregular. El cuadro <\/span>2<\/span>, muestra las estad\u00edsticas de los principales vuelos de retorno realizados entre agosto de <\/span>2024<\/span> y junio de <\/span>2025<\/span>. Cabe subrayar que los datos oficiales disponibles se encuentran dispersos en distintos comunicados institucionales, por lo que no ha sido posible acceder al desglose completo de cada operaci\u00f3n. Esta limitaci\u00f3n documental dificulta una evaluaci\u00f3n m\u00e1s precisa de los criterios aplicados, la trazabilidad de los procesos y el perfil sociodemogr\u00e1fico de las personas retornadas. Los datos fueron compilados a partir de comunicados oficiales del Servicio Nacional de Migraci\u00f3n y del Ministerio de Relaciones Exteriores, por tanto, las cifras deben interpretarse como aproximaciones construidas a partir de los reportes p\u00fablicos disponibles.<\/span><\/span><\/p>\n

Cuadro 2
\n<\/span><\/span>Estad\u00edsticas de primeros vuelos de retorno (agosto 2024<\/span>-junio 2025<\/span>)<\/span><\/h4>\n

\"\"<\/p>\n

Fuente: elaboraci\u00f3n propia con datos de SNM (2024<\/span>, 2025<\/span>) y MIRE (2025<\/span>).<\/span><\/p>\n

Seg\u00fan reportes del SNM, hasta el <\/span>30<\/span> de junio de <\/span>2025<\/span>, se ejecutaron un total de <\/span>53<\/span> vuelos, de los cuales <\/span>51<\/span> fueron financiados por el gobierno estadounidense; se trat\u00f3 de vuelos no comerciales hacia diversas naciones, entre ellas Colombia, Ecuador, India, Venezuela, Uzbekist\u00e1n y Rep\u00fablica Dominicana. Panam\u00e1 coste\u00f3 dos vuelos adicionales como parte de su pol\u00edtica soberana de control migratorio. Las estad\u00edsticas oficiales indican que, hasta el <\/span>30<\/span> de junio de <\/span>2025<\/span>, se hab\u00edan deportado y expulsado <\/span>2<\/span> mil <\/span>387<\/span> personas, de las cuales <\/span>2<\/span> mil<\/span> 78<\/span> fueron retornadas en el marco espec\u00edfico del Memorando (SNM, <\/span>2025<\/span>b).<\/span><\/span><\/p>\n

Desde una perspectiva operativa, uno de los resultados m\u00e1s visibles de la implementaci\u00f3n del Memorando fue la ampliaci\u00f3n de los programas de retorno y deportaci\u00f3n de personas migrantes en situaci\u00f3n irregular. El Servicio Nacional de Migraci\u00f3n anunci\u00f3 en agosto de <\/span>2024<\/span> la puesta en ejecuci\u00f3n de un programa conjunto con Estados Unidos destinado a combatir la migraci\u00f3n irregular mediante vuelos de deportaci\u00f3n financiados parcialmente por el gobierno estadounidense. Dicha medida comprendi\u00f3 uno de los pilares m\u00e1s visibles del nuevo esquema de cooperaci\u00f3n bilateral y fue presentada como una herramienta para desalentar el tr\u00e1nsito irregular por el Dari\u00e9n.<\/span><\/span><\/p>\n

Aunque el n\u00famero de personas retornadas bajo el Memorando resulta significativo desde el punto de vista operativo, las cifras representan una proporci\u00f3n relativamente reducida frente al volumen total de tr\u00e1nsito irregular registrado en el Dari\u00e9n. Ello significa que los retornos constituyen uno de varios elementos que contribuyen a explicar la evoluci\u00f3n reciente de los flujos migratorios.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

Desde el punto de vista institucional, la ejecuci\u00f3n del acuerdo implic\u00f3 la participaci\u00f3n de m\u00faltiples actores estatales. El Servicio Nacional de Migraci\u00f3n, el Ministerio de Seguridad P\u00fablica, el Ministerio de Relaciones Exteriores y diversas agencias estadounidenses coordinaron acciones relacionadas con el registro, control, traslado y repatriaci\u00f3n de personas migrantes. Esta articulaci\u00f3n interinstitucional permiti\u00f3 mejorar ciertos aspectos operativos de la gesti\u00f3n migratoria, aunque puso de manifiesto desaf\u00edos vinculados con la coordinaci\u00f3n administrativa, la disponibilidad de recursos y la capacidad de respuesta frente a situaciones humanitarias complejas.<\/span><\/p>\n

Por otro lado, una disminuci\u00f3n de los flujos migratorios no entra\u00f1a una reducci\u00f3n de las necesidades de movilidad. Los patrones migratorios tambi\u00e9n est\u00e1n condicionados por factores externos como las condiciones clim\u00e1ticas, las restricciones fronterizas y la aparici\u00f3n de rutas alternativas. La reconfiguraci\u00f3n de las rutas migratorias es una de las consecuencias con frecuencia conectadas a los procesos de reforzamiento fronterizo. Un ejemplo ilustrativo ocurri\u00f3 el <\/span>21<\/span> de febrero de <\/span>2025<\/span>, cuando una embarcaci\u00f3n que transportaba personas migrantes naufrag\u00f3 en aguas de la comarca Guna Yala. De acuerdo con reportes oficiales, la embarcaci\u00f3n formaba parte de un desplazamiento de retorno hacia Colombia y transportaba personas de nacionalidad colombiana y venezolana. El incidente provoc\u00f3 la muerte de <\/span>1<\/span> ni\u00f1a venezolana y el rescate de otras <\/span>20<\/span> personas migrantes (RFI, <\/span>2025<\/span>; Senafront, <\/span>2025<\/span>).<\/span><\/span><\/p>\n

Este hecho desvela que las restricciones aplicadas sobre determinadas rutas no necesariamente eliminan la movilidad humana, sino que pueden contribuir a la reconfiguraci\u00f3n de los trayectos utilizados por las personas migrantes. En algunos casos, ello puede derivar en el uso de rutas mar\u00edtimas o terrestres m\u00e1s riesgosas, lo que incrementa la exposici\u00f3n a accidentes, redes il\u00edcitas y otras formas de vulnerabilidad. Por consiguiente, la reducci\u00f3n estad\u00edstica de los cruces irregulares debe interpretarse con cautela, ya que no siempre refleja una disminuci\u00f3n equivalente de los requerimientos de protecci\u00f3n o de los factores que impulsan la movilidad.<\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, los datos analizados sugieren que el Memorando contribuy\u00f3 a fortalecer las capacidades operativas de control migratorio y estuvo asociado a una reducci\u00f3n significativa de los flujos irregulares. Sin embargo, la evidencia disponible no permite concluir que dicha reducci\u00f3n sea atribuible exclusivamente al acuerdo ni que constituya, por s\u00ed sola, una soluci\u00f3n sostenible frente a las din\u00e1micas estructurales que impulsan la migraci\u00f3n forzada.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

Por ende, la evaluaci\u00f3n de la eficacia del Memorando requiere considerar dimensiones m\u00e1s amplias relacionadas con la protecci\u00f3n de los derechos humanos, la sostenibilidad de las pol\u00edticas implementadas y la capacidad de los Estados para responder a las causas profundas de la movilidad humana. Precisamente estas tensiones entre eficacia operativa y protecci\u00f3n humanitaria configuran uno de los desaf\u00edos m\u00e1s importantes de la gobernanza migratoria contempor\u00e1nea y ser\u00e1n abordadas en la siguiente secci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Derechos humanos y l\u00edmites del enfoque securitario: tensiones entre control migratorio y protecci\u00f3n internacional<\/span><\/h3>\n

La reducci\u00f3n de los flujos migratorios irregulares observada tras la implementaci\u00f3n del Memorando es, sin duda, uno de los resultados m\u00e1s visibles del acuerdo. Desde esa perspectiva, la experiencia estudiada plantea la necesidad de ampliar los criterios utilizados para evaluar las pol\u00edticas migratorias. Indicadores como la reducci\u00f3n de los cruces irregulares, el n\u00famero de retornos ejecutados o el fortalecimiento de las capacidades de control fronterizo ofrecen informaci\u00f3n relevante acerca de la eficacia operativa de las medidas implementadas. No obstante, son insuficientes para valorar integralmente sus efectos en torno a la protecci\u00f3n de derechos, la atenci\u00f3n humanitaria y las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan las personas migrantes. Una evaluaci\u00f3n m\u00e1s amplia requiere considerar tambi\u00e9n la capacidad de las pol\u00edticas para garantizar protecci\u00f3n internacional, acceso a servicios b\u00e1sicos y condiciones de tr\u00e1nsito compatibles con los est\u00e1ndares internacionales de derechos humanos.<\/span><\/p>\n

En ese sentido, uno de los debates trascendentales generados por el Memorando se relaciona con la tensi\u00f3n existente entre los objetivos de seguridad migratoria y la obligaci\u00f3n de garantizar la protecci\u00f3n de las personas en situaci\u00f3n de movilidad. A pesar de que el acuerdo fue presentado como un mecanismo de cooperaci\u00f3n orientado a promover una migraci\u00f3n segura, ordenada y regular, diversas organizaciones internacionales y actores de la sociedad civil han advertido que su implementaci\u00f3n podr\u00eda reforzar pr\u00e1cticas enfocadas de modo prioritario en la contenci\u00f3n y el retorno, relegando a un segundo plano las necesidades de protecci\u00f3n internacional y asistencia humanitaria. Esta preocupaci\u00f3n adquiere especial relevancia si se considera que una parte significativa de quienes transitan por el Dari\u00e9n provienen de contextos marcados por conflictos pol\u00edticos, violencia generalizada, crisis humanitarias y graves procesos de exclusi\u00f3n social.<\/span><\/p>\n

El marco jur\u00eddico internacional establece obligaciones claras para los Estados en materia de protecci\u00f3n de personas refugiadas y migrantes. La Convenci\u00f3n sobre el Estatuto de los Refugiados de <\/span>1951<\/span> y su Protocolo de <\/span>1967<\/span> reconocen el principio de no devoluci\u00f3n (<\/span>non-refoulement<\/span><\/em>), seg\u00fan el cual ninguna persona puede ser retornada a un territorio donde su vida, integridad o libertad corran peligro (Naciones Unidas, <\/span>1951<\/span>; ACNUR, <\/span>2010<\/span>). De igual manera, la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos y la Convenci\u00f3n contra la Tortura imponen l\u00edmites a las pr\u00e1cticas estatales de expulsi\u00f3n y retorno cuando \u00e9stas puedan generar riesgos graves para las personas afectadas (Organizaci\u00f3n de los Estados Americanos, <\/span>1969<\/span>; Naciones Unidas, <\/span>1984<\/span>).<\/span><\/span><\/p>\n

En el caso paname\u00f1o estos principios adquirieron una relevancia particular a partir de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso V\u00e9lez Loor <\/span>vs<\/em>.<\/span> Panam\u00e1 (<\/span>2010<\/span>). En esta decisi\u00f3n, la Corte estableci\u00f3 est\u00e1ndares fundamentales acerca de la detenci\u00f3n migratoria, el debido proceso y la protecci\u00f3n de los derechos de las personas migrantes; enfatiz\u00f3 que la irregularidad migratoria no constituye un delito y que las medidas de control deben ejecutarse dentro de un marco de respeto irrestricto a la dignidad humana. La sentencia contin\u00faa siendo una referencia obligatoria para evaluar cualquier pol\u00edtica migratoria implementada por el Estado paname\u00f1o y ofrece criterios destacados para analizar la aplicaci\u00f3n del Memorando.<\/span><\/span><\/p>\n

M\u00e1s all\u00e1 de este caso, los riesgos asociados al tr\u00e1nsito por el Dari\u00e9n han sido documentados con amplitud. El informe binacional de ACNUR (<\/span>2023<\/span>) describe una realidad caracterizada por violencia f\u00edsica, violencia sexual, robos, desapariciones, explotaci\u00f3n econ\u00f3mica y graves afectaciones a la salud f\u00edsica y mental de las personas migrantes. Human Rights Watch document\u00f3 testimonios que evidencian la extrema vulnerabilidad de quienes atraviesan la selva, en particular mujeres, ni\u00f1as, ni\u00f1os y personas pertenecientes a grupos hist\u00f3ricamente discriminados. Adem\u00e1s, en estos espacios coexisten infraestructuras respaldadas por financiamiento de entidades estatales o internacionales con formas paralelas de control territorial impuestas por actores armados no estatales, como el Clan del Golfo, quienes obtienen beneficios econ\u00f3micos a partir del paso de personas migrantes en tr\u00e1nsito.\u00a0<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Estas actividades coexisten con licitaciones estatales, esquemas de asistencia internacional y mecanismos de externalizaci\u00f3n del control migratorio desde los pa\u00edses del Norte hacia los del Sur global (Human Rights Watch, <\/span>2023<\/span>). Tales condiciones convierten al Dari\u00e9n en uno de los corredores migratorios m\u00e1s peligrosos del mundo y refuerzan la necesidad de enfoques de gesti\u00f3n centrados en la protecci\u00f3n humana.<\/span><\/span><\/p>\n

La situaci\u00f3n tambi\u00e9n fue objeto de preocupaci\u00f3n por parte de organizaciones humanitarias y de salud. En marzo de <\/span>2024<\/span>, M\u00e9dicos Sin Fronteras suspendi\u00f3 sus actividades de atenci\u00f3n m\u00e9dica a personas migrantes en el Dari\u00e9n, lo que gener\u00f3 interrogantes en cuanto a la continuidad de la asistencia humanitaria en una zona caracterizada por altos niveles de vulnerabilidad y limitadas capacidades institucionales para responder a las necesidades de la poblaci\u00f3n en tr\u00e1nsito (M\u00e9dicos Sin Fronteras, <\/span>2024<\/span>). La interrupci\u00f3n de esta asistencia puso de relieve los obst\u00e1culos existentes para garantizar atenci\u00f3n sanitaria adecuada en contextos de movilidad masiva y evidenci\u00f3 la fragilidad de los mecanismos de protecci\u00f3n disponibles para las personas en tr\u00e1nsito.<\/span><\/span><\/p>\n

De acuerdo con el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM, en <\/span>2023<\/span> se registraron <\/span>52<\/span> muertes de personas migrantes en tr\u00e1nsito por el Parque Nacional Dari\u00e9n, de las cuales <\/span>26<\/span> correspond\u00edan a hombres, <\/span>11<\/span> a mujeres, <\/span>14<\/span> a ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes, y <\/span>1<\/span> persona permanec\u00eda sin identificar. Aunque dicha cifra representa una disminuci\u00f3n de <\/span>64<\/span>% respecto a las <\/span>146<\/span> muertes registradas en <\/span>2022<\/span>, la propia OIM indica que el n\u00famero real podr\u00eda ser significativamente mayor, debido a los numerosos reportes sobre restos humanos no recuperados y a las dificultades para documentar casos en una zona de dif\u00edcil acceso. Este escenario resulta especialmente preocupante considerando que, durante <\/span>2023<\/span>, la provincia de Dari\u00e9n experiment\u00f3 un flujo migratorio sin precedentes hacia Am\u00e9rica del Norte y alcanz\u00f3 cifras r\u00e9cord de tr\u00e1nsito migratorio.<\/span><\/span><\/p>\n

Estos hallazgos refuerzan la persistencia de riesgos de protecci\u00f3n que trascienden los indicadores de control migratorio y exponen la complejidad humanitaria que caracteriza los desplazamientos a trav\u00e9s de esa ruta.<\/span><\/p>\n

Asimismo, la Defensor\u00eda del Pueblo de Panam\u00e1 (<\/span>2024<\/span>) expres\u00f3 preocupaciones relacionadas con la situaci\u00f3n de ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes en movilidad humana. Mientras que en periodos previos predominaban hombres adultos en tr\u00e1nsito, desde el a\u00f1o <\/span>2017<\/span> se ha observado un aumento sostenido en la presencia de n\u00facleos familiares, entre los que se incluyen mujeres embarazadas, ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes (NNA). A partir de <\/span>2019<\/span> fue notorio el incremento de menores de edad que emprenden la traves\u00eda, muchos de ellos sin la compa\u00f1\u00eda de sus madres, padres o tutores legales. Durante <\/span>2023<\/span>, m\u00e1s de <\/span>113<\/span> mil<\/span> NNA ingresaron al pa\u00eds por la frontera con Colombia y m\u00e1s de <\/span>3<\/span> mil<\/span> lo hicieron en condiciones de separaci\u00f3n o sin acompa\u00f1amiento adulto. La disparidad desvela una profundizaci\u00f3n de los factores de vulnerabilidad que enfrentan los NNA y confirma la consolidaci\u00f3n de la ruta colombo-paname\u00f1a como un corredor migratorio persistente (Defensor\u00eda del Pueblo, <\/span>2024<\/span>).\u00a0<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Esta din\u00e1mica ha sobrepasado la capacidad de los sistemas nacionales encargados de brindar asistencia humanitaria, atenci\u00f3n sanitaria y protecci\u00f3n a la ni\u00f1ez, lo que da lugar a un contexto complejo en el que se entrelazan distintas formas de vulnerabilidad con preocupaciones relacionadas con la seguridad y el respeto de los derechos fundamentales.<\/span><\/p>\n

Las preocupaciones derivadas de la gesti\u00f3n migratoria no se limitan a las personas en tr\u00e1nsito. La crisis migratoria en el Dari\u00e9n ha desatado un impacto ambiental y social devastador en la regi\u00f3n. Este Parque Nacional es Patrimonio Mundial y Reserva de la Biosfera por la unesco, pero sus ecosistemas vulnerables sufren una presi\u00f3n insostenible.\u00a0Las cifras de movilidad superaron ampliamente la capacidad ambiental de este espacio. Seg\u00fan el mismo comunicado Ministerio de Ambiente (<\/span>2022<\/span>), un promedio de <\/span>2<\/span> mil<\/span> personas migrantes ingres\u00f3 a diario por la regi\u00f3n del Dari\u00e9n, una cifra que rebasa con creces el l\u00edmite estimado de carga ecol\u00f3gica, establecido en apenas <\/span>102<\/span> personas por jornada. Esta discrepancia ha provocado procesos de degradaci\u00f3n precipitada, incluyendo deforestaci\u00f3n, contaminaci\u00f3n de cuerpos de agua, p\u00e9rdida de biodiversidad y variaciones en el equilibrio de la fauna local, lo que compromete la integridad de un patrimonio natural de relevancia continental.\u00a0<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Aunado a lo anterior, comunidades ind\u00edgenas como los Ember\u00e1-Wounaan y los Guna han enfrentado graves consecuencias ambientales, sanitarias y socioecon\u00f3micas, acumulaci\u00f3n de residuos (l\u00edderes comunitarios calculan al menos <\/span>2<\/span> mil <\/span>500<\/span> toneladas de basura acumuladas tras el paso migrante), transformaci\u00f3n de sus medios tradicionales de subsistencia y profundizaci\u00f3n de carencias estructurales (Janetsky y Delacroix, <\/span>2025<\/span>). Pese a ello, la implementaci\u00f3n del Memorando no contempla mecanismos espec\u00edficos de mitigaci\u00f3n ambiental, reparaci\u00f3n o participaci\u00f3n comunitaria, lo que evidencia una visi\u00f3n enfocada en la seguridad fronteriza que ha relegado la protecci\u00f3n de los territorios y de las poblaciones locales. En consecuencia, las observaciones de organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y comunidades afectadas ponen de manifiesto las dificultades para compatibilizar los objetivos de control migratorio con los principios de sostenibilidad ambiental, justicia territorial y derechos humanos.<\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span>Las cr\u00edticas formuladas por organismos humanitarios no cuestionan necesariamente la facultad soberana de los Estados para gestionar sus fronteras. M\u00e1s bien, plantean interrogantes sobre la forma en que dichas competencias son ejercidas y sobre los criterios que orientan la formulaci\u00f3n de las pol\u00edticas migratorias. Desde esa perspectiva, el problema no radica en la existencia de mecanismos de control, sino en la posibilidad de que tales mecanismos se conviertan en el eje predominante de la acci\u00f3n estatal, desplazando consideraciones relacionadas con la protecci\u00f3n internacional, la asistencia humanitaria y los derechos fundamentales.<\/span><\/p>\n

Aunque el Memorando se enmarca en un lenguaje de cooperaci\u00f3n y asistencia t\u00e9cnica, ciertos conceptos presentes en el texto \u2014como la categorizaci\u00f3n de \u00abextranjero\u00bb o las exclusiones espec\u00edficas para ciertos perfiles\u2014 reflejan una l\u00f3gica operativa restrictiva y selectiva. Si bien se invoca el respeto a los derechos humanos y se articulan compromisos con el derecho internacional, el enfoque del acuerdo prioriza mecanismos administrativos de traslado y control migratorio, lo que sugiere que los principios de protecci\u00f3n y dignidad humana mencionados en el pre\u00e1mbulo coexisten con criterios funcionales que acotan su alcance en la pr\u00e1ctica.<\/span><\/p>\n

La incorporaci\u00f3n de la Declaraci\u00f3n de Los \u00c1ngeles sobre Migraci\u00f3n y Protecci\u00f3n (<\/span>2022<\/span>) en el Memorando comprende una manifestaci\u00f3n formal del compromiso pol\u00edtico de los Estados participantes con una gesti\u00f3n migratoria basada en la cooperaci\u00f3n regional, la responsabilidad compartida y el enfoque de derechos humanos. Este instrumento reconoce que los desaf\u00edos migratorios del continente no pueden abordarse \u00fanicamente desde la perspectiva del control fronterizo, sino que requieren atender las condiciones estructurales que impulsan la movilidad forzada, como la pobreza, la desigualdad, la violencia y la falta de oportunidades, mediante estrategias de desarrollo sostenible, inversi\u00f3n social y mecanismos de cooperaci\u00f3n internacional (ACNUR, <\/span>2022<\/span>a).<\/span><\/span><\/p>\n

Si bien es cierto que las medidas implementadas contribuyeron a disminuir el n\u00famero de cruces irregulares registrados en el Dari\u00e9n, ello no implica que hayan mejorado las condiciones de vida de las poblaciones desplazadas ni que se hayan reducido las din\u00e1micas estructurales que impulsan la migraci\u00f3n forzada. Por el contrario, existe el riesgo de que los mecanismos de control provoquen la reconfiguraci\u00f3n de rutas migratorias hacia trayectos a\u00fan m\u00e1s peligrosos o fortalezcan las redes il\u00edcitas que se benefician de las restricciones a la movilidad regular.<\/span><\/p>\n

En \u00faltima instancia, el desaf\u00edo consiste en encontrar un equilibrio entre la gesti\u00f3n leg\u00edtima de las fronteras y la protecci\u00f3n efectiva de los derechos humanos. La experiencia analizada propone que la reducci\u00f3n de los flujos migratorios, relevante desde una perspectiva operativa, constituye un indicador insuficiente para evaluar integralmente la eficacia de una pol\u00edtica migratoria cuando persisten interrogantes relativas a la protecci\u00f3n de derechos, la sostenibilidad de las medidas implementadas y la atenci\u00f3n de las causas estructurales de la migraci\u00f3n forzada. Alcanzar ese equilibrio precisa de pol\u00edticas que trasciendan la l\u00f3gica de la contenci\u00f3n y reconozcan que la movilidad humana es un fen\u00f3meno profundamente vinculado a las desigualdades estructurales, las crisis de desarrollo y las limitaciones del sistema internacional a fin de garantizar condiciones de vida dignas para amplios sectores de la poblaci\u00f3n mundial. Al respecto, la experiencia del Memorando demuestra que la reducci\u00f3n de los cruces irregulares abarca una dimensi\u00f3n de la gesti\u00f3n migratoria y que la sostenibilidad de este tipo de acuerdos depende tambi\u00e9n de su capacidad para garantizar protecci\u00f3n efectiva a las personas en movilidad y atender los factores estructurales que impulsan los desplazamientos forzados.<\/span><\/p>\n

Conclusiones<\/span><\/h3>\n

El an\u00e1lisis realizado permite concluir que el Memorando de Entendimiento entre Panam\u00e1 y Estados Unidos es uno de los ejemplos m\u00e1s recientes de cooperaci\u00f3n migratoria orientada a gestionar flujos irregulares en contextos de movilidad humana masiva. Su implementaci\u00f3n plasma las transformaciones contempor\u00e1neas de la gobernanza migratoria regional y las tensiones existentes entre los objetivos de control fronterizo y la protecci\u00f3n de los derechos humanos.<\/span><\/p>\n

Los hallazgos de esta investigaci\u00f3n muestran que la implementaci\u00f3n del Memorando produjo resultados operativos visibles, en particular en la reducci\u00f3n de los flujos migratorios irregulares registrados en Panam\u00e1. El fortalecimiento de las capacidades institucionales, la ampliaci\u00f3n de los programas de repatriaci\u00f3n, la coordinaci\u00f3n interinstitucional y el apoyo financiero proporcionado por Estados Unidos contribuyeron a consolidar una estrategia de gesti\u00f3n migratoria encauzada a disminuir el tr\u00e1nsito irregular por el Dari\u00e9n. Desde una perspectiva operativa, los resultados permiten afirmar que el acuerdo alcanz\u00f3 parte de los objetivos planteados por sus promotores. Sin embargo, una evaluaci\u00f3n centrada exclusivamente en indicadores de control fronterizo resulta insuficiente para comprender sus implicaciones pol\u00edticas, sociales y humanitarias.<\/span><\/p>\n

La investigaci\u00f3n evidencia que la l\u00f3gica predominante del Memorando responde a un enfoque de securitizaci\u00f3n migratoria. Pese a que el discurso oficial incorpora referencias a la cooperaci\u00f3n, la asistencia humanitaria y el respeto de los derechos humanos, los mecanismos concretos de implementaci\u00f3n se concentraron principalmente en medidas de control territorial, interdicci\u00f3n y retorno. Asimismo, el acuerdo presenta caracter\u00edsticas compatibles con procesos de externalizaci\u00f3n fronteriza, en los cuales los pa\u00edses de tr\u00e1nsito asumen un papel cada vez m\u00e1s relevante en la gesti\u00f3n y contenci\u00f3n de los flujos migratorios por medio de esquemas de cooperaci\u00f3n financiera, t\u00e9cnica y operativa. Si bien esta cooperaci\u00f3n puede fortalecer capacidades institucionales, tambi\u00e9n plantea interrogantes sobre la distribuci\u00f3n de responsabilidades y concerniente a la carga que recae en Estados con recursos limitados para atender fen\u00f3menos migratorios de alcance regional.<\/span><\/p>\n

En efecto, la evidencia analizada permite sostener que la reducci\u00f3n observada de los flujos migratorios estuvo asociada al fortalecimiento de mecanismos de control fronterizo, interdicci\u00f3n y retorno promovidos en el marco del Memorando. Cabe aclarar que no es posible atribuir de manera exclusiva dicha reducci\u00f3n al acuerdo, pero los resultados alcanzados respaldan de modo sustancial la hip\u00f3tesis de que su implementaci\u00f3n respondi\u00f3 predominantemente a una l\u00f3gica securitaria orientada a la contenci\u00f3n territorial de la movilidad irregular.<\/span><\/p>\n

Desde una perspectiva humanitaria, persisten desaf\u00edos significativos relacionados con la protecci\u00f3n de los derechos humanos de las personas migrantes. Las observaciones formuladas por organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y entidades nacionales de derechos humanos muestran que las necesidades de protecci\u00f3n internacional contin\u00faan coexistiendo con pol\u00edticas dirigidas prioritariamente al control migratorio. Esta situaci\u00f3n resulta muy relevante para poblaciones en condici\u00f3n de vulnerabilidad, como ni\u00f1as, ni\u00f1os, mujeres, solicitantes de asilo y v\u00edctimas de violencia, cuya protecci\u00f3n exige respuestas integrales que trasciendan los enfoques exclusivamente securitarios.<\/span><\/p>\n

Por otra parte, la investigaci\u00f3n confirma que el Memorando presenta limitaciones importantes para abordar las causas estructurales de la migraci\u00f3n forzada. Factores como la desigualdad econ\u00f3mica, la exclusi\u00f3n social, la violencia, las crisis pol\u00edticas y el deterioro ambiental contin\u00faan impulsando los desplazamientos humanos en la regi\u00f3n. En consecuencia, aunque las medidas implementadas pueden modificar de forma temporal determinados patrones de movilidad, con dificultad constituyen soluciones sostenibles para un fen\u00f3meno que tiene ra\u00edces profundas en las din\u00e1micas econ\u00f3micas, sociales y geopol\u00edticas del sistema internacional. As\u00ed, los enfoques de justicia global y las visiones cr\u00edticas del Sur global adquieren especial relevancia, al recordar que la migraci\u00f3n forzada no puede entenderse \u00fanicamente como un problema de gesti\u00f3n fronteriza o seguridad estatal, sino como una manifestaci\u00f3n de desigualdades hist\u00f3ricas que requieren respuestas basadas en la corresponsabilidad internacional, la cooperaci\u00f3n para el desarrollo y la protecci\u00f3n efectiva de la dignidad humana.<\/span><\/p>\n

El principal aporte de este estudio consiste en demostrar que la implementaci\u00f3n del Memorando representa simult\u00e1neamente un mecanismo de cooperaci\u00f3n migratoria y una expresi\u00f3n de las tendencias contempor\u00e1neas de securitizaci\u00f3n y externalizaci\u00f3n fronteriza. Esta dualidad explica tanto sus logros operativos como sus limitaciones estructurales. Mientras contribuy\u00f3 a fortalecer las capacidades de control migratorio y a reducir los flujos irregulares en el corto plazo, mostr\u00f3 una capacidad considerablemente m\u00e1s limitada para incidir sobre los factores estructurales que impulsan la movilidad humana forzada.<\/span><\/p>\n

Finalmente, el caso paname\u00f1o ofrece lecciones fundamentales para el debate regional acerca de gobernanza migratoria. La experiencia analizada demuestra que los desaf\u00edos migratorios contempor\u00e1neos con dificultad pueden resolverse a trav\u00e9s de instrumentos centrados en exclusiva en la seguridad o la contenci\u00f3n territorial. La reducci\u00f3n de los flujos migratorios, importante desde el punto de vista operativo, no es por s\u00ed sola un indicador suficiente para evaluar la sostenibilidad de las pol\u00edticas migratorias. La verdadera eficacia de dichos instrumentos depender\u00e1 de su capacidad para articular seguridad, derechos humanos y respuestas a las causas estructurales que fomentan la movilidad humana contempor\u00e1nea. Por tanto, la construcci\u00f3n de respuestas sostenibles precisa avanzar hacia modelos de cooperaci\u00f3n internacional que integren la protecci\u00f3n de los derechos humanos, la protecci\u00f3n internacional, la corresponsabilidad regional y la atenci\u00f3n de los factores estructurales que generan desplazamiento.<\/span><\/p>\n

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\"Licencia<\/a><\/span><\/p>\n<\/div>\n

Este obra est\u00e1 bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional<\/a>.<\/span><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Migraci\u00f3n y Desarrollo, volumen 23, n\u00famero 45, segundo semestre 2025, es una publicaci\u00f3n semestral editada por la Universidad Aut\u00f3noma de Zacatecas \u00abFrancisco Garc\u00eda Salinas\u00bb, a trav\u00e9s de la Unidad Acad\u00e9mica de Estudios del Desarrollo, Jard\u00edn Ju\u00e1rez 147, colonia Centro, Zacatecas,<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-2861","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/estudiosdeldesarrollo.mx\/migracionydesarrollo\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/2861","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/estudiosdeldesarrollo.mx\/migracionydesarrollo\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/estudiosdeldesarrollo.mx\/migracionydesarrollo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/estudiosdeldesarrollo.mx\/migracionydesarrollo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/estudiosdeldesarrollo.mx\/migracionydesarrollo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2861"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/estudiosdeldesarrollo.mx\/migracionydesarrollo\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/2861\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2867,"href":"https:\/\/estudiosdeldesarrollo.mx\/migracionydesarrollo\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/2861\/revisions\/2867"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/estudiosdeldesarrollo.mx\/migracionydesarrollo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2861"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}