{"id":2850,"date":"2026-08-13T20:05:01","date_gmt":"2026-08-13T20:05:01","guid":{"rendered":"https:\/\/estudiosdeldesarrollo.mx\/migracionydesarrollo\/?page_id=2850"},"modified":"2026-08-13T20:05:50","modified_gmt":"2026-08-13T20:05:50","slug":"numero-45-texto-completo-wecn","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/estudiosdeldesarrollo.mx\/migracionydesarrollo\/numero-45-texto-completo-wecn\/","title":{"rendered":"Numero 45 texto completo wecn"},"content":{"rendered":"
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Migraci\u00f3n y Desarrollo<\/em>, volumen 23, n\u00famero 45, segundo semestre 2025<\/strong><\/span>, es una publicaci\u00f3n semestral editada por la Universidad Aut\u00f3noma de Zacatecas \u00abFrancisco Garc\u00eda Salinas\u00bb, a trav\u00e9s de la Unidad Acad\u00e9mica de Estudios del Desarrollo, Jard\u00edn Ju\u00e1rez 147, colonia Centro, Zacatecas, C.P. 98000, Tel. (01492) 922 91 09, www.uaz.edu.mx, www.estudiosdeldesarrollo.net, revistamyd@estudiosdeldesarrollo.net. Editor responsable: Ra\u00fal Delgado Wise. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo V\u00eda Red C\u00f3mputo No. 04-2015-060212200400-203. ISSN: 2448-7783, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de \u00faltima actualizaci\u00f3n: Unidad Acad\u00e9mica de Estudios del Desarrollo, Maximino Gerardo Luna Estrada, Campus Universitario II, avenida Preparatoria s\/n, fraccionamiento Progreso, Zacatecas, C.P. 98065. Fecha de la \u00faltima modificaci\u00f3n, septiembre de 2025.<\/p>\n

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicaci\u00f3n. Queda estrictamente prohibida la reproducci\u00f3n total o parcial de los contenidos e im\u00e1genes de la publicaci\u00f3n sin previa autorizaci\u00f3n de la Universidad Aut\u00f3noma de Zacatecas \u00abFrancisco Garc\u00eda Salinas\u00bb a trav\u00e9s de la Unidad Acad\u00e9mica de Estudios del Desarrollo.<\/p>\n

https:\/\/doi.org\/10.35533\/myd.numero45<\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Fronteras de contenci\u00f3n y violencia estructural: un an\u00e1lisis de la migraci\u00f3n forzada femenina en la Frontera Sur de M\u00e9xico<\/span><\/h2>\n

Border control and structural violence: an analysis of forced migration of women on Mexico’s Southern border<\/span><\/h4>\n

Recibido 06<\/span>\/03<\/span>\/25<\/span> | Aceptado 05<\/span>;\/05<\/span>\/25<\/span><\/span><\/p>\n

Wilson Eduardo Castro Nu\u00f1ez*<\/span><\/h6>\n

*<\/span>Ecuatoriano. Docente investigador, Universidad Nacional Rosario Castellanos. Correo-e: wilsoneduardo18@castellanos.cdmx.gob.mx<\/span><\/p>\n

James Wilson Castro Zambrano**<\/span><\/h6>\n

**<\/span>Ecuatoriano. Docente investigador, City University of Seattle. Correo-e: castrozambranojames@cityuniversity.edu<\/span><\/p>\n

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Resumen. <\/span><\/strong>La din\u00e1mica contempor\u00e1nea del capital transnacional utiliza el control de las fronteras como una v\u00eda directa para devaluar la fuerza de trabajo excedente desde su origen. En ese marco, el r\u00e9gimen migratorio impuesto en la frontera sur de M\u00e9xico durante el bienio 2024-2025 opera a la manera de un sistema de inmovilizaci\u00f3n forzada supeditado a la geopol\u00edtica de contenci\u00f3n estadounidense. La pol\u00edtica del Estado mexicano exhibe una contradicci\u00f3n estructural: sostiene un discurso de protecci\u00f3n humanitaria mientras ejecuta el desgaste administrativo y la militarizaci\u00f3n del territorio. Al confrontar el freno burocr\u00e1tico en la entrega de regularizaciones de libre tr\u00e1nsito con la realidad de la explotaci\u00f3n laboral en Tapachula, Chiapas, queda en evidencia que el llamado \u00abefecto embudo\u00bb no es un fallo log\u00edstico accidental. Se trata de una forma de coerci\u00f3n extraecon\u00f3mica que desploma anticipadamente el valor de cambio de la mano de obra migrante. Este sometimiento golpea con mayor fuerza a las mujeres, quienes se ven forzadas a subsidiar los costos de reproducci\u00f3n del capital local y global mediante su inserci\u00f3n obligada en los m\u00e1rgenes m\u00e1s precarizados de la econom\u00eda informal de la regi\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Palabras clave:\u00a0<\/b><\/span>migraci\u00f3n forzada, frontera, trabajadores migrantes, condici\u00f3n de la mujer, segmentaci\u00f3n del mercado de trabajo, capitalismo en M\u00e9xico.<\/span><\/p>\n

Abstract.\u00a0<\/b><\/span>The contemporary dynamics of transnational capital utilize border control as a direct means to devalue surplus labor at its source. Within this framework, the migratory regime imposed on Mexico\u2019s Southern Border during the 2024-2025 biennium operates as a system of forced immobilization subordinated to US containment geopolitics. Mexican state policy exhibits a structural contradiction: it maintains a discourse of humanitarian protection while executing administrative attrition and territorial militarization. Confronting the bureaucratic gridlock in issuing free-transit clearances with the reality of labor exploitation in Tapachula, Chiapas, makes it clear that the so-called \u00abfunnel effect\u00bb is no accidental logistical failure. It is a form of extra-economic coercion that preemptively collapses the exchange value of migrant labor. This subjugation hits women hardest, forcing them to subsidize the reproduction costs of local and global capital through their forced insertion into the most precarious fringes of the region\u2019s informal economy<\/span><\/p>\n

Keywords:\u00a0<\/b><\/span>forced migration, boundaries, migrant workers, women\u2019s status, labour market segmentation, capitalism in Mexico.<\/p>\n

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Los controles migratorios instalados en la frontera sur de M\u00e9xico durante el bienio reciente no constituyen una reacci\u00f3n fortuita ni una respuesta de emergencia ante crisis humanitarias espont\u00e1neas. En la regi\u00f3n del Soconusco, y de manera cr\u00edtica en el entorno urbano de Tapachula, Chiapas, opera la consolidaci\u00f3n de un r\u00e9gimen de confinamiento territorial que responde a directrices geopol\u00edticas de contenci\u00f3n exteriorizada angloamericana, articuladas por medio de mecanismos de condicionalidad econ\u00f3mica y diplom\u00e1tica. Al asumir de facto<\/span><\/em> las funciones de gendarme fronterizo perif\u00e9rico, el Estado mexicano ha transitado de una gesti\u00f3n de flujos en tr\u00e1nsito, basada en la porosidad selectiva, hacia el despliegue de un espacio-tap\u00f3n de retenci\u00f3n forzada. Analistas como Amarela Varela (2020<\/span>) y Blanca Cordero Mart\u00ednez (2019<\/span>) han apuntado que el objetivo \u00faltimo de esta inmovilizaci\u00f3n inducida no es la supresi\u00f3n absoluta del \u00e9xodo migratorio; por el contrario, el capitalismo contempor\u00e1neo fundamenta parte de su acumulaci\u00f3n global en la producci\u00f3n activa de una precariedad jur\u00eddica y material que deval\u00faa el valor de la fuerza de trabajo mucho antes de que \u00e9sta logre insertarse en los circuitos formales o informales del mercado laboral internacional.<\/span><\/p>\n

Abordar tal panorama desde las premisas de la econom\u00eda neocl\u00e1sica a trav\u00e9s de los modelos tradicionales de atracci\u00f3n y expulsi\u00f3n (<\/span>push-pull<\/em><\/span>) resulta metodol\u00f3gicamente insuficiente y reduccionista. Dichos enfoques atomizan el desplazamiento forzado al presentarlo como un mero c\u00e1lculo racional e individual de costos y beneficios, a la vez que eluden las determinaciones macroecon\u00f3micas y las corresponsabilidades pol\u00edticas estructurales del fen\u00f3meno (Castles, <\/span>2003<\/span>, <\/span>2014<\/span>). Las din\u00e1micas actuales de movilidad en Am\u00e9rica Latina y el Caribe no se derivan de elecciones voluntarias, sino que configuran procesos de migraci\u00f3n forzada originados por la inviabilidad material de la vida en las geograf\u00edas de origen. El desplazamiento masivo es la manifestaci\u00f3n concreta de los procesos globales de acumulaci\u00f3n por desposesi\u00f3n (Harvey, <\/span>2004<\/span>): un avance sist\u00e9mico del capital transnacional que quiebra las econom\u00edas locales de la periferia, privatiza bienes comunes, precariza el empleo y destruye los tejidos sociales tradicionales mediante la violencia extractivista. El movimiento territorial se erige, bajo esas condiciones, como la \u00faltima estrategia de supervivencia biol\u00f3gica y resistencia comunitaria frente al despojo.<\/span><\/span><\/p>\n

Al arribar a la ciudad de Tapachula, los contingentes despose\u00eddos son interceptados por un denso entramado institucional, administrativo y militar dise\u00f1ado para el desgaste sistem\u00e1tico de sus capacidades de autonom\u00eda y organizaci\u00f3n. La ralentizaci\u00f3n deliberada en el procesamiento de expedientes de refugio y la par\u00e1lisis burocr\u00e1tica no delatan una simple ineficiencia operativa o una falta coyuntural de capacidades t\u00e9cnicas por parte de las agencias estatales; representan una tecnolog\u00eda de control gubernamental orientada a la contenci\u00f3n biopol\u00edtica. Este limbo jur\u00eddico prolongado act\u00faa como un filtro de inmovilizaci\u00f3n que, potenciado por los cercos de control territorial de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, erosiona la capacidad de resistencia f\u00edsica, econ\u00f3mica y pol\u00edtica de las personas en movilidad (Torre Cantalapiedra, <\/span>2021<\/span>). Lejos de constituir una disfunci\u00f3n del aparato p\u00fablico, se trata de una gesti\u00f3n calculada del tiempo y del espacio urbano que transforma la geograf\u00eda chiapaneca en una \u00abfrontera vertical\u00bb o una \u00abc\u00e1rcel a cielo abierto\u00bb, donde el confinamiento es el mecanismo primordial de control social (Schindel, <\/span>2019<\/span>).<\/span><\/span><\/p>\n

La violencia de este engranaje fronterizo se ensa\u00f1a con mayor agudeza al encontrarse con la realidad de las mujeres en tr\u00e1nsito. De acuerdo con los aportes de Rojas Wiesner (<\/span>2017<\/span>), la presencia de jefaturas femeninas aut\u00f3nomas al frente de unidades dom\u00e9sticas monoparentales representa un vector estad\u00edstico al alza dentro de los flujos que ingresan por la frontera sur. En ese espacio geogr\u00e1fico las l\u00f3gicas de la acumulaci\u00f3n de capital y los mandatos de la divisi\u00f3n sexual del trabajo convergen de manera org\u00e1nica: se busca descargar los costos de la reproducci\u00f3n social y del cuidado directamente sobre los cuerpos de las trabajadoras, maximizando as\u00ed las tasas de ganancia de las econom\u00edas locales y de las cadenas globales de valor (Federici, <\/span>2013<\/span>). La denegaci\u00f3n sistem\u00e1tica de un estatus legal regular cancela el acceso a cualquier mercado de empleo formal, lo que confina a las mujeres al comercio ambulante de subsistencia, al trabajo del hogar desregulado y a las econom\u00edas sumergidas del tejido urbano de Tapachula. Esta vulnerabilidad estructural no se desprende de una fragilidad intr\u00ednseca de los sujetos femeninos: es una producci\u00f3n institucional planificada por un r\u00e9gimen fronterizo que, como suger\u00eda Henri Lefebvre (<\/span>1974<\/span>) en sus tesis acerca de la producci\u00f3n del espacio, extrae control pol\u00edtico y plusval\u00eda econ\u00f3mica con la segregaci\u00f3n territorial y la inmovilizaci\u00f3n forzada de las personas.<\/span><\/span><\/p>\n

Tapachula y la configuraci\u00f3n del Soconusco <\/span>como geograf\u00eda de la contenci\u00f3n y la inmovilidad forzada<\/span><\/h3>\n

La comprensi\u00f3n de la frontera sur de M\u00e9xico, y en espec\u00edfico de la regi\u00f3n del Soconusco, exige desmantelar la narrativa oficial que la reduce a un l\u00edmite geopol\u00edtico perif\u00e9rico o a una l\u00ednea de demarcaci\u00f3n soberana convencional. Hist\u00f3ricamente, como ha documentado Rojas Wiesner (2017<\/span>), este espacio geogr\u00e1fico ha operado bajo las l\u00f3gicas del desarrollo geogr\u00e1fico desigual, al fungir como un enclave agr\u00edcola y extractivo donde la porosidad fronteriza estaba regulada por las demandas de mano de obra barata y desprotegida para las fincas cafetaleras y plataneras. Sin embargo, en el escenario contempor\u00e1neo, el Soconusco ha experimentado una mutaci\u00f3n funcional estrat\u00e9gica. La presi\u00f3n ejercida por la agenda de seguridad nacional de Estados Unidos ha reconfigurado el territorio: lo ha transformado de un corredor de tr\u00e1nsito transnacional en un denso espacio-tap\u00f3n o \u00abcolch\u00f3n geopol\u00edtico\u00bb de retenci\u00f3n forzada, cuya capital operativa es la ciudad de Tapachula.<\/span><\/p>\n

Esta metamorfosis no implica la clausura herm\u00e9tica de las fronteras, sino la instauraci\u00f3n de un r\u00e9gimen que Amarela Varela (<\/span>2020<\/span>) define como de \u00abporosidad filtrada\u00bb o \u00abilegalidad selectiva\u00bb. En ese modelo, el espacio regional se organiza a trav\u00e9s de una arquitectura de contenci\u00f3n que combina el despliegue militarizado en los puntos de cruce formales e informales del r\u00edo Suchiate con una densa red de puestos de control migratorio distribuidos a lo largo de las rutas carreteras troncales de Chiapas. En consecuencia, Tapachula se convierte en el epicentro de un embudo geogr\u00e1fico. Las personas en movilidad humana logran ingresar al territorio nacional, pero se topan con la imposibilidad material de abandonarlo y continuar hacia el norte debido a los cercos conc\u00e9ntricos de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migraci\u00f3n (INM). Dicha fijeza espacial forzada redefine la experiencia urbana de la ciudad, al convertir el entorno p\u00fablico en un dispositivo de confinamiento que fragmenta los lazos comunitarios y erosiona los recursos econ\u00f3micos de los migrantes mediante el desgaste temporal.<\/span><\/span><\/p>\n

La producci\u00f3n del territorio fronterizo responde a una necesidad estructural del capital contempor\u00e1neo que se despliega en la escala local. Al congelar el movimiento de miles de personas en una condici\u00f3n de irregularidad jur\u00eddica prolongada, el aparato estatal no prioriza la expulsi\u00f3n inmediata, sino la dosificaci\u00f3n y precarizaci\u00f3n de la poblaci\u00f3n en tr\u00e1nsito. Los sujetos confinados en Tapachula quedan suspendidos en una zona de desprotecci\u00f3n civil m\u00ednima que deval\u00faa de manera anticipada su fuerza laboral. De este modo, la periferia urbana chiapaneca opera como un espacio de experimentaci\u00f3n y precarizaci\u00f3n que subsidia directamente a los sectores locales de servicios, construcci\u00f3n y agricultura regional, nichos econ\u00f3micos que absorben este excedente demogr\u00e1fico al interior de din\u00e1micas de superexplotaci\u00f3n laboral y absoluta carencia de seguridad social.<\/span><\/p>\n

Lejos de ser una periferia exterior o un l\u00edmite pasivo, el Soconusco se consolida como un dispositivo interno de estratificaci\u00f3n socioecon\u00f3mica. La inmovilidad inducida no s\u00f3lo fragmenta las trayectorias geogr\u00e1ficas del \u00e9xodo, sino que neutraliza su potencial de impugnaci\u00f3n pol\u00edtica. Al verse obligados a concentrar la totalidad de sus energ\u00edas en resolver la subsistencia material diaria dentro de un entorno urbano encarecido por el propio confinamiento, los colectivos migrantes experimentan un disciplinamiento que es tanto corporal como espacial. El engranaje de la frontera sur mexicana funciona precisamente gracias a esa articulaci\u00f3n: un espacio donde el control de la movilidad y la extracci\u00f3n de valor econ\u00f3mico se cohesionan por medio de la retenci\u00f3n forzada de las poblaciones despose\u00eddas.<\/span><\/p>\n

Mecanismos institucionales de la inmovilidad\u00a0<\/span>forzada territorial en el Soconusco<\/span><\/h3>\n

El viraje del Soconusco hacia un espacio de retenci\u00f3n, precarizaci\u00f3n y desgaste corporal durante el bienio reciente exige desglosar los mecanismos administrativos espec\u00edficos a trav\u00e9s de los cuales el aparato estatal materializa la fijeza espacial, adem\u00e1s de transformar los procedimientos de protecci\u00f3n internacional en dispositivos de control y contenci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Esta reconfiguraci\u00f3n opera de manera primordial mediante la instrumentalizaci\u00f3n del laberinto burocr\u00e1tico local. En el entorno urbano de Tapachula, la contenci\u00f3n no requiere necesariamente del confinamiento carcelario continuo; se ejecuta de forma refinada debido a la producci\u00f3n estrat\u00e9gica de un limbo jur\u00eddico prolongado. Dicho dispositivo se articula con el desacoplamiento procedimental deliberado entre la Comisi\u00f3n Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y el INM. Al emitir constancias de solicitud que protegen formalmente contra la devoluci\u00f3n, pero restringen legalmente el tr\u00e1nsito fuera de los l\u00edmites del estado de Chiapas, las instituciones crean una categor\u00eda de sujetos suspendidos en el tiempo. El retraso sistem\u00e1tico y la opacidad en la resoluci\u00f3n de los expedientes funcionan como tecnolog\u00edas operativas que agotan los recursos econ\u00f3micos y la resistencia f\u00edsica de las personas en movilidad.<\/span><\/p>\n

Al congelar a miles de personas en una condici\u00f3n de irregularidad tolerable o de estatus migratorio devaluado, el r\u00e9gimen fronterizo produce activamente una masa laboral despose\u00edda de derechos m\u00ednimos en la escala regional. Al no poder avanzar hacia el norte por los cercos conc\u00e9ntricos de las Fuerzas Armadas, ni poder insertarse con legalidad en el mercado formal del resto del pa\u00eds, los sujetos se ven compelidos a aceptar condiciones de precarizaci\u00f3n en los sectores de servicios, la construcci\u00f3n y el comercio informal de Tapachula. La inmovilizaci\u00f3n forzada funciona, de ese modo, como un filtro que abarata la fuerza de trabajo a escala local.<\/span><\/p>\n

En el nivel espacial, el entorno urbano de Tapachula se reconfigura para albergar y reproducir esta segregaci\u00f3n. La dispersi\u00f3n intencionada de los centros de atenci\u00f3n humanitaria y burocr\u00e1tica hacia las periferias desprovistas de infraestructura, sumada a la digitalizaci\u00f3n forzada de los procesos de cita, que asume una conectividad tecnol\u00f3gica y posesi\u00f3n de dispositivos m\u00f3viles de los que carecen las poblaciones m\u00e1s vulnerables, traza una geograf\u00eda de la exclusi\u00f3n. El confinamiento territorial se consolida entonces como un fen\u00f3meno multidimensional: el espacio p\u00fablico se satura y se encarece, lo que obliga a los migrantes a librar una batalla diaria por la subsistencia habitacional y material b\u00e1sica, mientras el Estado externaliza los costos de la contenci\u00f3n a causa del desgaste de las poblaciones despose\u00eddas.<\/span><\/p>\n

La externalizaci\u00f3n de las fronteras\u00a0<\/span><\/span>como estrategia global de contenci\u00f3n<\/span><\/h3>\n

La mutaci\u00f3n del r\u00e9gimen fronterizo en el Soconusco no responde a din\u00e1micas aisladas de la soberan\u00eda mexicana; se inscribe, m\u00e1s bien, en el despliegue global de externalizaci\u00f3n fronteriza orquestado por los centros de acumulaci\u00f3n del capitalismo transnacional. Como advirtiera Stephen Castles (2003<\/span>), este fen\u00f3meno opera como una estrategia geopol\u00edtica mediante la cual las potencias del Norte global, en particular Estados Unidos, proyectan sus infraestructuras de seguridad y dispositivos de control hacia geograf\u00edas perif\u00e9ricas o rutas de tr\u00e1nsito intermedio. Debido a ese desplazamiento, las demarcaciones nacionales dejan de ser l\u00edneas geogr\u00e1ficas est\u00e1ticas para mutar en redes m\u00f3viles, deslocalizadas y biopol\u00edticas de retenci\u00f3n. Al asimilar las directrices migratorias de car\u00e1cter bilateral durante el ciclo 2024<\/span>–2025<\/span>, el Estado mexicano ha terminado por consolidar un papel de \u00abtercer pa\u00eds de facto<\/span><\/em>\u00bb, lo que ha configurado un espacio-tap\u00f3n que absorbe los costos sociales y humanitarios del \u00e9xodo mucho antes de que \u00e9ste se aproxime a la frontera norte (Varela, 2020<\/span>).<\/span><\/p>\n

Esta descentralizaci\u00f3n de los mecanismos de control estadounidenses se concreta en la frontera sur a consecuencia de una arquitectura de seguridad multidimensional. Dicho entramado amalgama la coerci\u00f3n diplom\u00e1tica con la asimilaci\u00f3n tecnol\u00f3gica y presupuestaria, lo que modifica los marcos regulatorios locales para adecuarlos a las prioridades de Washington. En ese escenario, la noci\u00f3n misma de \u00abtr\u00e1nsito\u00bb sufre una anulaci\u00f3n f\u00e1ctica. Como documenta la literatura sociol\u00f3gica de la regi\u00f3n, el territorio ya no es un espacio de paso, sino un laboratorio difuso de confinamiento donde las trayectorias humanas son sometidas a un desgaste programado que busca neutralizar y desarticular el avance del flujo (Mart\u00ednez, <\/span>2019<\/span>).<\/span><\/span><\/p>\n

En el plano operativo chiapaneco, tal l\u00f3gica se traduce en la incorporaci\u00f3n de la Guardia Nacional y agentes del inm como los principales ejecutores de las tareas de interceptaci\u00f3n en las v\u00edas de comunicaci\u00f3n estrat\u00e9gicas del Soconusco. El empleo de contingentes militares respaldados por el cobijo discursivo de la seguridad nacional y la soberan\u00eda territorial funciona, en t\u00e9rminos reales, como el brazo operativo de la contenci\u00f3n exteriorizada (Torre Cantalapiedra, <\/span>2021<\/span>). Los retenes y puestos de control distribuidos en la red vial troncal de Chiapas act\u00faan como filtros conc\u00e9ntricos de inmovilizaci\u00f3n. Estos cercos espaciales bloquean la salida de los colectivos migrantes de la periferia chiapaneca, forz\u00e1ndolos a un retorno c\u00edclico hacia Tapachula o impuls\u00e1ndolos hacia rutas clandestinas de alta peligrosidad, lo que eleva dr\u00e1sticamente su exposici\u00f3n ante las redes criminales y las din\u00e1micas de extorsi\u00f3n institucional.<\/span><\/span><\/p>\n

Desde las coordenadas de la econom\u00eda pol\u00edtica cr\u00edtica, la externalizaci\u00f3n fronteriza se revela como un engranaje global dise\u00f1ado para el disciplinamiento y la estratificaci\u00f3n sociolaboral. Al fragmentar los trayectos y forzar el asilamiento en regiones precarizadas, el r\u00e9gimen de control priva a los sujetos de derechos pol\u00edticos fundamentales, lo que deprime de forma autom\u00e1tica el valor de cambio de su fuerza de trabajo (Harvey, <\/span>2004<\/span>). El prop\u00f3sito \u00faltimo de la externalizaci\u00f3n no es el sellado herm\u00e9tico del territorio, un imperativo que resultar\u00eda disfuncional e inviable para las necesidades del capital, sino la regulaci\u00f3n precarizadora y selectiva de las poblaciones excedentes. La violencia estructural del modelo estriba en su capacidad para transferir los costos de reproducci\u00f3n social del migrante hacia la periferia, al tiempo que convierte los espacios fronterizos del Sur global en zonas de explotaci\u00f3n y sujeci\u00f3n corporal subordinadas a las cadenas globales de valor (Lefebvre, <\/span>1974<\/span>).<\/span><\/span><\/p>\n

Precarizaci\u00f3n laboral y explotaci\u00f3n econ\u00f3mica\u00a0<\/span><\/span>de las poblaciones migrantes<\/span><\/h3>\n

Esta inserci\u00f3n precarizada se organiza por medio de una evidente segmentaci\u00f3n \u00e9tnica y nacional del mercado laboral local. En el entorno urbano de Tapachula y sus periferias agr\u00edcolas, los sectores de la construcci\u00f3n y los servicios de menor cualificaci\u00f3n absorben de forma masiva la mano de obra masculina originaria de Centroam\u00e9rica, Venezuela y Hait\u00ed. Al encontrarse desprovistos de contratos formales y bajo la coacci\u00f3n latente de la denuncia o la deportaci\u00f3n, los trabajadores perciben remuneraciones que se ubican sistem\u00e1ticamente por debajo del salario m\u00ednimo legal, aparte de cumplir jornadas extendidas que transgreden la normativa laboral mexicana. En efecto, la ilegalidad impuesta por el propio aparato estatal funciona en la pr\u00e1ctica como una subvenci\u00f3n indirecta para el capital local. Esta din\u00e1mica reduce los costos de producci\u00f3n y maximiza los m\u00e1rgenes de ganancia de las empresas de la regi\u00f3n a expensas de las condiciones de vida m\u00e1s elementales de las personas migrantes, pues reproduce los patrones de subordinaci\u00f3n analizados por Amarela Varela (2020<\/span>).<\/span><\/p>\n

La econom\u00eda informal de subsistencia en el espacio p\u00fablico urbano emerge como la \u00fanica alternativa de refugio material frente a la exclusi\u00f3n total. Las calles c\u00e9ntricas de Tapachula evidencian una saturaci\u00f3n de micromercados callejeros donde los colectivos migrantes recurren al comercio ambulante de alimentos, la prestaci\u00f3n de servicios est\u00e9ticos o el jornal informal. Esta ocupaci\u00f3n del espacio p\u00fablico provoca fricciones con las c\u00e1maras de comercio y las administraciones municipales, las cuales instrumentalizan los reglamentos locales para criminalizar el ambulantaje. Dichas acciones a\u00f1aden capas de violencia y extorsi\u00f3n econ\u00f3mica al escenario diario, un fen\u00f3meno que coincide con las geograf\u00edas de exclusi\u00f3n estudiadas por Estela Schindel (<\/span>2019<\/span>). Lejos de constituir un nicho de autonom\u00eda financiera, el sector informal representa una estrategia l\u00edmite en la que los sujetos asumen los costos totales de su reproducci\u00f3n social en una extrema vulnerabilidad habitacional y alimentaria.<\/span><\/span><\/p>\n

Desde las coordenadas de la econom\u00eda pol\u00edtica, el Soconusco actualiza su funci\u00f3n hist\u00f3rica como enclave de mano de obra barata, adapt\u00e1ndose a las demandas del capitalismo global contempor\u00e1neo. Como explica Stephen Castles (<\/span>2014<\/span>), la contenci\u00f3n migratoria no destruye el flujo laboral, sino que lo disciplina y lo precariza antes de que \u00e9ste pueda dispersarse hacia los centros industriales del centro y norte de M\u00e9xico, o bien hacia Estados Unidos. El desgaste corporal y mental que sufren las poblaciones en ese laboratorio de precarizaci\u00f3n cumple un papel estructural: habituar a los cuerpos a la desprotecci\u00f3n y a la intermitencia laboral. La superexplotaci\u00f3n en la frontera sur demuestra que las tecnolog\u00edas de control migratorio y las din\u00e1micas de acumulaci\u00f3n forman una alianza indisoluble, en la que el espacio de confinamiento es, tal como advert\u00eda Henri Lefebvre (<\/span>1974<\/span>), el escenario primordial para la degradaci\u00f3n del valor de la fuerza de trabajo excedente.<\/span><\/span><\/p>\n

La dimensi\u00f3n cuantitativa del colapso institucional\u00a0<\/span><\/span>y la infraestructura del desgaste<\/span><\/h3>\n

Para comprender la magnitud de la violencia burocr\u00e1tica que constri\u00f1e a las poblaciones en movilidad en la frontera sur, es indispensable examinar la dimensi\u00f3n cuantitativa del colapso y el desajuste institucional deliberado entre las agencias del Estado encargadas de la gesti\u00f3n migratoria. Las estad\u00edsticas consolidadas por la Comar y el INM durante el bienio reciente no reflejan una simple saturaci\u00f3n imprevista del sistema de asilo, sino el resultado material de una pol\u00edtica de desfinanciamiento y congelamiento de capacidades operativas orientada a la contenci\u00f3n por desgaste. El incremento exponencial en el volumen de solicitudes contrasta abiertamente con la reducci\u00f3n de personal t\u00e9cnico y el endurecimiento de los criterios de elegibilidad, lo que genera un cuello de botella estad\u00edstico que se traduce directamente en meses de confinamiento forzado para los solicitantes en el entorno urbano de Tapachula (Torre Cantalapiedra, <\/span>2021<\/span>).<\/span><\/span><\/p>\n

La correlaci\u00f3n de variables plasmada en la gr\u00e1fica <\/span>1<\/span> expone un quiebre estructural en la administraci\u00f3n migratoria regional que contradice los discursos oficiales sobre ineficiencias log\u00edsticas circunstanciales. El flujo de peticiones de reconocimiento de la condici\u00f3n de refugiado muestra un incremento sostenido que alcanza su punto m\u00e1s \u00e1lgido al finalizar el ciclo <\/span>2025<\/span>, ya que registra un volumen hist\u00f3rico de <\/span>92<\/span> mil expedientes acumulados en la regi\u00f3n del Soconusco. En contraste, la capacidad de respuesta legal del INM experimenta una contracci\u00f3n paralela, con la reducci\u00f3n de la expedici\u00f3n de tarjetas de visitante por razones humanitarias a un exiguo <\/span>10<\/span>.<\/span>9<\/span>% en el mismo intervalo. Esta divergencia gr\u00e1fica objetiva el funcionamiento del confinamiento fronterizo: el Estado aprovecha la infraestructura de recepci\u00f3n de la Comar para censar y adscribir territorialmente a la poblaci\u00f3n en movilidad, mientras bloquea su salida del per\u00edmetro mediante la restricci\u00f3n sistem\u00e1tica de las visas humanitarias que permitir\u00edan el tr\u00e1nsito regular hacia el interior del territorio nacional. Por tanto, la temporalidad de los procesos administrativos se constituye como una estrategia de inmovilizaci\u00f3n no declarada, lo que configura un espacio de exclusi\u00f3n jur\u00eddica que precede a las vulnerabilidades de g\u00e9nero.<\/span><\/span><\/p>\n

Gr\u00e1fica 1
\n<\/span><\/span>Tendencia inversa: solicitudes Comar versus<\/span> cobertura de la Tarjeta de Visitante\u00a0<\/span><\/span>por Razones Humanitarias (TVRH), otorgada por el INM (2024<\/span>–2025<\/span>)<\/span><\/h4>\n

\"\"<\/p>\n

Nota: relaci\u00f3n contrapuesta entre el volumen de solicitudes de asilo registradas y la emisi\u00f3n efectiva de tarjetas de visitante por razones humanitarias.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

Fuente: elaboraci\u00f3n propia con base en registros estad\u00edsticos oficiales de la Comar\u00a0<\/span><\/span>y de la Unidad de Pol\u00edtica Migratoria.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

Este desajuste cuantitativo se manifiesta de manera cr\u00edtica en la brecha hist\u00f3rica entre el n\u00famero de constancias de solicitud emitidas y la cantidad de resoluciones definitivas dictaminadas en las oficinas de la delegaci\u00f3n Chiapas. El retraso deliberado en el procesamiento de los expedientes funciona como un mecanismo de filtrado demogr\u00e1fico: al prolongar los tiempos de resoluci\u00f3n m\u00e1s all\u00e1 de los plazos legales establecidos, el aparato institucional empuja a una parte considerable de los solicitantes a abandonar el tr\u00e1mite y optar por la clandestinidad o el retorno forzado, cumpliendo as\u00ed el objetivo geopol\u00edtico latente de disuasi\u00f3n migratoria (Mart\u00ednez, <\/span>2019<\/span>). Las cifras del colapso institucional son, por consiguiente, la representaci\u00f3n num\u00e9rica de una tecnolog\u00eda de control gubernamental que utiliza el tiempo y la espera administrativa como herramientas de disciplinamiento y desgaste de los cuerpos (Varela, <\/span>2020<\/span>).<\/span><\/span><\/p>\n

La infraestructura f\u00edsica donde se gestiona este volumen de poblaci\u00f3n en Tapachula materializa la violencia de las m\u00e9tricas institucionales. La concentraci\u00f3n masiva de personas en las afueras de los centros de registro, bajo condiciones clim\u00e1ticas extremas y sin acceso a servicios sanitarios o de hidrataci\u00f3n m\u00ednimos, precariza la vida cotidiana de los sujetos mucho antes de que se inicie formalmente su proceso de evaluaci\u00f3n legal. Dicha espacialidad del desastre burocr\u00e1tico no constituye un error de planeaci\u00f3n log\u00edstica, sino un dispositivo de visibilizaci\u00f3n e intimidaci\u00f3n que estigmatiza a la poblaci\u00f3n migrante frente a la sociedad receptora, lo que alimenta narrativas locales de invasi\u00f3n y saturaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos que justifican el despliegue de medidas excepcionales de control militar (Schindel, <\/span>2019<\/span>).<\/span><\/span><\/p>\n

En t\u00e9rminos de econom\u00eda pol\u00edtica del espacio, la cuantificaci\u00f3n de la par\u00e1lisis administrativa en el Soconusco demuestra c\u00f3mo el Estado administra la irregularidad jur\u00eddica para mantener un <\/span>stock<\/span><\/em> flotante de mano de obra desprotegida (Harvey, <\/span>2004<\/span>). El colapso num\u00e9rico es el correlato institucional de la producci\u00f3n de un espacio de confinamiento donde la devaluaci\u00f3n de la fuerza de trabajo migrante se legaliza y se normaliza a trav\u00e9s de la inacci\u00f3n estatal. De ese modo, la gesti\u00f3n de las cifras migratorias y la geograf\u00eda de la espera administrativa se cohesionan en un engranaje sist\u00e9mico que asegura la inmovilidad forzada de las poblaciones excedentes en la frontera sur mexicana y subordina sus trayectorias vitales a las demandas de contenci\u00f3n externalizada del capital internacional (Lefebvre, <\/span>1974<\/span>).<\/span><\/span><\/p>\n

G\u00e9nero situado, interseccionalidad y las econom\u00edas\u00a0<\/span><\/span>del cuidado en el confinamiento<\/span><\/h3>\n

El dispositivo de inmovilizaci\u00f3n forzada y desgaste burocr\u00e1tico en el Soconusco no impacta de forma homog\u00e9nea; se ensa\u00f1a con una crueldad diferencial sobre las mujeres migrantes. De acuerdo con los aportes de Ochy Curiel (<\/span>2014<\/span>), la interseccionalidad, el g\u00e9nero, la etnicidad y la clase no operan como simples etiquetas identitarias, sino como una matriz de opresiones co-constitutivas que anulan la condici\u00f3n de sujeto. En Tapachula, la par\u00e1lisis administrativa es el acelerador de esta matriz. Al despojar a las mujeres de reconocimiento jur\u00eddico, el aparato estatal las arroja a lo que Saskia Sassen (<\/span>2003<\/span>) denomina \u00abcircuitos globales de la feminizaci\u00f3n de la supervivencia\u00bb. En ese espacio, el costo material del cuidado y la reproducci\u00f3n biol\u00f3gica de las familias en tr\u00e1nsito es transferido y absorbido por los cuerpos femeninos en condiciones de absoluto desamparo.<\/span><\/span><\/p>\n

Tal din\u00e1mica adquiere matices descarnados al analizar la cotidianidad del confinamiento urbano a la luz de lo manifestado por Rita Segato (<\/span>2006<\/span>) concerniente a la pedagog\u00eda de la crueldad. En contextos de excepci\u00f3n jur\u00eddica, el cuerpo de las mujeres deviene en un lienzo en el que las agencias estatales y los poderes <\/span>de facto<\/span><\/em> locales inscriben sus soberan\u00edas punitivas. En Tapachula, donde las mujeres encabezan cerca de <\/span>40<\/span>% de las familias monoparentales de origen haitiano, venezolano y centroamericano que solicitan asilo, el asedio es multidimensional. La dilaci\u00f3n deliberada de la Comar y el acoso del INM las privan de seguridad p\u00fablica. Esta indefensi\u00f3n estructural es capitalizada por el entorno local a trav\u00e9s de cobros de alquiler sobrevaluados por razones \u00e9tnicas, extorsiones en las inmediaciones de las oficinas migratorias y redes informales que mercantilizan el acceso al agua y el resguardo habitacional.<\/span><\/span><\/p>\n

Con el prop\u00f3sito de visibilizar el modo en que estas matrices de exclusi\u00f3n jur\u00eddica y precarizaci\u00f3n econ\u00f3mica se inscriben de manera diferencial sobre las corporalidades femeninas, es indispensable examinar la composici\u00f3n sociodemogr\u00e1fica de las unidades dom\u00e9sticas atrapadas en el nudo fronterizo de Tapachula.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

La desagregaci\u00f3n de las variables cuantitativas expuestas en la gr\u00e1fica <\/span>2<\/span> deconstruye la noci\u00f3n de una masa migratoria indiferenciada, desvelando c\u00f3mo la inmovilizaci\u00f3n forzada opera por medio de una estratificaci\u00f3n demogr\u00e1fica que intercepta la procedencia geogr\u00e1fica con las cargas del cuidado familiar. El marcado predominio de unidades dom\u00e9sticas con jefatura femenina de origen haitiano (<\/span>42<\/span>.<\/span>5<\/span>%), aunado a un \u00edndice elevado de dependientes menores de edad (<\/span>3<\/span>.<\/span>2<\/span>) y a los periodos m\u00e1s prolongados de confinamiento urbano (<\/span>6<\/span>.<\/span>4<\/span> meses), revela una vulnerabilidad diferencial que se agudiza por la barrera idiom\u00e1tica y los procesos hist\u00f3ricos de radicalizaci\u00f3n en el Soconusco. La dilaci\u00f3n temporal del estancamiento burocr\u00e1tico, extensible a los hogares venezolanos (<\/span>28<\/span>.<\/span>1<\/span>%) y hondure\u00f1os (<\/span>16<\/span>.<\/span>4<\/span>%), tensiona de inmediato las estrategias de supervivencia urbana. Al verse privadas de movilidad territorial leg\u00edtima, estas mujeres se ven compelidas a gestionar la reproducci\u00f3n biol\u00f3gica de sus n\u00facleos mediante una inserci\u00f3n precarizada en los mercados informales locales, los cuales instrumentalizan su desprotecci\u00f3n documental para devaluar su fuerza de trabajo y sobrefacturar el acceso b\u00e1sico al espacio habitacional.<\/span><\/span><\/p>\n

Gr\u00e1fica 2<\/span>
\n<\/span><\/span>Composici\u00f3n demogr\u00e1fica de hogares monoparentales con jefatura femenina\u00a0<\/span><\/span>solicitantes de asilo en Tapachula (ciclo 2024<\/span>–2025<\/span>)<\/span><\/h4>\n

\"\"<\/p>\n

Nota. Datos estad\u00edsticos recopilados a partir de los registros de atenci\u00f3n humanitaria y censos internos\u00a0 <\/span>de organizaciones de la sociedad civil en la regi\u00f3n fronteriza del Soconusco.<\/span><\/p>\n

El confinamiento act\u00faa como una maquinaria de desposesi\u00f3n que fractura las redes de apoyo econ\u00f3mico de las mujeres. Obligadas a costear habitaciones sobrepobladas en colonias perif\u00e9ricas como Las Am\u00e9ricas o Cafetales, la urgencia diaria de proveer sustento transforma la espera administrativa en un proceso de domesticaci\u00f3n laboral. Aqu\u00ed encaja el an\u00e1lisis de Sayak Valencia (<\/span>2010<\/span>) en cuanto a las derivaciones criminales del capitalismo en las fronteras. La vulnerabilidad institucional producida por las trabas del INM predispone a las mujeres a aceptar una inserci\u00f3n subordinada en los nichos m\u00e1s degradados del Soconusco. As\u00ed, se ven coaccionadas a nutrir el trabajo dom\u00e9stico no regulado, los servicios de limpieza en el sector hotelero local y las redes de explotaci\u00f3n sexual toleradas en las periferias urbanas.<\/span><\/span><\/p>\n

La superexplotaci\u00f3n de la fuerza de trabajo femenina no es una anomal\u00eda marginal de la frontera; es un pilar central para contener los costos de reproducci\u00f3n de la mano de obra regional. Al carecer de contratos, salarios m\u00ednimos o seguridad social, estas trabajadoras proveen servicios esenciales que subsidian el metabolismo econ\u00f3mico del Soconusco. La praxis estatal del doble rasero cumple aqu\u00ed su cometido m\u00e1s perverso. Mientras las agencias gubernamentales simulan la implementaci\u00f3n de protocolos con perspectiva de g\u00e9nero, los mecanismos f\u00e1cticos de control aseguran el confinamiento forzado de miles de mujeres, lo que desgasta su autonom\u00eda hasta convertirlas en una fuerza de trabajo precarizada y disponible para las demandas del capital global.<\/span><\/p>\n

Laberinto jur\u00eddico como coerci\u00f3n extraecon\u00f3mica\u00a0<\/span><\/span>y su contraste regional<\/span><\/h3>\n

El andamiaje legal que regula la movilidad humana en la frontera sur de M\u00e9xico opera como un sofisticado dispositivo de coerci\u00f3n extraecon\u00f3mica que trasciende la violencia f\u00edsica directa. Dentro de las formulaciones cl\u00e1sicas de la econom\u00eda pol\u00edtica, la coerci\u00f3n extraecon\u00f3mica define aquellos mecanismos de dominaci\u00f3n pol\u00edticos, jur\u00eddicos o ideol\u00f3gicos que el Estado echa a andar para subordinar a los sujetos al proceso de explotaci\u00f3n laboral sin necesidad de emplear \u00fanicamente la fuerza de las armas. En el escenario de Tapachula, este dispositivo se materializa en un entramado de tr\u00e1mites contradictorios, plazos indeterminados y dilaciones sistem\u00e1ticas que la poblaci\u00f3n en movilidad denomina el \u00ablaberinto burocr\u00e1tico\u00bb. La ley de migraci\u00f3n y los protocolos de asilo, lejos de funcionar como instrumentos de protecci\u00f3n o regularizaci\u00f3n soberana, son instrumentalizados como tecnolog\u00edas de inmovilizaci\u00f3n inducida que desgastan la autonom\u00eda de los sujetos (Mart\u00ednez, <\/span>2019<\/span>).<\/span><\/span><\/p>\n

Este laberinto jur\u00eddico se sostiene sobre una paradoja normativa deliberada. Por un lado, la legislaci\u00f3n nacional reconoce formalmente el derecho universal a solicitar la condici\u00f3n de refugiado; por el otro, los mecanismos operativos de la Comar y el INM imponen restricciones geogr\u00e1ficas que proh\u00edben expl\u00edcitamente a los solicitantes abandonar el estado de Chiapas bajo amenaza de perder su estatus legal o sufrir una detenci\u00f3n migratoria. Tal adscripci\u00f3n territorial forzada rompe el principio de libre tr\u00e1nsito y despoja al documento administrativo de su valor de amparo legal real. El papel que certifica el inicio del tr\u00e1mite no otorga certezas del porvenir, sino que funciona como una cadena jur\u00eddica que ancla a los cuerpos a un per\u00edmetro geogr\u00e1fico devaluado, lo que los obliga a consumir sus escasos recursos econ\u00f3micos y los fuerzan a aceptar la inserci\u00f3n laboral precarizada descrita en los apartados previos (Varela, <\/span>2020<\/span>).<\/span><\/span><\/p>\n

El contraste regional del fen\u00f3meno demuestra que la par\u00e1lisis administrativa en Tapachula no responde a una incapacidad t\u00e9cnica del Estado, sino a una estrategia geopol\u00edtica de externalizaci\u00f3n de fronteras coordinada con las demandas de contenci\u00f3n del Norte global. Mientras que en las oficinas migratorias del centro y norte del pa\u00eds los procesos de regularizaci\u00f3n y tr\u00e1nsito fluyen con relativa flexibilidad para abastecer de mano de obra a los enclaves industriales, en el Soconusco se edifica un dique burocr\u00e1tico infranqueable. La asimetr\u00eda en los tiempos de respuesta y en las tasas de aprobaci\u00f3n de visas humanitarias entre las distintas delegaciones del INM evidencia que la frontera sur funciona como un filtro demogr\u00e1fico y biopol\u00edtico. El laberinto jur\u00eddico es, por consiguiente, el engranaje normativo que legaliza el desamparo estructural, transformando el derecho al asilo en un proceso punitivo de desgaste corporal y disciplinamiento laboral (Torre Cantalapiedra, <\/span>2021<\/span>).<\/span><\/span><\/p>\n

Condiciones de habitabilidad, precarizaci\u00f3n espacial\u00a0<\/span><\/span>y segregaci\u00f3n urbana en Tapachula<\/span><\/h3>\n

La inmovilidad forzada de las poblaciones en movilidad reconfigura los mercados laborales del Soconusco al tiempo que fractura la estructura urbana de Tapachula y consolida geograf\u00edas de exclusi\u00f3n y segregaci\u00f3n residencial cruda. En la \u00f3ptica de David Harvey (2004<\/span>) concerniente a la producci\u00f3n espacial del capitalismo tard\u00edo, el confinamiento fronterizo toma forma material a causa de divisiones f\u00edsicas que empujan a los sujetos despose\u00eddos hacia entornos residenciales hipergradados, desprovistos de servicios m\u00ednimos. La vivienda deja de operar como un espacio de resguardo o dignidad biol\u00f3gica para convertirse en un nodo de extracci\u00f3n econ\u00f3mica pura, donde confluyen la especulaci\u00f3n inmobiliaria nativa y el desamparo jur\u00eddico que instrumenta el Estado. Esta precariedad habitacional extrema es el reflejo f\u00edsico del desgaste cotidiano ejercido sobre los cuerpos migrantes a lo largo de la espera administrativa.<\/span><\/p>\n

El mapa de esta segregaci\u00f3n se dibuja con claridad en la periferia urbana y las calles deterioradas del centro hist\u00f3rico, zonas que concentran un <\/span>stock<\/span><\/em> inmobiliario degradado, pero altamente rentable a costa de las familias en tr\u00e1nsito. Arrendadores locales aprovechan la falta de contratos formales y el temor a la deportaci\u00f3n para imponer din\u00e1micas de subarriendo abusivo, que hacinan a m\u00faltiples n\u00facleos familiares en cuartos \u00fanicos carentes de ventilaci\u00f3n o sanitarios independientes. Dicha mercantilizaci\u00f3n del desamparo, conceptualizada por Saskia Sassen (<\/span>2003<\/span>) como parte de las microgeograf\u00edas de la globalizaci\u00f3n, transfiere el costo de la crisis humanitaria directo a los bolsillos de los migrantes y devora hasta <\/span>70<\/span>% de los ingresos obtenidos en la informalidad.<\/span><\/span><\/p>\n

Esta realidad habitacional se enlaza de forma directa con un acceso nulo a las redes de infraestructura p\u00fablica y una exposici\u00f3n constante a la degradaci\u00f3n ambiental. Los barrios con mayor densidad migratoria cargan con deficiencias cr\u00f3nicas de agua potable, nula recolecci\u00f3n de basura y falta de alumbrado, circunstancias que detonan brotes epidemiol\u00f3gicos, infecciones d\u00e9rmicas y padecimientos gastrointestinales que ensa\u00f1an su impacto en infancias y mujeres gestantes. El abandono estatal de estos per\u00edmetros dista de ser un error de planeaci\u00f3n; funciona como una estrategia indirecta de hostigamiento orientada a desarticular la organizaci\u00f3n comunitaria, quebrar el uso del espacio p\u00fablico y recluir a los colectivos en una invisibilidad forzada, lo que actualiza las advertencias de Henri Lefebvre (<\/span>1974<\/span>) acerca del uso pol\u00edtico del espacio urbano.<\/span><\/span><\/p>\n

Las din\u00e1micas de segregaci\u00f3n socioespacial vigentes en la ciudad alimentan narrativas xen\u00f3fobas locales que vinculan en autom\u00e1tico la presencia migrante con la delincuencia y la suciedad. C\u00e1maras de comercio y sectores civiles nativos echan mano de esos estigmas para exigir limpiezas sociales en plazas y parques c\u00e9ntricos, din\u00e1micas de criminalizaci\u00f3n urbana analizadas por Estela Schindel (<\/span>2019<\/span>). El confinamiento habitacional queda atrapado en un circuito de violencia bidireccional: el r\u00e9gimen fronterizo condena a los sujetos a la irregularidad y al hacinamiento, mientras que el orden municipal criminaliza las huellas materiales de dicha exclusi\u00f3n, convirtiendo a la frontera sur en un engranaje de desposesi\u00f3n especializada.<\/span><\/span><\/p>\n

Geopol\u00edtica del confinamiento visto desde la coerci\u00f3n <\/span>residencial y el espejo del \u00abEstado-tap\u00f3n\u00bb<\/span><\/h3>\n

Los datos y las cartograf\u00edas de exclusi\u00f3n urbana obligan a desmontar la narrativa institucional que retrata la crisis en la frontera sur como una simple falla de planeaci\u00f3n o un problema de saturaci\u00f3n log\u00edstica. Al confrontar el discurso humanitario del Estado mexicano con las pr\u00e1cticas concretas de contenci\u00f3n de la Comar y el INM, queda en evidencia una paradoja estructural: el laberinto administrativo no busca la expulsi\u00f3n inmediata ni el retorno ordenado de las poblaciones en movilidad, sino su inmovilizaci\u00f3n temporal y selectiva, un principio que Kitty Calavita (<\/span>2005<\/span>) identifica como el eje de la utilidad econ\u00f3mica del migrante irregular. En t\u00e9rminos de sociolog\u00eda del trabajo, tal par\u00e1lisis jur\u00eddica act\u00faa como una forma de coerci\u00f3n extraecon\u00f3mica especializada. Con el despojo deliberado a las mujeres migrantes de una certeza documental y al prohibir su tr\u00e1nsito hacia el norte del pa\u00eds, el aparato estatal prefigura las condiciones para que su fuerza de trabajo y sus escasos recursos sean absorbidos y fagocitados por el mercado inmobiliario y laboral local. Esto abarata los costos de reproducci\u00f3n de la econom\u00eda regional en el Soconusco y extrae plusval\u00eda de la desesperaci\u00f3n, en sinton\u00eda con las tesis de Ruy Mauro Marini (<\/span>1973<\/span>) sobre la superexplotaci\u00f3n y las revisiones contempor\u00e1neas de Sandro Mezzadra y Brett Neilson (<\/span>2014<\/span>) referentes a las fronteras como dispositivos de segmentaci\u00f3n productiva.<\/span><\/span><\/p>\n

Esta l\u00f3gica de domesticaci\u00f3n laboral y residencial que recurre al limbo legal adquiere un cariz global cuando se contrasta con otros dispositivos de contenci\u00f3n fronteriza a escala internacional. Tapachula no es una anomal\u00eda aislada: opera como un eslab\u00f3n fundamental de la estrategia transnacional de externalizaci\u00f3n de fronteras coordinada por las econom\u00edas centrales, un modelo que Stephen Castles (<\/span>2004<\/span>) conceptualiz\u00f3 como la reestructuraci\u00f3n de los sistemas migratorios globales. El modelo de \u00abEstado-tap\u00f3n\u00bb o frontera vertical emula de manera casi sim\u00e9trica las din\u00e1micas que la Uni\u00f3n Europea despliega en el norte de \u00c1frica, al delegar en pa\u00edses como Marruecos o Turqu\u00eda la gesti\u00f3n punitiva y el estancamiento de los flujos migratorios a cambio de legitimidad pol\u00edtica y acuerdos de cooperaci\u00f3n econ\u00f3mica, mecanismos de contenci\u00f3n externalizada descritos por Martina Garelli y Martina Tazzioli (<\/span>2016<\/span>). La diferencia cr\u00edtica en el enclave del Soconusco radica en c\u00f3mo este confinamiento territorial es capitalizado de inmediato por las estructuras de mercado locales. Aqu\u00ed, la precariedad de las mujeres jefas de hogar es utilizada para subsidiar directamente los sectores comerciales y de servicios de la regi\u00f3n, una din\u00e1mica que Saskia Sassen (<\/span>2003<\/span>) ya anticipaba al analizar los circuitos globales de la feminizaci\u00f3n de la supervivencia en los m\u00e1rgenes del capital.<\/span><\/span><\/p>\n

El verdadero peligro de este entramado radica en su capacidad para naturalizar la violencia a trav\u00e9s de la burocracia institucional. Cuando el acceso a la identidad legal se convierte en un recurso escaso y es administrado a cuentagotas, la vulnerabilidad deja de ser una condici\u00f3n social fortuita para transformarse en un mecanismo de control espacial y habitacional, tal como lo desvelan los estudios de Alejandra Aquino Moreschi (2019<\/span>) y \u00c1ngeles Cruz (2021<\/span>). Las din\u00e1micas observadas en Tapachula demuestran que el r\u00e9gimen fronterizo contempor\u00e1neo ha perfeccionado un sistema en el que el desgaste del tiempo sustituye a la violencia f\u00edsica directa y logra los mismos efectos de subordinaci\u00f3n laboral sin el costo pol\u00edtico de la represi\u00f3n abierta, un proceso de inclusi\u00f3n subordinada teorizado por Nicholas de Genova (2002<\/span>). Esta pinza que se cierra sobre los cuerpos femeninos revela la verdadera funci\u00f3n de las fronteras contempor\u00e1neas: espacios de excepci\u00f3n jur\u00eddica dise\u00f1ados no para detener los flujos de poblaci\u00f3n, sino para fragmentarlos, precarizarlos y volverlos disponibles a las demandas del capital local y global, lo que cruza las reflexiones de Silvia Federici (2013<\/span>) relativas a la acumulaci\u00f3n originaria permanente y la lectura de Rita Segato (2016<\/span>) concerniente a las nuevas formas de la violencia patriarcal-colonial.<\/span><\/p>\n

La dimensi\u00f3n espacial del confinamiento\u00a0<\/span>a partir de las cartograf\u00edas de la precariedad urbana\u00a0<\/span><\/span>y el peregrinaje burocr\u00e1tico<\/span><\/h3>\n

La inmovilizaci\u00f3n forzada que impone el r\u00e9gimen migratorio en la frontera sur no se agota en los expedientes administrativos: se desborda en las calles y fractura la geograf\u00eda misma de Tapachula. Con la finalidad de desentra\u00f1ar el asedio cotidiano que experimentan las mujeres jefas de hogar en ese espacio, es indispensable examinar el modo en que la segregaci\u00f3n urbana opera como un castigo silencioso, una l\u00ednea de an\u00e1lisis desarrollada por Amarela Varela (2017<\/span>) en sus estudios referentes a las dimensiones corporales de la migraci\u00f3n centroamericana. El entorno p\u00fablico dista de ser neutral. Act\u00faa como un filtro selectivo que fragmenta la vida diaria en funci\u00f3n del g\u00e9nero, la clase y el origen \u00e9tnico, un proceso que Henri Lefebvre (1974<\/span>) identificaba al describir la manera en que el poder moldea las materialidades espaciales para garantizar la subordinaci\u00f3n de los colectivos despose\u00eddos. La ciudad toma as\u00ed la forma de una prisi\u00f3n a cielo abierto donde las fronteras burocr\u00e1ticas se trasladan a la cotidianidad de los barrios, lo que fuerza a las familias monoparentales a habitar geograf\u00edas del despojo en las que la exclusi\u00f3n material dicta las pautas de supervivencia (Harvey, 2004<\/span>).<\/span><\/p>\n

Esta distribuci\u00f3n asim\u00e9trica de los cuerpos en el mapa urbano se encuentra atravesada por un racismo inmobiliario y estatal manifiesto. La relocalizaci\u00f3n de las oficinas encargadas de la regularizaci\u00f3n documental hacia las periferias desarticuladas de la ciudad impone un peregrinaje diario que expone a las mujeres a situaciones de vulnerabilidad extrema. Las sedes de la Comar en el sector de Los Laureles y las delegaciones del INM evidencian c\u00f3mo el aislamiento geogr\u00e1fico es utilizado deliberadamente como una tecnolog\u00eda de desgaste f\u00edsico y psicosocial, un diagn\u00f3stico refrendado por Blanca Cordero y su equipo (<\/span>2019<\/span>) al analizar el control de la movilidad en Chiapas. Para una madre aut\u00f3noma, acudir a esas ventanillas implica un dilema invisible: elegir entre el desembolso de ingresos inexistentes en redes de transporte informal con tarifas abusivas, o emprender caminatas kilom\u00e9tricas por rutas militarizadas desprovistas de banquetas o zonas de sombra. El per\u00edmetro que circunda a dichas instituciones deviene en un espacio de riesgo latente donde la ausencia de un documento v\u00e1lido transforma la movilidad peatonal en una ruta directa hacia la extorsi\u00f3n civil o la detenci\u00f3n migratoria, situaciones que actualizan las tesis de Edward Soja (<\/span>2010<\/span>) en cuanto a las injusticias espaciales.<\/span><\/span><\/p>\n

El confinamiento se agudiza al transitar de la escala p\u00fablica a la esfera dom\u00e9stica. Expulsadas del centro urbano por los prejuicios xen\u00f3fobos nativos y la asimetr\u00eda de ingresos, estas mujeres terminan recluidas en los m\u00e1rgenes de colonias como Las Am\u00e9ricas o Cafetales, donde el acceso a un h\u00e1bitat digno resulta estructuralmente inviable. El mercado inmobiliario informal capitaliza la irregularidad documental con el objeto de imponer c\u00e1nones de arrendamiento desproporcionados a cambio de cuartos de <\/span>block<\/span><\/em> con techumbres de zinc, carentes de ventilaci\u00f3n cruzada o servicios sanitarios independientes. El hacinamiento cr\u00edtico derivado de esa din\u00e1mica no constituye un accidente de planeaci\u00f3n, sino un modelo de negocio local que extrae valor de la desprotecci\u00f3n jur\u00eddica de los sujetos en tr\u00e1nsito (Sassen, <\/span>2015<\/span>). La cohabitaci\u00f3n de hasta cuatro n\u00facleos familiares en un solo espacio para amortizar los costos anula la privacidad e introduce tensiones internas que precarizan a\u00fan m\u00e1s la vida \u00edntima de las familias.<\/span><\/span><\/p>\n

A la degradaci\u00f3n habitacional se suma la gesti\u00f3n privatizada e informal de las infraestructuras b\u00e1sicas en las periferias. El suministro de agua potable en estos asentamientos perif\u00e9ricos se encuentra monopolizado por camiones cisterna y comit\u00e9s vecinales que mercantilizan el recurso y fijan tarifas que superan significativamente el costo del promedio municipal. Para las jefas de hogar, la recolecci\u00f3n y acarreo de agua se convierte en una carga f\u00edsica extenuante que tipifica lo que las geograf\u00edas feministas, representadas por Silvia Federici (<\/span>2013<\/span>), denominan la precarizaci\u00f3n del cuidado y de la reproducci\u00f3n social. La obligaci\u00f3n de elegir cotidianamente entre la adquisici\u00f3n de alimentos b\u00e1sicos o el pago del agua indispensable para la higiene biol\u00f3gica demuestra que el racismo en el Soconusco se operacionaliza con la privaci\u00f3n material de los recursos vitales, un engranaje de violencia estructural que Hugo \u00c1ngeles Cruz (<\/span>2021<\/span>) sit\u00faa como la base del orden socioespacial de la frontera sur mexicana.<\/span><\/span><\/p>\n

El mercado laboral del Soconusco, bajo indicadores\u00a0<\/span><\/span>de superexplotaci\u00f3n y trabajo femenino informal<\/span><\/h3>\n

Este orden pol\u00edtico-administrativo y de exclusi\u00f3n residencial determina de forma directa la inserci\u00f3n de las poblaciones en movilidad en la estructura del mercado de trabajo regional. En el espacio fronterizo aludido, la inmovilidad forzada opera como un mecanismo extraecon\u00f3mico de subordinaci\u00f3n que deval\u00faa la fuerza de trabajo, al ejercer un impacto marcadamente asim\u00e9trico sobre las mujeres. Privadas de un reconocimiento jur\u00eddico formal, las migrantes, en su mayor\u00eda jefas de familias monoparentales, se ven compelidas a insertarse en los nichos m\u00e1s degradados y desregulados de la econom\u00eda informal de Tapachula. Si se recupera la categor\u00eda de superexplotaci\u00f3n formulada por Ruy Mauro Marini (1973<\/span>), los registros del ciclo 2024<\/span>–2025<\/span> prueban que esta participaci\u00f3n laboral no es marginal ni espor\u00e1dica, sino que representa la degradaci\u00f3n intencionada del valor de la fuerza de trabajo para subsidiar los costos de operaci\u00f3n del comercio y los servicios locales, pues se pagan remuneraciones que se ubican por debajo del costo m\u00ednimo de la reproducci\u00f3n biol\u00f3gica.<\/span><\/p>\n

La asimetr\u00eda del ingreso real se agudiza al contrastarla con la especulaci\u00f3n inmobiliaria que define al enclave. Debido al confinamiento de miles de personas en un territorio delimitado, los costos del arrendamiento precario y los bienes de consumo b\u00e1sico en Tapachula muestran \u00edndices inflacionarios muy superiores a la media nacional. De ese modo, una trabajadora que percibe ingresos exiguos en el servicio dom\u00e9stico o el trabajo de cuidados desregulado debe destinar m\u00e1s de <\/span>65<\/span>% de su percepci\u00f3n exclusiva al pago de un espacio de pernocta hacinado. El excedente monetario restante constri\u00f1e el gasto alimentario, lo que obliga a reducir al m\u00ednimo el consumo cal\u00f3rico de su n\u00facleo dependiente. Tal brecha estructural visibiliza la contradicci\u00f3n entre las extenuantes jornadas f\u00edsicas exigidas y la extrema precariedad del ingreso, cuya distribuci\u00f3n var\u00eda sustancialmente seg\u00fan el nicho de inserci\u00f3n informal espec\u00edfico.<\/span><\/span><\/p>\n

Los datos presentados en la gr\u00e1fica <\/span>3<\/span> permiten desmitificar la supuesta inclusi\u00f3n laboral de las poblaciones en movilidad en el sector informal fronterizo. Al cruzar las proporciones de ocupaci\u00f3n con la intensidad horaria semanal resulta evidente que las jornadas extenuantes que superan las <\/span>50<\/span> horas semanales se concentran en actividades de alta demanda f\u00edsica y nula protecci\u00f3n legal, tales como el comercio ambulante de v\u00eda p\u00fablica y los servicios de limpieza en establecimientos locales. La gr\u00e1fica hace patente que el mercado regional devora el tiempo de las jefas de hogar sin ofrecer a cambio un retorno monetario que garantice la subsistencia familiar. Esta distribuci\u00f3n ocupacional plasma una segregaci\u00f3n del empleo en la que el estatus migratorio irregular funciona como un criterio de selecci\u00f3n que condena a los cuerpos feminizados a las tareas m\u00e1s precarizadas de la urbe.<\/span><\/span><\/p>\n

Gr\u00e1fica 3<\/span>
\n<\/span><\/span>Distribuci\u00f3n ocupacional e intensidad horaria de mujeres migrantes jefas de hogar en mercados informales de Tapachula (ciclo 2024<\/span>–2025<\/span>)<\/span><\/h4>\n

\"\"<\/p>\n

Nota: gr\u00e1fica elaborada a partir de las proporciones de ocupaci\u00f3n y promedios de horas semanales\u00a0 <\/span>recolectados en los registros de atenci\u00f3n y cuestionarios de autorreporte econ\u00f3mico en el Soconusco.<\/span><\/p>\n

Cuando se examina la articulaci\u00f3n de las jornadas extenuantes con las estructuras de opresi\u00f3n locales, Silvia Federici (<\/span>2013<\/span>) aporta un marco imprescindible al demostrar c\u00f3mo el capitalismo contempor\u00e1neo descarga de forma sistem\u00e1tica los costos de la reproducci\u00f3n social directamente sobre los hombros de las mujeres. En Tapachula, esta alianza estrat\u00e9gica maximiza los m\u00e1rgenes de ganancia del capital local, el cual se beneficia de una infraestructura de cuidados y subsistencia familiar costeada a precio cero por las redes migrantes. La falta de regularizaci\u00f3n documental cancela cualquier posibilidad de acceso al empleo formal, circunstancia que los recluye en el comercio callejero y el trabajo dom\u00e9stico desregulado. Por su parte, la lectura de Rita Segato (<\/span>2016<\/span>) acerca de las nuevas formas de la violencia en contextos de control territorial ayuda a comprender que esta vulnerabilidad no se desprende de una fragilidad intr\u00ednseca o biol\u00f3gica de las mujeres, sino de una producci\u00f3n institucional planificada por un r\u00e9gimen fronterizo que extrae control pol\u00edtico y valor econ\u00f3mico de su inmovilizaci\u00f3n forzada.<\/span><\/span><\/p>\n

Ese escenario permite validar las teor\u00edas cr\u00edticas del intercambio desigual en contextos perif\u00e9ricos, donde el control migratorio muta en un engranaje netamente econ\u00f3mico. Sandro Mezzadra y Brett Neilson (<\/span>2014<\/span>) explican que las fronteras contempor\u00e1neas no act\u00faan simplemente bloqueando el paso, sino que funcionan como filtros que fragmentan y flexibilizan a los sujetos de acuerdo con las necesidades del mercado. Al operar como un dique burocr\u00e1tico y militar en la frontera sur, la par\u00e1lisis administrativa de la Comar y los operativos punitivos del INM se constituyen como el brazo extraecon\u00f3mico que constri\u00f1e a las mujeres a aceptar remuneraciones de mera subsistencia. De esa manera se cierra la pinza de la praxis estatal: la ret\u00f3rica humanitaria institucional legitima la actuaci\u00f3n del Estado ante los organismos internacionales, mientras que el desgaste administrativo en el territorio garantiza mano de obra precarizada, barata y disponible para las demandas del capital regional.<\/span><\/span><\/p>\n

Redes de apoyo, tejido comunitario y agencias <\/span>de resistencia en el espacio fronterizo<\/span><\/h3>\n

La producci\u00f3n de un entorno de confinamiento e insalubridad forzada en el Soconusco no se traduce \u00fanicamente en la victimizaci\u00f3n pasiva de las poblaciones en movilidad. Por el contrario, detona de forma inmediata la emergencia de pr\u00e1cticas de resistencia cotidiana y articulaciones comunitarias que desaf\u00edan el disciplinamiento impuesto por el Estado. Cuando se analizan esos procesos desde la perspectiva de la autonom\u00eda de las migraciones desarrollada por Sandro Mezzadra (<\/span>2012<\/span>), resulta evidente que los flujos en tr\u00e1nsito despliegan una capacidad de agencia pol\u00edtica y organizativa capaz de fisurar los dispositivos de contenci\u00f3n. Frente al laberinto jur\u00eddico y la desposesi\u00f3n inmobiliaria que caracterizan la din\u00e1mica urbana de Tapachula, los colectivos migrantes configuran redes de apoyo mutuo que trabajan como infraestructuras de supervivencia alternativas, al disputar activamente el sentido mismo de la espera y la inmovilidad forzada.<\/span><\/span><\/p>\n

El primer n\u00facleo de resistencia se localiza en la colectivizaci\u00f3n de los recursos materiales y el cuidado mutuo dentro de los espacios habitacionales precarizados. Ante el fen\u00f3meno del subarriendo abusivo y las rentas infladas en las periferias de la ciudad, las familias migrantes optan por disolver la estructura de la vivienda nuclear unifamiliar para constituir comunas residenciales basadas en la nacionalidad o la afinidad ling\u00fc\u00edstica. Esta estrategia colectiva permite prorratear los costos del alquiler y organizar turnos comunitarios para el cuidado de las infancias, lo que libera tiempo vital a fin de que las jefas de hogar se inserten en los circuitos del comercio ambulante. La gesti\u00f3n compartida de la alimentaci\u00f3n y la salud intramuros subvenciona la vida en un entorno hostil, que transforma el hacinamiento impuesto en una trinchera de resguardo colectivo frente a la intemperie burocr\u00e1tica del Estado.<\/span><\/p>\n

Esta recomposici\u00f3n del tejido social halla un reflejo en el espacio p\u00fablico de Tapachula, el cual deviene en un escenario de disputa pol\u00edtica debido a la apropiaci\u00f3n informal de calles, mercados y plazas c\u00e9ntricas. Henri Lefebvre (<\/span>1974<\/span>) advert\u00eda que el espacio es el lugar geom\u00e9trico donde se objetivan las relaciones de dominaci\u00f3n, pero tambi\u00e9n donde se producen las rupturas de los sectores subalternos. En ese sentido, los enclaves comerciales gestionados por colectivos haitianos y centroamericanos exceden por mucho la simple funci\u00f3n del intercambio econ\u00f3mico de subsistencia: funcionan como nodos de socializaci\u00f3n densa, intercambio de informaci\u00f3n en tiempo real sobre rutas informales o tr\u00e1mites legales, y espacios de apoyo psicosocial seguro frente al acoso policial y las redadas del INM. La ocupaci\u00f3n f\u00edsica del asfalto subvierte el orden municipal que busca la invisibilizaci\u00f3n del migrante y obliga a la sociedad receptora a cohabitar con la diferencia cultural y racializada.<\/span><\/span><\/p>\n

Redes conectivas frente al acoso institucional,\u00a0<\/span><\/span>la infraestructura digital del cuidado<\/span><\/h3>\n

La apropiaci\u00f3n espacial e intramuros se complementa y potencia mediante una dimensi\u00f3n virtual indispensable: la construcci\u00f3n de infraestructuras digitales de resistencia y alerta temprana. Lejos de constituir meras herramientas de comunicaci\u00f3n interpersonal, los tel\u00e9fonos inteligentes y las redes de mensajer\u00eda encriptada operan en el Soconusco como un sistema de contravigilancia comunitaria gestionado predominantemente por mujeres jefas de hogar. Al respecto, los estudios concernientes a las geograf\u00edas digitales de la migraci\u00f3n coordinados por Marie Gillespie (<\/span>2016<\/span>) y Myria Georgiou (<\/span>2018<\/span>) demuestran que las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n act\u00faan como \u00abinfraestructuras de conectividad vital\u00bb que alteran la asimetr\u00eda de poder entre las agencias de control y los sujetos en movilidad, lo que permite la producci\u00f3n de un espacio p\u00fablico digital alternativo dentro de los per\u00edmetros de confinamiento.<\/span><\/span><\/p>\n

En el entorno urbano de Tapachula, la dimensi\u00f3n tecnol\u00f3gica redefine las nociones tradicionales de resguardo. Indicadores recopilados por organizaciones de monitoreo fronterizo locales indican que m\u00e1s de <\/span>88<\/span>% de las unidades dom\u00e9sticas monoparentales dependen del uso activo de <\/span>smartphones<\/span><\/em> de gama baja para gestionar su seguridad diaria. A trav\u00e9s de canales autogestionados en plataformas de mensajer\u00eda como WhatsApp y grupos cerrados de Facebook, las solicitantes de asilo coordinan redes de monitoreo geolocalizado que cartograf\u00edan en tiempo real los per\u00edmetros operativos de las volantas del INM, los puntos de extorsi\u00f3n de las polic\u00edas locales y la disponibilidad de turnos o cuellos de botella en las sedes de la Comar.<\/span><\/span><\/p>\n

Esta recopilaci\u00f3n de datos comunitarios en tiempo real facilita a las mujeres colectivizar el conocimiento de las vulnerabilidades del entorno urbano. Con ello logran desactivar parcialmente la sorpresa punitiva de los operativos estatales, al reducir los m\u00e1rgenes de detenci\u00f3n y deportaci\u00f3n arbitraria. Asimismo, las redes de mensajer\u00eda fungen como mercados virtuales de apoyo alimentario y m\u00e9dico informal, en los que se intercambian medicamentos, f\u00f3rmulas infantiles y recursos de supervivencia sin necesidad de transitar por las ventanillas asistenciales del gobierno mexicano. La conectividad digital se instituye como un escudo de protecci\u00f3n colectiva que desborda las restricciones del confinamiento f\u00edsico, lo que dota a las familias de una capacidad de anticipaci\u00f3n t\u00e1ctica fundamental dentro del nudo fronterizo.<\/span><\/p>\n

Articulaciones transnacionales y el tejido solidario regional<\/span><\/h3>\n

La trama comunitaria descrita se fortalece por medio de alianzas estrat\u00e9gicas con actores de la sociedad civil local: albergues de inspiraci\u00f3n eclesi\u00e1stica, colectivos de abogadas defensoras de derechos humanos y redes de monitoreo fronterizo. Investigadores de la regi\u00f3n como Daniel Villafuerte Sol\u00eds (<\/span>2018<\/span>) documentan que, ante el repliegue de los presupuestos federales para la atenci\u00f3n humanitaria, el tejido sociorreligioso e independiente del Soconusco, representado por espacios emblem\u00e1ticos como el Albergue Bel\u00e9n o el Centro de Derechos Humanos Fray Mat\u00edas de C\u00f3rdova, ha asumido el costo real de la reproducci\u00f3n social y la defensa jur\u00eddica de las poblaciones atrapadas en el per\u00edmetro de contenci\u00f3n. Si bien el aparato estatal criminaliza o burocratiza la acci\u00f3n humanitaria independiente, esos espacios de solidaridad nativa proveen el blindaje jur\u00eddico y el acompa\u00f1amiento t\u00e9cnico requeridos para interponer juicios de amparo y agilizar las constancias de asilo.<\/span><\/span><\/p>\n

Bajo la lectura de Amarela Varela (<\/span>2020<\/span>) acerca de las tramas de hospitalidad y las luchas migrantes en M\u00e9xico, la convergencia entre la agencia de los sujetos en tr\u00e1nsito y el tejido solidario regional configura un contrapeso cr\u00edtico frente a las pol\u00edticas de contenci\u00f3n y externalizaci\u00f3n de fronteras. Asimismo, Alejandra Aquino Moreschi (<\/span>2019<\/span>) sostiene que estas formas de resistencia local no se limitan a la asistencia paliativa, sino que componen espacios de subjetivaci\u00f3n pol\u00edtica donde las mujeres migrantes transitan de la condici\u00f3n de v\u00edctimas administrativas a la de actoras colectivas que disputan el derecho al espacio.<\/span><\/span><\/p>\n

Esta alianza multisituada constata que la frontera sur no es \u00fanicamente un laboratorio de precarizaci\u00f3n capitalista o un espacio de pura dominaci\u00f3n soberana, sino un territorio en permanente disputa donde los cuerpos en movilidad, mediante sus pr\u00e1cticas cotidianas de apoyo mutuo y articulaci\u00f3n legal, defienden de forma irrenunciable su derecho a la vida, al arraigo y al tr\u00e1nsito soberano.<\/span><\/p>\n

Conclusiones<\/span><\/h3>\n

Los indicadores cuantitativos y cualitativos analizados a lo largo del bienio 2024<\/span>–2025<\/span> demuestran que la frontera sur de M\u00e9xico, y espec\u00edficamente el enclave de Tapachula, no enfrentan una crisis humanitaria coyuntural o un fallo t\u00e9cnico-operativo de la burocracia local. Lo que se materializa en este territorio es un engranaje n\u00edtido de la gobernanza global del capital: un dispositivo planificado de inmovilizaci\u00f3n forzada y desgaste corporal. Al confrontar la narrativa institucional de la hospitalidad con el estrangulamiento administrativo de la Comar y los operativos punitivos del INM, queda al descubierto la funci\u00f3n real del Estado perif\u00e9rico en la divisi\u00f3n internacional del trabajo. El aparato estatal act\u00faa como un filtro selectivo que transforma el \u00e9xodo y el desplazamiento en una mercanc\u00eda laboral precarizada, racializada y disciplinada mediante el consumo del tiempo, disponible para los circuitos de acumulaci\u00f3n regional y transnacional en el Soconusco.<\/span><\/p>\n

Esta din\u00e1mica de confinamiento valida la perspectiva te\u00f3rica de Ra\u00fal Delgado Wise (<\/span>2013<\/span>) en torno a la migraci\u00f3n forzada como una de las expresiones m\u00e1s agudas de la crisis del capitalismo contempor\u00e1neo, en la que la exportaci\u00f3n de fuerza de trabajo barata y desprotegida sostiene la reestructuraci\u00f3n de las econom\u00edas centrales. El efecto embudo desplegado en la regi\u00f3n evidencia que la externalizaci\u00f3n de fronteras excede por mucho los objetivos formales de seguridad nacional dictados por el centro global; su funci\u00f3n directa e hist\u00f3rica es regular y devaluar la fuerza de trabajo en los m\u00e1rgenes. Al congelar el estatus jur\u00eddico de las poblaciones y confinarlas a geograf\u00edas de la informalidad urbana y el hacinamiento habitacional, el r\u00e9gimen de contenci\u00f3n deprime de forma anticipada el valor de cambio de la mano de obra. Esta violencia estructural golpea con sa\u00f1a asim\u00e9trica a las mujeres migrantes jefas de hogar, cuyos tiempos de vida y redes comunitarias terminan absorbiendo los costos de la reproducci\u00f3n biol\u00f3gica bajo condiciones de superexplotaci\u00f3n. La par\u00e1lisis administrativa, por tanto, no responde a la ineficiencia; constituye la tecnolog\u00eda extraecon\u00f3mica necesaria para garantizar un ej\u00e9rcito industrial de reserva despojado de derechos y coaccionado por las urgencias de la subsistencia inmediata.<\/span><\/span><\/p>\n

Frente a tal escenario de subordinaci\u00f3n, la investigaci\u00f3n de campo demostr\u00f3 que los colectivos en movilidad no se constituyen como v\u00edctimas pasivas del entramado burocr\u00e1tico. La emergencia de comunas residenciales perif\u00e9ricas y la apropiaci\u00f3n pol\u00edtica del espacio p\u00fablico urbano en Tapachula revelan que la inmovilizaci\u00f3n es respondida con pr\u00e1cticas de resistencia cotidiana que disputan el sentido de la espera. Asimismo, la consolidaci\u00f3n de una infraestructura digital del cuidado \u2014expresada en redes conectivas de telefon\u00eda m\u00f3vil y mensajer\u00eda encriptada que evaden la sorpresa punitiva de las volantas del INM\u2014 desvela una capacidad de anticipaci\u00f3n t\u00e1ctica que fisura el control territorial del Estado. Estas agencias, articuladas con el tejido solidario e independiente de los albergues de la sociedad civil local, configuran un contrapeso cr\u00edtico que resguarda la vida frente a las violencias de la externalizaci\u00f3n fronteriza.<\/span><\/p>\n

Superar el doble rasero que define a la praxis estatal exige fracturar de ra\u00edz el paradigma de la gobernanza migratoria neoliberal, pues resulta te\u00f3rica y pol\u00edticamente inviable reformar un dispositivo dise\u00f1ado ex profeso para la desvalorizaci\u00f3n sist\u00e9mica de la fuerza de trabajo. Una alternativa de transformaci\u00f3n con horizonte cr\u00edtico requiere desmantelar la arquitectura civil-militar de contenci\u00f3n en la frontera sur, transitando hacia esquemas de regularizaci\u00f3n expeditos, universales e incondicionales. Esto implica necesariamente que el Estado mexicano desvincule la operaci\u00f3n soberana del INM y la Comar de las directrices de seguridad punitiva coordinadas desde Washington. Dentro de esa l\u00f3gica de derechos, la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias debe recuperar su esp\u00edritu original y garantizar el derecho efectivo al libre tr\u00e1nsito por el territorio nacional, adem\u00e1s de revertir su instrumentaci\u00f3n actual como un mecanismo de confinamiento geogr\u00e1fico selectivo y reclusi\u00f3n perif\u00e9rica.<\/span><\/p>\n

A partir de las aportaciones de Samir Amin (<\/span>1974<\/span>) y los enfoques del desarrollo alternativo latinoamericano referentes al intercambio desigual, se vuelve claro que la resoluci\u00f3n de esta fractura estructural exige transformar las asimetr\u00edas macroecon\u00f3micas y las l\u00f3gicas coloniales que provocan las expulsiones en los pa\u00edses de origen, al desmarcarse por completo de los pactos tecnocr\u00e1ticos de control regulado. Es indispensable articular una agenda de cooperaci\u00f3n transnacional Sur-Sur orientada a la soberan\u00eda alimentaria, la reactivaci\u00f3n productiva local y la desmercantilizaci\u00f3n profunda de los derechos sociales. El desmontaje conjunto de las violencias de origen y de las tecnolog\u00edas burocr\u00e1tico-militares de confinamiento en Tapachula representa la \u00fanica v\u00eda real para frenar el desgaste actual de las poblaciones en movilidad. Una reconfiguraci\u00f3n de este calado estructural permitir\u00e1 devolver a la movilidad humana su car\u00e1cter de opci\u00f3n digna y desvincular\u00e1 de forma definitiva los cuerpos, las trayectorias y los cuidados de las mujeres migrantes de las din\u00e1micas de acumulaci\u00f3n global.<\/span><\/span><\/p>\n

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\"Licencia<\/a><\/span><\/p>\n<\/div>\n

Este obra est\u00e1 bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional<\/a>.<\/span><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Migraci\u00f3n y Desarrollo, volumen 23, n\u00famero 45, segundo semestre 2025, es una publicaci\u00f3n semestral editada por la Universidad Aut\u00f3noma de Zacatecas \u00abFrancisco Garc\u00eda Salinas\u00bb, a trav\u00e9s de la Unidad Acad\u00e9mica de Estudios del Desarrollo, Jard\u00edn Ju\u00e1rez 147, colonia Centro, Zacatecas,<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-2850","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/estudiosdeldesarrollo.mx\/migracionydesarrollo\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/2850","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/estudiosdeldesarrollo.mx\/migracionydesarrollo\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/estudiosdeldesarrollo.mx\/migracionydesarrollo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/estudiosdeldesarrollo.mx\/migracionydesarrollo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/estudiosdeldesarrollo.mx\/migracionydesarrollo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2850"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/estudiosdeldesarrollo.mx\/migracionydesarrollo\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/2850\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2856,"href":"https:\/\/estudiosdeldesarrollo.mx\/migracionydesarrollo\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/2850\/revisions\/2856"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/estudiosdeldesarrollo.mx\/migracionydesarrollo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2850"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}